Rolando Silva Andrade

Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • J. Asarias Silva Pérez
  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal FEderal en el Estado de Michoacán
  • Rolando Silva Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que el dieciocho de julio de dos mil veintidós se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto concluido; por tanto, ante la inexistencia de razón jurídica para conservar el anexo de pruebas que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, devuélvase el mismo sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un disco compacto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 898/2021, promovido por Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio Silva González y José Luis Silva Andrade; por conducto de sus los defensores públicos federales adscritos a la Delegación Michoacán del Instituto Federal de la Defensoría Pública Hugo Zacarías Sánchez, Efraín Sandoval Rosales y Salvador Herrera Arellano; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea el seis de octubre de dos mil veintiuno, Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio Silva González y José Luis Silva Andrade; por conducto de sus los defensores públicos federales adscritos a la Delegación Michoacán del Instituto Federal de la Defensoría Pública Hugo Zacarías Sánchez, Efraín Sandoval Rosales y Salvador Herrera Arellano; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1° y 20 apartado B, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 8.2. inciso c) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Returno por parte del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 948/2021; en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, ordenó remitir a este juzgado el citado juicio de amparo, toda vez que tanto este como el diverso 407/2020 del índice de este juzgado, tenían su origen en la causa penal 81/2020. Tercero. Avocamiento. En auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio Silva González y José Luis Silva Andrade; la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 898/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Cuarto. Reconocimiento de carácter tercero. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Primera Investigadora en Zitácuaro, Michoacán y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, el acto reclamado por el quejoso al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, es: Las determinaciones contenidas en la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, derivada de la causal penal 81/2020; consistentes en no conceder prórroga al plazo de cierre de investigación; y, en desechar de plano en recurso de revocación interpuesto en contra de dicha negativa. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistentes el registro de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 81/2020. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, este órgano de control constitucional estima que respecto de la determinación consistente en no conceder prórroga al plazo de cierre de investigación se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de los numerales invocados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Sin embargo, para determinar si en el caso el acto reclamado involucra derechos sustantivos o sólo procesales, el suscrito considera apta para dilucidar esa cuestión, la técnica implementada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 167/2020, en la cual, al pronunciarse sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, señaló que para identificar cuando es procedente o improcedente el juicio de amparo, es necesario realizar un análisis hermenéutico, para dilucidar si se actualiza afectación a derechos sustantivos. Al respecto indicó, que por regla general, el amparo indirecto interpuesto contra el auto de apertura a juicio que admite medio de prueba en el juicio oral penal, es improcedente, porque constituye un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva y además, porque cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. No obstante ello, también puntualizó, que existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", toda vez que puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. Por ello, concluyó, cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional; tales consideraciones, quedaron asentada en la tesis jurisprudencial 1a./J. 6/2021 (11a.), visible en la página 1743, del Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2023589, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Bajo las anteriores consideraciones, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo en que se actúa, se impone al suscrito realizar una análisis hermenéutico, para dilucidar si el acto reclamado impacta derechos sustantivos, para la realización de tal análisis interpretativo, debe en principio, acudir a los conceptos de violación expuestos en el escrito inicial de demanda, a fin de establecer si el tema involucrado en cada uno de ellos, implica meras cuestiones procesales o adjetivas o bien, si comprende afectación a derechos sustantivos. Pues bien, en el asunto sujeto a regularidad constitucional que se estudia, se tiene que, la parte quejosa argumenta en esencia, que el juzgador al negarle la prórroga solicitada, vulnera el derecho de defensa de los imputados al coartar su derecho de contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Añade que la demora en la realización de la pericial pendiente no ha sido por causas imputables a los quejosos o a la defensa, sino a la serie de requisitos previos que se deben agotar para que la institución de la defensoría pública pueda acceder a los peritos autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal, acatando la normatividad establecida para ello. Asimismo, manifiesta que, declarar el cierto de la investigación complementaria sin que la experta propuesta para realizar el examen en ingeniería forestal haya expresado su conformidad con la realización del mismo, ni con los aranceles establecidos, como lo señala el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos antes los órganos del Poder Judicial de la Federación, de manera inexcusable violenta el derecho de los imputados a ofrecer medios de prueba que se estimen pertinentes para demostrar su inocencia y se les está coartando del tiempo necesario para tal efecto, como lo prevé la fracción IV del apartado b del artículo 20 constitucional en estrecha relación con la diversa fracción VII, del mismo numeral. Bajo las anteriores consideraciones, atendiendo al análisis hermenéutico de los conceptos de violación expresados por los promoventes del amparo, en el caso, quien resuelve, considera que el tema inmerso en ellos, involucra una violación que reside en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. En efecto, atendiendo a los requisitos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que debían reunirse para que se surta un supuesto excepcional que haga procedente el juicio de amparo indirecto, a la luz de "acto de imposible reparación", debe decirse que: La negativa a otorgar prórroga para realizar actos de investigación, no implica por sí una afectación que "pueda" involucrar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionadas con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal; y, No se trata de una afectación material, dado que no es real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Esto, porque los datos de prueba que pudiese aportar en la etapa de investigación de la cual solicita su prórroga, no compone un producto final en el proceso con trascendencia en la esfera jurídica de los imputados, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva, la valoración en el juicio oral, y por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Es decir, la imposibilidad de los impetrantes para realizar actos de investigación no tiene una ejecución inmediata y directa sobre sus derechos sustantivos, toda vez que la ilegalidad de tal determinación puede enmendarse con posterioridad, si obtienen una sentencia favorable. En la inteligencia de que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto posteriormente, en la siguiente etapa. En esa línea argumentativa, el hecho de que el debate sobre la admisión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio oral, no implica que este sea un "acto de imposible reparación", pues como ha quedado constatado, esa calificativa depende de que pueda afectar materialmente derechos sustantivos. De lo que se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la negativa de prorrogar el plazo de cierre de investigación, constituya un acto de imposible reparación en contra de los quejosos, dado que no afecta derechos sustantivos, como lo serían la vida, la libertad etc., ni su afectación es material, dado que no es real y actual. Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos de los quejosos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo respecto de la determinación en estudio. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio Silva González y José Luis Silva Andrade, por lo que respecta a los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 898/2021. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.MAESTRO EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL ARMANDO DÍAZ LÓPEZ JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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