Rosa María Nieto Cardona y Otros.
Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa María Nieto Cardona y Otros.
- Rosa María Nieto Cardona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente glósese en autos para que obre como corresponda los oficios signado por el Secretario del Consejo de Salubridad General, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el nueve de marzo pasado se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", con residencia en esta localidad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngaseles informado respecto de la suspensión de plano que se otorgó en autos. Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que remite como sustento de su informe, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) **********************, acudió al presente juicio en representación de su menor hijo de iniciales S.E.C.N., reclamando: La omisión de aplicarle a su menor hijo la vacuna Pfizer/BioNTech. B) De acuerdo con las constancias que obran en autos, así como las que se adjunta con el oficio que remite la Apoderada legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se desprende que: El nueve de febrero y tres de marzo de dos mil veintidós, se aplicó respectivamente primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer al menor de iníciales S.E.C.N., lo que se corrobora con las constancias de vacunación respectivas. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión de aplicar la vacuna Pfizer al menor de edad que se hacen referencia en el párrafo que antecede, que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que el menor que representa la parte quejosa ya fue vacunado, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que el acto que tilda de inconstitucional, consistente en la omisión de aplicar la vacuna Pfizer al menor de referencia, cesó en sus efectos, ya que con las constancias que remire la autoridad responsable, dan noticia de que ya recibió la vacuna, por lo que ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", con residencia en esta localidad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngaseles informado respecto de la suspensión de plano que se otorgó en autos. Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que remite como sustento de su informe, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) **********************, acudió al presente juicio en representación de su menor hijo de iniciales S.E.C.N., reclamando: La omisión de aplicarle a su menor hijo la vacuna Pfizer/BioNTech. B) De acuerdo con las constancias que obran en autos, así como las que se adjunta con el oficio que remite la Apoderada legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se desprende que: El nueve de febrero y tres de marzo de dos mil veintidós, se aplicó respectivamente primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer al menor de iníciales S.E.C.N., lo que se corrobora con las constancias de vacunación respectivas. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión de aplicar la vacuna Pfizer al menor de edad que se hacen referencia en el párrafo que antecede, que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que el menor que representa la parte quejosa ya fue vacunado, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que el acto que tilda de inconstitucional, consistente en la omisión de aplicar la vacuna Pfizer al menor de referencia, cesó en sus efectos, ya que con las constancias que remire la autoridad responsable, dan noticia de que ya recibió la vacuna, por lo que ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
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