Román Martínez Gonzalez

Expediente 860/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 54 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
860/2020
Año
2020
Actuaciones
54
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Román Martínez Gonzalez
  • Delegado del Registro Agrario Nacional con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 27 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 860/2020; promovido por ********************, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ******************** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; pidió el informe justificado a las autoridades responsables; y posteriormente se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Tercero. Sentencia y reposición del procedimiento. El cuatro de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, emitiéndose sentencia en esa misma data, en la que se sobreseyó el juicio de amparo al determinar que el acto reclamado era inexistente. Inconforme con la anterior determinación, el Asesor jurídico del quejoso interpuso recurso de apelación, el cual le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en donde en sesión celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: "1. Deje sin efectos la sentencia recurrida. 2. Ordene reponer el procedimiento a fin de que: a) Dé vista al quejoso con el escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. b) recabe de oficio las pruebas consistentes en: -El contrato de cesión de derechos de la ********************, que se llevó a cabo el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, ante la fe de la Notaría Público Número 97, con residencia en Morelia, acto en el cual ********************, cedió a título gratuito a ******************** la mencionada parcela. -Las que estime necesarias para resolución del asunto, atento a lo dispuesto en el artículo 75 y 79, fracción IV de la ley de Amparo." [foja 315-346 En cumplimiento a lo anterior, en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista al quejoso con el escrito presentado el tres de marzo de la citada anualidad y se recabó el contrato de cesión de derechos, de la parcela ********************, que se llevó a cabo el veintiséis de julio de dos mil dieciséis [foja 379-381]. Asimismo, en proveído de nueve de enero de la anualidad que transcurre [foja 394] ordenó dar vista al asesor jurídico federal, en cuanto representante especial del quejoso, respecto del oficio presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, y con el contrato de donación descrito en el párrafo que antecede. Finalmente, se reconoció el carácter de tercero interesado a ******************** a quien se ordenó emplazar al presente juicio; se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede dictar sentencia al tenor de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud a que el acto reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa al Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional, al Subdelegado en Michoacán de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional y al Registrador Integral Adscrito a la Subdelegación en Michoacán de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, consisten en: La privación de sus derechos agrarios, ejidales y parcelarios que ostenta en el ejido ********************, y su inscripción o registro ulterior a nombre de ********************, ello sin que se le respetara su derecho de audiencia. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, pues no obstante que negó que una parte de los derechos agrarios del quejoso fueron dados de baja; también lo es que precisó que esa baja correspondía a una enajenación entre particulares; esto es, tácitamente aceptó que se privó de una parte de los derechos agrarios del quejoso, pero sostuvo, a su criterio, la constitucionalidad y legalidad de dicho acto al manifestar que ello se debió a una enajenación. De ahí que se tiene como ciertos los actos que se le atribuyen, pues no obstante que negó el acto reclamado, expuso razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Por otro lado, el Subdelegado en Michoacán de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional y el Registrador Integral Adscrito a la Subdelegación en Michoacán de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, fueron omisos en rendir su informe justificado, por lo que de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen como ciertos los actos que se les atribuyen. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio constitucional no es procedente cuando a pesar de que se llegare a declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, no sería material o legalmente posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho conculcado. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 90/97, con registro digital 197245, novena época, materia común, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En relación con la causa de improcedencia descrita, la Segunda Sala del Alto Tribunal precisa que la misma se actualiza cuando antes de analizar el fondo de un asunto, es posible anticipar que el efecto de una eventual concesión de la protección constitucional y la restitución en el goce del derecho violado al quejoso no resultaría alcanzable, porque a pesar de la declaración de inconstitucionalidad, no tendría ejecutividad la sentencia si sus efectos son ajenos a la naturaleza y finalidad que persigue el juicio de amparo. En otros términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 2ª./J. 35/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2000583, décima época, materia común, que prevé: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la privación de los derechos agrarios, ejidales y parcelarios del quejoso, que ostenta en el ejido ******************** y su inscripción o registro ulterior a nombre de ********************, sin que se le hubiese sido otorgado el derecho de audiencia. Asimismo, las constancias que obran en autos ponen de relieve en lo conducente que: El catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis [foja 157-172] se llevó a cabo la Asamblea General de Ejidatarios con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras del ********************, en la cual se asignaron las parcelas que correspondía a cada uno de los ejidatarios, otorgando a ********************, las siguientes: ********************; y, ********************. De la constancia de vigencia de derechos agrarios a nombre del quejoso que obra a foja 228, se observa que se expidió en favor del quejoso ********************, el certificado de derechos agrarios ********************, que amparaba la titularidad de las parcelas ********************; con número de certificado parcelario ********************; el cual, según se especificó en esa constancia, estaba vigente. ********************; con número de certificado parcelario ********************; y que según se especificó en la constancia se encontraba dado de baja por enajenación de derechos. De igual forma, que mediante oficio ********************, suscrito por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que el certificado parcelario número ********************, que amparaba la parcela número ********************, expedida en favor de ******************** del ********************, fue cancelado en virtud de la enajenación de derechos de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, expidiéndose el certificado parcelario 1047781 en favor de ******************** [foja 273]. Asimismo, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado, mediante escrito presentado el dos de diciembre de la anualidad anterior, el Notario Público 97, con residencia en Morelia, remitió copia certificada del apéndice referente al contrato de cesión de derechos, de la parcela ********************, del ********************, Michoacán que se llevó a cabo el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, que motivó la cancelación de los derechos del quejoso [foja 379-381]. De dicha cesión se advierte, que ********************, quien por no poder saber leer y escribir estampó su huella y firmó a su ruego ********************, cedió en forma gratuita, pura y simple, la parcela de mérito a ********************. Que ante la solicitud de trámite número ******************** sobre inscripción de enajenación de derechos parcelarios, la Registrador Integral del Registro Agrario Nacional emitió el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, calificación registral "positiva" [foja 274 vuelta] por lo que en esa misma data, se procedió a su inscripción en el "Folio de Ejidos y Comunidades" [foja 274]. De lo anterior se observa, que la cancelación del certificado de derechos parcelarios ********************, correspondiente a la parcela ********************, del ********************, Michoacán, se debió a la inscripción del contrato de cesión de derechos que llevó a cabo el quejoso ******************** en favor de ********************, el veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Esto es, debe decirse que el acto reclamado en esta instancia constitucional no fue emitido por una determinación propia de las autoridades responsables que ordenaran la privación de los derechos del quejoso; sino que, su culminación derivó de un contrato verificado entre las partes, el cual al reunir los requisitos previstos en los preceptos 51, 52 y 53 del Reglamento Interior del Registro Agrario, obtuvo calificación registral "positiva", por lo que se ordenó su inscripción. Ahora, los artículos 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el 3,030 y el 3031 del Código Civil Federal, disponen en su orden lo siguiente: Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional "Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria." Código Civil Federal "ARTICULO 3,030.- Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte, sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la Ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad." "ARTICULO 3,031.- Para que el asiento pueda cancelarse por consentimiento de las partes, éste deberá constar en escritura pública." De lo anterior deriva, que la extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria. Asimismo, que las inscripciones pueden cancelarse: Por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas. Por orden judicial A petición de parte cuando el derecho inscrito quede extinguido por disposición de la Ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad. Finalmente, que el asiento pueda cancelarse por consentimiento de las partes, éste deberá constar en escritura pública. En consecuencia, si en la especie las responsables llevaron a cabo la inscripción del título de cesión de derechos de veintiséis de julio de dos mil dieciséis efectuada por el quejoso en favor de ********************, al estimar que se reunían los requisitos que para tal efecto dispone el Reglamento Interior del Registro Agrario; es indudable que para su cancelación, es necesario que las partes discutan ante la autoridad jurisdiccional competente, la validez o no de la cesión de derechos efectuada por el impetrante del amparo, en donde podrá escucharse a los interesados. Esto es, para impedir que surtan efectos los actos jurídicos que deriva de aquélla, es menester que previamente se declare judicialmente. Se dice de este modo, en razón que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido múltiples criterios judiciales en los cuales ha determinado que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver o dilucidar conflictos sobre propiedad, dado que esa cuestión es competencia de los tribunales del fuero común, instancia en la cual se hará la calificación correspondiente de los títulos que presenten las partes, siendo legalmente incorrecto que en el juicio de amparo se realice un pronunciamiento sobre tal cuestión. Por ello, se insiste en que la legalidad de la cesión de derechos que efectuó el quejoso y que dice desconoce, no es objetivo del juicio constitucional, sino de los tribunales de instancia, a saber, de los tribunales agrarios por el tipo de título. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis emitida por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 281743, quinta época, materia común, que prevé: "PROPIEDAD. No es en el juicio de amparo en donde deben discutirse los derechos de propiedad, ni decidirse sobre ellos." Así como la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 238666, Séptima época, materia administrativa, que aduce: "AGRARIO. PROPIEDAD. CONTROVERSIAS SOBRE ESE DERECHO NO SE DECIDEN EN EL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio; por lo tanto, si el Juez del amparo omitió el estudio de si fueron acreditados ante las autoridades agrarias los antecedentes de ese derecho sobre el predio a que se refiere el amparo, ello no implica violaciones en perjuicio de los quejosos. Finalmente la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Otrora Suprema Corte de Justicia de la nación, registro digital: 802307, Sexta época, materia común que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. EN EL JUICIO DE GARANTIAS NO SE VENTILAN LAS CONTROVERSIAS SOBRE PROPIEDAD. En el juicio de garantías no puede determinarse a quién de las partes contendientes que alegan tener el derecho de propiedad sobre un inmueble, le corresponde, por lo que es incorrecta la sentencia que entra al estudio y calificación de los títulos de propiedad aportados por las partes y decide sobre la legitimidad de uno de ellos. Así como por analogía, la tesis XXXI.1 A (10ª), registro digital: 2000591, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, décima época, que señala: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías. Por tanto, tomando en cuenta que a pesar de que se llegare a declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, no sería material o legalmente posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho conculcado, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 860/2020. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documentales allegadas por el quejoso y con las exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que obran los alegatos vertidos el representante especial del quejoso; asimismo, que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.

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