Ruben Contreras Arce
Expediente 618/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2020
Partes del expediente
- Ruben Contreras Arce
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el tres de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el recurso de queja contra proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, lo anterior para los efectos legales que haya lugar.. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguense al presente expediente, los escritos presentados por los quejosos Ramón Antonio Ramírez Gómez, Rubén Contreras Arce, Ramón Ramírez Pérez y Yolanda Cazares Arámburo, mediante los cuales interponen recurso de queja, en contra del proveído emitido el catorce de octubre del año en curso, y expresan los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; por tanto, intégrese al expediente una de las copias del escrito exhibido. En ese orden, al estar debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno; así como el informe correspondiente en el que deberá precisarse que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante proveído de catorce de octubre del presente año, se desechó la demanda de amparo; además, deberá remitírsele copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa hasta la fecha de interposición del recurso, a fin que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación. Lo anterior sin que sea el caso dar vista por el plazo de tres días a las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, en virtud de que no se les reconoció tal carácter, por haberse desechado la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por Ramón Antonio Ramírez Gómez, Rubén Contreras Arce, Ramón Ramírez Pérez y Yolanda Cazares Arámburo, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de juzgado correspondiente como juicio de amparo 618/2020-E. DESECHAMIENTO De entrada, es oportuno traer al conocimiento el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ". El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso concreto, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en: "Resolución interlocutoria de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, en relación con el incidente de competencia promovido por la parte demandada en el principal y actora incidentista, Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California." Analizado el acto reclamado aludido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, que literalmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para evidenciar lo anterior, se destaca, como punto de partida, lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." En la actualidad, el criterio de irreparabilidad está previsto en la fracción V de la Ley de la materia, lo que de manera clara genera que las resoluciones respecto de la incompetencia (que inhiban o declinen o acepten la competencia) ya son ajenas a esa fracción, pues están prevista en una diversa, la VIII, de suerte que una primera conclusión, es que las determinaciones respecto de la incompetencia o aceptación de competencia, efectivamente, ya no son analizables a través de un criterio de irreparabilidad. En efecto, el legislador claramente prescribió el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia por declinatoria o inhibitoria así como su aceptación. No obstante, ello no quiere decir que debe estarse a la interpretación literal de la fracción VIII del artículo 107, de la Ley de Amparo, para admitir la demanda de amparo, sino que para ello debe atenderse en todo caso, al sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente destacar que es una constante en la Ley de Amparo, que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. Sobre la base de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales, que desde luego estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En un sentido general, la definitividad comprende los casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate, es decir, ya sea porque se agotaron los medios de defensa, porque ya no proceda alguno de ellos, o porque se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo; solo así se podrá estimar que el acto reclamado es definitivo para los efectos del juicio de amparo. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad de este. En el anterior orden de ideas, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento, es que se trate de un acto definitivo, característica que puede adquirirse bien porque contra ese acto ya se hubieran agotados los medios ordinarios de defensa, porque ya no proceda impugnación alguna en su contra, o porque corresponda a la culminación del procedimiento respectivo; y la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que regula el supuesto en estudio, no contiene el criterio de procedencia excepcional del amparo, por irreparabilidad del acto o inconstitucionalidad de leyes destacados, por lo que debe convenirse que corresponde a los actos genéricos, y que la definitividad del acto reclamado es la pauta para establecer la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, la declaración unilateral de incompetencia debido a la materia, no puede considerarse como un acto definitivo, porque involucra un pronunciamiento, incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. En consecuencia, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces se podrá asumir que el asunto será conocido y en su caso resuelto, por determinada autoridad. Ello es así, en virtud de que, si no se acepta la competencia, y el asunto regresa a la autoridad que previno, la cual insiste en su incompetencia, se entablará un conflicto competencial. No es obstáculo que la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, para considerar actualizado el supuesto de procedencia del juicio de amparo que ahí se contiene, porque no es la ausencia de precisión de la definitividad del acto, lo que excluye considerar ese principio como criterio rector de la procedencia del juicio constitucional de amparo. Para ello basta considerar el ejemplo de la hipótesis de procedencia expuesta en la fracción II del multicitado artículo 107 del ordenamiento en consulta, que establece que el juicio procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En dicho supuesto no se especifica que tal acto debe ser definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pero es de lógica jurídica, dado el sistema de procedencia del juicio de amparo, que tal característica debe permear en tal hipótesis, pues de otra forma sería improcedente el juicio en los términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con las salvedades precisadas en la citada fracción. Lo expuesto hasta aquí, permite aceptar que si bien fue intención legislativa proscribir el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia para la procedencia del juicio de amparo; no menos cierto es que la definitividad de tales actos es un sistema de procedencia que prevalece en la Ley de Amparo en vigor. En abono a lo anterior, es importante señalar que la cuestión de competencia puede ser declinatoria o inhibitoria. La declinatoria se propone ante el juez o tribunal a quien se considera incompetente o puede realizarse de oficio por la misma autoridad, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y que remita los autos al tenido por competente. Por el contrario, la inhibitoria se presenta ante el juez o tribunal que se consideran competentes, pero que no están conociendo el caso, con petición formal de que dirija el oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. En el caso particular, es importante señalar que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante resolución interlocutoria de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 1085/2019-3F, declinando dicha competencia a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. En general, puede hablarse de "declinatoria" cuando una autoridad determina el turno del juicio a otro tribunal por razones de competencia; sin embargo, debe indicarse que la decisión en la que se decide que la autoridad que conoce del juicio no debe conocer del mismo y ordena que éste se envíe a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan solo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que lo relativo a la competencia de la autoridad ha sido agotada. Corrobora lo anterior, la interpretación gramatical de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, según la cual, el juicio de amparo procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", lo que permite establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto, bajo ese supuesto legal, se actualiza si en forma definitiva se ha decidido acerca de la inhibitoria, declinatoria o respecto del conocimiento de un asunto por parte de alguna autoridad, ya que las principales acepciones de los vocablos "determinar" y "determinación" son "fijar los términos de algo", "distinguir", "discernir", "fijar algo para algún efecto", "hacer tomar o tomar una resolución", o bien "resolución de la duda", "decisión para obrar en uno u otro sentido", "discernimiento o distinción", lo que excluye otorgarle un significado en el que cualquier resolución provisional o adicional, como es el planteamiento de un conflicto de "competencia" en razón de fuero o jurisdicción, también relacionada con ese tema, pueda activar un medio de defensa extraordinario o instancia constitucional, como es el juicio de amparo. En efecto, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, tiene el siguiente texto: Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto Para obtener la norma del texto de la disposición jurídica transcrita es necesario establecer el significado del vocablo "determinen", dado que respecto de los demás resulta clara la facilidad con la que puede conocerse su significado, principalmente en el ámbito jurídico. El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española [Consultable en: http://buscon.rae.es/drae/], da las siguientes acepciones al verbo determinar: "(Del lat. Determinare). 1. tr. Fijar los términos de algo. 2. tr. Distinguir, discernir. 3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto. Determinar día, hora. 4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl. 5. tr. Hacer tomar una resolución. Esto me determinó a ayudarle." Acepción que representa la idea que hace del verbo "determinar" la expresión de una acción consistente en poner un límite a algo, fijar sus términos o tomar una decisión, sin que de ellas se advierta que se trate de algo provisional o no definitivo. Por tanto, con base en un criterio gramatical debe considerarse que el supuesto al que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, encierra la norma que sólo permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que decidan, sin el carácter de provisional, acerca de la inhibitoria o declinatoria de la competencia o el conocimiento de un asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo siguientes datos: Décima Época, Registro: 2009721, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Página: 5, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En ese orden, si en el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la que determinó que no es competente para conocer del citado juicio laboral 1085/2019-3F, y, declinó dicha competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, a quien consideró competente, es claro que no se trata de un acto definitivo para los efectos del supuesto de procedencia del juicio a que se contrae el artículo 107, en su fracción VIII, y entonces, es inconcuso que el acto reclamado no se adecua a lo dispuesto por dicha porción normativa, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Señalamiento de autorizado y domicilio. Téngase como autorizado a Adolfo Rubén Gómez Romero, para actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en términos del artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Exhortación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del citado Acuerdo General 8/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdic cionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/20201 En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistemaconformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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