Rosa Elisa Rodríguez Molina

Expediente 1292/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1292/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • Rosa Elisa Rodríguez Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que se declara que ha causado estado. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años al haberse desechado la demanda y carece de relevancia documental, por lo que se establece como fecha probable para tal efecto el treinta de enero de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Notificación personal.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por **********, parte quejosa en el presente asunto, por medio del cual, en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintitrés de diciembre pasado, manifiesta que la solicitud formulada al Agente Sexto del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz señalado como responsable, para que girara oficio con la finalidad de que se cancelara el reporte de robo que tiene el vehículo marca Ford, sublinea Chasis cabina, tipo volteo de siete metros, modelo mil novecientos setenta y cinco, color cabina roja y batea blanca, placas de circulación número XT74504 del Estado de Veracruz, emitido dentro de la investigación ministerial 330/2014/6ta./Ver./03, fue de manera verbal. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, medularmente señala como acto reclamado: "La negativa de girar la orden de cancelación de reporte de robo, respecto de la unidad vehicular de la marca Ford sublínea Chasis cabina, tipo volteo de siete metros modelo 1975, color cabina roja y batea blanca con placas de circulación número XT74504 del estado de Veracruz, número de motor A103283 marca Perkins, número de serie AC5JPA53409, de trasmisión estándar y con seña particular en la parte superior de la cabina la leyenda "LA PRINCIPAL". Ahora, de los hechos narrados como antecedentes de lo reclamado manifiesta la quejosa que compareció ante el Agente Sexto del Ministerio Público del fuero común de la ciudad de Veracruz, Veracruz, a presentar denuncia por el robo del vehículo descrito en el párrafo anterior, la cual se radicó con el número de averiguación previa 330/2014/6ta./Ver./03, quien giró oficio de investigación al Comandante Regional de la entonces Agencia Veracruzana de Investigación para la búsqueda y localización del citado automotor. Posteriormente, se apersonó ante el citado ente investigador a reportar que ya había sido localizado su vehículo y que lo tenía en posesión, quien giró oficio al delegado Regional de la entonces Agencia Veracruzana de Investigaciones solicitándole dejar sin efecto el comunicado de investigación antes referido. Continúa narrando, que el uno de diciembre de dos mil dieciséis, el citado vehículo fue detenido por elementos de la Policía Federal Preventiva derivado de que tenía reporte de robo, pues no tenían conocimiento de que éste se hubiese cancelado, indicándosele al chofer de dicha unidad que debía acudir a la agencia del Ministerio Público para que se emitiera el oficio correspondiente a dicha autoridad con la finalidad de dejar sin efecto el reporte de robo del mencionado automotor, debido a que ya había aparecido y estaba en poder de su propietario. Así las cosas, al día siguiente compareció ante el agente Sexto del Ministerio Público Investigador donde se encuentra radicada la averiguación previa formada con motivo de la denuncia que presentó por el robo del vehículo de su propiedad, y solicitó de manera verbal al titular de la mesa de trámite que girara el oficio correspondiente, en virtud de que el automotor había ya aparecido, sin que se hubiese cumplido con lo solicitado, por lo que tiene el temor fundado que la unidad automotriz sea detenida nuevamente. Por ello, del ocurso de demanda y escrito aclaratorio se advierte que el acto que reclama la quejosa se hace consistir en la omisión por parte del Agente Sexto del Ministerio Público Investigador de Veracruz, Veracruz, de atender la solicitud que de manera verbal le realizó, para que dentro de la investigación ministerial 330/2014/6ta./Ver./03 de su índice, girara oficio a las autoridades competentes cancelando el diverso comunicado por el cual reportó el robo del automotor a que se ha hecho referencia. En ese sentido, el suscrito advierte la actualización de una causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XIII, con el diverso 107, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo y 8° de la Carta Magna. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el diverso 107, fracción VII, del citado ordenamiento legal establece: "El amparo indirecto procede: [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño" A su vez, el artículo 8º constitucional establece: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Ahora bien, el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la ley, resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado, siempre que dicha solicitud se realice por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Lo anterior permite establecer que la formulación de una petición ante una autoridad y el deber de contestarla, es un derecho humano del que gozan los gobernados, siempre y cuando se ejerza cumpliendo con los requisitos que establece el citado artículo 8º constitucional, siendo uno de ellos, que la solicitud se haga por escrito ante la autoridad responsable. Por otra parte, en el caso particular, como se vio, la omisión de la que se duele la parte quejosa deriva de una petición que realizó al Agente Sexto del Ministerio Público Investigador de Veracruz, Veracruz, de manera verbal. Así las cosas, resulta evidente que el acto reclamado por la quejosa al derivar de una petición que fue formulada ante una autoridad de manera verbal, no puede ser sujeto de la protección constitucional que establece el artículo 8º de la Carta Magna, por no reunir uno de los requisitos ahí establecidos (presentación por escrito ante la autoridad) en el citado precepto constitucional, y por ello, tampoco puede considerarse como alguno de los previstos en la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra los que procede el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, toda vez que en el presente asunto se actualizaron la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VII del citado ordenamiento legal y 8º de la Carta Magna, procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 del primer cuerpo de leyes mencionado.

  4. Principal

    Notificación personal.

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