Rosa María Salazar Ramírez
Expediente 693/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa María Salazar Ramírez
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexo que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 397/2022 del índice de este Juzgado, que se envió a efecto de notificar a la quejosa *****************, el proveído de fecha cinco de julio de dos mil veintidós. Acúsese recibo. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Regional Oral Mercantil de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 693/2022-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que en definitiva se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto del derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La determinación de quince de junio de dos mil veintidós, emitida dentro del Juicio Oral Mercantil número ******************** del índice del Juzgado Regional Oral Mercantil, con sede en Celaya, Guanajuato, en el que se ordenó publicar en fecha doce de julio del año en curso a remate un bien inmueble, que aduce la aquí quejosa, es de su propiedad. Lo que denota que en función del estado procesal que guarda el procedimiento de remate de origen, la determinación combatida no es la última resolución emitida en el mismo, puesto que aún no ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en el Juicio Oral Mercantil número ******************** del índice del Juzgado Regional Oral Mercantil, con sede en Celaya, Guanajuato. Se afirma que actualmente el contencioso de origen se encuentra en etapa de remate, en función de que la propia quejosa hace referencia de ello en su demanda. Con base en lo puntualizado, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. Y es que para considerarse que en el procedimiento de remate se emitió la última resolución, es menester, que se emita cualquiera de dichos mandamientos -los cuales quedaron puntualizados bajo los números 1 y 2 del párrafo que antecede-, habida cuenta que el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, es puntual en establecer: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 4°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. De igual forma, se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de *********, al contar con cédula profesional número *************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, a las demás partes que señala. Tomando en consideración que la quejosa señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en ******************; en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en turno, en Guanajuato, capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene se notifique el presente proveído a la quejosa y la requiera para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado, en términos de lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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