Rubén Salcedo Rico

Expediente 450/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
450/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Rubén Salcedo Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo en que se actúa, promovido por Rubén Salcedo Rico en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-450/2019 promovido por Rubén Salcedo Rico contra actos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Jefe de la Unidad Jurídica Delegacional, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copias certificadas de las constancias que integran el expediente del pensionado Rubén Salcedo Rico. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 380/2019, presentado el doce de agosto del año en curso. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de referencia; se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número II-450/2019 promovido por Rubén Salcedo Rico, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Rubén Salcedo Rico compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto que precisó de la manera siguiente: "a).- La Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión número 773595, otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. DESECHAMIENTO. Mediante auto de veinticinco de abril del actual, este órgano jurisdiccional registró la demanda bajo el progresivo II-450/2019 y en el mismo proveído determinó desechar de plano la demanda por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con lo anterior el promovente interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, bajo el expediente 87/2019, medio de impugnación referido que fue resuelto por el anotado órgano pluripersonal en sesión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el cinco de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de revocar el acuerdo impugnado y, en su lugar, emitir otro relativo a la admisión de la demanda. CUARTO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de ocho de julio del año en curso, se admitió a trámite el libelo constitucional, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su correspondiente informe con justificación y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la representación social adscrita a este órgano federal. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, previo diferimiento, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La aplicación de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para la cuantificación de la pensión 773595, por parte del Delegado Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, por así haberlo manifestado al momento de emitir su informe justificado, además que, del contenido del propio informe, se corrobora dicha negativa, tal como se aprecia a continuación. En primer término debe señalarse que al quejoso se le asignó una pensión por jubilación otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Michoacán, a partir del dieciséis de julio de dos mil cinco, con número 773595. Como consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable afirma que cada año realiza un ajuste a la pensión otorgada, el cual se sustenta en el índice nacional de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en relación al diverso artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 01 de julio de 2007, de tal suerte que a la fecha no se ha aplicado al amparista para el ajuste de su pensión, la unidad de medida y actualización como la afirma en la demanda de amparo. Lo anterior, lo corrobora la responsable con las copias certificadas referentes a la nómina electrónica que contienen los montos percibidos por la parte quejosa, así como la deducciones efectuadas, constancias a las que se les confiere valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo (fojas 74 a 86). Ahora, del contenido del citado informe justificado se aprecia que, la responsable ha efectuado la actualización del monto por concepto de pensión a la parte quejosa con base en el índice nacional de precios al consumidor, en específico en la temporalidad que aduce la parte quejosa de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, como se demuestra al citar el porcentaje correspondiente a cada año referente al índice nacional de precios al consumidor en relación a la cantidad percibida. Bajo esa tesitura en el caso específico opera la reversión de la carga de la prueba al quejoso, a quien le correspondía desvirtuar el contenido del informe y las constancias que lo soportan, es decir, debía demostrar que la responsable sí aplicó la Unidad de Medida y Actualización en su pensión jubilatoria, para cuantificarla. Aspecto que a juicio de este órgano jurisdiccional no se logró satisfacer, pues de la documental consistente en la determinación sobre concesión de la pensión, sólo se justifica, como ya se dijo, que la obtuvo a partir del dieciséis de julio de dos mil quince; en tanto que de los recibos de pago que adjuntó a su libelo constitucional, no se aprecia con claridad ni de manera indiciaria, que la responsable aplica la Unidad de Medida y Actualización, para cuantificar la pensión, como lo aseveró el quejoso al promover el amparo, y, finalmente la copia de su credencial de elector tampoco le genera beneficios que pretende pues no acredita su dicho con ésta. Por lo que, es dable afirmar, que contrario a lo afirmado por el quejoso, no quedó demostrado que la autoridad responsable haya aplicado a su esfera jurídica y en específico para determinar el monto o el aumento anual a su pensión jubilatoria, la unidad de medida y actualización; de ahí que, deba tenerse por inexistente el acto de autoridad reclamado por la peticionaria de amparo. Por tanto, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad a lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que en el presente sea dable tomar en consideración el criterio vertido en el juicio de amparo 123/2019 del índice del Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dado que al margen de que se trata de un criterio emitido por un diverso órgano jurisdiccional que no vincula a esta potestad federal, lo cierto es que en el caso no se encuentra demostrada la existencia del acto de autoridad reclamado en el presente juicio constitucional. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.". Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuación: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Rubén Salcedo Rico, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. SE REMITEN PROMOCIONES. Agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta remitidos por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan; de los cuales se advierte que se encuentran solicitando informe previo respecto del juicio de amparo 450/2019 de su índice, por lo que resulta evidente que las promociones que se acuerdan pertenecen a un cuaderno de amparo sin antecedentes. Atento a lo anterior y a fin de evitar dilaciones en el procedimiento del referido juicio de amparo, se ordena remitir previa copia simple se deje en autos, los oficios con sello de recepción original al área correspondiente de este juzgado de Distrito, para el efecto de que se cumplimente lo solicitado el referido órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Froylán

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acordado en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para su verificativo.

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