Rosa Maria Gerardo Tenorio

Expediente 185/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 46 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
185/2021
Año
2021
Actuaciones
46
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Rosa Maria Gerardo Tenorio
  • JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ACTUANDO CON CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (MILTON MOCTEZUMA VEGA) y otras autoridades

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el cual contiene el oficio 340/2021-27 dirigido a la autoridad responsable 27. Ana Luisa Flores Camacho, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla -en su denominación correcta-, a través del cual, se ordenó notificarle la sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin que tal comunicado fuera entregado a su destinatario, debido a que fue "Rehusado", de acuerdo a la leyenda adherida a dicha pieza postal. No obstante lo anterior, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que con fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó a la referida autoridad responsable 27. Ana Luisa Flores Camacho, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, el oficio 340/2021-27, derivado de la sentencia emitida el catorce de octubre pasado, en este sumario constitucional, a través de la cuenta de correo electrónico analuisaflorescamacho26@gmail.com; lo que se corrobora con el acuse de recibo enviado en la propia fecha, por la citada autoridad responsable. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional, a la quejosa Rosa María Gerardo Tenorio, en auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Pablo En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el cual contiene el oficio 340/2021-37 dirigido a la autoridad responsable 37. Comandante de la Guardia Nacional y Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, a través del cual, -por lo que a dicha autoridad responsable concierne-, se ordenó notificarle la sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que con fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó a la autoridad responsable 37. Comandante de la Guardia Nacional y Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, el oficio 340/2021-37, derivado de la sentencia emitida el catorce de octubre pasado, en este sumario constitucional, a través de la cuenta de correo electrónico marisol.castro@sspc.gob.mx; lo que se corrobora con el acuse de recibo enviado en la propia fecha, por la citada autoridad responsable, a través de la aludida cuenta de correo electrónico. Cúmplase.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 185/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Rosa María Gerardo Tenorio, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Rosa María Gerardo Tenorio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, y otras autoridades. La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de tres de marzo del presente año, la demanda promovida por Rosa María Gerardo Tenorio, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 185/2021-C; y se previno a la quejosa para que atendiera lo siguiente: ". ÚNICO. Precise si reclama de las autoridades responsables el aseguramiento y cateo del bien inmueble de su propiedad. Además de especificar los actos reclamados, la quejosa debía manifestar los hechos o abstenciones que constituían los antecedentes de cada uno de ellos, con sujeción a la verdad, sin afirmar hechos falsos u omitir los que le constaran en relación con la demanda de amparo.". Una vez que la quejosa desahogó la vista, en proveído cinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Sentencia, recurso de revisión y reposición de procedimiento. A las nueve horas con veintiséis minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, se celebró audiencia constitucional y enseguida, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 185/2021-C, promovido por Rosa María Gerardo Tenorio. Inconforme con dicha determinación, Mayra Palacios Méndez, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa Rosa María Gerardo Tenorio, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número R-119/2021 de su estadística; y, en ejecutoria de doce de agosto de dos mil veintiuno, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, para los siguientes efectos: ".a) reponga el procedimiento a partir de la audiencia constitucional, señale nueva fecha y hora para otra; b) al momento de resolver no tome en consideración los informes previos, sino solamente los justificados; c) los ponga a la vista de las partes, y deje transcurrir los términos establecidos en la ley, que se refieren a la llegada de los informes justificados, vista a las partes y el plazo entre estos y la celebración de la audiencia constitucional, y resuelva lo que en derecho corresponda.". Atento a lo anterior, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (fojas 380 a 382), en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se repuso el procedimiento a partir de la audiencia constitucional, por lo que se dejó sin efectos la audiencia celebrada a las nueve horas con veintiséis minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno y, se señalaron las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, se dejaron insubsistentes los autos de diecisiete, veintiséis y veintinueve de marzo, todos de dos mil veintiuno, en la parte relativa en que se ordenó traer a la vista, los informes previos rendidos por las autoridades responsables 30. José Luis Gutiérrez Montenegro, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de los Equipos de Investigación y Litigación III y IV, con sede en Puebla, 31. Hilario Robles Romero, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación A de Puebla, 32. Armando Álvarez Hidalgo, Subdelegado Sustantivo en funciones del Fiscal de Averiguaciones Previas y Procesos Penales Federales y Coordinador de Juicios de Amparo, 9. Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla y 37. Comandante de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, rendidos en el incidente de suspensión derivado del presente sumario constitucional. Luego, con relación al efecto destacado en el inciso b) que precede, este juzgador estimó innecesario, requerir los informes de ley de las autoridades responsables 30. David Benjamín Gómez Pulido, Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "B" Puebla Capital, de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla; 31. Hilario Robles Romero, Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "A" Puebla Capital, de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla; 32. Armando Álvarez Hidalgo, Subdelegado Sustantivo en funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas, Procesos Penales Federales y Coordinador de Juicios de Amparo y, 37. Comandante de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, toda vez que en acuerdos de diecinueve y veintidós de marzo, así como ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos en este órgano jurisdiccional. En ese orden, únicamente se requirió a la autoridad responsable 9. Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, para que rindiera su respectivo informe justificado; el cual, se recibió en auto de seis de septiembre del año actual y se dio vista de su contenido a las partes, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se difirió la audiencia constitucional y se señalaron las nueve horas con veinte minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración (foja 437), la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que en el caso particular, la quejosa Rosa María Gerardo Tenorio reclama: 1. Las órdenes de localización, presentación, búsqueda, aprehensión y detención emitidas en su contra; 2. La intromisión al domicilio identificado como una porción que se segregó de la fracción a la que se encuentra reducida la Hacienda de "Santa María Coxcamaya", ubicada en Quecholac, Puebla; con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide quinientos veinticuatro metros colindando con Ejido de Palmarito Tochapan y camino de por medio (actualmente camino Quecholac-Palmar de Bravo); al Sur en quinientos once metros colinda con Ejido de Jesús Nazareno; al oriente en trescientos dos metros colinda con Ejido de Jesús Nazareno; al poniente mide cuatrocientos cinco metros, colinda con propiedad de José Heriberto Sánchez Flores, con una superficie de ciento ochenta y tres mil metros, cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados. 3. La orden de cateo del domicilio precisado en el número que antecede. 4. El posible resguardo del multicitado domicilio; y, 5. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega (fojas 44 y 45) 2 Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega (foja 39) 3 Marcela Elizabhet García Cante, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega (fojas 41 a 43) 4 Marco Antonio Meneses Aguilar, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega (fojas 35 a 38) 5 Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega (fojas 58 a 60) 6 Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega (fojas 56 y 57) 7 Francisco Javier Martínez Castillo, Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla. Niega (foja 129) 8 Juez Mixto del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Niega (fojas 132 y 433) 9 Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Niega (foja 423 y 430) 10 Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Niega (foja 141) 11 Abelardo Gil Martínez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Niega (foja 142) 12 Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Niega (foja 143) 13 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (Daniel Iván Cruz Luna). Niega (foja 95) 14 Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; por conducto de María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega (fojas 50 y 447) 15 Ana Alicia Ponce Frías, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 16 José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 17 Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 18 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 19 Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 20 Idalia Arciniega Arias, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 21 Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 22 Mirian Huerta Lechuga, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 23 Aarón Hernández Chino, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 24 María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega (fojas 50 y 447) 25 Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 26 Rosalva Elena Zarate Herrera, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega (fojas 50 y 447) 27 Ana Luisa Flores Camacho, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla -en su denominación correcta-. Niega (foja 150) 28 Rocío Mastranzo Xelano, Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Niega (foja 151) 29 Elizabeth Ibarra Sarlat, Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Niega (foja 49) 30 David Benjamín Gómez Pulido, agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "B", Puebla Capital, Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República -en su denominación correcta-. Niega (foja 112) 31 Hilario Robles Romero, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "A", Puebla Capital, Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República -en su denominación correcta-. Niega (foja 111) 32 Armando Álvarez Hidalgo, Subdelegado Sustantivo en funciones del Fiscal de Averiguaciones Previas y Procesos Penales Federales y Coordinador de Juicios de Amparo. Niega (foja 118) 33 Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integran la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Niega (fojas 94 y 431) 34 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (fojas 100 y 429) 35 Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 116) 36 Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 131) 37 Comandante de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional. Niega (fojas 208 a 210) 38 Roberto Espinoza González, Enlace Jurídico de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Puebla de la Guardia Nacional, representante legal de la misma. Niega (foja 121) 39 Director General de la Policía Estatal Preventiva. Niega (foja 99) 40 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Tecamachalco, Puebla. Niega (fojas 128 y 432) 41 Comandante de la Unidad de Apoyo Policial adscrito a la Agencia Estatal de Investigación en Tehuacán, Puebla o Comandante de la Agencia Estatal de Investigación Grupo Tehuacán, Puebla. Niega (foja 122) 42 Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y extorsión, por conducto de su representante. Niega (foja 62) 43 Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión. Niega (foja 61) 44 Alejandro Mendoza López, Fiscal Especializado en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Niega (foja 104) 45 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, por conducto de su representante. Niega (foja 144) 46 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 96) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que a cada una les fueron atribuidos, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa acompañara a su escrito inicial de demanda, la prueba documental relativa a la copia certificada por el Notario Público Número 2, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, del instrumento número ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete (89,497), relativo al contrato de compraventa del inmueble identificado como una porción que se segregó de la fracción a la que se encuentra reducida la Hacienda de "Santa María Coxcamaya" ubicada en el municipio de Quecholac del distrito judicial de Tecamachalco, Puebla; en virtud que tal documento sólo revela el acto que en él se consigna, es decir, la compraventa del bien inmueble detallado en dicho instrumento público; por ende, esa probanza no resulta idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, en relación con los actos que les fueron atribuidos. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Consecuentemente, al no existir los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las citadas autoridades responsables y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este resolutor, que la autoridad responsable 4. Marco Antonio Meneses Aguilar, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, al rendir su informe justificado (fojas 35 a 38) señaló que la aquí quejosa Rosa María Gerardo Tenorio, promovió los diversos juicios de amparo indirecto 98/2021, 94/2021 y 122/2021, del índice de los Juzgados Quinto, Primero y Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respectivamente, en relación a los actos que ahora reclama. Sin embargo, de las documentales recabadas en el diverso sumario constitucional 122/2021 de este índice, las cuales se invocan como un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; consistentes en las copias certificadas de las constancias que integran los juicios de amparo 98/2021 y 94/20214 de las estadísticas de los Juzgados Quinto y Primero, ambos de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla -respectivamente-; debe decirse, que de la lectura de las demandas de amparo que dieron origen a dichos expedientes, se corroboró que los actos en ellas reclamados, no corresponden a los mismos actos reclamados en esta instancia constitucional, pues si bien es cierto que la parte quejosa reclamó en dichos juicios la emisión de las órdenes de localización, presentación, aprehensión, y detención libradas en su contra, así como la emisión de las órdenes de cateo, intromisión a un inmueble, también lo es, que los inmuebles que refiere son de su propiedad, y que señala como origen de dichos actos reclamados, son diversos, al señalado en este asunto. De ahí, que tales constancias tampoco sean idóneas, para desvirtuar las negativas de los informes rendidos por las autoridades responsables. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por la quejosa Rosa María Gerardo Tenorio, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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