Rolando Perez Perez

Expediente 1009/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1009/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
24/05/2017

Partes del expediente

  • Rolando Perez Perez
  • Agente del Ministerio Público de la Mesa de la Unidad de Procedimiento de Extinción de Dominio Adscrito A la Dirección General Jurídica Consultiva Y Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 101 a 112), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "Determine si procede o no continuar integrando la averiguación previa 20/2014/AEED, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente; en caso de que decida continuar con la investigación deberá indicar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación. Sin que se considere necesario imponer un plazo para ello, pues deberá ser en el término que al efecto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria; asimismo, no procede fijarle un plazo para que integre la averiguación y se pronuncie sobre el ejercicio de la acción de extinción de dominio, pues el caso particular el ministerio público deberá determinar qué elementos son necesarios para determinar si está en aptitud de ejercer, o no acción de extinción de dominio, atendiendo a las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad de emprender un estudio de su posible instauración, en razón a que le corresponde a la autoridad responsable, al no poder ser sustituida." Inconforme con dicha determinación la Agente del Ministerio Público responsable, interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-341/2016, determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 218 a 236). Por lo anterior, en auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, se solicitó a la fiscal responsable el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo (fojas 237 239). Ahora bien, mediante oficio 760/DGCJYAL/2017 de catorce de marzo de dos mil diecisiete (fojas 264 a 270), se tuvo a la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la averiguación previa 20/2014/AEED derivada de la diversa 348/2014/RVPUE, de la que se advierte que en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Determinó improcedente el ejercicio de la acción de extinción de dominio del inmueble ubicado en avenida Ferrocarril a una distancia de treinta metros al norte de Xicotencatl, colonia San Cristobal Tulcingo, Cuautlancingo, Puebla, al no adecuarse los hechos ilícitos que se están investigando a los supuestos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla. Resolución que cuenta con el visto bueno de la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos y por el Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, ambas de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Asimismo, mediante diverso oficio 780/DGJCYAL/2017 (fojas 273 y 274) la fiscal responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso de la determinación de catorce de marzo de dos mil diecisiete. Por oficio 1034/DGJCYAL/2017 (fojas 295 y 296) la representación social responsable informó a esta autoridad que el anterior titular de dicha unidad gestionó la anotación marginal del inmueble afecto, por lo que en cumplimiento a ello el Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, lo inscribió bajo el número 715095, de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, folio electrónico 157828. Que en resolución de catorce de marzo de dos mil diecisiete, únicamente determinó improcedente el ejercicio de la acción de extinción de dominio del inmueble afecto sin ordenar el levantamiento de la cancelación de la anotación marginal y el retiro de la custodia policial, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la devolución del inmueble afecto para un análisis posterior, lo cual en términos del artículo 55 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, cuenta con un término no mayor a seis meses para devolver el inmueble. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de seis de abril del año en curso, en el sentido de que refiere que no está cumplida la ejecutoria de amparo, ya que la Agente del Ministerio Público no levanta el aseguramiento del inmueble afecto, tampoco gira oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio para cancelar la anotación marginal del registro del aseguramiento, y por ende no puede usar, gozar y disponer del mismo. Por otro lado refiere que el artículo 55 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, no tiene aplicación al caso, ya que dicha determinación no fue emitida por un juez especializado en extinción de dominio, Alegaciones que son infundadas, ya que como se estableció anteriormente, la fiscal responsable sí da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al determinar la averiguación previa 20/2014/AEDD derivada de la diversa 348/2014/RVPUE, de su índice. Aunado, a que los efectos de la ejecutoria de amparo no fueron para los fines precisados por la quejosa (devolución del inmueble afecto), por lo que dichas alegaciones no son materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de diez de febrero pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito presentado ante esta autoridad el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 275 a 278); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 101 a 112), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "Determine si procede o no continuar integrando la averiguación previa 20/2014/AEED, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente; en caso de que decida continuar con la investigación deberá indicar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación. Sin que se considere necesario imponer un plazo para ello, pues deberá ser en el término que al efecto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria; asimismo, no procede fijarle un plazo para que integre la averiguación y se pronuncie sobre el ejercicio de la acción de extinción de dominio, pues el caso particular el ministerio público deberá determinar qué elementos son necesarios para determinar si está en aptitud de ejercer, o no acción de extinción de dominio, atendiendo a las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad de emprender un estudio de su posible instauración, en razón a que le corresponde a la autoridad responsable, al no poder ser sustituida." Inconforme con dicha determinación la Agente del Ministerio Público responsable, interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-341/2016, determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 218 a 236). Por lo anterior, en auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, se solicitó a la fiscal responsable el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo (fojas 237 239). Ahora bien, mediante oficio 760/DGCJYAL/2017 de catorce de marzo de dos mil diecisiete (fojas 264 a 270), se tuvo a la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la averiguación previa 20/2014/AEED derivada de la diversa 348/2014/RVPUE, de la que se advierte que en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Determinó improcedente el ejercicio de la acción de extinción de dominio del inmueble ubicado en avenida Ferrocarril a una distancia de treinta metros al norte de Xicotencatl, colonia San Cristobal Tulcingo, Cuautlancingo, Puebla, al no adecuarse los hechos ilícitos que se están investigando a los supuestos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla. Resolución que cuenta con el visto bueno de la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos y por el Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, ambas de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, en virtud de que si bien la representación social determinó improcedente el ejercicio de la acción de extinción de domicilio del inmueble afecto, también lo es que omite informar si en su caso, ordenó inscribir o no el aseguramiento sobre dicho inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y, en el supuesto de que sí lo hubiera inscrito, remitir a esta autoridad constancia de que ya ordenó fuera levantado el mismo, así como el acuse de recibo de la misma. Así, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si ordenó inscribir o no el aseguramiento sobre dicho inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y, en el supuesto de que sí lo hubiera inscrito, remitir a esta autoridad constancia de que ya ordenó fuera levantado el mismo, así como el acuse de recibo de la misma. Y, una vez hecho lo anterior deberá remitir a esta autoridad copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de diez de febrero de dos mil diecisiete. Asimismo, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 275 a 279), mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de dieciséis del mismo mes y año en cita, en el sentido de que refiere que no está cumplida la ejecutoria de amparo, ya que la Agente del Ministerio Público fue omisa en manifestarse respecto al aseguramiento del inmueble afecto decretado el diez de febrero de dos mil catorce, al no ordenar el levantamiento del mismo; hágasele saber que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores, en donde se tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo por las razones ya precisadas.

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