Rosa Maria Gerardo Tenorio
Expediente 1231/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito A la Fiscalía de Investigación Regional (Arturo Vargas Sánchez)
- Rosa Maria Gerardo Tenorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado de Distrito que el ocho de junio pasado, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto Ingrid Dennis Organista Acua, autorizada en términos amplios de la quejosa Rosa María Gerardo Tenorio, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, y que lo radicó bajo el toca en revisión R-162/2022 del índice del citado Tribunal; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a la quejosa, y, por lista a las demás partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós -en el cual se tuvo a Ingrid Dennis Organista Acua, autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo,-interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós-, remítanse original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno del Sexto Circuito, conjuntamente con el juicio de amparo en que se provee, a fin de que resuelva el medio de impugnación interpuesto. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito; electrónicamente a la parte quejosa; y, cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Ingrid Dennis Organista Acua, autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y, en su atención, se provee: Se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente integrado el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, junto con original y copia del escrito de expresión de agravios; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con diversa copia del escrito mencionado en el párrafo precedente y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese electrónicamente a la quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 1231/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Rosa María Gerardo Tenorio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito de demanda presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la promovente Rosa María Gerardo Tenorio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos siguientes (foja 5): ACTO RECLAMADO "(.) La ejecución de la ilegal orden de cateo y aseguramiento del inmueble ubicado sobre UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA, EL CUAL CONSTA CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN QUINIENTOS VEINTICUATROS METROS, COLINDA CON EL EJIDO DE PALMARITO TOCHAPAN CAMINO DE POR MEDIO (ACTUALMENTE CAMINO QUECHOLAC-PALMAR DE BRAVO); AL SUR EN QUINIENTOS ONCE METROS, COLINDA CON EJIDO DE "JESÚS NAZARENO" (ACTUALMENTE PROPIEDAD PRIVADA); AL ORIENTE EN TRECIENTOS DOS METROS, COLINDA CON EJIDO DE JESÚS NAZARENO; Y, AL PONIENTE MIDE CUATROCIENTOS CINCO METROS, COLINDA CON PROPIEDAD DE JOSÉ HERIBERTO SÁNCHEZ FLORES (ACTUALMENTE PROPIEDAD PRIVADA)." La parte quejosa, narró los antecedentes del caso; y en suplencia del señalamiento de derechos fundamentales y garantías violados, se tiene los contenidos en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se advierte del contenido de la demanda y ampliación de la misma (fojas 5, 6, 14 y 15). SEGUNDO. Radicación de la demanda, trámite del juicio y Admisión de demanda. Mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno se radicó la demanda de garantías y se registró bajo el expediente de amparo 1231/2021, y se previno a la parte quejosa para el efecto de que narrara los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y señalara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado (fojas 7 a 12); y por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, previa prevención cumplida, se admitió a trámite la misma con incidente de suspensión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le compete (foja 43). TERCERO. En auto de diez de febrero de dos mil veintidós (fojas 101 a 103) se admitió la ampliación de la demanda de amparo, en contra de la autoridad y actos siguientes (foja 99): "Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE: AL Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, José Ángel Bravo Rivera. ACTO RECLAMADO: "(.) la ejecución de la ilegal orden de intromisión, cateo y aseguramiento del inmueble conocido como UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA, EL CUAL CONSTA DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS." En el mismo proveído, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable por la que se amplió la demanda de amparo y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita respecto a la misma (foja 109). CUARTO. Cita para audiencia. En auto de ocho de abril de dos mil veintidós (foja 212), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: Al 1. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Arturo Vargas Sánchez, reclamó: a) La ejecución de la orden de cateo y de la orden se aseguramiento del inmueble ubicado sobre UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. A 2. José Ángel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, reclamó: b) La ejecución del cateo del inmueble ubicado sobre UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. c) La ejecución del aseguramiento del inmueble ubicado sobre UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia de los actos reclamados identificados con los incisos a) y c) del considerando segundo. Al respecto las autoridades responsables rindieron su informe justificado de la siguiente manera: AUTORIDAD INFORME JUSTIFICADO 1. Arturo Vargas Sánchez, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional. Negó por ejecución de cateo y aseguramiento foja 49 (acto identificado como inciso a) 2. José Ángel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional. Negó Por ejecución de aseguramiento foja 126 (acto identificado como inciso c) Así, del cuadro anterior, se advierte que las autoridades responsables, al rendir el correspondiente informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron los actos que se les atribuyeron (fojas 49 y 126) consistentes en la ejecución del cateo y aseguramiento reclamados a 1. Agente del ministerio público investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Arturo Vargas Sánchez (acto identificado con el inciso a); y de la ejecución del aseguramiento reclamado a 2. José Ángel Bravo Rivera, agente del ministerio público investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional (acto identificado con el inciso c). Tales negativas no fueron desvirtuadas por la parte quejosa, no obstante que se le dio vista con los informes justificado por autos de veintisiete de enero y siete de marzo, ambos de dos mil veintidós (fojas 64 y 153). La inexistencia de los actos reclamados que han quedado precisados se corrobora con la documental que remitió la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Arturo Vargas Sánchez, consistente en la copia certificada de la diligencia de cateo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (fojas 73 a 76 y anexos 77 a 94), con valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo por disposición de su artículo segundo: que señala: "Acta de Diligencia de Cateo. - - En el municipio de Quecholac, Puebla, siendo las 00:28 horas, del día 21 de Octubre de 2021, el suscrito funcionario actuante licenciado José Angel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalía de Investigación regional, asociado de. agentes de investigadores adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, y del C. Mario Cortés Betanzos, Perito en Criminalista y Fotografía, nos trasladamos y constituimos legalmente en el inmueble denominado Rancho Ex Hacienda Santa María, ubicado en calle 14 Norte sin número, esquina con Carretera Ignacio Zaragoza, de la Localidad de San Bartolomé Coscomaya, municipio de Quecholac, Puebla, con georreferencia 18.904444, -97.600852, con el fin de desahogar el cateo otorgado dentro de la averiguación previa 578/2014/TECAM/TEHUA, proceso: 209/2014, otorgado por el Licenciado Ricardo Lara Contreras, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, por Falta Temporal del Titular.(.) localizándose a las 00:35 horas, del mismo día 21 de Octubre del 2021, sobre el suelo específicamente 57 centímetros del muro Nor-Poniente y a 118 del muro un arma de fuego larga, tipo escopeta, con su cañón dirigido hacia el sur-oriente, el cual presenta grabada la leyenda "PROOF TESTPO BOPE 3 INCH" por lo cual, en este momento, siendo las 00:37 horas, se hace constar que el agente Harold Esaú Flores Marín con número de expediente 105635, realiza llamada telefónica al número 2227361201, entablando comunicación con la abogada Erika Martínez Martínez, agente del Ministerio Publico Investigador de Tecamachalco, Puebla, a quien se le hace del conocimiento que en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 289 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le informa que durante el desarrollo de la presente Diligencia de Cateo, se ha realizado el hallazgo de una posible arma de fuego, contestando la abogada Erika Martínez Martínez, quedar enterada y que dará inicio a la carpeta de investigación FGE/CDI/FIR/TECAM-I/012535/2021, por hechos con apariencia de delito de posesión de arma de fuego, solicitando que dicho indicio sean procesado y asegurado por parte del perito autorizado, debiendo ser puestos a disposición a la brevedad permitida Y ORDENA QUE SE REALICE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN COMO LO ES: inspección al lugar de aseguramiento, inspección del lugar de los hechos, inspección de los objetos asegurados con sus respectivas cadenas de custodia, acta aviso de hechos al Ministerio Público, SE ASEGURE EL INMUEBLE OBJETO DEL CATEO y que de inmediato rindan el informe correspondiente, finalizando la llamada; (.)" En efecto, de lo anteriormente transcrito se advierte que las autoridades responsables no ejecutaron la orden de aseguramiento del inmueble que refiere la quejosa es de su propiedad, pues son otras autoridades las que lo ordenaron y ejecutaron y que son: 1) Erika Martínez Martínez, agente del Ministerio Publico Investigador de Tecamachalco, Puebla, quien ordenó se asegurara el inmueble que dice la quejosa es de su propiedad dentro de la carpeta de investigación FGE/CDI/FIR/TECAM-I/012535/2021; y 2) a Harold Esaú Flores Marín agente de investigación adscrito a la Agencia Estatal de Investigación con número de expediente 105635, quien lo ejecutó. Luego, respecto de tales autoridades que ordenaron y ejecutaron el aseguramiento se le dio vista a la parte quejosa a efecto de que las señalara como autoridades responsables (foja 225); y una vez que presentó el escrito de ampliación se le requirió para que ratificara la firma estampada en el mismo; y como no lo hizo por auto de dos de mayo de dos mil veintidós se le tuvo por no presentado el escrito de ampliación; por tanto no fueron llamadas a juicio. Por lo que hace a la ejecución del cateo, el 1. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Arturo Vargas Sánchez, en su informe justificado refirió que sólo solicitó dicha orden pero no la ejecutó (foja 49); de ahí la inexistencia de su ejecución por parte de dicha autoridad que es el acto que reclama la parte quejosa y respecto a la autoridad que sí ejecutó el cateo, este juzgado de Distrito se pronunciara en el considerando siguiente (cuarto). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, identificados con los incisos a) y c), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. II. Existencia del acto reclamado identificado con el inciso b) del considerando segundo. Al respecto, la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable 2. José Ángel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional: b) La ejecución del cateo del inmueble ubicado sobre UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. Autoridad que en el informe justificado, se advierte que aceptó que ejecutó una orden de cateo solicitado dentro de la averiguación previa 578/2014/TECAM/TEHUA, proceso 209/2014 del índice del juzgado de lo penal de Tecamachalco, Puebla, en el domicilio también identificado como el ubicado en calle 14 Norte sin número, esquina con carretera Ignacio Zaragoza, de la localidad de San Bartolomé Coscomaya, municipio de Quecholac, Puebla. Existencia del acto reclamado que se corrobora con la diligencia de cateo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y con la inspección judicial que ofreció la parte quejosa (fojas 189 a 205) con valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo por disposición de su artículo segundo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto al acto reclamado identificado con el inciso b) del considerado segundo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito Juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez de Distrito advierte que respecto del acto que la parte quejosa reclamo a la autoridad responsable 2. José Ángel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, consistente en b) La ejecución del cateo del inmueble ubicado sobre UNA PORCIÓN QUE SE SEGREGÓ DE LA FRACCIÓN LA QUE SE ENCUENTRA REDUCIDA LA HACIENDA DE "SANTA MARÍA COXCOMAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo. Por lo que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Por tanto, si la parte quejosa se duele del cateo practicado sobre el bien inmueble que refiere es de su propiedad identificado como; una porción que se segregó de la fracción a la que se encuentra reducida la Hacienda de "Santa María Coxcomaya" ubicada en el municipio de Quecholac, perteneciente al Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, el cual consta con una superficie de terreno de ciento ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte en quinientos veinticuatro metros, colinda con el ejido de Palmarito Tochapan camino de por medio (actualmente camino Quecholac-Palmar de Bravo); al sur en quinientos once metros, colinda con el ejido de "Jesús Nazareno" (actualmente propiedad privada); al oriente en trescientos dos metros, colinda con el ejido de Jesús Nazareno; y, al poniente mide cuatrocientos cinco metros, colinda con propiedad de José Heriberto Sánchez Flores (actualmente propiedad privada), es evidente, que dicho acto reclamado fue consumado de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia federal, sería imposible su reparabilidad física y material antes de cometida su violación, al ya haberse ejecutado el cateo que se reclama. Sustenta lo anterior los siguientes criterios: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Rosa María Gerardo Tenorio, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Arturo Vargas Sánchez, y 2. José Ángel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, precisados en el considerando segundo de esa sentencia, y por las razones expuestas en los considerandos tercero, apartado I y cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la quejosa, y por oficio a las autoridades responsables, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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