Rosemberg Vidal Muñoz Hernández

Expediente 1624/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1624/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Rosemberg Vidal Muñoz Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia incidental; sin embargo, de autos se advierte que a la fecha no se cuenta con las constancias de notificación de los oficios 33421/2023, 33422/2023, 33423/2023, 33424/2023, 33425/2023, 33426/2023, 33427/2023 y 33428/2023, enviados respectivamente a las autoridades responsables ahí precisadas (por el cual se solicita su informe previo), dado que los mismos se encuentran en vías de notificación. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con quince minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual exhibe billete de depósito número N 898599, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, se tiene constituida la garantía fijada por este órgano jurisdiccional, a fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional otorgada el veintidós de noviembre del presente año; resguárdese en la caja de valores de este juzgado con el número de registro 313/2023. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Asimismo, hágasele saber a la parte quejosa que una vez dictada la sentencia en el juicio principal del que emana el presente incidente de suspensión, cause ejecutoria y haya trascurrido el término establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, podrá solicitar la devolución del billete de depósito exhibido; apercibida que de no hacerlo se procederá conforme lo dispuesto en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito y anexos de cuenta, suscrito por el quejoso ********************, por el cual realiza diversas manifestaciones, entre las que se advierte la intención de que este órgano jurisdiccional le conceda la guarda y custodia provisional de sus menores hijas. En atención a lo anterior, dígase al promovente que el juicio de amparo indirecto es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, y que tiene como finalidad la de hacer respetar sus derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello conforme a los artículos 103 Constitucional y 1° de la Ley de Amparo, que son los numerales que delimitan la procedencia para el juicio de amparo, en los siguientes puntos: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Motivo por el cual, se estima que no es procedente su solicitud, en virtud de que la petición de que le sea otorgada la guarda y custodia de sus menores hijas, es una petición que debe formularse ante el Juez de lo Familiar, quien es la autoridad competente para conocer de esos asuntos. Además de que no guarda relación con la litis constitucional en el presente juicio de amparo, que la constituye la orden de detención, comparecencia, aprehensión, reaprehensión o cualquier acto tendente a privar de su libertad al quejoso. Por lo que tiene expedito su derecho de hacer valer lo conducente, en la vía correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto local 488/2023-B, con número de 505/2023-B, girado dentro del presente juicio de amparo; acúsese recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, dese de baja la referida comunicación oficial, del índice de este Juzgado y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese contexto, atento a las circunstancias destacadas en la comunicación oficial recibida, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 138, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía ordinaria al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio que se adjunta por separado y se sirva notificar el presente auto a ******, y lo requiera para que en el acto de la notificación o bien dentro de término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente debidamente identificado en las instalaciones del juzgado exhortado y manifieste si ratifica o no el contenido del dictamen exhibido registrado con el número de folio 16144. Asimismo, deberá apercibirlo para que de no cumplir con lo anterior u omitir informar el impedimento legal que para ello tenga, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, por la cantidad de $5,187.00 pesos (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta por multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 pesos (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés. Se faculta a la autoridad exhortada para que en caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, o bien, de establecerse la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo la encomienda planteada, solicítese a la autoridad exhortada devuelva por la misma vía la comunicación oficial que se le remite, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 251/2023-F, promovido por Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en diez de marzo de dos mil veintitrés, en este órgano jurisdiccional, el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora por conducto de su Director General Mauricio Montaño Medina, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Actos reclamados "IV. ACTO RECLAMADO.- SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA POR LA RESPONSABLE EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022, DENTRO DEL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 3122/21-01-02-7/1355/22-S1-05-06 PROMOVIDO POR LA AHORA QUEJOSA; Deriva del juicio contencioso administrativo número 3122/21-01-02-7 promovido por el ahora tercero interesado, que se ventila ante la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en el proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, determinación que fue recurrida por la parte quejosa; posteriormente, en el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en el recurso de queja 92/2023 de su índice, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en autos del incidente de incompetencia en razón de territorio identificado con el número de expediente 3122/21-01-02-7/1355/22-S1-05-06, promovido por la parte quejosa dentro del juicio contencioso administrativo 3122/21-01-02, promovido por Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que en copia certificada adjuntó a su informe justificado la autoridad de referencia, relativas a diversas actuaciones del juicio de origen; documentales a las que se otorga plena validez probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable sostiene que se actualiza la causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es infundada la causal antes citada, toda vez que la parte quejosa es parte en el juicio de origen del que deriva el incidente cuya resolución se reclama; es decir, en el juicio contencioso administrativo 3122/21-01-02 promovido por Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, la parte quejosa tiene el carácter de demandado, por lo que contrario a lo que alega la tercero interesada, el acto reclamado sí afecta su interés jurídico. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2019456, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. El quejoso aduce esencialmente que la autoridad responsable transgredió los principios de fundamentación y motivación, así como el de exacta aplicación de la ley y los de congruencia y exhaustividad que debe contener toda sentencia, ya que la responsable fue omisa en resolver las consideraciones expuestas en el mismo, consistentes en que el fuero común, específicamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, conociera del asunto, no así el fuero federal, ya que nunca se intentó poner a su consideración la incompetencia territorial entre Salas Regionales, como erróneamente lo planteó la autoridad, pasando por alto la voluntad de las partes, así como las disposiciones contenidas en la ley aplicable a los asuntos del fuero común. Para avalar la postura que antecede, primeramente conviene destacar los antecedentes que dieron origen al presente juicio: - Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Jorge Esteban Serafín Sodi Majul, en representación legal de la moral Central Express De Control De Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía contenciosa administrativa la nulidad de la resolución de negativa ficta, recaída a la solicitud de pago efectuada a Servicios de Salud de Sonora, y el cumplimiento del contrato número SSS-LPS-024-17-284. - La demanda en cuestión, fue radicada y admitida con el número de expediente 3122/21-01-02-7, del índice de la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California. - Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite dicha demanda, así como las pruebas ofrecidas, y se ordenó emplazar a la demandada para que diera contestación a la misma en el plazo de ley. - Posteriormente, el ocho de abril de dos mil veintidós se tuvo a la apoderada legal de Servicios de Salud de Sonora, interponiendo incidente de incompetencia por materia y por razón de territorio. Al respecto, substancialmente expuso: "... Con fundamento a lo previsto por los artículos 20 fracción I y 29 fracción 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se interpone incidente de incompetencia de esta Honorable Sala con base a las siguientes consideraciones: POR MATERIA: la cual se basa en que a efectos de que esta H Sala pueda resolver conforme a derecho una disputa, conforme a lo establecido por el artículo 2 de Ley comento, debemos estar frente a una resolución definitiva establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo que en el caso que nos ocupa la parte actora viene demandando la negativa ficta sobre una supuesta omisión por parte de mi representada a un requerimiento de pago presentado en sus oficinas por parte de la hoy actora en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, pago que hace referencia el demandante deriva de un contrato del cual no corresponde a esta autoridad administrativa conocer por lo que se solicita se abstenga de hacerlo y remita a las partes a resolver la presente contienda ante la autoridad competente a la ciudad de Hermosillo, Sonora. En base a las siguientes consideraciones de hecho y derecho. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta H. Sala solo cuenta con competencia respecto de los supuestos que dicho numeral indica, sin que el requerimiento de pago de pesos tenga o encuadre alguna de las atribuciones establecidas en dicho numeral, el cual se transcribe para los efectos legales correspondientes. [.] No pasan inadvertidas las manifestaciones señaladas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, sin embargo si el procedimiento administrativo sigue las reglas del derecho punitivo, estas no resultan aplicables a la disputa que nos ocupa, ya que las mismas refieren a la materia o calidad administrativa de un acto omitido por una autoridad y en base a la narrativa realizada por el demandante solo se pudieran tratar de actos de compraventa mercantil de los cuales, sin reconocerlos de ninguna manera, los conflictos que de ella deriven solo pueden ser resueltos por una autoridad competente en dicha materia y esta autoridad administrativa carece de tal competencia. En virtud de lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a esta H. Sala se abstenga de conocer el presente juicio ya que el Tribunal que resulta competente son los autorizados para conocer de la materia mercantil con residencia en la Ciudad de Hermosillo Sonora, precisamente donde tiene el domicilio mi representada, jurisdicción a la cual se sometieron las partes en el multicitado contrato de licitación pública. A mayor abundamiento tenemos que la parte actora CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGA, S.A. DE C. V. su actividad preponderante es la compraventa de productos y artículos en general para fumigación y control de plagas urbano, agrícola entre otras, tal y como se acredita del acta constitutiva de la moral antes señalada y la cual exhibe como documental a su escrito de demanda, por lo cual es un ente de comercio y la misma realizo un acto comercial con mi representada Servicios de Salud de Sonora, en la venta de todos y cada uno de los productos que manifiesta la demandante en su escrito inicial de demanda lo anterior se corrobora en lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 75 fracción I, IV, V y demás relativas y aplicables del Código de Comercio en vigor, es decir que la operación mercantil que ahora nos ocupa tiene un propósito totalmente de especulación comercial por la actora. De lo antes expuesto es de llamar la atención de esta autoridad administrativa, en el sentido de que si bien de conformidad con lo previsto en el numeral 2 de la Ley en comento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de las resoluciones definitivas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también lo es que en los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la citada ley el Tribunal de Justicia Administrativa, tiene competencia material para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación, entre los que se encuentran, la fracción VIII. Las que originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como las que estén bajo la responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal, sin embargo en el asunto que nos ocupa se aprecia que la atenta lectura a los documentos mediante :los cuales la demandante pretende sustentar la procedencia de la acción intentada siendo estos el contrato número SSS-LPS-024-17-284, de fecha 30 de octubre de 2017, derivado de la licitación pública LPA-926005961-024-2017, remitiendo a los mismos en obvio de repeticiones innecesarias, si bien en el apartado de declaraciones de la "LA ENTIDAD", que en la especie resulta ser el Organismo Público Descentralizado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, y específicamente en la declaración 1.6 en relación al contrato de licitación antes mencionado expresamente se estableció que las erogaciones que se deriven de los contratos estarán sujetos a la suficiencia presupuestal correspondiente, con cargo a las partidas específicas 25101 "productos químicos básicos", 25401 "materiales, accesorios y suministros médicos" y 25501 "materiales, accesorios y suministros de laboratorio" de acuerdo al manual de programación y presupuestación 2017, es decir serán cubiertos con recursos aprobados por la Entidad de carácter estatal e ingresos propios para ejercerse en el año en que se firmó el contrato, esto es a dicho procedimiento de contratación y al contrato derivado del mismo destacando lo establecido en la cláusula vigésima quinta denominada JURISDICCIÓN, de dicho acuerdo de voluntades en el cual expresamente se estableció que para el caso de controversia en la interpretación y cumplimiento de dicho contrato, las partes acuerdan someterse a la competencia de los tribunales competentes, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que el proveedor renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente y futuro pudiera corresponderle, por lo que tales condiciones esta Autoridad Administrativa no estaría facultada legalmente para conocer del presente juicio. En ese sentido, es de destacarse que en todo caso y si bien la competencia de esa H. Sala, está determinada en función de lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, también lo es en el presente caso la demandante convalidó contractualmente las disposiciones jurídicas que rigieron tanto el procedimiento licitatorio como el contrato derivado del mismo, pues en ese sentido, tuvo la vía expedita para impugnar dicho procedimiento ante las instancias competentes para hacer valer la nulidad del mismo, en virtud de haberse ajustado a la normatividad local y no a la legislación federal, o incluso demandar la nulidad del contrato por dicha situación pero se insiste, no lo hizo así, con lo cual queda de manifiesto la aceptación expresa por parte de la demandante a las reglas y dispositivos normativos aplicados de carácter local y no federal. En consecuencia, en las relatadas condiciones es incuestionable que-la competencia para conocer, en su caso, de, cualquier controversia derivada del cumplimiento de dicho contrato, sin que implique su reconocimiento de ninguna manera, se configura de manera clara y expresa en favor de los tribunales locales con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y no ante esta H. Sala. POR TERRITORIO.- La cual se hace consistir en lo siguiente. Sin reconocerle valides alguna, pero para el supuesto no concedido de que esta H. Sala, considere como valido el contrato de fecha 30 de octubre de 2017, en la cláusula vigésima quinta, denominada jurisdicción, se desprende un sometimiento expreso de las partes a los tribunales competentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, motivo por el cual esta autoridad administrativa carece de competencia para conocer la presente controversia. En virtud de lo anterior, la interposición del incidente de incompetencia en término de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, resulta oportuna de conformidad con la jurisprudencia que es del rubro INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE TERRITORIO. OPORTUNIDAD EN SU INTERPOSICIÓN. Por último, cabe destacar que son totalmente improcedentes e incorrectas todas y cada una de las manifestaciones realizadas por la parte demandante en el capítulo denominado "COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL" (foja 1 a 8 del escrito inicial de demanda), en virtud de las manifestaciones lógicas y jurídicas hechas con antelación." - Con base en el incidente interpuesto, cuyos argumentos fueron transcritos en la parte medular, la Sala Regional del juicio de origen, suspendió el procedimiento del juicio, hasta en tanto se dictara la resolución correspondiente y ordenó enviar los autos al presidente del Tribunal, con el fin de que se sometiera al conocimiento del Pleno de ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa y determinara cuál Sala seguiría conociendo del asunto. - Fue de esa forma, que a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Ciudad de México, le correspondió conocer y resolver sobre la incidencia presentada por la parte demandada del juicio de origen, recayendo la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós que constituye el acto reclamado. En las consideraciones de esa resolución la autoridad responsable substancialmente expuso lo siguiente: - En el considerando primero se refirió a su competencia para resolver sobre el asunto puesto ante su potestad, y sustentó tal aspecto en lo establecido en el artículo 18, fracción IV. - En el segundo considerando trató lo relativo a la procedencia del incidente de incompetencia por razón de territorio, determinando su procedencia, con base en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor. - Enseguida, en el considerando tercero, procedió al análisis y resolución respecto del incidente de incompetencia por razón de territorio. Ahora, el artículo 17 constitucional prevé el principio de congruencia que debe contener toda resolución, pues al efecto prevé: "Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". En el caso concreto, de la resolución reclamada se advierte que el quejoso interpuso incidente de incompetencia por materia y por razón de territorio, exponiendo las consideraciones en las que sustentaba dichas incidencias, a lo que la responsable sólo se pronunció respecto del segundo de ellos -por razón de territorio-, siendo omisa a las consideraciones relativas al incidente de incompetencia por materia. Por lo que dicha omisión torno incongruente la resolución reclamada, violentando en perjuicio del quejoso el artículo 17 Constitucional. No pasa desapercibido por quien resuelve, que la responsable en su informe justificado hizo manifestaciones respecto a las consideraciones expuestas por la parte quejosa relativas al incidente por materia en las que expuso que esa juzgadora está facultada únicamente para resolver conflictos de competencia por materia suscitados entre las Salas que integran ese Tribunal; y no así entre ese Tribunal y uno diverso como lo sería el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; pues, estas manifestaciones no pueden complementar dicho informe como lo prevé el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dado que su actuar no resulta materialmente administrativo, sino jurisdiccional, por lo que tendría que ser en el propio acto en donde se precisara tal circunstancia. En mérito de lo expuesto, y acorde a los razonamientos citados, resulta procedente conceder a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sexto. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión constitucional, son para que el Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de incompetencia con el número de expediente 3122/21-01-02-7/1355/22-S1-05-06, de su índice. 2. Con libertad de jurisdicción, emita otra en la que reitere los argumentos que sustentó respecto a la incompetencia por territorio y se pronuncie además respecto a los argumentos formulados en cuanto a la incompetencia por materia que expuso la parte quejosa. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto considerativo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente. Lo que notifico a la parte moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 251/2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano