Román Omar Balderas Aguilar
Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Román Omar Balderas Aguilar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable el CD que allegó al presente asunto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente téngase por recibido el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 003083/2020 rubro de demanda de amparo y contabilizada a favor de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con la papeleta de turno que anexa al ocurso de cuenta, la cual se ordena glosar al inicio del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos, así como del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio, no se advierte que obre la papeleta de turno correspondiente; por tanto, mediante atento oficio que al efecto se gire se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 636/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente y en virtud de que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin de que proporcionara la denominación correcta de la autoridad denominada "Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, sin que haya realizado manifestación alguna. El Juez acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de septiembre del año en curso y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Asimismo, hace constar que el expediente se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta al juez con las documentales remitidas por las autoridades responsables. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario certificado que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, ante la Secretaria de guardia de este Jugado de Distrito, Teresa Aguilar Gaona, a favor del quejoso directo Román Omar Balderas Aguilar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región, Morelia, Michoacán y de otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de guardia correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 636/2020, en auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte se decretó la suspensión de plano respecto de la incomunicación, así como todos aquéllos actos prohibidos por el 22 Constitucional; de igual forma respecto de la orden de traslado. Asimismo, se comisionó al Actuario del juzgado para que -entre otras cuestiones- buscara al quejoso y le requiriera para que le manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor; a lo que en la diligencia respectiva, informó que sí la ratificaba. En razón de lo anterior, el tres de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda (foja 36); se dio vista con el informe justificado rendido por el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en esta ciudad, se requirió al Juez responsable rindiera su respectivo informe; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37, primer párrafo y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues la quejosa reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, que de acuerdo a lo que manifestó en su demanda de amparo, tuvo ejecución material en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán y Director del Centro de Readaptación Social "David Franco Rodríguez", consisten en: La incomunicación de la que es objeto el quejoso directo Román Omar Balderas Aguilar; y, La orden de traslado del lugar en donde guarda su reclusión a la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, sin tomar las medidas necesarias respectivas a fin de salvaguardar la salud de un posible contagio del virus SARS-CoV2 (Cvid19). Tercero. Inexistencia del actos reclamado consistente en la incomunicación del quejoso. No es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación del amparista, toda vez que así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, sin que el peticionario de amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Lo que se corrobora del contenido de la diligencia de veintinueve de agosto de la anualidad que transcurre, en la cual, la Actuaria de este juzgado hizo constar, que al comparecer al Centro de Readaptación "David Franco Rodríguez" y entrevistarse con el peticionario de amparo, éste le informó que: "no ha sufrido de azotes, tormentos y torturas, así como de los que pongan en peligro su integridad física, además refiere que no ha estado incomunicado". Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarto. Certeza del acto reclamado consistente en el traslado del quejoso. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, consistente en el traslado del quejoso a la Fiscalía General del Estado, a la Cámara de Gesell -con el objeto de llevar a cabo un acto de investigación de reconocimiento de persona- por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió, en el que obran algunas constancias por escrito, entre ellas la orden de traslado y el informe de su ejecución. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otra parte, el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez, negó los actos que se le atribuyen, sin embargo se desvirtúa dicha negativa, toda vez que, como se observó, de las constancias enviadas por el Juez responsable, se advierte que a petición de la agente del Ministerio Público María Arcelia Rangel Tirado, el juez responsable autorizó el traslado del quejoso a la cámara de Gesell situada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Luego, se tienen por cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables. Quinto. Estudio causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a las autoridades responsables, se impone examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgado de Distrito advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado consistente en el traslado del quejoso a la Fiscalía General del Estado, a la Cámara de Gesell -con el objeto de llevar a cabo un acto de investigación de reconocimiento de persona- han sido consumados de modo irreparable. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia consideran que los actos consumados son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, actos consumados de modo reparable, son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de amparo; y los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impresa en la página 738, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." De igual forma resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 76 del Volumen 103-108, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IRREPARABILIDAD DE CONSUMACIÓN DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO. NO BASTA GRAVE DIFICULTAD DE REPARACIÓN. La causal de improcedencia del juicio de amparo que se funda en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo no se justifica con el argumento de que los actos reclamados se encuentran consumados porque resultan de difícil reparación, en virtud de que la disposición legal que se cita señala como causa de improcedencia del juicio de garantías que se entable en contra de "actos consumados de modo irreparable" y no contra actos difíciles de reparar." Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez responsable, así como del contenido de las constancias que obran el disco magnético que envió como complemento al mismo se advierte: Que mediante oficio 868/2020 de quince de septiembre de la anualidad que transcurre, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, le informó que el uno de septiembre de dos mil veinte, el quejoso Román Omar Balderas Aguilar fue trasladado a la Unidad de Control e Internamiento en donde se encuentra la Cámara de Gesell de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para llevar a cabo el reconocimiento de personas. Diligencia que inició a las doce horas con dieciocho minutos y concluyó a las trece horas de ese mismo día; que al terminar fue trasladado al centro de reinserción social "David Franco Rodríguez" para su internamiento, lo que se llevó a cabo sin ningún contratiempo y cumpliéndose debidamente con las medidas sanitarias requeridas. En ese sentido, debe estimarse que dicho traslado ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de su ejecución, por lo que de ser procedente otorgar el amparo solicitado contra ese acto sería imposible regresar el tiempo para dejar sin efectos su materialización; esto es, la finalidad perseguida con dicho acto, ha sido obtenida con todas sus consecuencias jurídicas. Lo anterior tiene mayor razón de ser, si se toma en consideración que el quejoso no se duele del citado traslado ejecutado en su persona, por la finalidad perseguida; esto es, el desahogo de la diligencia de reconocimiento de personas, a través de la Cámara de Gésell; sino que lo impugna, en atención a la falta de medidas sanitarias de un posible contagio del virus SARS-CoV2 (Cvid19). En merced de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, se decreta el sobreseimiento respecto de este juicio de amparo. Sexto. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Teresa Aguilar Gaona, a favor del quejoso directo Román Omar Balderas Aguilar, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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