Rosalinda Salomón Álvarez
Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 40 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosalinda Salomón Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que, en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En el presente y futuro proporcionen -de forma gratuita, continúa y sin interrupciones- la atención médica que requiera la quejosa para sus padecimientos (hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica), lo que incluye la entrega de medicamentos, sesiones de hemodiálisis, servicios de hospital y cualquier estudio o tratamiento que requiera, lo anterior se entiende de forma enunciativa más no limitativa." Inconforme con esa determinación, el apoderado legal de las autoridades responsables, interpuso recurso de revisión en su contra. De dicho medio de impugnación, por turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien confirmó la sentencia recurrida; sin embargo, dicho órgano modificó los efectos de dicha resolución, por lo que, se requirió a las autoridades responsables cumplir con el fallo protector bajo el efecto precisado por la superioridad, es decir: "En el ámbito de sus competencias, deben ordenar que se continúe brindando el tratamiento médico prescrito a la quejosa, por lo que ve a los padecimientos diagnosticados (diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistemática e insuficiencia renal crónica) -lo que incluye la entrega de medicamentos, sesiones de hemodiálisis, servicios de hospital y cualquier estudio o tratamiento que requiera, lo anterior se entiende de forma enunciativa, mas no limitativa-, e instruir al personal médico y administrativo para que den cumplimiento al mandato anterior y se materialice la atención médica completa e integral en cuanto a los padecimientos mencionados, a través de las instancias que se estimen pertinentes." Ahora, de todas las constancias que obran en autos se evidencian las siguientes actuaciones de las responables: Subrogaron el servicio de hemodiálisis a la quejosa, para lo cual la remitieron a la clínica privada denominada Hemodiálisis Avanzada Celaya, Sociedad Anónima de Capital Variable, perteneciente al Hospital MAC de esta ciudad. Existen diversos cronogramas con las fechas y horas de las sesiones de hemodiálisis que le fueron programadas a la quejosa para los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós. A través de la clínica privada aludida, han brindado esas sesiones en los meses de diciembre de dos mil veintiuno, enero, y febrero de dos mil veintidós. Han practicado diversos estudios clínicos y han otorgado diversos medicamentos. Instruyeron al personal del Hospital General de Salvatierra, para que otorguen a la quejosa las consultas necesarias, le practiquen los estudios que correspondan y proporcionen los tratamientos acordes a sus padecimientos. Para acreditar su dicho, remitieron copias de las constancias que integran el expediente clínico número 88589/21 perteneciente a la promovente del amparo, así como del oficio CAJ/DcyN/81/01/2022, por el cual se instruyó al director del Hospital General de esta ciudad de Cleya, Guanajuato, para que siga brindado la atención medica correspondiente a dicha parte. De lo anterior, se observa que las responsables brindaron a la peticionaria del amparo la atención médica, respecto del padecimiento que le aqueja, y además, acreditaron que realizaron la subrogación de las sesiones de hemodiálisis que recibe la quejosa. Sin embargo, ello no las exime en lo subsecuente, de salvaguardar en su favor el derecho de recibir dicho tratamiento dialítico y los medicamentos necesarios para combatir sus enfermedades, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. Por tanto, si la protección federal se otorgó para los efectos precisados y las autoridades responsables realizaron los actos descritos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del aludido acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional en el cuaderno principal y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental, se concedió en ambas ocasiones. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia, el presente acuerdo en que se tuvo por cumplida la ejecutoria y se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido, por lo que hace al cuaderno principal; mientras que del incidente deberán conservarse el auto que concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria que concedió la medida cautelar definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el apoderado legal del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato y Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud en la comunidad de Roque, municipio de Celaya, Guanajuato, con el que informa las gestiones que ha realizado para brindar la atención medica respectiva a la parte quejosa, y remite copia certificada del oficio ****************** con el que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y su anexo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que, de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida. Finalmente, se destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".
- Principal
Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo número 274/2021 y remite testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativa 81/2022, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por la juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 274/2021. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosalinda Salomón Álvarez, en contra del acto reclamado a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y a la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) Roque en Celaya, Guanajuato, consistente en la falta de atención médica respecto de sus padecimientos de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica, así como la negativa de proporcionar los tratamientos para esas enfermedades, entre ellos, el relativo a hemodiálisis. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria." Acúsese recibo a la superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, requiérase a las autoridades responsables la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y a la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) Roque en Celaya, Guanajuato, para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo los siguientes efectos: "En el ámbito de sus competencias, deben ordenar que se continúe brindando el tratamiento médico prescrito a la quejosa, por lo que ve a los padecimientos diagnosticados (diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistemática e insuficiencia renal crónica) -lo que incluye la entrega de medicamentos, sesiones de hemodiálisis, servicios de hospital y cualquier estudio o tratamiento que requiera, lo anterior se entiende de forma enunciativa, mas no limitativa-, e instruir al personal médico y administrativo para que den cumplimiento al mandato anterior y se materialice la atención médica completa e integral en cuanto a los padecimientos mencionados, a través de las instancias que se estimen pertinentes." En la inteligencia que, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, cualquier autoridad que tenga o deba tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, está obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Lo que deberán hacer en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, del que se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el apoderado legal de las autoridades responsables en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cual fue registrado con el número 81/2022 de la estadística de dicho tribunal.
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