Rosa María Pérez Noria
Expediente 588/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa María Pérez Noria
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador 12 de Tramitación Común Zona A, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 588/2023-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, el suscrito estima que se materializa la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, es necesario destacar el contenido de los preceptos en mención. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. [.]" "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" De acuerdo con lo dispuesto en el transcrito artículo 21 de la Constitución Federal, le corresponde a la institución del Ministerio Público investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. De ahí, que el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. Por lo que es necesario puntualizar que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional reclamando: La orden de citación emitida por el Agente del Ministerio Público Investigador 12 de Tramitación Común Zona A, con residencia en esta ciudad, para que compareciera el día diez de julio de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación de su índice. Al respecto, es preciso señalar que la integración de una carpeta puede componerse de múltiples actos, como el desahogo de diligencias tendientes a su integración, que al ser de orden público, ningún daño o perjuicio causan, por lo que no procede el amparo en su contra. Estimar lo contrario, permitiría entorpecer las facultades de investigación, en detrimentos del interés de la sociedad de que se persigan las conductas que pudieran resultar potencialmente ilícitas; ello, desde luego, siempre que dichas actuaciones estén apegadas al marco de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, se estima que los actos que deban tener verificativo con motivo de la integración de una carpeta de investigación, de ninguna manera trascienden real ni inminentemente en los derechos del solicitante del amparo, de modo que ningún perjuicio le causarían, en la medida de que son emitidos en virtud de las facultades constitucionales de la autoridad investigadora. Asimismo, la posible afectación que pudieran causarle, en todo caso se materializaría hasta que la autoridad judicial interviniera y decidiera emitir una orden de captura; pero, incluso, en la resolución que se pronunciara en respuesta de la solicitud de un mandato de esa índole, serían susceptibles de repararse, ya que ésta tiene la ineludible obligación de sopesar si los datos de prueba que se someten a su consideración satisfacen los requisitos constitucionales y legales para su emisión. Llegado a este punto conviene traer a contexto el contenido de los artículos 127, 131, fracciones III y V; 212, 213, 215 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; [.] V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Estos preceptos ilustran sobre las obligaciones del Ministerio Público, en la fase de la investigación inicial, la que tienen el deber de coordinarla, incluso, ordenar los actos y diligencias tendentes a demostrar la existencia de la conducta ilícita y la responsabilidad de su autor. Además, el código de enjuiciamiento le impone la obligación de iniciar y conducir las investigaciones de hechos que se cataloguen como delito; ello, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, por lo que su intervención deberá ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Luego, la finalidad de esa secuencia de actos que se desplieguen en la integración de la carpeta de investigación, no es otra que recabar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra quien se considere autor del delito que se investigue y, en su caso, la reparación del daño. De ahí que, dentro de los actos que la autoridad ministerial puede llevar a cabo para la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación de personas para que acudan a rendir entrevista. Esto es así, debido a que en términos del artículo 90, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público, cuando sea citada, incluso, la que tenga el carácter de imputado, a quien se le designará a un defensor público, en caso de carecer de uno privado que lo asista. Entonces, el desahogo de las diligencias tendientes a la integración de la carpeta de investigación no le causan daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser la investigación de delitos de orden público. En efecto, la persecución de los delitos constituye un derecho social que, por regla general, incumbe al Ministerio Público y, por tanto, no forma parte de la esfera jurídica de los particulares, por lo que, en tanto no se trate de actos concretos que en ejercicio de dicha atribución lleve a cabo afectando algún derecho fundamental de los gobernados, no pueden ser materia de análisis en esta instancia constitucional. Ello, porque como se adelantó, tales actos son de orden público, según lo establece el artículo 21 de la Constitución General de la República; es por ello que, mientras no ordenen la privación de la libertad, posesiones o derechos, es inexistente la afectación al derecho subjetivo que se dice violado. Por tanto, si la persecución de los delitos, es facultad del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, puede válidamente concluirse que se trata de una función de orden público y por ello, las actuaciones que tengan como finalidad la obtención de indicios o datos de prueba para integrar la carpeta de investigación, están encaminadas a demostrar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se inició; por ello, mientras no afecten la libertad personal, las posesiones o derechos, son inmunes al juicio de derechos humanos y, por ende, el que contra ellas se entable deviene improcedente. Con base en lo anterior se insiste, debe considerarse que en el caso particular, el citatorio que emitió el Ministerio Público responsable con la finalidad que la quejosa acudiera ante su presencia, por sí mismo no conlleva, una afectación a su libertad personal, precisamente porque tal acto únicamente consiste en una diligencia que sirve como vehículo de comunicación para la obtención de su entrevista, lo que constituye una diligencia más, que podrá o no considerar el Fiscal Investigador, al momento en que determine si ejerce o no la acción penal. Siendo así que dicho acto no irroga perjuicio jurídico alguno a la quejosa, dado que se trata simplemente de una comunicación que versa en requerir su presencia para el desahogo de una diligencia más en la investigación, realizada por el Ministerio Público en cumplimiento de sus obligaciones y facultades constitucionales, conferidas por el artículo 21 Constitucional. Sin que tal actuación implique una limitación a su libertad deambulatoria, porque si bien, de atender dicha cita, se encontraría presente en las oficinas de la Fiscalía, ello no permite presumir que se le privaría de tal derecho al finalizar su entrevista. Tampoco es obstáculo, el hecho de que la quejosa refiere que al no haber comparecido a la cita que se le realizó, pueda efectuarse en su contra, la medida de apremio, consistente en una multa, pues contrario a lo que afirma, la desatención a tal apercibimiento, es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene hacer efectiva dicha medida, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado, tal como se estableció en el anterior criterio jurisprudencial. Luego, si la citación reclamada no ocasiona a la quejosa un agravio personal y directo que para la procedencia del juicio constitucional se requiere, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Criterio que encuentra consonancia, con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, dictado dentro de los recursos de queja 12/2021 y 92/2022, en sesiones de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno y trece de julio de dos mil veintidós, respectivamente. Sin que en el caso, resulte aplicable la tesis aislada I.7o.P.123 P (10a.), de rubro: "CITATORIO AL IMPUTADO PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARAR EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ASISTIDO DE SU DEFENSOR. NO SE ACTUALIZA COMO NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO PARA SOBRESEER (FUERA DE AUDIENCIA) EN EL JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AUN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO LA FECHA DE SU CITACIÓN.", puesto que en principio dicho criterio no resulta vinculatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues el mismo no constituye jurisprudencia; además, que a juicio de este juzgador el motivo de improcedencia que se invoca en el presente proveído sí constituye una causa indudable y manifiesta para desechar la demanda constitucional que nos ocupa, cuenta habida que en principio, como se ha definido en párrafos que anteceden, existe jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que la citación del investigado no constituye un acto de imposible reparación, razón por la cual, no se requiere mayores elementos para arribar a dicha conclusión puesto que lo que se analiza en el presente caso es la naturaleza propia y los efectos que genera el acto reclamado. Razón por la cual dichos aspectos, hacen patente desde este momento y no dejan lugar a dudas para este juzgador, sobre la actualización del citado motivo de improcedencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para oír y recibir notificaciones; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ********** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados **********, al contar respectivamente con cédula profesional ***********, inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
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