Rosa María Trejo Chávez

Expediente 738/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
738/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Rosa María Trejo Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de septiembre del presente año por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de diecisiete de los actuales, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el trece de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se acuerda: En relación al escrito de marras, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase a ********** cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de once de septiembre de dos mil dieciocho; en ese sentido, se provee: Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la legislación en comento, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación se derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución recaída al recurso de revocación pronunciada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, por la Juez Quinto Civil de Partido de esta localidad, en el expediente C249/2018, promovido por la aquí quejosa en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, que confirmó el auto de tres de agosto del año en curso, emitido en dicho controvertido, en el que se le indicó que no era procedente el emplazamiento a la parte demandada por conducto de quien refería era su representante o apoderado. Como se puede observar, dicha resolución no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, que por su naturaleza afecte directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no obstante que la promovente refiera que el acto reclamado tiene efectos de imposible reparación por su violación al derecho humano de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 Constitucional, debe decirse que no todas las violaciones que encuentren sustento en dicho dispositivo legal son impugnables en amparo indirecto, dado que existen criterios jurisprudenciales que establecen que el retardo en la impartición de justicia por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo precisamente este supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la citada ley de la materia, esto en la inteligencia de que, sin prejuzgar sobre el mérito de la resolución reclamada, la negativa del emplazamiento de la parte demandada por conducto de su representante legal, no genera por sí sola una afectación material de derechos sustantivos de la parte quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de diecisiete de los actuales, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el trece de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se acuerda: En relación al escrito de marras, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase a ********** cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de once de septiembre de dos mil dieciocho; en ese sentido, se provee: Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la legislación en comento, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación se derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución recaída al recurso de revocación pronunciada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, por la Juez Quinto Civil de Partido de esta localidad, en el expediente C249/2018, promovido por la aquí quejosa en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, que confirmó el auto de tres de agosto del año en curso, emitido en dicho controvertido, en el que se le indicó que no era procedente el emplazamiento a la parte demandada por conducto de quien refería era su representante o apoderado. Como se puede observar, dicha resolución no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, que por su naturaleza afecte directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no obstante que la promovente refiera que el acto reclamado tiene efectos de imposible reparación por su violación al derecho humano de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 Constitucional, debe decirse que no todas las violaciones que encuentren sustento en dicho dispositivo legal son impugnables en amparo indirecto, dado que existen criterios jurisprudenciales que establecen que el retardo en la impartición de justicia por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo precisamente este supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la citada ley de la materia, esto en la inteligencia de que, sin prejuzgar sobre el mérito de la resolución reclamada, la negativa del emplazamiento de la parte demandada por conducto de su representante legal, no genera por sí sola una afectación material de derechos sustantivos de la parte quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por la quejosa **********, a través del cual aduce cumplir con la prevención efectuada mediante auto de once de septiembre de dos mil dieciocho; antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por la nombrada en su escrito constitucional; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente del amparo para que dentro del término de tres días, legalmente computado, comparezca ante este juzgado debidamente identificada, en día y hora hábiles, para que en diligencia formal ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado.

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