Rolando Javier Rivera Rodriguez
Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rolando Javier Rivera Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que el presente controvertido constitucional se encuentra debidamente integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, a fin de substanciar el recurso de revisión interpuesto por el quejoso********************, en contra de la sentencia dictada en autos del presente juicio de amparo.********************En consecuencia, como se ordenó en proveído de seis de marzo del año que transcurre, remítase al tribunal de alzada, este expediente, el escrito de expresión de agravios con número de registro 3321, así como copia del mismo y un anexo, para los efectos legales correspondientes.********************INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO.********************Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto.********************Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno y por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda de amparo con la que se dará cuenta, fue recibida el trece de marzo de dos mil veintitrés, de manera electrónica, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 258/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso, hecha la excepción de los escritos de demanda, dada la trascendencia del documento. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. INCOMPETENCIA En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Alberto Sosa Flores, se ostenta como apoderado legal de Rolando Javier Rivera Rodríguez, y reclama de las autoridades responsables Secretaría de Movilidad y Transportes en el Estado de Puebla y otras, los siguientes actos:"[.] IV.-ACTO U OMISIÓN QUE RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- A) De la ordenadora responsable titular de la secretaria de movilidad y transporte reclamo la omisión y falta de observancia y el cumplimiento de la Ley de transporte del Estado de Puebla, de la falta de observación al Reglamento de la Ley de transporte del Estado de Puebla y del Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado por el que determina las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla. B) De la AUTORIDAD ORDENADORA el C. Miguel Ángel Chavez Valdez en su carácter Director de inspección y vigilancia de la Secretaria de Movilidad y Transportes en el estado de Puebla le reclamo la omisión y la determinación por el dictada por el mediante acuerdo SMT/STVC/******************** de fecha 31 de enero del año 2023 notificada al suscrito mediante correo electrónico el día 20 de Febrero del año 2023, consistente en la declinación de la competencia y conocimiento del asunto. C) De la autoridad señalada como responsable concesionario, propietario y/o apoderado legal de GRUAS CONFIANZA S.A DE C.V., reclamo el cobro ilegal y discriminatorio que pretende hacer a mi representado por los conceptos de depósito del vehículo Marca VOLKSWAGEN, LÍNEA VENTO, AÑO 2019, COLOR PLATA REFLEXMETÁLICO, CON NÚMERO DE SERIE MEX512600KT048290, CON NÚMERO DE MOTOR CLS695409, PLACAS DE CIRCULACIÓN GPF848C DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos) que pretendía cobrar al día 25 de noviembre del año 2022, fecha en que acudió el suscrito a realizar el trámite de acreditación de propiedad del vehículo ante dicha concesionaria, acto el cual fue objeto de una queja formal en la Secretaria de Movilidad y Transporte del Puebla y declinada por Miguel Ángel Chávez Valdez en su carácter Director de inspección y vigilancia de la Secretaria de Movilidad y Transportes en el estado de Puebla, mediante acuerdo SMT/STVC/********************, en la que se declara incompetente para conocer de la quejan propuesta ante la Secretaria de Movilidad y Transporte en el estado de Puebla, determinación contra la cual no procede recurso alguno de inconformidad de acuerdo a la ley de transporte en el estado de puebla y la cual fue notificada al suscrito mediante fecha 20 de Febrero del año 2023.[.]" De ahí que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades responsables y de los actos reclamados, se arriba a la conclusión que se trata de actos administrativos, y por ende, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda que se provee en esta data. Ello porque, se reitera, atendiendo a la materia de donde derivan tanto la omisión de cumplir con la Ley de Transporte del Estado de Puebla, la falta de observación al Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla y del Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, por el que se determina las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Deposito para Vehículos para el Estado de Puebla, como el oficio mediante el cual se declina competencia (respecto a un recurso de queja administrativa) y el cobro por concepto de depósito del vehículo automotor que defiende la parte quejosa, son de naturaleza administrativa. Lo anterior es así, pues de la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables que tuvieron intervención en la emisión o ejecución del acto reclamado, fue debido -en principio- a la negativa de devolver el vehículo automotor que defiende la parte quejosa, por parte de una empresa de depósito de vehículos y servicio de grúas, debido al cobro que la parte quejosa considera como excesivo ya que -a su juicio- no se respetó el tabulador que para tal efecto expidió el Gobierno del Estado de Puebla, -luego- la determinación mediante la cual, después de promover una queja ante la Secretaría de Movilidad, ésta se declaró incompetente para substanciarla. Y si bien es verdad que de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que aquéllos tienen relación con la carpeta de investigación ********************; también lo es que ello se debió a un hecho de tránsito del que tomó conocimiento la autoridad ministerial, pero no se aprecia antecedente alguno que arroje que ese vehículo se encuentra involucrado con algún hecho con apariencia de delito que sea materia de investigación en el expediente de referencia. Máxime que de los propios antecedentes del acto reclamado, narrados por la parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", se aprecia que inclusive ya se ordenó su devolución y no se señala como autoridad responsable a algún Agente del Ministerio Público. Así lo expresó la parte quejosa, en el numeral 2, del capítulo respectivo: 2.-Mediante fecha ********************, la agente del ministerio público mediante oficio ******************** ordenó al encargado del batallón de seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional son residencia en esta ciudad de Puebla se sirviera realizar la devolución del vehículo Marca VOLKSWAGEN, LÍNEA VENTO, AÑO 2019, COLOR PLATA REFLEX METÁLICO, CON NÚMERO DE SERIE MEX512600KT048290, CON NÚMERO DE MOTOR CLS695409, PLACAS DE CIRCULACIÓN GPF848C DEL ESTADO DE GUANAJUATO a mi representado. (ANEXO 2) [Lo subrayado y resaltado no es de origen] Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de materia, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Se invoca en apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y, 56 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece:"ARTICULO 56. Las y los jueces federales penales conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De ahí que, el peticionario de amparo al reclamar de la autoridad responsable Secretaría de Movilidad y Transportes en el Estado de Puebla y otras, la devolución de un vehículo automotor, el oficio mediante el cual se declara incompetente para conocer de un medio de impugnación y la nula aplicación del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla y del Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, por el que se determina las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Deposito para Vehículos para el Estado de Puebla; todos éstos, derivan de actos meramente administrativos y no de algún procedimiento en materia penal. Sumado, como se indicó en líneas que antecedeb, al hecho de que no se señaló a algún Agente del Ministerio Público como autoridad responsable. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por razón de la materia para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia legal, por razón de la materia, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Fórmese cuaderno de antecedentes. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia legal de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZADOS Y, se tiene por autorizada con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por haber acreditado contar con cedula profesional de licenciada en Derecho. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario"********************", a nombre del promovente, se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la persona oficial judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con los que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues si fue recibido electrónicamente, impulsa el procedimiento y genera una notificación u oficio. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, por cualquier medio de comunicación interna a la persona oficial judicial "A"; por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva.
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