Rubí Madrigal Villanueva
Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubí Madrigal Villanueva
- Alicia Gabriela Esquivel Quintana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 22 de marzo de dos veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Ahora, como de autos se advierte que obran diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, el documento correrá la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, quien no realizó manifestaciones al respecto. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que las autoridades responsables, realizara lo siguiente: "(.) *Efectos de la concesión del amparo. Consecuentemente, procede conceder el amparo, para el efecto de que las responsables realicen lo siguiente: Sustraigan en lo futuro a Rubí Madrigal Villanueva y Alicia Gabriela Esquivel Quintana, de la aplicación del artículo 369 del Código Familiar del Estado, en específico, la parte que dispone: "Respecto a la madre, la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta del solo hecho del nacimiento. Con relación al padre, solo se establece por reconocimiento voluntario o por resolución judicial que declare la paternidad."; En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis aislada: 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pag. 719, Décima Época, registro 2007923, que dice: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. La razonabilidad como principio aplicado al derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, directiva o pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores de las normas; b) integradora, en tanto proporciona criterios para la resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que demarca el ejercicio de determinadas facultades; d) fundamentadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la validez de otras fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del orden jurídico. Además, dicho principio exige una relación lógica y proporcional entre los fines y los medios de una medida, por la cual pueda otorgársele legitimidad. Así, de dicha relación derivan las siguientes consecuencias: I) la razonabilidad reestructura la base de una serie de criterios de análisis que integran todos los juicios necesarios para comprender la validez de una medida; II) opera como pauta sustancial de validez y legitimidad en la creación normativa, en su aplicación e interpretación, y para esto, los juzgadores que tienen esta potestad deben analizar la norma de modo que ésta guarde una relación razonable entre los medios y los fines legítimos o constitucionales; además, para que la norma sea válida, es necesario que esté de acuerdo con las finalidades constitucionales o de derechos humanos y con sus principios. En este sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales y su contenido esencial; y, III) busca trascender la idea de que el control de razonabilidad es una mera ponderación o análisis de proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede ser una propuesta plausible para la razonabilidad en la interpretación, en cuanto control material de constitucionalidad y derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que pretende examinar la relación entre los medios y fines mediatos e inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada, pero no se limita únicamente a esto; además, debe analizarse la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad propuesta es compatible con la esencia y los fines de los derechos humanos de fuente nacional e internacional y el logro de sus objetivos. Luego, para un análisis acabado, resulta imprescindible examinar si el medio afecta, limita, restringe o altera el contenido esencial de otros derechos fundamentales, de acuerdo con la finalidad de máxima eficacia de la Constitución y lograr la armonización de los derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que se opone a entender que los derechos están en conflicto. En ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene derecho merece protección." Sin que las autoridades que participaron en el proceso legislativo del que emanó la norma impugnada queden vinculadas a cumplir con la concesión del amparo, porque el mismo únicamente se limita a proteger a las impetrantes, al no ser factible la declaratoria general de la inconstitucionalidad de la mima, tal como lo ilustra la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de contenido: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. Ordenen de forma inmediata el registro del menor Andrei Madrigal Esquivel y expidan el acta de nacimiento correspondiente de forma gratuita; y, Expidan en favor del menor la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de inmediato y de forma gratuita. (.).". En cumplimiento a lo anterior, mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Delegado del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que dicha autoridad solamente participó en el proceso legislativo y que es una autoridad ordenadora, por lo que no podía dar cumplimiento material a la sentencia de amparo, que ello le corresponde a las autoridades que aplican la norma. Posteriormente, mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, ante este órgano jurisdiccional, el Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que el dos de diciembre del presente año, se realizó el registro de nacimiento del menor Andrei Madrigal Esquivel en la Oficialía Octava del Registro Civil con sede en la ciudad de Morelia; lo anterior, lo corroboró con la copia certificada que anexó. Documento público del que efectivamente se advierte que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se realizó el registro de nacimiento del menor Andrei Madrigal Esquivel, en el cual se asentaron como datos de filiación el nombre de la parte quejosa Rubí Madrigal Villanueva y Alicia Gabriela Esquivel Quintana; así como la Clave Única de Registro de Población del menor MAEA201020HMNDSNA2. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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