Rosa Eugenia Cardona Contreras

Expediente 1021/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1021/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Rosa Eugenia Cardona Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio (recibido en línea) 7841, a través del cual el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, comunica que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por **********, autorizado de la parte quejosa, contra el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso (fojas 22 a 29), radicándolo bajo el número de toca R.Q. 334/2019 de su índice.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ***********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso (fojas 22 a 29). En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso y ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Remítase de inmediato el escrito original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Xalapa, Veracruz.

  3. Principal

    Por presentada la demanda de amparo que promueve *, contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 8° y 17 constitucional. Fórmese expediente y regístrese con el número 1021/2019-I en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de dos causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. De la lectura íntegra de la demanda, se desprende que el aquí quejoso reclama: Del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz: "La omisión de acordar el escrito de incidente de nulidad de notificaciones, presentado ante la autoridad responsable el día 31 de octubre de 2019." De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: "La ejecución de la orden dictada por la primera autoridad responsable, al acatar dicha instrucción y ordenar a la Institución Financiera congelar la cuenta antes señalada." Respecto del primer acto señalado en líneas precedentes, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Asimismo, el diverso 107, fracciones IV y V, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la fracción IV el juicio de amparo procede contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates. En relación con la fracción V, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (ejecución) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio citado encuentra sustento en la Jurisprudencia 608 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, página 674, Novena Época, registro 1002674, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Debe decirse que, el término genérico con el que cuenta la responsable para proveer una promoción es de tres días, atento a lo señalado por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Y, de acuerdo con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -aun cuando se refiera a la materia laboral-, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió dictarse el acuerdo correspondiente, para estimar se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Este Juzgador considera que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues de la lectura toral de la demanda se desprende que si el quejoso presentó la promoción cuya falta de acuerdo se duele el treinta y uno de octubre pasado, la responsable contaba con tres días para proveer la misma, esto es, hasta el seis de noviembre siguiente -en términos del dispositivo 61 del referido Código de Procedimientos Civiles- al tratarse de un auto. Sin embargo, atendiendo al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún no transcurre el lapso de cuarenta y cinco días naturales, para estimar se está ante una dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo indirecto (lo cual acontecerá a partir del veintidós de diciembre próximo). Como apoyo a lo anterior es aplicable, la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia: Jurisprudencia (Constitucional, Común), Décima Época, registro 2011580, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Asimismo, se cita por sus consideraciones el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, emitida en esta Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias: Común y Laboral, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Asimismo, dado el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , es necesario que la violación reclamada se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio promovido resulta improcedente, contra el primero de los actos reclamados. No se deja de mencionar que en caso de fenecer el plazo antes aludido, el impetrante tiene expeditos sus derechos para intentar una nueva instancia constitucional en el supuesto de que para esa data el Juez persista en su estado de abstención. Por otra parte, por cuanto hace al acto atribuido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Del precepto anterior se colige que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Es decir, contra actos que ya fueron materia de uno diverso. En el caso, el acto reclamado consiste en "La ejecución de la orden dictada por la primera autoridad responsable, al acatar dicha instrucción y ordenar a la Institución Financiera congelar la cuenta antes señalada". De la certificación de cuenta se desprende que el veintiocho de octubre del año en curso, el aquí quejoso promovió el diverso juicio de amparo 955/2019-V del índice de este Juzgado. De la consulta de ese expediente, se desprende que por acuerdo de veintinueve de octubre último, se desechó la demanda de amparo donde específicamente respecto del congelamiento de la referida cuenta bancaria se estableció que era parte del procedimiento de ejecución (del asunto en el que es parte), debiendo esperar a la última resolución de esa fase para reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al efecto se citó como apoyo el artículo 107, fracción IV (en sentido contrario), en relación con el 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Determinación que por auto de once de noviembre siguiente, causó estado. En ese asunto, entre otros actos, el aquí quejoso reclamó contra la misma autoridad -Comisión Nacional Bancaria y de Valores- el acto que ahora pretende combatir. Instancia constitucional en las que se resolvió en definitiva que era improcedente su pretensión. Determinación que se encuentran firme, al no haberse inconformado contra dicha resolución. Información que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2º, y de la jurisprudencia 3a./J. 2/93, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, Registro 206740, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO". En ese sentido, el referido acto por el que se promueve el presente sumario es cosa juzgada. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.

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