Rosario Laura Acosta Castro

Expediente 304/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
304/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Rosario Laura Acosta Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio por el cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, remite el testimonio de la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del conflicto competencial 15/2019 del índice de ese órgano jurisdiccional, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana y este órgano judicial, en el juicio de amparo 304/2019, en el que resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial SEGUNDO. El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********." Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio por el cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, remite el testimonio de la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del conflicto competencial 15/2019 del índice de ese órgano jurisdiccional, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana y este órgano judicial, en el juicio de amparo 304/2019, en el que resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial SEGUNDO. El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosario Laura Acosta Castro." Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, bajo el expediente conflicto de competencia 15/2019.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al sumario el oficio y anexos que remite la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 304/2019 del índice de este juzgado y manifiesta que el titular del órgano oficiante no acepta la competencia planteada, por los motivos expuestos en su acuerdo dictado el treinta de abril de dos mil diecinueve. Respetuosamente, se disiente del criterio sostenido por el juez que no aceptó la competencia y se insiste en declinarla por las siguientes razones: En primer término, es pertinente aclarar que la litis competencial se centra en que el acto reclamado tiene ejecución material en Tijuana, Baja California; frente a este supuesto, la Ley de Amparo en su artículo 37, establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución del acto reclamado. La razón por la que se insiste en declinar la competencia es que como ya se estableció en el acuerdo de incompetencia, el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si en esta instancia el acto reclamado se hace consistir en la omisión de cumplir con la sentencia de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, ordenada en la resolución de queja declarada fundada por esa omisión el quince de enero de dos mil dieciocho, por los magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente *** la ejecución material del acto reclamado tendrá lugar en el lugar de residencia del juez de distrito que no aceptó la competencia, tal como se hizo ver en el acuerdo respectivo y, acorde con lo que resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto circuito en la jurisprudencia por contradicción PC. XVI. A JA23 (10ª), que al efecto se citó. Por tanto, ante la existencia de un conflicto competencial, con apoyo el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato para que tenga a bien resolver. Mediante oficio que derive del presente auto comuníquese lo anterior al juez oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, con número de registro 200280, Novena Época, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Página: 26, que es del tenor literal siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo formulada por *******, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 304/2019-V-A Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Exprese los montos y conceptos en que primigeniamente le fue otorgada la pensión que menciona. Indique en qué términos realizó la petición de modificación de tal pensión cuya negativa ficta demandó en el referido juicio de nulidad. Especifique las consideraciones asumidas por la sala responsable en la sentencia del juicio de origen, que dieron lugar a los efectos plasmados en el propio fallo. Precise dónde se encuentra ubicado su domicilio particular y lo acredite con documento fehaciente. Lo anterior, en virtud de que la resolución que reclama podría tener efectos positivos y, por ende, ejecución material en el domicilio en el que se desenvuelve la peticionaria del amparo, por tanto, es necesario que precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio, a fin de que se satisfaga el requisito establecido en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Requerimiento que se realiza debido a que la información proporcionada en la demanda, resulta insuficiente para tener por cumplidos a cabalidad los requisitos que debe contener toda demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por ******, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Cabe mencionar que del escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción indicada por el artículo 110 de la ley de la materia; es decir, una para la autoridad responsable, una para cada tercero interesado (2) y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la promovente para recibir notificaciones el ubicado en calle *** esta ciudad. Sin que proceda tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico y números telefónicos que menciona en su escrito de demanda, dado que dichas figuras no se encuentran reguladas en la normatividad que rige el juicio de amparo. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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