Rosa Aguilar Valencia

Expediente 457/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
457/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Rosa Aguilar Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de tres de julio de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depurarse de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad la documental anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************de su índice, sin que resulte necesario acusen recibo de estas. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del tres de julio de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 457/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con la prueba documental que la parte quejosa anexó a su libelo constitucional y con las constancias que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad agregó a su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 2-3), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Rosa Aguilar Valencia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 9-13), este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; determinó que le asistía el carácter de tercera interesada a Elvira Espinoza Espinoza por lo que se ordenó su emplazamiento, mismo que se efectuó el cuatro de junio pasado (foja 20) y, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa es: Sentencia interlocutoria de treinta de abril de dos mil dieciocho que resolvió el incidente de liquidación en ejecución de sentencia promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 920/2016, promovido por Elvira Espinoza Espinoza frente a la aquí quejosa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, (foja 21). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil de origen (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, de oficio este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no hace valer conceptos de violación contra el acto reclamado. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son los siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3a./J. 28/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, Diciembre de 1993, Materia Común, página 38, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Bajo el anterior panorama, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia aludida, en razón de que la quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a combatir el acto aquí combatido, pues en el apartado correspondiente únicamente se limitó a establecer lo siguiente: Como se ve, en el único concepto de violación formulado por la quejosa en su escrito de demanda, se limitó a aducir que no se le tuvo que condenar a cantidad alguna tal como lo realizó el juez responsable en los puntos resolutivos del incidente de planilla de liquidación; sin embargo, nada alega a las consideraciones que el juez responsable emitió para determinar procedente el incidente de liquidación en ejecución de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 920/2016. En este punto debe precisarse que aun cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cierto es que tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que corresponde a ellos (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; lo que se corrobora incluso, porque en diversos criterios jurisprudenciales y de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha establecido que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En el caso, la quejosa no realiza un solo argumento que aun atendiendo a la causa de pedir, este juzgador esté en condiciones de estudiar, dado que no señala cuál es la lesión o agravio que estima le causa el acto y los motivos que originaron ese agravio, pues sólo se limita a indicar que no conoce a la actora y que ella no firmó nada, razón por la que no debe ser condenada a pagar; conforme a ello, evidente resulta que no otorga al suscrito los elementos mínimos para que procede a verificar el estudio de las afirmaciones que realiza en vía de concepto de violación. Se cita como soporte jurídico al anterior argumento, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, Novena Época, registro 185425, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por tanto, atendiendo a que en el caso se trata de un asunto de estricto derecho, en el que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que este juzgador supla la deficiencia de la queja, se encuentra impedido para verificar el estudio oficioso del mismo. Lo anterior, porque el acto reclamado no está fundado en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; aunado a ello, en el caso no están involucrados derechos de menores o incapaces y el auto reclamado no afecta el orden y desarrollo de la familia. Tampoco se advierte que ha habido en contra de la quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley y menos aún, se advierten circunstancias que permitan concluir al suscrito que la peticionaria del amparo se encuentra en condición de pobreza o marginación que la haya dejado en clara desventaja social para su defensa en el juicio de origen. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Pag. 663, Décima Época, registro 2009936: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Rosa Aguilar Valencia. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Aguilar Valencia, por el acto, autoridad y motivos expuestos en las consideraciones tercera y cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente del estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días, previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa exhibiera la garantía que le fue fijada en interlocutoria de cuatro de junio de dos mil dieciocho, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el citado precepto legal la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en la referida interlocutoria, deja de surtir efectos hasta en tanto cumpla con tal requisito. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que la parte quejosa no cumplió con el requisito referido al momento de concederle la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que está en condiciones de llevar a cabo la ejecución del mismo hasta que se le informe lo contrario. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Ahora, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo la documental que agregó la autoridad responsable a su informe de cuenta, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice. Con dicha documental, fórmese un cuaderno de pruebas quedando bajo el resguardo de este juzgado. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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