Rosa Hernández Huerta

Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Rosa Hernández Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido... DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte...".

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y 25/2020 que lo prorrogó; se acuerda: Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, contra actos de 1. Grupo M.A.S. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, residente en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 149/2021-IX, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, la promovente reclama al 1. Grupo M.A.S. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, residente en Veracruz, Veracruz lo siguiente: "EL CORTE, RESTRICCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, la cual se analizará a continuación. Los reclamos previamente aludidos derivan del contrato de suministro de agua potable. Lo que pone de manifiesto que éstos se tratan de actos entre particulares, relativos a los cobros emanados del consumo de agua. De ahí que las controversias suscitadas entre ellos deban ventilarse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Esto no constituye violación a derechos fundamentales. Es competencia mercantil dado que versa sobre el cumplimiento o incumplimiento de un contrato. Por lo cual debe resolverse a través de un procedimiento de esa naturaleza. No es ocioso decir, el Más Alto Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido que en asuntos de similar naturaleza, como lo son los contratos celebrados por particulares con Comisión Federal de Electricidad, ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, el corte del suministro de agua en términos del contrato, forma parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la mercantil. En apoyo a lo anterior, se invoca por analogía, dadas las razones que informan, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1183 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, materia Civil, con registro 2009790 de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Asimismo, por su sentido, la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materias Común y Civil, página 336, Décima Época, registro 2015944, siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Aunado a lo anterior, del título de concesión por el que presta el servicio de agua potable y alcantarillado la persona moral Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable -el cual se invoca como hecho notorio-, en las Condiciones 15 y 16, relativas a la Recaudación y Clasificación de Usuarios, se desprende que la concesionaria no cuenta con facultades económico coactivas. Solo podrá realizar gestiones extrajudiciales o judiciales. Como sucede con cualquier particular que quiere hacer valer los términos de un contrato. Por lo que, tomando en cuenta la narrativa de la demanda, el cobro sólo lo ha realizado la persona moral que otorga el servicio. De ahí que, se itera, esos actos no son de autoridad. Lo anterior, sin soslayar que en caso de la "Cartera Litigiosa" la concesionaria pueda solicitar a los Entes Concedentes (Municipios) el inicio del procedimiento económico coactivo. Siendo la responsabilidad de esos entes cobrar dicha cartera y mantener vigentes los citados procedimientos. Supuestos que en el caso no se actualizan. En ese orden de ideas, la consecuente medida de apremio -traducida en el posible corte, restricción o suspensión del agua- lo realizaría la persona moral que otorga el servicio. De ahí que se itera esos actos no son de autoridad. Además, deviene evidente en el caso concreto, la concesionaria actúa como un particular -incluso en caso de ejecutar la suspensión, restricción o corte del servicio de agua-. Su actuar deriva del contrato de adhesión -tal como ocurre, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad-, lo cual no conlleva la aplicación de procedimiento administrativo de ejecución alguno de su parte (nota distintiva de un acto de autoridad en caso de cobros). Como se mencionó no puede hacerlo motu proprio. No tiene facultades autónomas para ello. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Rosa Hernández Huerta, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y 25/2020 que lo prorrogó; se acuerda: Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, contra actos de 1. Grupo M.A.S. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, residente en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número **********, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, la promovente reclama al 1. Grupo M.A.S. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, residente en Veracruz, Veracruz lo siguiente: "EL CORTE, RESTRICCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, la cual se analizará a continuación. Los reclamos previamente aludidos derivan del contrato de suministro de agua potable. Lo que pone de manifiesto que éstos se tratan de actos entre particulares, relativos a los cobros emanados del consumo de agua. De ahí que las controversias suscitadas entre ellos deban ventilarse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Esto no constituye violación a derechos fundamentales. Es competencia mercantil dado que versa sobre el cumplimiento o incumplimiento de un contrato. Por lo cual debe resolverse a través de un procedimiento de esa naturaleza. No es ocioso decir, el Más Alto Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido que en asuntos de similar naturaleza, como lo son los contratos celebrados por particulares con Comisión Federal de Electricidad, ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, el corte del suministro de agua en términos del contrato, forma parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la mercantil. En apoyo a lo anterior, se invoca por analogía, dadas las razones que informan, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1183 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, materia Civil, con registro 2009790 de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Asimismo, por su sentido, la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materias Común y Civil, página 336, Décima Época, registro 2015944, siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Aunado a lo anterior, del título de concesión por el que presta el servicio de agua potable y alcantarillado la persona moral Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable -el cual se invoca como hecho notorio-, en las Condiciones 15 y 16, relativas a la Recaudación y Clasificación de Usuarios, se desprende que la concesionaria no cuenta con facultades económico coactivas. Solo podrá realizar gestiones extrajudiciales o judiciales. Como sucede con cualquier particular que quiere hacer valer los términos de un contrato. Por lo que, tomando en cuenta la narrativa de la demanda, el cobro sólo lo ha realizado la persona moral que otorga el servicio. De ahí que, se itera, esos actos no son de autoridad. Lo anterior, sin soslayar que en caso de la "Cartera Litigiosa" la concesionaria pueda solicitar a los Entes Concedentes (Municipios) el inicio del procedimiento económico coactivo. Siendo la responsabilidad de esos entes cobrar dicha cartera y mantener vigentes los citados procedimientos. Supuestos que en el caso no se actualizan. En ese orden de ideas, la consecuente medida de apremio -traducida en el posible corte, restricción o suspensión del agua- lo realizaría la persona moral que otorga el servicio. De ahí que se itera esos actos no son de autoridad. Además, deviene evidente en el caso concreto, la concesionaria actúa como un particular -incluso en caso de ejecutar la suspensión, restricción o corte del servicio de agua-. Su actuar deriva del contrato de adhesión -tal como ocurre, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad-, lo cual no conlleva la aplicación de procedimiento administrativo de ejecución alguno de su parte (nota distintiva de un acto de autoridad en caso de cobros). Como se mencionó no puede hacerlo motu proprio. No tiene facultades autónomas para ello. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **********, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia...".

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