Rolando Portilla Hernandez
Expediente 1136/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rolando Portilla Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de febrero al seis de marzo de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 63 a 85), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: "Noveno. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Rolando Portilla Hernández; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que, una vez que quede firme la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el diecisiete de octubre de dos mil seis, únicamente respecto del aquí quejoso, dentro de la causa penal 237/2006; por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de daño en propiedad ajena intencional, previsto y sancionado por el artículo 412, fracción VI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos); y chantaje, previsto y sancionado por el artículo 415, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (vigente en la época de los hechos); ambos en agravio de Raúl Aguilar Tavera. b) Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo, decrete que ha operado la prescripción de la acción penal a favor del aquí quejoso en la causa penal 237/2006. c) Ordene al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla que se abstengan de cumplir la orden de aprehensión señalada." Resolución que en auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 110 y 111). Ahora bien, mediante oficio 87 de once de enero de dos mil dieciocho (fojas 118 a 120), se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del proveído de esa misma fecha dictado en el en el proceso penal 237/2006 de su índice, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada dictada el diecisiete de octubre de dos mil seis, así mismo decretó la prescripción de la acción penal a favor del aquí quejoso; sin embargo, fue omisa en remitir los acuses de recibo de los oficios que haya girado al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por el cual les haya notificado dicha determinación; lo cual también fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por lo que en auto de quince de enero del año en curso se le requirió dichas constancias (foja 121). Por similar 167 de diecisiete de enero de dos mil dieciocho (fojas 131 a 134), se tuvo al juez responsable remitiendo copia certificada del acuse de recibo del oficio que giró al Fiscal General del Estado de Puebla, mediante el cual le comunicó la resolución de once de enero de dos mil dieciocho en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, y declaró prescrita la acción penal persecutoria contra el quejoso; sin embargo, fue omisa en remitir el diverso acuse de recibo del oficio que haya girado al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; lo cual también fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por lo que en auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho se le requirió dicha constancia (foja 135). Por oficio sin número de veintitrés de enero de dos mil dieciocho (fojas 150 a 154), se tuvo al juez de la causa remitiendo copia certificada del acuse de recibo del oficio que giró al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, comunicándole la resolución de once de enero de dos mil dieciocho en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, y declaró prescrita la acción penal persecutoria contra el quejoso. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de diecinueve de enero pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el oficio y anexo agregados en auto de diecinueve de enero pasado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, por medio del cual da cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que si bien remite el acuse de recibo del oficio que giró al Fiscal General del Estado de Puebla, mediante el cual le comunicó la resolución de once de enero de dos mil dieciocho en la que declaró prescrita la acción penal persecutoria contra el quejoso; fue omisa en remitir el diverso acuse de recibo del oficio que haya girado al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; lo cual también fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita la constancia antes mencionada. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de cinco de enero de dos mil dieciocho. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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