Rubén Cruz Beltrán
Expediente 656/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2021
Partes del expediente
- Rubén Cruz Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2 de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo´ en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] 4. Acto reclamado: Acto De Tracto sucesivo por La Omisión de Dar Respuesta Escrita o Respetuosa Solicitud Elevada a la responsable Dentro De La Causa Penal 675/2008 De Su Estadística " (sic) De igual forma de los antecedentes especifica: 6. Antecedentes, Bajo Protesta De Decir Verdad Manifiesto En Fecha 31 De Mayo De Este Año 2021 El Quejoso Fui Presentado A una Audiencia Ante El Juzgado De La Responsable y en El Mismo Acto En Forma Personal Le Hice Entrega De La Citada Solicitud Por Escrito Misma Que Me Fue Recivida Con Sello De Goma Azul Que Versa: Poder Judicial Del Estado De Baja California 10:15 Horas Recibido 31 Mayo 2021." (sic) Asimismo, que de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende: - Copia certificada del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno emitido por la Juez Provisional del Juzgado Único de Primera Instancia Penal, con residencia en Mexicali, mediante el cual atendió la petición de la prescripción de la multa y prescripción de la reparación del daño por el aquí quejoso el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Constancias con las cuales en dieciocho de octubre de dos mil veintiuno se corrió traslado a la parte quejosa. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La omisión de dar contestación a la petición efectuada por el quejoso ante la responsable, relativa a la solicitud de prescripción de la multa y reparación del daño. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que en veintisiete de septiembre de la presente anualidad, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo promovida por el impetrante en diez de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable emitió contestación a la petición de solicitud de prescripción de la multa y reparación del daño efectuada por el quejoso, y giró exhorto al Juez de Primera Instancia Penal en turno de Tecate, a fin de notificar el referido auto al aquí quejoso lo cual aconteció en uno de octubre del año que transcurre, aunado a que de igual forma con dicha contestación este órgano jurisdiccional le corrió traslado al quejoso personalmente el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Por lo tanto resulta inconcuso que, el acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de dar contestación a la petición efectuada por el quejoso ante la responsable, relativa a la solicitud de prescripción de la multa y reparación del daño, ha cesado sus efectos, toda vez que: -En veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se emitió contestación a la petición efectuada, y; -En dieciocho de octubre de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional corrió traslado al quejoso con la contestación emitida por la autoridad señalada como responsable. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, toda vez que el quejoso Rubén Cruz Beltrán, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Notifíquese personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la autoridad señalada como responsable, en atención al contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con lo anterior dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En consecuencia, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe que aquí se agrega y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la Coordinadora del Nuevo Sistema Justicia Penal y Tradicional, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que designa como asesor jurídico del quejoso a Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal a los asesores citados el contenido del presente proveído en el domicilio que ocupa la citada Coordinación; esto es, el ubicado en Plaza Mundo Divertido Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno Locales 41 y 43, Fraccionamiento San José, con residencia en esta ciudad, y les corra traslado con la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese.
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