Rogelio Vallejo Bores

Expediente 869/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
869/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Vallejo Bores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del seis de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 869/2019, sin la comparecencia de las partes; asimismo se da cuenta con una promoción registrada con el número 15334. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el quejoso Rogelio Vallejo Bores, y con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal; asimismo, téngasele autorizando a las personas que refiere en su escrito de cuenta para recibir dichas constancias. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno. Al respecto, el juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Rogelio Vallejo Bores, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables:  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Fernando Hernández Hernández;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Jesús Alejandro Sosa Maya;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Amalia Herrera Arroyo;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Ariel Montoya Romero;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, María de la Soledad López Ortiz;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Félix Francisco Cortés Sánchez;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Ana Lilia Garcia Cardona;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Cristóbal Luviano Tena;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, María Consuelo López Ramírez;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Noé Reyes Millán;  Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, Manuel Padilla Tellez;  Fiscal General del Estado de Michoacán;  Coordinador de la Policía de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y,  Comandante de Aprehensiones de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Todas con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La orden de aprehensión girada contra el aquí quejoso. Segundo. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados constituyen la orden privativa de libertad la cual se pretende ejecutar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie el acto reclamado consiste en: La orden de aprehensión girada contra el aquí quejoso. Tercero. Certeza del acto. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se le reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión de la orden privativa de libertad del quejoso, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rogelio Vallejo Bores, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 869/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con el pedimento que presentó la agente del Ministerio Público, mismo por el que se le tuvo formulando alegatos conforme al artículo 144 de la Ley de Amparo; asimismo, hace constar que concluyó el derecho de las demás partes para formularlos. El juez acuerda: Se tiene por reproducidos los alegatos vertidos por la agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; asimismo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables siguientes: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; 2. Coordinador General de la Policía de Investigación (en su denominación correcta); 3. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Investigación y Análisis (en su denominación correcta); y, 4. Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, quien firma en representación del Fiscal General del Estado. Todos con residencia en esta ciudad. Y como actos reclamados: La orden de aprehensión, así como su ejecución. Segunda. Las autoridades responsables, al rendir su informe previo manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo procede negar la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página ciento treinta y tres, tomo ll, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: Único. Se niega a Rogelio Vallejo Bores, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en la diversa consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las autoridades responsables siguientes: 1. Coordinador General de la Policía de Investigación (en su denominación correcta); 2. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Investigación y Análisis (en su denominación correcta); y, 3. Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, quien firma en representación del Fiscal General del Estado. Todos con residencia en esta ciudad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

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