Rosa Maria Gerardo Tenorio
Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosa Maria Gerardo Tenorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. Autoridad acusa recibo. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 535 signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, José Hugo Salvador González Jiménez, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de junio del año en curso, acusa recibo del oficio 165-7, a través del cual se le devolvió copia certificada de la causa penal 209/2014, de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 444/2022 signado por el Secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve el expediente de amparo 1034/2021 en que se actúa y un anexo de pruebas; además, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el toca de revisión R-44/2022 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio de control constitucional, la cual en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa María Gerardo Tenorio, por su propio derecho, contra la orden de aseguramiento del inmueble relativo a una porción que se segregó de la fracción que se encuentra reducida en la Hacienda de Santa María Coxcomaya, ubicado en Quecholac, Puebla, y su ejecución, que reclama a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento el artículo 18 inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 7. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla como justificación a su informe, se ordena devolverle la copia certificada del proceso 209/2014 de su índice -anexo I-; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Rosa María Gerardo Tenorio, así como el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron. Asimismo, da cuenta con el estado procesal de autos. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Asimismo, del estado procesal de autos, se colige que mediante proveído de diez de noviembre del actual, se reservó proveer respecto de la razón asentada por la Fedataria Judicial de la adscripción, hasta la fecha de la celebración de la audiencia incidental; por lo que cumplida dicha condición, se provee: En tales condiciones, se tienen por inexistentes a las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como: "16. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA (JAQUELINE JERÓNIMO DE JESÚS) y 18. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LITIGACIÓN ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA (MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AMADOR)" por lo que, se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ellas; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Finalmente, intégrese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el informe previo de la autoridad responsable 31. Titular de la Unidad de Apoyo Policial Tecamachalco, de la Agencia Estatal de Investigación, en virtud que mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, se tuvo por recibido vía electrónica el mismo y se acordó lo conducente. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: el secretario da cuenta con la prueba documental de la parte quejosa, misma que anexó -en copia simple- a su escrito inicial de demanda. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas con base en su naturaleza las probanzas ofrecidas por la parte quejosa; y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1034/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Rosa María Gerardo Tenorio; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Rosa María Gerardo Tenorio, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previas reservas, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - El aseguramiento del bien inmueble identificado como sito en: una porción que se segregó de la fracción a la que se encuentra reducida la Hacienda de "Santa María Coxcomaya" ubicada en el municipio de Quecholac, perteneciente al Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, el cual consta con una superficie de terreno de ciento ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte en quinientos veinticuatro metros, colinda con el ejido de Palmarito Tochapan camino de por medio (actualmente camino Quecholac-Palmar de Bravo); al sur en quinientos once metros, colinda con el ejido de "Jesús Nazareno" (actualmente propiedad privada); al oriente en trescientos dos metros, colinda con el ejido de Jesús Nazareno; y, al poniente mide cuatrocientos cinco metros, colinda con propiedad de José Heriberto Sánchez Flores (actualmente propiedad privada). TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA (DANIEL IVÁN CRUZ LUNA). NIEGA 2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TECAMACHALCO, PUEBLA (JAVIER MARTÍNEZ CASTILLO). NIEGA 3 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (ABELARDO GIL MARTÍNEZ). NIEGA 4 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (GERARDO GUTIPERREZ GAYOSSO). NIEGA 5 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (JOEL DANIEL BALTAZAR ÁVALOS). NIEGA 6 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (GABRIEL PÉREZ ROCHA PÉREZ). NIEGA 7 JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. NIEGA 8 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 9 FISCAL DE INVESTIGACION REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 10 FISCAL DE INVESTIGACION METROPOLITANA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 11 FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 12 DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 13 FISCAL ESPECIALIZADO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA (ALEJANDRO MENDOZA LÓPEZ). NIEGA 14 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, SEDE TECAMACHALCO, PUEBLA. NIEGA 15 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA (ALICIA PÉREZ DURÁN). NIEGA 17 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LITIGACIÓN ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA (VÍCTOR ROMÁN CARRASCO GARCÍA). NIEGA 19 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE ZONA, REGIÓN PONIENTE (MIRIAM CERVANTES ESPINOSA). NIEGA 20 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (JAQUELINE TENTLE FABIÁN). NIEGA 21 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (SAÚL ROJAS ROMERO). NIEGA 22 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. NIEGA 23 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. NIEGA 24 DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA. NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que las autoridades responsables al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rosa María Gerardo Tenorio, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Rosa María Gerardo Tenorio, por medio del cual, pretende ampliar la demanda de amparo, por cuanto hace a actos reclamados diversos a una nueva autoridad responsable. Sin embargo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad dicha ampliación, por las razones que enseguida se exponen. En principio, porque los requisitos que prevé el artículo aludido, para la procedencia de la ampliación de demanda, son los siguientes: Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Enseguida, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. La jurisprudencia es del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En lo que interesa, se entiende que para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. En ese sentido, si bien es verdad que mediante proveído dictado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al 7. Juez Mixto del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla (folio 20730), cumpliendo con el requerimiento de doce de noviembre de dos mil veintiuno y aclarando su informe justificado, en el cual -esencialmente- reconoció la existencia del acto reclamado consistente en "una orden de cateo derivada de la solicitud realizada por la autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional: Arturo Vargas Sánchez, derivado de la investigación en los autos de la averiguación previa 578/2014/TECAM"; también lo es que respecto de dicho acto se desechó la demanda de amparo, tal como se aprecia del auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. En razón de ello, en el mismo acuerdo se requirió nuevamente a la referida autoridad judicial, para que precisara la fecha de la resolución mediante la cual decretó el aseguramiento sobre el bien inmueble identificado como una porción que se segregó de la fracción a la que se encuentra reducida la Hacienda de "Santa María Coxcomaya" ubicada en el municipio de Quecholac, perteneciente al Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, cuya superficie y características se detallan en el escrito de demanda de amparo, ya que ese había sido el único acto reclamado por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo. En respuesta a lo anterior, mediante el diverso oficio 1353 (folio 20874), recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el 7. Juez Mixto del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, por segunda ocasión aclaró lo siguiente: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ÚNICAMENTE EN CUANTO AL CATEO SOLICITADO, PERO NO ASÍ EN CUANTO AL ASEGURAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE. Que el suscrito, se encuentra imposibilitado legalmente, para precisar una fecha de la resolución que haya decretado el aseguramiento en el bien inmueble que refiere, debido a que, NO SE HA ORDENADO POR PARTE DE ESTA AUTORIDAD ASEGURAMIENTO ALGUNO, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE QUE SEÑALA LA AUTORIDAD FEDERAL." [Lo subrayado y resultado es de origen] De lo que se colige que, es inexistente el acto reclamado al 7. Juez Mixto del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla; y, por esa razón, el acto del cual ahora se duele la quejosa, consistente en la orden de cateo decretada sobre el inmueble que señala, es el mismo por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo; por lo que resulta improcedente vincular a la nueva autoridad que pretende señalar como responsable denominada: agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional: Arturo Vargas Sánchez, respecto de un acto del que no se ocupa el presente juicio de amparo. Y, respecto, al diverso acto reclamado consistente en el aseguramiento del inmueble que refiere la ocursante, atribuido también al agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional: Arturo Vargas Sánchez; debe estimarse que no se cubren los requisitos que prevé la hipótesis normativa en estudio, ni los similares que relata el criterio jurisprudencial transcrito, pues no son actos vinculados y tampoco guardan estrecha relación con los señalados en la ocurso que instó la presente litis, en tanto que, aún no se le ha dado vista con algún informe justificado del cual se aprecie que dicha autoridad hubiera ordenado el multicitado aseguramiento. Esto es así, pues resulta claro que al no habérsele vista con informe de ley alguno en el cual se aprecie la intervención de esa autoridad, no resulta factible que la parte quejosa hubiera tenido conocimiento de la participación de la nueva autoridad a partir de dicha circunstancia. Por tanto, de conformidad con el comunicado 77/2020, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la sentencia pronunciada en la contradicción de tesis 83/2019, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y, el Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver respectivamente los recursos de queja administrativa 29/2017 y 13/2019, la ampliación de demanda efectuada por la parte quejosa, se debe tramitar como un asunto nuevo e independiente al presente juicio. En ese orden, la Corte determinó en sesión remota, que de ninguna manera se puede desechar la ampliación de demanda por los motivos antes expuestos, pues tal acontecimiento solo impide resolver lo solicitado en ese juicio. Por ello, se resolvió que la mejor solución que tutele el principio pro actione y el derecho de acceso a la justicia, es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de una demanda independiente. En tales condiciones, ante la falta de una estrecha relación o vínculo directo a los actos reclamados originalmente en su demanda de amparo, con los reclamados en su escrito de cuenta; se ordena la remisión del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para el turno correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.A.C.8 K (10a.), Décima Época, publicada el trece de marzo de dos mil veinte; registro IUS: 2021775, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE. En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la sustanciación de ambas, en un solo procedimiento, en aras de la brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe proveer su trámite como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio al Jefe de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ELIUT En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
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