Rubén Alberto Dorador López
Expediente 641/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/11/2022
Partes del expediente
- Rubén Alberto Dorador López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo veintiuno, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que en veinte de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto del Secretario Técnico de dicha comisión, mediante el cual informó que el seis de septiembre del año en curso, se dio respuesta a la parte quejosa del escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, motivo por el cual en proveído de veintiuno de septiembre del presente año se ordenó dar vista a la parte quejosa con el contenido del informe y anexo de cuenta, notificación que le fue realizada de manera personal el veintidós de septiembre siguiente por conducto de la actuaria de la adscripción. Luego, en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo en relación con la vista otorgada el veintiuno de septiembre del año en curso. Por tanto, de las constancias remitidas por las autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto del Secretario Técnico de dicha comisión, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Rubén Alberto Dorador López, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, en relación con el acto reclamado consistente en: "La negativa de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana de dar respuesta al escrito con fecha de presentación del 11 de marzo de 2022, por medio del cual solicito me sea otorgada incapacidad médica permanente." Pues como ya se precisó, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto del Secretario Técnico de dicha comisión, mediante el cual informó que el seis de septiembre del año en curso, se dio respuesta a la parte quejosa del escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós en relación con la solicitud planteada por el quejoso respecto al otorgamiento de incapacidad médica permanente -en los términos ahí planteados- y en esa propia fecha le fue notificado el aquí quejoso de la respuesta emitida por la autoridad responsable. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable dio respuesta al escrito presentado por la parte el once marzo de dos mil veintidós, en los términos ahí planteados; es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que, transcurrió el plazo a fin de que la parte quejosa se encontrara en posibilidad de ampliar su demanda de amparo con motivo de la vista otorgada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en relación con la respuesta proporcionada por la autoridad responsable a su escrito presentado el once de marzo del presente año, sin que haya hecho lo propio. Por tanto, al haber precluido el plazo con el que contaba la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 117 (aplicados a contrario sensu) y 114 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??A???????????? de la Ley de Amparo no se tiene por ampliada su demanda. Sin que pase inadvertido para quien suscribe que mediante escrito presentado el cinco de octubre del año en curso, se tuvo al autorizado de la parte quejosa realizando manifestaciones en relación con la respuesta emitida por la autoridad responsable en los términos ahí planteados; sin que dichas manifestaciones se puedan traducir a la intensión de la parte quejosa de ampliar la demanda de amparo, toda vez que éste en su carácter de autorizado de la parte quejosa no se encuentra facultado para tal fin; lo anterior es así, ya que si bien es cierto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; cierto es también, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia, aunado a que por auto de seis de mayo del año en curso, se ordenó dar vista "directamente a la parte quejosa" en relación con la ampliación de la demanda; lo anterior, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal y pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I del citado ordenamiento legal, alguna responsabilidad penal. 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo I, agosto de dos mil catorce cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por Keny Berenice Rivera Uribe, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas sus manifestaciones a manera de alegatos, de los cuales se hará relación en la audiencia constitucional que se celebre; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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