Rosario Lara Morales

Expediente 424/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
424/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Rosario Lara Morales
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de julio pasado en el que este tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, el presente expediente es destruible una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor proveído el ocurso de cuenta; ello en atención a que lo suscribe un autorizado en términos restringidos de la parte quejosa (foja 9 vuelta); esto es, únicamente está facultado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, mas no para promover en el presente asunto.

  3. Principal

    Recepción de oficio en alcance a informe justificado. Visto el ocurso que en alcance a su informe justificado remite el notario público número uno en la ciudad de Comonfort, Guanajuato, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Prueba documental. Así mismo, para sustentar su dicho, el fedatario público en comento remite copia de diversos documentos; por lo que, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, dicha prueba documental se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Cabe destacar que de las constancias de referencia, así como de las que integran los presentes autos, se desprende que para los efectos del juicio de amparo, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad. Lo anterior debido a que -en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones- se precisa que el acto reclamado es la omisión por parte del notario público número uno en Comonfort, Guanajuato, de entregar la escritura pública número 16,708, que contiene la compraventa celebrada el veintiuno de abril de dos mil diez, por la quejosa como parte compradora y Elías García Olalde como parte vendedora. Atento a lo anterior, en la especie, se aprecia la actualización en forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, del siguiente texto: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» «Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]» «Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.» De la interpretación sistemática de los preceptos en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis P. XXVII/97, publicada en febrero de mil novecientos noventa y siete en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, página 118; del rubro y texto que a continuación se trascriben: «AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." La referida tesis, establece que en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o no, como autoridad responsable para efectos del amparo, porque con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano del Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce de manera unilateral facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en el criterio con registro IUS 161133 ha precisado que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: -La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; -Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, -Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Condiciones que a juicio del suscrito no se actualizan en el acto reclamado en el presente asunto. Ello en atención a que tanto de la demanda de amparo como del informe justificado y escrito en alcance al informe justificado, se aprecia que la relación que originó la expedición de la escritura pública cuya omisión de entrega aquí se reclama, surgió entre la quejosa y el notario público en un nivel de igualdad, es decir, fue una relación de particulares; por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo, ya que la expedición de una escritura pública -o la omisión de hacerlo- no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional ni unos emitidos por un particular que se le puedan equiparar. Se reitera, conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal (ente público o privado), y atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la circunstancia de que la función del notario público se encuentre regulada en una ley y que esta lo haya investido de fe pública, no es motivo para considerar que la omisión de otorgar una escritura pública, le otorgue calidad de autoridad responsable, pues no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sirve de apoyo, la tesis VI.1o.A.32 K (10ª.), publicada en octubre de dos mil catorce en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, tomo III, página 2881, de rubro siguiente: «NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO REGULADO POR LA LEY VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).» Así como la diversa tesis XXVII.3o.36 K (10ª.), publicada en agosto de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, tomo III, página 1852, de rubro: «NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES.» En este sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura que consigna la trasmisión de la propiedad de un inmueble y su correspondiente trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente -o la omisión de realizar dichos actos-, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto entre particulares. Pues se insiste, es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes o a tercero. Sirve de apoyo, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10ª.), publicada en septiembre de dos mil quince, en la Gaceta del Semanario Judicial del a Federación, libro 22, tomo I, página 510, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: «NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo.» Por tanto, se reitera, es incuestionable que al notario público número uno en Comonfort, Guanajuato, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que el acto reclamado -omisión- deriva de una relación entre entes que se encuentra en un mismo plano de igualdad, pues tanto la parte quejosa como el referido fedatario, convinieron la protocolización de una compraventa; es un acto entre particulares. En tales condiciones, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la ley en cita; por lo que, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del catorce de agosto de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Recepción de oficio en alcance a informe justificado. Visto el ocurso que en alcance a su informe justificado remite el notario público número uno en la ciudad de Comonfort, Guanajuato, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Prueba documental. Así mismo, para sustentar su dicho, el fedatario público en comento remite copia de diversos documentos; por lo que, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, dicha prueba documental se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Cabe destacar que de las constancias de referencia, así como de las que integran los presentes autos, se desprende que para los efectos del juicio de amparo, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad. Lo anterior debido a que -en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones- se precisa que el acto reclamado es la omisión por parte del notario público número uno en Comonfort, Guanajuato, de entregar la escritura pública número 16,708, que contiene la compraventa celebrada el veintiuno de abril de dos mil diez, por la quejosa como parte compradora y Elías García Olalde como parte vendedora. Atento a lo anterior, en la especie, se aprecia la actualización en forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, del siguiente texto: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» «Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]» «Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.» De la interpretación sistemática de los preceptos en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis P. XXVII/97, publicada en febrero de mil novecientos noventa y siete en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, página 118; del rubro y texto que a continuación se trascriben: «AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." La referida tesis, establece que en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o no, como autoridad responsable para efectos del amparo, porque con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano del Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce de manera unilateral facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en el criterio con registro IUS 161133 ha precisado que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: -La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; -Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, -Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Condiciones que a juicio del suscrito no se actualizan en el acto reclamado en el presente asunto. Ello en atención a que tanto de la demanda de amparo como del informe justificado y escrito en alcance al informe justificado, se aprecia que la relación que originó la expedición de la escritura pública cuya omisión de entrega aquí se reclama, surgió entre la quejosa y el notario público en un nivel de igualdad, es decir, fue una relación de particulares; por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo, ya que la expedición de una escritura pública -o la omisión de hacerlo- no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional ni unos emitidos por un particular que se le puedan equiparar. Se reitera, conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal (ente público o privado), y atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la circunstancia de que la función del notario público se encuentre regulada en una ley y que esta lo haya investido de fe pública, no es motivo para considerar que la omisión de otorgar una escritura pública, le otorgue calidad de autoridad responsable, pues no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sirve de apoyo, la tesis VI.1o.A.32 K (10ª.), publicada en octubre de dos mil catorce en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, tomo III, página 2881, de rubro siguiente: «NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO REGULADO POR LA LEY VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).» Así como la diversa tesis XXVII.3o.36 K (10ª.), publicada en agosto de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, tomo III, página 1852, de rubro: «NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES.» En este sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura que consigna la trasmisión de la propiedad de un inmueble y su correspondiente trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente -o la omisión de realizar dichos actos-, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto entre particulares. Pues se insiste, es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes o a tercero. Sirve de apoyo, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10ª.), publicada en septiembre de dos mil quince, en la Gaceta del Semanario Judicial del a Federación, libro 22, tomo I, página 510, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: «NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo.» Por tanto, se reitera, es incuestionable que al notario público número uno en Comonfort, Guanajuato, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que el acto reclamado -omisión- deriva de una relación entre entes que se encuentra en un mismo plano de igualdad, pues tanto la parte quejosa como el referido fedatario, convinieron la protocolización de una compraventa; es un acto entre particulares. En tales condiciones, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la ley en cita; por lo que, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del catorce de agosto de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.

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