Rosalio Mendoza Velazquez

Expediente 317/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
317/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Rosalio Mendoza Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Agréguese para que obre en autos el oficio de cuenta, firmado por la jefa de atención al público del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede Salvatierra, base Juventino Rosas, mediante el cual acusa recibo del propio 14011/2021, por el que se le notificó el proveído de diez de noviembre del año en curso; y se le remitió el disco versátil digital (DVD), por duplicado, relativo a la causa penal ******** de su estadística.

  2. Principal

    Causa ejecutoria Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de diez de noviembre del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y, por otra, se negó el amparo en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables y tercero interesado para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer y negar la protección constitucional en el presente juicio; por tanto, la resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no solo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio." Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. ?? En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años - contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se sobreseyó y se negó la protección de la justicia federal solicitada y se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión y, en su caso, de su violación y el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales por no haberse exhibido por las partes. Sin embargo remítase a la responsable los discos DVD encriptados con resumen de verificación MD5, los cuales contienen las constancias digitales relativas al acto reclamado en la causa ***** que remitió como apoyo a su informe justificado.

  3. Principal

    Agréguese para que obre en autos el oficio de cuenta, remitido por el encargado de sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con base en Juventino Rosas, mediante el cual acusa recibo del propio 12811/2021, por el que se le notificó la resolución dictada por este órgano judicial el pasado diez del mes y año en curso.

  4. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 317/2021, promovido por *, por su propio derecho; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este Juzgado el día siguiente, * demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, base de Santa Cruz de Juventino Rosas y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A. DE LAS ORDENADORAS: 1. Reclamo la orden de aprehensión y/o detención librada en mi contra; B. DE LAS EJECUTORAS: 1. La Ejecución de la citada orden de aprehensión y/o detención librada en mi contra por alguna de las señaladas como ordenadoras: (.)". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número 317/2021-I, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable que intervino en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por conducto de la responsable, lo cual así se realizó (fojas 44 a 57). Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada tiene ejecución material en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: 1. La orden de aprehensión o detención librada en contra del quejoso, dentro de la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, por el hecho considerado por la ley como delito de homicidio calificado en grado de tentativa previsto por los artículos 138, 140, con relación al 153, fracción I, por lo que hace a la ventaja; 11, fracción I, 13, 18 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del código punitivo para esta entidad federativa en agravio de *. 2. La ejecución de la resolución reclamada. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez de control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya. 2. Juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Santa Cruz de Juventino Rosas. 3. Jefe del Grupo Especializado en mandamientos judiciales en la circunscripción territorial de la Fiscalía Regional C. TERCERO. Autoridades inexistentes e inexistencia de los actos reclamados. Mediante proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó que la 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. denominación correcta de la autoridad responsable que señaló en su escrito inicial de demandad como: "Jefe del Grupo Especializado en mandamientos judiciales en la circunscripción territorial de la Fiscalía Regional C", era "Jefe de Célula Especializado en mandamientos judiciales en la circunscripción territorial de la Fiscalía Regional C", a quien en proveído de nueve de junio siguiente, se suspendió toda comunicación con ella, ante su inexistencia, por tanto, esta resolución no se ocupará de tal autoridad. Asimismo, la juez de control en Materia Penal de la Tercer Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye. Por tanto, si el peticionario de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2843, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no 3 Sexta Época del Apéndice 1917-septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305. desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base en Santa Cruz de Juventino Rosas (foja 20 a 24), al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, al cual adjuntó disco versátil digital con archivos en formato PDF que se refieren a: recibo de la promoción, petición de orden, resolución se gira orden de aprehensión y notificación a la fiscalía, relativas a la causa penal 1P1921-29 de su índice; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentales y de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Santa Cruz de Juventino Rosas. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por la juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del promovente. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si les asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde 5 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263. el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, como cuestión previa conviene mencionar que la orden de aprehensión constituye un acto de molestia - no así de privación-, por lo cual no se rige por la prerrogativa reconocida por el artículo 14 constitucional relativa a la garantía de audiencia. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia6". El quejoso argumenta en el único concepto de violación, sustancialmente, que la orden de aprehensión infringe los artículos 14, párrafo segundo, en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento (que no se cumplen los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión) y 16, párrafos primero, tercero y sexto ambos de la Constitución, este último respecto a una debida fundamentación y motivación. El anterior planteamiento es infundado. Es así porque la orden de aprehensión reclamada no es trasgresora de los derechos fundamentales del agraviado, en tanto que su emisión cumplió con los requisitos constitucionales contemplados en los preceptos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 141, 142 y 143 del 6 Época: Décima Época; Registro: 2015204; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 46, septiembre de 2017, tomo III Materia(s): Penal; Tesis: I.6o.P.86 P (10a.); página: 1943. Código Nacional de Procedimientos Penales, según se verá a continuación. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en la parte que ahora interesa: "Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Dicho precepto reconoce el derecho de audiencia; es decir, que antes de emitirse un acto privativo se debe de llevar un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. Asimismo, las formalidades esenciales del procedimiento reconocidas por la Constitución Federal contemplan dos garantías, a saber: a) La de defensa y; b) La probatoria. La primera consiste en distintas formas procesales tales como las notificaciones, el emplazamiento, entre otras; mientras que la segunda se refiere a que en todas las reglas que conciernen al ofrecimiento, rendición o desahogo y valoración de pruebas ofrecidas por las partes; lo que se traduce en el derecho que tiene el quejoso de ser oído y vencido en juicio. Por tanto, el derecho de audiencia obliga a todas las autoridades del Estado a permitir la defensa de los particulares previamente a cualquier privación de sus derechos, por lo que, dicha prerrogativa es el acto, por parte de las autoridades, de oír a las personas que exponen, reclaman, demandan o solicitan alguna cosa. Por otro lado, el artículo 16 de la carga magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" De conformidad con el precepto constitucional en consulta, los actos de autoridades deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. En términos del precepto constitucional en cita debe decirse que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Se considera de esta manera en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resuelve si se ha probado la acción, si esta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones. Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis deben darse los razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. En otro aspecto, cabe destacar que -respecto a la valoración de los datos de prueba-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 (de donde derivó la invocada jurisprudencia1ª./J. 64/201), determinó que los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión conforme al sistema procesal penal de corte acusatorio, no son los mismos que se exigían anteriormente (sistema tradicional o mixto). El Alto Tribunal del País (Primera Sala) consideró que desde la reforma constitucional de dos mil ocho, se determinó la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió. También sostuvo que se impide a los jueces del proceso oral revisar las actuaciones realizadas en la indagatoria para que no prejuzguen, en atención al principio de igualdad y contradicción. De manera que la base resulta ser la razonabilidad de los argumentos del Ministerio Público. En concordancia con lo anterior, cabe reiterar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido establecido que la orden de aprehensión se debe dictar conforme a datos y la solicitud en la relación de hechos sustentados en los registros correspondientes. Así, para el dictado de una orden de aprehensión basta que el Ministerio Público mencione los datos de la carpeta de investigación y relacione los hechos con los registros correspondientes, lo que se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige su actuación, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales7. Del mismo modo, se establecieron como características de la carpeta de investigación, las siguientes: 7 Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones." 1. Que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permiten fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. 2. Por ello, el valor probatorio de los datos contenidos en la carpeta de investigación no se impone por la ley, pues corresponderá al juzgador en la etapa correspondiente, otorgárselo o negárselo, frente a cualquier otro dato que se ofrezca por el imputado con el fin de contradecir aquellos. También se precisó que la función del juez de control es verificar o controlar la investigación que se realiza previamente al juicio, velando por la protección o ejercicio de los derechos de todas las partes e intervinientes, a fin de evitar la afectación de un derecho fundamental y resolver con objetividad todos los conflictos que se presentan entre estos en dicha etapa y para tal efecto presidirá y presenciará en su integridad el desarrollo de las audiencias, sin que pueda delegar sus funciones. De lo que se obtiene que se flexibilizaron los requisitos y se disminuyó la exigencia probatoria para conceder una orden de aprehensión8. 8 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1º.8 P(10ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales." Sin embargo, se debe destacar, que ello no implica que el órgano de control al emitir su determinación incurra en vaguedad, pues el objeto de la motivación en las resoluciones judiciales es permitir al ciudadano conocer las razones de la afectación que se le impone y garantizar su control a través de las instancias de impugnación correspondientes. De manera que no obstante que el juez de origen no cuente con la carpeta de investigación, sino solo con el relato realizado por el Ministerio Público al solicitar la emisión de orden de aprehensión, ello no es motivo para que la autoridad judicial soslaye señalar cuáles son los hechos que se le atribuyen al inculpado y que están señalados como delito por la ley. De tal manera que a fin de cumplir con la debida motivación de la orden de aprehensión que se reclama, el juzgador debe señalar en la resolución correspondiente cuáles son los hechos que se atribuyen al implicado y que la ley considera como delitos sancionados con pena privativa de libertad y la posibilidad de su participación en la comisión de los mismos. Máxime que de conformidad con la parte final del tercer párrafo del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control no concederá la orden de aprehensión cuando los hechos que señale el Ministerio Público no resulten constitutivos de delito, lo que de suyo implica el mandato para que la autoridad judicial analice los hechos expuestos por la autoridad investigadora de conformidad con los datos de prueba a fin de que pueda establecerse la comisión de ese hecho y la probable intervención del aquí quejoso en el mismo. Exigencias que este órgano federal estima satisfechas, pues con base en los datos de prueba relacionados por el representante social, la juez consideró que aquellos establecen razonablemente que se cometió un hecho considerado por la ley como delito de homicidio en grado de tentativa, y la probabilidad que el imputado lo cometió o participaron en su comisión; tal como se verá en párrafos subsecuentes. Ahora bien, en relación a los requisitos de la orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad." (.). "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es la juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Santa Cruz de Juventino Rosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la denuncia de un hecho que la ley señala como delito, presentada por Eduardo Escalante Rangel, ofendido del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por el artículos 138 y sancionado por el diverso 140, con relación al 153, relativo a la ventaja, numeral 11, fracción I, 18, 13 y 20 párrafo primero, primer supuesto todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, el cual tiene establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: "Artículo 11. Se consideran como delitos graves, para todos los efectos legales los siguientes: I. Homicidio doloso previsto por los artículos 139, 140, 152, 153 y 153-a, así como en grado de tentativa con relación al artículo 18." "Artículo 13. Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible." "Artículo 18.- Hay tentativa punible cuando con la finalidad de cometer un delito se realizan actos u omisiones idóneos dirigidos inequívocamente a consumarlo, si el resultado no se produce o se interrumpe la conducta por causas ajenas a la voluntad del activo. La punibilidad aplicable será de un medio del mínimo a un medio del máximo de la sanción que correspondería al delito si éste se hubiera consumado. Si el autor desistiere o impidiere voluntariamente la producción del resultado, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito." "Artículo 20.- Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común." "Artículo 138.- Comete homicidio quien priva de la vida a otro." "Artículo 140.- Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos cincuenta días multa." "Artículo 153.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: I. Se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición. (.) Hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el pasivo." Por lo que si el delito de referencia tiene prevista pena privativa de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que - constitucional y legalmente- se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. Asimismo, como datos de prueba -de acuerdo a lo que se advierte de las constancias allegadas-, que demuestran la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el quejoso lo cometió, por lo que se giró la orden de aprehensión, se advierten los siguientes: 1. Denuncia formulada por el ofendido ****, quien expresó que el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, alrededor de las diez o diez y media de la noche llegó a la tienda de doña **, la cual se ubica en la ** y afuera de dicho lugar estaba **, *, *, *, * y * y él ingresó a la tienda a comprar cervezas y se salió a platicar con ellos, ya que los conocía a todos. Que después como a las once de la noche, Rosalío se le fue encima y con sus manos lo sujetó del cuello y lo puso contra la pared, y le dijo "te pasaste pendejo te voy a matar por ir a buscar a mi esposa te voy a matar culero", pero que él no se podía soltar porque lo estaba apretando muy fuerte y * y * que estaban al lado de él se lo quitaron de encima pero se le quedaba viendo muy feo, lo cual reflejaba mucho odio contra él y ya cuando se lo quitaron de encima se calmó un poco y platicaron y Rosalío le dijo que se enteró que fue a buscar a su esposa, lo cual no era verdad y le pidió disculpas e hicieron las pases, por lo que creyó que ya no tenían problemas pero él se le quedaba viendo con mucho odio, por lo que decidió mejor irse pero cuando se iba a despedir de ellos, Rosalío le dijo a * "préstame el cuchillo que siempre traes" por lo que éste saco de la cintura del lado derecho un cuchillo que tenía el mango color negro, la navaja color gris y medía aproximadamente veinte centímetros y el ofendido señaló que lo pudo ver bien ya que * estaba de su lado derecho cuando sacó el cuchillo, posteriormente, * tomó el cuchillo con su mano derecha y le dijo "te dije que te iba a matar por buscar a mi esposa", se fue contra de él, le encajó el cuchillo en el estómago y le decía "te voy a matar perro" pero que no sabía como defenderse ya que no esperaba que se lo encajara y luego le sacó el cuchillo y se lo quiso encajar otra vez pero * y * lo detuvieron y ya no pudo herirlo otra vez pero le gritaba "te voy a matar perro". Asimismo, después de que * y * sostuvieron a * y lo alejaron de él sintió un dolor muy fuerte en el estómago, empezó a sentir caliente, por lo que se apretó con sus manos para que no le saliera sangre y le dio miedo de morirse en ese momento, por lo que se fue rápido a su casa para que lo ayudaran y lo llevaran al doctor a que lo revisaran y cuando iba caminando escuchaba que Rosalío le gritaba que se había salvado pero que donde lo viera lo iba a matar y el ofendido seguía caminando a su casa porque los que estaban afuera de la tienda no lo auxiliaron y solo recuerda que ya le faltaban como veinte metros para llegar a su casa cuando se desmayó y volvió a despertar cuando llegó su hermana *, y su tía *, pero no sabe quién les aviso a ellas y poco tiempo después llego una ambulancia y lo llevaron al hospital comunitario de Juventino Rosas, donde lo tuvieron toda la noche, pero como estaba delicado el día dieciocho de abril de este año por la mañana lo trasladaron al hospital de Celaya y cuando llegó lo operaron porque al parecer tenía un intestino dañado. 2. Entrevista del testigo *, de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual manifestó que el sábado diecisiete de abril del presente año, siendo aproximadamente las diez de la noche, se encontraba en la tienda de doña * la cual se ubica en la comunidad San Diego de los Dolores, en la **, donde estaba con varios señores del rancho, entre ellos *, el güero, *, * y *, y después llegó también * a la tienda donde estaban y compró más cervezas en la aludida tienda y estaban todos tomando cerveza y platicando. Posteriormente, como a las once de la noche, * empezó a discutir con *, ya que * le empezó a decir a * que "porque le había ido a tocar la puerta a su vieja si él ya sabía que ella tenía marido", y él escuchó lo que le decía porque estaba a lado de Eduardo, y en ese momento * agarró del cuello a * y lo puso contra la pared y le dijo "no te pases de pendejo, te voy a matar por andar buscando a mi esposa culero" y * solo le dijo "ya cálmate, yo no la busqué"; después * y él los desapartaron y calmaron a *, y empezaron a hablar, por lo que * le pedía disculpas y le decía que ya no le iba a hablar a su esposa para no tener problemas con él y así paso un momento pero se veía muy enojado *, pero ya no le decía nada. Que después ya cuando creía que ya se habían calmado las cosas, seguían platicando, tomando cervezas y escuchó que * le dijo a *, que estaba a su lado, "préstame tu cuchillo" y en eso volteó a ver qué pasaba y Rosalío traía en su mano derecha un cuchillo de aproximadamente veinte centímetros de color negro y se lo encajó a Eduardo que se encontraba en frente de él y le dijo "te dije que te iba a matar pendejo por molestar a mi esposa" y en ese momento * y él volvieron a sujetar a * y le decía "te voy a matar por buscar a mi esposa" y le intentó encajar otra vez el cuchillo a * pero como lo tenían agarrado y lo jalaron ya no se lo alcanzó a encajar otra vez y * se lo quitó de su mano. Que finalmente * se quedó quieto y solo se agarraba su estómago con sus dos manos y se fue caminando hacia su casa y ellos tenían sujetado todavía a * porque estaba muy enojado y le gritaba "te voy a matar donde te vea perro" y ya cuando * iba lejos * se calmó y les reclamó porque lo habían detenido, que lo hubieran dejado que lo matara por buscar a su mujer, y ya solo estuvieron un ratito después de que pasó y cada quien se fue a su casa, que no sabía lo que había pasado con Eduardo hasta que le informaron los ministeriales que estaba hospitalizado, por eso es que decidió declarar lo que él vio. 3. Entrevista del testigo *, de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual manifestó que el sábado diecisiete de abril del presente año, ya eran aproximadamente las diez de la noche en que se encontraba a un lado de la tienda de doña *, y estaba tomándose unas cervezas con *, *,* y * y en ese momento llegó Lalo y también se puso a platicar con todos ellos y también se puso a tomar cerveza. Así estuvieron un buen rato y todo seguía normal platicando todos, pero había pasado como una hora, ya eran como las once de la noche cuando vio que Rosalío sujetó del cuello a Lalo y lo aventó contra la pared y escuchó que le dijo "no te pases de pendejo, porque andas buscando a mi esposa, te voy a matar por culero" y Lalo solo le decía "ya cálmate no hice nada", pero en ese momento * y * los separaron y todos les decían que se calmaran, que ya no se estuvieran peleando, pero * le seguía diciendo que eso no se iba a quedar así, que "se lo iba a chingar por buscar a su esposa", y * le pidió disculpas y le dijo que ya no le volvería a hablar, y se calmó un poco y se quedó tranquilo como cinco minutos y creyó que ya se había calmado, pero luego Rosalío le dijo a * que le prestara su cuchillo y * saco de la cintura un cuchillo que solo alcancé a ver que era de color negro y le dijo a Lalo "te dije que te iba a matar" y le encajó el cuchillo en la panza y otra vez * y * sujetaron a * pero le intentó dar otra vez con el cuchillo y le dijo "te dije que te iba a matar por buscar a mi esposa", pero ya no le dio porque * y * lo agarraron y le quitaron el cuchillo. Que en ese momento a * le empezó a salir sangre y comenzó a caminar y le dijeron que a donde iba y les contestó que ya se iba a su casa para que lo revisaran, y Rosalío le gritaba "de esta te salvaste perro pero te voy a matar donde te vea solo" y * se fue caminando a su casa y él ya no supe que pasó con él y * y * se quedaron y le dijeron a * que se calmara y solo estuvieron un rato más platicando, pero * seguía diciendo que no se iban a quedar las cosas así y estaba muy enojado, pero no supo cuál era el problema que ellos tenían o porque * le reclamó a Lalo lo de su esposa. 4. Entrevista del testigo *, de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual señaló que el día sábado diecisiete de abril del presente año, ya por la noche se encontraba tomando unas cervezas afuera de la tienda de *, la cual se encuentra en la *, y recuerda que estaba también * y no recuerda si alguien más, pero en ese lugar se juntaban en algunas ocasiones, ya que van a comprar cervezas con doña * y si hay algún amigo se quedan afuera de la tienda, por lo que el sábado así paso y estaban platicando afuera de la tienda y llegó Eduardo * y se metió a comprar cervezas y se quedó con ellos, pero se quedó cerca de * y * y estaban platicando tranquilos, parados del lado izquierdo de la tienda por el portón, casi al lado de una casa que están construyendo, y todos estaban tranquilos y ya eran cómo las once de la noche y * empezó a reclamarle a * que porque fue a buscar a su esposa y Eduardo le contestó que él no había sido, y en ese momento * agarró con sus manos del cuello a Eduardo y lo aventó contra la pared y le decía "eres un pendejo te voy a matar por buscar a mi esposa" y todos se quedaron callados y * y * los separaron y se calmaron, y él primero pensó que estaban jugando pero volteó a ver a Rosalío y se veía que estaba enojado, ya no decía nada pero se veía que estaba enojado. Después de unos cinco minutos, * le dijo a * préstame tu cuchillo que siempre traes, y Martín sacó un cuchillo que traía en la cintura, que vio que el mango era de color negro y la navaja color gris, y * agarró con su mano derecha el cuchillo y se fue en contra de * ya que estaba frente a él, y le dijo "te voy a matar por buscar a mi esposa pendejo" y le encajó el cuchillo en medio de la panza, le sacó el cuchillo y le dijo, "ahora si te voy a matar" y le intentó encajar otra vez el cuchillo pero * y * lo sujetaron y * le quitó el cuchillo, y volteo a ver a Eduardo y solo dijo que ya se iba a su casa para que lo revisaran y camino hacía su casa pero que vio que ya caminaba mal, como si se fuera a desmayar y Rosalío le seguía gritando "te salvaste pero donde te vea te voy a matar", y después de que pasó eso él se fue porque ya estaba algo tomado y no sabías si Rosalío iba a hacer otra cosa, ya que vio que era capaz de matar a alguien y mejor se fue y ya no supo qué pasó con ellos. 5. Informe médico de lesiones número SICMC: * de diecinueve de abril del dos mil veintiuno, suscrito y firmado por el perito médico legista *, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el cual una vez realizada la exploración física de Eduardo Escalante Rangel, manifestó que dicho ofendido presentó herida en abdomen, por arma blanca a nivel de cuadrante inferior izquierdo, de aproximadamente tres centímetros, con exposición de epiplón. Lesión que sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, ya que se lesionó colon sigmoides y recto; y que el costo para la reparación del daño es de $* 6. Avance de investigación con número de oficio *, suscrito por el elemento *, mediante el cual agrega la plena identidad del imputado * y señala que se tienen los siguientes datos: fecha de nacimiento *, con teléfono celular *, CURP *, domicilio en *, hijo de * y *. Asimismo, informó que acudió al domicilio de * Rosas, Guanajuato y no fue posible la localización de *, ya que tocaron en reiteradas ocasiones y no fueron atendidos por nadie. 7. Informe criminalista de fijación de lugar, con número de oficio *signado por el perito criminalista *, en donde describe el lugar de estudio el ubicado en calle *, con referencia a coordenadas cartesianas * de la comunidad de San Diego de los Dolores. Lo que implica, que tales datos de prueba, evidencian la existencia de un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Lo anterior es así, puesto que, como bien lo señaló la juez responsable, de tales datos de prueba se obtiene que el sujeto activo realizó actos idóneos en contra de *, dirigidos inequívocamente a privarlo de la vida, estos actos consistieron en utilización de una arma punzo cortante como lo es un cuchillo, objeto altamente lesivo que le ocasionó lesiones que si no ha sido por la oportuna intervención de los testigos presenciales de los hechos quienes le quitaron de encima a *, hubieran tenido como consecuencia que el ofendido, perdiera la vida. Dichos actos son idóneos e inequívocamente dirigidos a consumar el delito de homicidio, pues tienen la capacidad de producir la muerte de una persona; sin se haya consumado el resultado de privarlo de la vida, lo que da origen a un delito de tentativa, tal como lo estimó la juez del conocimiento primario. En ese orden, como correctamente lo consideró la juez de control, los actos atribuidos fueron cometidos de manera dolosa, pues no se advierte otro tipo de actuación, sino con intención de verificar la conducta, y carácter de autor material. Además, la juez de control precisó que se tiene por satisfecha la necesidad de cautela -que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales-, para hacer comparecer al inculpado, a través de una orden de aprehensión, para que les sea formulada la imputación; lo que se encuentra justificado, en virtud de es un delito considerado como grave por lo que la comparecencia del imputado antes ese juzgado de control, puede verse demorada o dificultada, ya que existe una gran incertidumbre que se presente por su propia voluntad ante dicha autoridad, si no es mediante una orden de aprehensión, toda vez que conforme con el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política y 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, si el quejoso es vinculado a proceso, como consecuencia ameritará como medida cautelar personal, la prisión preventiva de carácter oficiosa. De ahí que se cumpla el quinto y último de los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del imputado hoy quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por los artículos 138, 140, con relación al 153, fracción I, párrafo segundo, por lo que hace a la ventaja, 11, fracción I, 13, 18 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del código punitivo para esta entidad federativa en agravio de Eduardo Escalante Rangel. Máxime que respecto de la orden de aprehensión, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer, que son suficientes, hasta este momento, para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, e incluso, la probable participación por parte del aquí quejoso en su comisión. Lo que denota que la juez de control responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dentro de la subyacente causa penal dentro de la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas. Así, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En esa tesitura, se estima apegada a derecho la resolución materia del acto reclamado, puesto que, al menos por ahora, existen datos de prueba que evidencian la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Eduardo Escalante Rangel, lo cual es jurídicamente suficiente, para sustentar la orden de aprehensión, toda vez que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. En las relatadas condiciones, ante lo infundado del concepto de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a **, en contra de los actos reclamados a la Juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Santa Cruz de Juventino Rosas; por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano