Roman Eduardo Solis Rojas

Expediente 162/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
162/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Roman Eduardo Solis Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio 1067 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 346/2019 (orden 436/2019), mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso Román Eduardo Solís Rojas, el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el controvertido constitucional en que se actúa; pues aduce que el citado peticionario de amparo fue puesto en libertad el quince de los referidos mes y año. Dese de baja el despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de abril pasado, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, por medio de lista. AUTO DE 24 DE ABRIL DE 2019 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 67 a 104), misma que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obran en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se negó la protección constitucional, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar tanto la copia auténtica de la causa penal 837/2018, de la estadística de la autoridad responsable 1. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con la que se formó el anexo I; así como los discos versátiles digitales (dvd´s) que remitió relativos al referido proceso, devuélvansele los mismos, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja treinta y siete; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso ROMÁN EDUARDO SOLÍS ROJAS, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente determinación, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a ROMÁN EDUARDO SOLÍS ROJAS y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 162/2019-B; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se solicita atentamente al Juez que ordene al Diligenciario que corresponda realice la diligencia en los términos solicitados, a efecto de no retrasar el trámite del juicio de amparo en contravención de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Román Eduardo Solís Rojas, respecto del acto que reclamó del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; en los términos expuestos en el considerando tercero, apartado I, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Román Eduardo Solís Rojas, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistente en la resolución pronunciada en audiencia celebrada el seis de febrero de dos mil diecinueve, en la causa penal 837/2018, en la parte conducente donde se decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en los artículos 81, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando noveno de esta resolución. CUARTO. Notifíquese la presente determinación vía despacho a Román Eduardo Solís Rojas, en los términos indicados en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa al oficio que se provee, así como los dos discos versátiles digitales que acompaña a su informe de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto a los discos versátiles digitales (dvd´s) que remitió el juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdense en un sobre cerrado los discos que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Dado el cuantioso número de fojas que integran la causa penal 837/2018, de su estadística, que remite dicha autoridad responsable, fórmese el cuaderno de prueba I, para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Por otra parte, de un análisis integral de las constancias que remitió el Juez responsable como justificación a su informe, se aprecia que en comparecencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, María de Lourdes Trejo Carmona y Felipe Romero Reyes, aceptaron y protestaron el cargo de defensores particulares, que les fue conferido por el peticionario de amparo Román Eduardo Solís Rojas, por lo que, se les reconoce la personalidad con la que comparecen al presente juicio, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, téngase a 1. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, informando que el fiscal que interviene en la causa penal de origen es Javier Martín Oliva Zaballa. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso e) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad tercera interesada a Javier Martín Oliva Zaballa, agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Novena Investigadora Puebla, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, pues es a dicha autoridad a quien le reviste tal carácter, en virtud que no fue señalada como responsable en el procedimiento del que emana el acto reclamado. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a dicho agente del Ministerio Público, al presente sumario constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Ahora bien, toda vez que en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 a 15), se reservó proveer respecto de la parte tercera interesada hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora; y en virtud que ello aconteció se acuerda: No ha lugar a tener como tercera interesada a persona alguna, en virtud que el delito que se le atribuye al accionante de amparo Román Eduardo Solís Rojas, es el de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, del estado procesal de autos se tiene que el cuatro de marzo del actual (foja 35), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; sin embargo, dicho auto se ordenó notificar por lista a las partes. En consecuencia, y atento que el aquí quejoso Román Eduardo Solís Rojas, se encuentra privado de su libertad, se ordena notificarle de manera personal en el lugar de su reclusión el referido acuerdo de cuatro de marzo del año en curso. Ahora, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se colige que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 10 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso Román Eduardo Solís Rojas, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente determinación, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Román Eduardo Solís Rojas y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 162/2019-B; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo y el diverso de cuatro de marzo de dos mil diecinueve; asimismo, le corra traslado con copia autorizada de los informes justificados; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se solicita atentamente al Juez que ordene al Diligenciario que corresponda realice la diligencia en los términos solicitados, a efecto de no retrasar el trámite del juicio de amparo en contravención de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba la documental que acompaña la autoridad responsable a su oficio de cuenta; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno.

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