Rosa Flores Mendoza
Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa Flores Mendoza
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Se determina: El auto que desechó la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Se ordena su devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Se determina: El auto que desechó la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Se ordena su devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente. Notifíquese; y, personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por ***, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1020/2022-II en el libro de gobierno correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se advierte el reclamo constitucional es: Orden de lanzamiento de veintisiete de septiembre pasado, emitida en el juicio ordinario civil ***/*** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Aduce fue ordenado ejecutarla el dieciocho de octubre del año en curso (data en la que tuvo conocimiento la peticionaria del reclamo). La cual fue suspendida por no encontrarse debidamente identificado el inmueble objeto de la misma (diverso número). Manifiesta es inminente una vez identifiquen correctamente el inmueble objeto de lanzamiento, se emitirá nuevamente dicha orden. De los antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, se aprecia: El quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ***, promovió demanda contra la aquí peticionaria. Ejercitando acción reivindicatoria respecto al lote de terreno número ***, el cual está ubicado en calle ***, también conocida como ***. Fue radicada en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz. Con el número de expediente ***/***. La mencionada *** acreditó su derecho de propiedad con instrumento público. - El terreno cuya reivindicación reclama la citada persona, es el mismo que antes había sido adquirido por Isidro Montiel Pérez. - Patrimonio del Estado comenzó un procedimiento administrativo al citado ***. Le rescindieron el contrato de compraventa del inmueble en mención. Inconforme, promovió juicio de amparo. El cual se radicó con el número ***/*** de este índice. Obtuvo sentencia favorable. Recuperó derecho de propiedad. Sin embargo, para el año dos mil cuatro, que se resolvió ese sumario constitucional, la Dirección General de Patrimonio del Estado ya había vendido el inmueble a diversas personas. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, canceló dichas compraventas. Incluyendo el título de propiedad de ***. - ***, una vez reconocido su derecho de propiedad sobre el inmueble en cuestión, demandó a la aquí impetrante reivindicación. Se radicó con el expediente 199/2006 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. Al contestar la demanda, reconvino prescripción positiva. Obteniendo sentencia favorable. Le fue expedido el título de propiedad correspondiente. - En el expediente 1878/1999 en mención, se dictó sentencia el veintisiete de febrero de dos mil doce. De la cual se deriva la orden de lanzamiento que señala como acto reclamado en este sumario constitucional. - El veintitrés de septiembre del presente año, promovió incidente de inejecución de sentencia. A la fecha no ha sido notificado a su contraparte en el expediente natural. Así, resulta claro la parte peticionaria se duele medularmente de la orden de lanzamiento emitida en el expediente origen. Ahora, conforme al acto y narrativa anterior se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI (aplicada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. La parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. Pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Está incluido en este concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o la que lo fue incorrectamente. Siempre y cuando exista sentencia. Si no se ha dictado ésta, no se le puede atribuir dicho carácter en la medida que tienen la posibilidad de acudir al juicio a defenderse. De lo expuesto se observa la quejosa ha intervenido en el juicio natural. Incluso, presentó incidente de inejecución de sentencia mediante escrito de veintitrés de septiembre pasado. De ahí que conoce la existencia de dicho sumario donde es parte demandada. El conocimiento del juicio natural le permitió imponerse de los autos para saber el estado procesal en que se encontraban y las resoluciones que se emitieron en el mismo. Así como hacer valer medios ordinarios, en favor de la defensa a sus intereses. Así, se demuestra fehacientemente tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda. Lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia citada en párrafos precedentes. En otro aspecto, en relación con la orden de lanzamiento, la cual aduce fue emitida con motivo de la ejecución de la sentencia, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del primero de los artículos de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa. Por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Asimismo, que el amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es menester que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Pudiendo impugnarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Al respecto, el precepto 107, fracción IV, de la ley de la materia establece que por "última resolución" ha de entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De acuerdo con lo previsto por el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución. Asimismo, el párrafo segundo de dicha fracción regula que, en los actos de ejecución de sentencia, la última resolución dictada en el procedimiento respectivo es la entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo expuesto se obtiene que la causa de improcedencia invocada determina que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio, esto es, en el período de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, en razón de que se pretende evitar abusos en la promoción del juicio de amparo. Hipótesis que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias. Las cuales, por razones de interés social no se pueden entorpecer o dilatar por mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo anterior implica, a contrario sensu, si se trata de actos de un tribunal judicial emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no sean la última resolución. Por tanto, resulta evidente que la orden de lanzamiento no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen de conformidad con lo expuesto en los párrafos que anteceden. No se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Máxime que conforme a la narrativa de la demanda se advierte ésta no se ha ejecutado. La acción fue reivindicatoria y la condena conlleva la entrega. Por lo que en tanto no suceda ello o se declarare su imposibilidad, el amparo para aquellos que son parte (y en este caso sobre todos para quienes fueron vencidos) deviene improcedente. Más aún cuando se advierte el último acto emitido en la fase de ejecución es una determinación en la cual se ordena la desocupación del inmueble objeto de la controversia. Por lo que, debe considerarse como una resolución en ejecución de sentencia, cuyo objeto es concretar lo sentenciado. Consecuentemente, deviene improcedente el juicio de amparo para combatir el presente acto reclamado. No constituye una última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. Al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado. Ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia. Y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. Se itera, la quejosa refiere no se ha ejecutado. En todo caso, podrá estar en aptitud de combatirla una vez se dicte última resolución en ejecución, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de su intención el que indica en el escrito que se provee. AUTORIZADO. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***. Cuenta con su cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por ***, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1020/2022-II en el libro de gobierno correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se advierte el reclamo constitucional es: Orden de lanzamiento de veintisiete de septiembre pasado, emitida en el juicio ordinario civil ***/*** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Aduce fue ordenado ejecutarla el dieciocho de octubre del año en curso (data en la que tuvo conocimiento la peticionaria del reclamo). La cual fue suspendida por no encontrarse debidamente identificado el inmueble objeto de la misma (diverso número). Manifiesta es inminente una vez identifiquen correctamente el inmueble objeto de lanzamiento, se emitirá nuevamente dicha orden. De los antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, se aprecia: El quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ***, promovió demanda contra la aquí peticionaria. Ejercitando acción reivindicatoria respecto al lote de terreno número ***, el cual está ubicado en calle ***, también conocida como ***. Fue radicada en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz. Con el número de expediente ***/***. La mencionada *** acreditó su derecho de propiedad con instrumento público. - El terreno cuya reivindicación reclama la citada persona, es el mismo que antes había sido adquirido por Isidro Montiel Pérez. - Patrimonio del Estado comenzó un procedimiento administrativo al citado ***. Le rescindieron el contrato de compraventa del inmueble en mención. Inconforme, promovió juicio de amparo. El cual se radicó con el número ***/*** de este índice. Obtuvo sentencia favorable. Recuperó derecho de propiedad. Sin embargo, para el año dos mil cuatro, que se resolvió ese sumario constitucional, la Dirección General de Patrimonio del Estado ya había vendido el inmueble a diversas personas. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, canceló dichas compraventas. Incluyendo el título de propiedad de ***. - ***, una vez reconocido su derecho de propiedad sobre el inmueble en cuestión, demandó a la aquí impetrante reivindicación. Se radicó con el expediente 199/2006 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. Al contestar la demanda, reconvino prescripción positiva. Obteniendo sentencia favorable. Le fue expedido el título de propiedad correspondiente. - En el expediente 1878/1999 en mención, se dictó sentencia el veintisiete de febrero de dos mil doce. De la cual se deriva la orden de lanzamiento que señala como acto reclamado en este sumario constitucional. - El veintitrés de septiembre del presente año, promovió incidente de inejecución de sentencia. A la fecha no ha sido notificado a su contraparte en el expediente natural. Así, resulta claro la parte peticionaria se duele medularmente de la orden de lanzamiento emitida en el expediente origen. Ahora, conforme al acto y narrativa anterior se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI (aplicada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. La parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. Pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Está incluido en este concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o la que lo fue incorrectamente. Siempre y cuando exista sentencia. Si no se ha dictado ésta, no se le puede atribuir dicho carácter en la medida que tienen la posibilidad de acudir al juicio a defenderse. De lo expuesto se observa la quejosa ha intervenido en el juicio natural. Incluso, presentó incidente de inejecución de sentencia mediante escrito de veintitrés de septiembre pasado. De ahí que conoce la existencia de dicho sumario donde es parte demandada. El conocimiento del juicio natural le permitió imponerse de los autos para saber el estado procesal en que se encontraban y las resoluciones que se emitieron en el mismo. Así como hacer valer medios ordinarios, en favor de la defensa a sus intereses. Así, se demuestra fehacientemente tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda. Lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia citada en párrafos precedentes. En otro aspecto, en relación con la orden de lanzamiento, la cual aduce fue emitida con motivo de la ejecución de la sentencia, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del primero de los artículos de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa. Por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Asimismo, que el amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es menester que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Pudiendo impugnarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Al respecto, el precepto 107, fracción IV, de la ley de la materia establece que por "última resolución" ha de entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De acuerdo con lo previsto por el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución. Asimismo, el párrafo segundo de dicha fracción regula que, en los actos de ejecución de sentencia, la última resolución dictada en el procedimiento respectivo es la entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo expuesto se obtiene que la causa de improcedencia invocada determina que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio, esto es, en el período de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, en razón de que se pretende evitar abusos en la promoción del juicio de amparo. Hipótesis que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias. Las cuales, por razones de interés social no se pueden entorpecer o dilatar por mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo anterior implica, a contrario sensu, si se trata de actos de un tribunal judicial emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no sean la última resolución. Por tanto, resulta evidente que la orden de lanzamiento no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen de conformidad con lo expuesto en los párrafos que anteceden. No se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Máxime que conforme a la narrativa de la demanda se advierte ésta no se ha ejecutado. La acción fue reivindicatoria y la condena conlleva la entrega. Por lo que en tanto no suceda ello o se declarare su imposibilidad, el amparo para aquellos que son parte (y en este caso sobre todos para quienes fueron vencidos) deviene improcedente. Más aún cuando se advierte el último acto emitido en la fase de ejecución es una determinación en la cual se ordena la desocupación del inmueble objeto de la controversia. Por lo que, debe considerarse como una resolución en ejecución de sentencia, cuyo objeto es concretar lo sentenciado. Consecuentemente, deviene improcedente el juicio de amparo para combatir el presente acto reclamado. No constituye una última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. Al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado. Ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia. Y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. Se itera, la quejosa refiere no se ha ejecutado. En todo caso, podrá estar en aptitud de combatirla una vez se dicte última resolución en ejecución, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de su intención el que indica en el escrito que se provee. AUTORIZADO. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***. Cuenta con su cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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