Rosa Maria Cimbro Lopez

Expediente 963/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 126 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
963/2018
Año
2018
Actuaciones
126
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Rosa Maria Cimbro Lopez
  • Tercera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 126.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita; de la misma manera resulta para el tomo II, que se ordenó formar en el presente sumario constitucional. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se declaró sin materia la suspensión solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele las mismas; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas documentales.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 171 a 174), se ordenó el emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, de los terceros interesados indicados en dicho auto, y se otorgó a la quejosa el término de veinte días para que I. Recoja; II. Entregue para su publicación; y, III. Acredite ante este órgano jurisdiccional la entrega de los edictos en comento. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa fue notificada del aludido acuerdo -por lista- el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (174 vuelta); por tanto, el referido término de veinte días transcurrirá del veintiuno de agosto al dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, al no estar emplazada la parte tercera interesada, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Intégrense a sus autos las razones asentadas por las Actuarias Judiciales de la adscripción y, en su atención, téngaseles manifestando que no lograron emplazar a los terceros interesados 1. María Nazaria Quiroz Gamboa, 97. Mahoganny Michelle Romero Aguilar, 104. Marina Reyes Carrera y 162. Ana Bertha Vargas Hernández, pues refieren lo siguiente: 1. María Nazaria Quiroz Gamboa: Señala la Actuaria Judicial de la adscripción, que al constituirse en el domicilio ubicado en Prolongación de la 14 Sur, número 7102, colonia Loma Linda, en la ciudad de Puebla, y cerciorarse de ser el domicilio correcto, se percató que dicho domicilio corresponde a una escuela primaria denominada "Carlos Monsivais", por lo que procedió a preguntar por la tercera interesada de referencia en la oficina de la Dirección Escolar, en donde le informaron que desconocen a la antes citada, y que no labora en dicha institución. 97. Mahoganny Michelle Romero Aguilar: Indica la Actuaria judicial de la adscripción, que al constituirse en el domicilio ubicado en Río Lerma 5728-2 Jardines de San Manuel, en la ciudad de Puebla, y cerciorarse de ser el lugar indicado, fue atendida por una persona del sexo masculino, quien le manifestó que el bien inmueble se divide en dos plantas (alta y baja), sin embargo, en ninguna de ellas vive la tercera interesada de referencia 104. Marina Reyes Carrera: Refiere la fedataria judicial que al buscar el domicilio señalado en Calle Tehuacán número 315, colonia Granjas del Sur, en la ciudad de Puebla, se percató que no existe sobre la calle Tehuacán el número 315, motivo por el cual no logró realizar la notificación ordenada. 162. Ana Bertha Vargas Hernández: Manifiesta la Actuaria judicial de la adscripción, que al buscar el domicilio ubicado en Carretera Puebla-Atlixco, desviación Zavaleta, número 5519, en la ciudad de Puebla, no localizó el número referido, pues la numeración en dicha vialidad comienza con el número 3507 y termina con el 5508; no obstante procedió a preguntar por la citada tercera interesada en unos locales cerca de la desviación a Calzada Zavaleta, en el sentido Puebla-Atlixco, pero le informaron que no conocen a la persona buscada. De lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a realizar mayor proveído respecto a los emplazamientos de los diversos terceros interesados 6. Carmen Juárez Ignacio y 94. José Oscar Martínez Serdeyna, ordenado en auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, pues dichas personas ya se encuentran emplazadas al presente sumario constitucional (fojas 994 y 995 del anexo I; y, 17 y 18, del anexo II). Atento a lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a pesar de que este órgano jurisdiccional agotó los medios a su alcance para lograr el emplazamiento al presente juicio de la totalidad de los terceros interesados, a la fecha no se ha logrado. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en auto de doce de febrero de dos mil diecinueve y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, procédase a emplazar por EDICTOS a los siguientes terceros interesados: 1. María Nazaria Quiroz Gamboa; 14. Neli Soto Culebro; 15. Grisel Méndez Galindo; 23. Joaquín Gallardo López; 35. Rosa Rico Mayorido; 56. José Ruperto Padilla Ortega; 58. Néstor David Espinoza Torres; 65. Antonio Lezama Hernández; 77. José Alfredo Flores Meza; 87. Ángel Rojas García; 90. José Garza García; 92. Miguel Ángel Flores Arias; 97. Mahoganny Michelle Romero Aguilar; 104. Marina Reyes Carrera; 106. Rosa María Moreno Roa; 108. María Enriqueta Del Carmen Esquino Mora; 109. Gudencia Pérez o Guadencia Pérez O Gaudencia Pérez; 125. María José Carballal Mortera; 126. Epifanio Rodríguez Zompanizi; 128. José Joaquín Aurelio Galicia Hernández; 141. Roberto Montero Juárez y María Martha Campos Moscoso; 146. Germain Herrera Ramírez; 160. Ramón Suárez Velasco; 162. Ana Bertha Vargas Hernández; y, 164. Luz María Lucero García; Edictos que correrán a costa de la parte quejosa, en los que se señalarán a los referidos terceros interesados, que deben presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contado a partir del siguiente al de la última publicación, en la inteligencia que de no presentarse, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales antes reproducidos. Debiéndose precisar que, dichos edictos deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal", los cuales quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado para que pase a recogerlos. Para dar margen a lo anterior, se concede a la parte quejosa el término de veinte días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acredite haber entregado para su publicación los edictos en cuestión, es decir, en ese plazo la parte quejosa deberá: I) Recogerlos; II) Entregarlos para su publicación; y, III) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega. Así mismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado. En ese contexto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados en líneas que preceden, esto es, su insolvencia económica, o la afectación grave a su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para realizar dicho pago o bien una situación similar que haga procedente, que se le exima del pago de los edictos y que en consecuencia se realicen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido, que de realizar la manifestación anterior, deberá también informar a este órgano de control constitucional: 1) el estado que guarda su situación económica, 2) la actividad a la que se dedica, 3) los ingresos que percibe tanto él como 4) su núcleo familiar y si cuenta con dependientes económicos; así como toda aquella información tendiente a demostrar que se haga procedente el gasto a costa del Consejo de la Judicatura Federal, lo que deberá acreditar con todos los elementos de convicción que estén a su alcance que arrojen dichos datos, lo anterior, como una de sus obligaciones procesales como parte en esta instancia constitucional. Una vez hecho lo anterior, el suscrito Juzgador Federal atendiendo a las particulares del caso, analizará el material probatorio ofrecido por la quejosa, en conjunto con el existente en el presente sumario constitucional y determinara lo que en derecho corresponda, sin perjuicio que en casos excepcionales se dicte las providencias que se estimen necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho humano al debido proceso legal; así como con lo dispuesto por el artículo 17 de tal Ordenamiento Supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes, dado que el incumplimiento del justiciable, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad del procedimiento que hace imposible que se resuelva la litis constitucional y que hace procedente el sobreseimiento de referencia. Ya que de ninguna forma es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, dado que el interés de la parte quejosa no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a la sociedad atañe que los juicios se resuelvan en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva pues, se insiste, con ello se contraviene el interés común de la sociedad. Cobra aplicabilidad la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción y, en su atención, téngasele manifestando que no logró emplazar al tercero interesado 92. Miguel Ángel Flores Arias, pues refiere que al buscar el domicilio ubicado en calle 9 C, número 145, Colonia Bosques de Amalucan, se percató que en dicha calle no hay número 145, que se trata de una sección de casas nuevas, y que algunas de ellas no tienen números; no obstante, señala la fedataria judicial que, de las casas que sí cuentan con número oficial y que pudiera ser el domicilio buscado, se constituyó varias veces, pero nunca obtuvo una respuesta; de lo anterior, toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha en que se actúa no se ha logrado el emplazamiento de la totalidad de la parte tercera interesada. Sin embargo, en este acuerdo se proveerá únicamente lo conducente respecto a los domicilios que proporcionó la Jefa de la Oficina de juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 936 y 937, del tomo I), en los que no se haya ordenado el emplazamiento de los terceros interesados, y de los cuales se advierta que no se tratan de homónimos, tales domicilios son los siguientes: NOMBRE DOMICILIO 1. María Nazaria Quiroz Gamboa. Prolongación de la 14 Sur, número 7102, colonia Loma Linda, en la ciudad de Puebla. 6. Carmen Juárez Ignacio. Calle 10 Oriente, número 607, San Andrés Cholula, Puebla. 94. José Oscar Martínez Serdeyna. Privada 15 de Mayo, número 10, San Rafael Poniente, en la ciudad de Puebla. 97. Mahoganny Michelle Romero Aguilar. Rio Lerma 5728-2 Jardines de San Manuel, en la ciudad de Puebla. 104. Marina Reyes Carrera. Calle Tehuacán número 315, colonia G del Sur, en la ciudad de Puebla. 162. Ana Bertha Vargas Hernández. Carretera Puebla-Atlixco, desviación Zavaleta, número 5519, en la ciudad de Puebla. En consecuencia, se ordena a los actuarios judiciales que -de inmediato- realicen lo siguiente: Notifiquen este auto, el inicial y el diverso de veinticinco de julio del actual, a los referidos terceros interesados. Emplacen a los terceros interesados de mérito, en los domicilios señalados. Les corran traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, del auto admisorio, del acuerdo de veinticinco de julio del actual y del presente auto, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. De igual forma, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicha parte procesal, dese vista con las constancias de autos, por el plazo de ocho días, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo.

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