Sabas Alberto Hernandez Ruiz
Expediente 1367/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sabas Alberto Hernandez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio por medio del cual le fue devuelto un tomo de pruebas que adjuntó como soporte a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en seis tomos de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 28 de abril de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo III-1367/2022-V; y, RESULTANDO Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós ante la oficialía de partes de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 9), Sabas Alberto Hernández Ruíz, por propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 párrafo primero de la Convención América sobre Derechos Humanos. Por lo anterior, el titular de dicho órgano jurisdiccional realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 1449 presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad (foja 7), remitió la demanda original y cuatro copias de la misma, la certificación de presentación de la misma, el informe justificado rendido por el Magistrado de la Séptima Sala Civil, copias certificadas del toca 333/2022; con dichas constancias se formaron por separado seis tomos de pruebas. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el cinco de diciembre de dos mil veintidós (foja 7) y en auto de nueve de diciembre siguiente (foja 28) se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la determinación reclamada -resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-33/2022, que confirmó el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en cumplimiento al juicio de amparo indirecto 1178/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, que dejó insubsistente el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, intocada la parte que se determinó que no era procedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta de junio de ese año, y negó condenar a la parte actora el pago de costas; en el juicio ejecutivo mercantil 546/2017- no encuadra en alguno de los supuestos en los que resulta procedente la vía de amparo directo para su impugnación; por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de Distrito, se ordenó su registro con el número 1367/2022 y en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós (foja 37) se admitió a trámite la demanda, se dio vista a las partes con el informe justificado del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, se requirió el respectivo al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se convalidó el emplazamiento de la tercera interesada Banco del Bajío Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: *Resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-33/2022, que confirmó el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en cumplimiento al juicio de amparo indirecto 1178/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, que dejó insubsistente el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, intocada la parte que se determinó que no era procedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta de junio de ese año, y negó condenar a la parte actora el pago de costas; en el juicio ejecutivo mercantil 546/2017. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 6 y 109), lo que se corrobora de las constancias aportadas por las referidas responsables, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º y que obran en dieciséis tomos de pruebas. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Por su parte, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, señala que se actualiza una causal de sobreseimiento, al haberse tramitado diverso juicio de amparo ante el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Sin embargo, no se actualiza ninguna causal de improcedencia, dado que la demanda de amparo a la que se refiere, es la que se estudia, dado que si bien es cierto, dicha demanda fue presentada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós ante la oficialía de partes de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 9), misma que el titular de dicho órgano jurisdiccional realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 1449 presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad (foja 7), remitió la demanda, tocando conocer de ella por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el cinco de diciembre de dos mil veintidós (foja 7) y en auto de nueve de diciembre siguiente (foja 28) se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que consideró que la determinación reclamada no encuadraba en alguno de los supuestos en los que resulta procedente la vía de amparo directo para su impugnación; por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad, tocando conocer a este juzgado. Al no advertir alguna otra causal de improcedencia por parte de este juzgador, ni que se haya hecho valer por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en esencia argumenta en sus conceptos de violación lo siguiente: Que el Magistrado responsable inobservó que el indebido llamamiento a juicio resulta ser consecuencia inmediata y directa de la improcedente demanda enderezada por la responsable en su contra, por ello, la orden de emplazar es un acto tendente a cumplimentar la censurable actitud procesal del actor. Al desistirse de la demanda en contra del quejoso, después de que erogó gastos, trámites y gestiones para el ejercicio de sus derechos le deja en estado de indefensión; máxime que la parte tercero interesada, decide terminar el juicio de forma anormal, y por ende no obtiene la totalidad de prestaciones que en un inicio le reclamó, por lo que le asiste el derecho a que se le indemnice en el pago de gastos y costas. La postura de la tercera interesada que ve al desistimiento de la demanda respecto del quejoso, atiende a ser una respuesta de la concesión del amparo en favor de la quejosa, y que de no haberse concedido, el tercero interesado no hubiera tomado la actitud procesal de desistirse. Contrario a lo que sostiene la responsable, el artículo 1084 del Código de Comercio, determina que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe, y es obligación del juzgador examinar el elemento subjetivo que lleva al litigante a sostener su pretensión con pleno conocimiento de que la razón no le asiste, luego si por propia voluntad el tercero interesado se desistió de las pretensiones que reclamaba, fue porque tenía pleno conocimiento de que no le asiste razón. Que con esa determinación se le impide el libre ejercicio de un derecho, que desde luego vulnera la esfera jurídica del quejoso, ello dado que es necesario que se les condene al pago de gastos y costas en su carácter de parte actora, y por ser, lo que establece la ley, cuando el acto no obtiene la totalidad de las prestaciones que reclama. Que la demanda en su contra y seguir sus etapas en franca violación a sus derechos humanos, dieron lugar a la tramitación del juicio de amparo, cumplimiento generó el desistimiento del juicio, por lo que el quejoso tiene que ser compensado y retribuido con los gastos y cosas efectuados por la tramitación del amparo. Los aludidos conceptos de violación resultan infundados. Expliquémoslo. Es pertinente destacar que sobre el concepto de temeridad y mala fe, a que se refiere el primer párrafo del artículo 1084 del Código de Comercio, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la facultad concedida al juzgador por la ley, para condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que debe ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que arrojen las constancias de autos para apreciar la conducta y la lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha hecho promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el procedimiento contrarios a la buena fe y no por el mero hecho de promoverse un juicio, hacerse promociones, ofrecerse pruebas o interponer recursos lo que determina la temeridad o mala fe. Además, se señaló que debe examinarse si ese juicio se promovió por quien sostiene una pretensión injusta a sabiendas de que lo es, si las promociones, pruebas o recursos intentados son inconducentes o en éstos se ha faltado a la verdad, con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el procedimiento; esto es, no debe examinarse el hecho en sí, sino la intención del litigante, para determinar si obró con el propósito de entorpecer la pronta y expedita administración de la justicia. El precitado criterio es del rubro y texto siguientes: "COSTAS. TEMERIDAD O MALA FE. QUE DEBE ENTENDERSE POR ELLAS. Esta Tercera Sala ha sustentado tesis jurisprudencial número 133, visible a fojas 409 de la última compilación, en el sentido de que la facultad concedida al juzgador por la ley, para condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que debe ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que arrojen las constancias de autos para apreciar la conducta y la lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha hecho promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el procedimiento contrarios a la buena fe, y esto debe razonarse en la sentencia que imponga la condena en costas por temeridad, es decir, no es el mero hecho de promoverse un juicio, hacerse promociones, ofrecerse pruebas o interponer recursos lo que determina la temeridad o mala fe, sino que debe examinarse si ese juicio se promovió por quien sostiene una pretensión injusta a sabiendas de que lo es, si las promociones, pruebas o recursos intentados son inconducentes o en éstos se ha faltado a la verdad, con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el procedimiento; esto es, no debe examinarse el hecho en sí, sino la intención del litigante, para determinar si obró con el propósito de entorpecer la pronta y expedita administración de la justicia." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 292/2012, también precisó lo que debe entenderse por temeridad o mala fe, señalando: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El artículo 1084, del Código de Comercio prevé que la condena en costas se hará en dos supuestos: cuando así lo prevenga la ley, o cuando estime el juzgador que se haya procedido con temeridad o mala fe. En el primer caso se hace una remisión a la ley, ya sea del propio Código de Comercio, entre otras a las diversas fracciones de su artículo 1084, o la legislación aplicable al caso en la materia. En el segundo supuesto, se está en presencia de una atribución en la que el juzgador, a su arbitrio, podrá condenar en costas cuando advierta que alguna de las partes procedió con temeridad o mala fe. De lo que se sigue que tales supuestos, si bien pueden coincidir, son independientes entre sí, pues no significa que deben actualizarse ambas hipótesis para efecto de la condena en costas, sino que basta que se dé alguno de los supuestos previstos en ley; o bien, que a criterio del juzgador se haya actuado con temeridad o mala fe. Lo anterior, en virtud de que, del numeral citado se desprende que ambos supuestos se encuentran separados por la conjunción disyuntiva "o", lo que indica que basta que en el caso concreto se configure alguno de los dos para que sea procedente la condena respectiva. Así, en términos de la fracción V, del artículo 1084, del Código de Comercio, -que refiere que siempre será condenado el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de ese tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes-, para que proceda la condena en costas, es suficiente con que la autoridad judicial se encuentre impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún presupuesto procesal necesario para ello, sin que sea indispensable que se tome en cuenta la temeridad o la mala fe con que haya actuado cualquiera de las partes." De lo que se sigue que en la citada ejecutoria se definieron los elementos subjetivos de temeridad o mala fe procesal, en los términos que a continuación se indican: Temeridad, consiste en promover un juicio u oponer excepciones o defensas, incidentes o recursos, a sabiendas de la falta de razón para tal efecto, es precisamente, el conocimiento de que lo que se promueve es desacertado. Mala fe, se puede definir como el acto procesal consistente en utilizar la acción, excepciones o defensas, incidentes o recursos, para causar un perjuicio a un tercero. De igual forma, se indicó que de acuerdo al contenido del artículo 1084 del Código de Comercio, el simple hecho de que alguna de las partes del juicio actúe bajo los elementos subjetivos precisados en los párrafos que anteceden, y que encuentra su materialización objetivamente en las constancias de autos o en la misma sentencia, da lugar a la condena en costas. De las anteriores consideraciones se advierte que, el artículo 1084 del Código de Comercio, establece dos supuestos de condena en costas, el primero: se configura cuando se actualicen alguna de las hipótesis previstas en la propia norma; y el segundo, en aquellos casos en que a juicio del juzgador, se haya procedido con temeridad o mala fe Así, en los juicios mercantiles, las costas se condenaran cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en el sistema diseñado por el legislador mercantil en citado artículo; es decir, la temeridad o mala fe, o bien alguna de las hipótesis de sus fracciones. En el caso a estudio, la parte quejosa afirma que se actualiza el supuesto subjetivo de condena en costas, es decir, el previsto en el primer párrafo del artículo 1084 del Código Comercio; pues afirma que la parte actora se condujo con temeridad y mala fe, en esencia porque pretendió realizar un acción sabiendo que no era procedente. Ahora bien, a juicio de este juzgador -como lo señaló la sala responsable-, el hecho de que el tercero interesado hubiese desistido del juicio de origen, no constituye un acto que en sí mismo denote temeridad de su parte, pues en la especie no se advierte que ésta hubiese promovido el juicio de origen, a sabiendas de que éste resultaba improcedente. Ni tampoco tal desistimiento denota que la acción de juicio de origen se hubiese incoado con la finalidad de causar un perjuicio al demandado hoy quejoso; o al menos no se probó dicha circunstancia. Como tampoco podría estimarse que el desistimiento del juicio de origen, se formuló con la finalidad de causar un perjuicio al demandado pues las partes tienen en todo momento el derecho a desistirse de los juicios que promuevan. En ese sentido, no existe ninguna base que permita siquiera inferir que el aquí tercero interesado, con la calidad de parte actora en el juicio de origen, hubiese actuado en forma temeraria o de mala fe. Por tanto, resulta contrario a derecho el argumento del solicitante de amparo, en el sentido de que el actor se condujo con mala fe en el procedimiento, pues en primer lugar, de la anterior relación, se advierte que únicamente llevó actos necesarios para su defensa. Y, en segundo lugar, porque la formulación del desistimiento en la etapa en que se realizó no constituye una actuación que concrete temeridad o mala fe en el desarrollo del procedimiento, porque únicamente se concretó el ejercicio de un derecho previsto en ley, cuando se presentaron las condiciones para hacerlo, que finalmente tuvo como consecuencia que no se tuviera que dilucidar por medio de una sentencia las pretensiones deducidas por las partes, lo cual da como resultado que no se configure el supuesto contenido en el numeral 1084 del Código de Comercio, que prevé la condena en costas a quien actúe con temeridad o mala fe. Por ello, no se puede decir que el Magistrado responsable inobservó que el indebido llamamiento a juicio resulta ser consecuencia inmediata y directa de la improcedente demanda enderezada por la responsable en su contra, por ello, la orden de emplazar es un acto tendente a cumplimentar la censurable actitud procesal del actor; dado que no lo inobservó, lo atendió el Magistrado responsable al señalar que no existe numeral que regule tal circunstancia, sobre todo cuando la regulación del procedimiento se verificó en el subyacente en cumplimiento a la concesión del amparo promovido por el apelante, colocando al juicio a un nuevo supuesto, pero que por ello, pueda considerarse que la parte actora debía desistirse cuando presentó su demanda, al ser claro que ese momento no era su intención y si lo realizó en la forma que lo llevó a cabo, tampoco podía impedírsele por ser un derecho que al hacerlo actúo con mala fe y/o temeridad, máxime cuando es en su perjuicio. Luego, si bien erogó gastos, trámites y gestiones para el ejercicio de sus derechos, como lo fue el amparo, como lo señala el Juez, eso no se traduce en una mala fe o temeridad, e incluso, en el juicio de amparo tampoco están previstas las costas. Además, también es infundado el hecho de que con esa determinación se le impide el libre ejercicio de un derecho, que desde luego vulnera la esfera jurídica del quejoso, ello dado que es necesario que se les condene al pago de gastos y costas en su carácter de parte actora, y por ser, lo que establece la ley, cuando el acto no obtiene la totalidad de las prestaciones que reclama; primero se dice que es infundado, porque él no obtuvo una sentencia favorable, fue un desistimiento, y en segundo lugar, no se le está negando el ejercicio de un derecho, ya que el derecho le asistiría si estuviera evidenciada la mala fe y temeridad del actor y que se le dijera que no. Consecuentemente, si de las constancias no se advierte esa temeridad o mala fe, y esta no se encuentra probada por la parte que alega dicho actuar subjetivo, no es procedente la condena de costas; de ahí lo infundado de los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, dado que no los reclama por vicios propios. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a por Sabás Alberto Hernández Ruiz, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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