Rogelio Mario Martínez Ramírez

Expediente 24/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 32 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
24/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Mario Martínez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    INC.24/2017-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que con fecha treinta y uno de octubre dos mil diecisiete (fojas 126 a 134), se dictó la interlocutoria correspondiente en la que se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en los términos ahí indicados. Ahora, toda vez que el veintisiete de febrero de este año se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal ordenándose, además, el archivo del expediente 24/2017, del cual deriva esta pieza incidental. 2.- Archivo. Por tanto, como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 2.1- Carece de relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el original de este expediente será depurable una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. 2.2 Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico correspondiente. Notifíquese. ...

  2. Principal

    PRAL.24/2017-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA FAUSTO JOSE HERNANDEZ BARBOSA. PRAL. 24/2017 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y a los terceros interesados en proveído de trece de febrero de este año (fojas 314 y 315) para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables; sin que lo hubieren hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede de oficio a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." 2.- Consideraciones previas. A fin de determinar si la sentencia se encuentra cumplida, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 260 a 274), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, procedieran en los siguientes términos (fojas 272 vuelta a 273) ". ". "a). Ordene al actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca deje insubsistente el embargo realizado en diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil 251/2016 de su índice. b). Deje sin efecto el embargo del vehículo Marca Nissan, tipo Tsuru, modelo dos mil dos, con número de serie 3N1EB31S96K317216, número de motor GA16802106V con placas de circulación 10-09-SJJ, que en diligencia de embargo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil 251/2016 de su índice, se señala como ".un vehículo de motor marca Nissan Tipo Tsuru, con placas de circulación 10-09-SJJ del Estado de Oaxaca, pintado de color verde con triángulos blancos y rojos en cuyo exterior existe la leyenda sitio "JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS", con número económico 12058 y número de taxi 05.", lo que conlleva en que deje insubsistente todas las actuaciones relativas a su desposesión. La concesión de la protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución, ya que habiéndose declarado la inconstitucionalidad del acto ordenador, por igual deben estimarse violatorios de derechos aquellos otros actos que derivan del mismo. Cabe citar al respecto, la jurisprudencia número 102, visible en la página 66, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional.". 19 ." II.- Por auto de veinticuatro de enero de este año (fojas 295 y 296) causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables 1) juez y 2) ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; y, 3) delegado de la Policía Vial Estatal, con sede en ese distrito judicial. III. Por oficio número 13/2018, de uno de febrero pasado, el delegado de la Policía Vial Estatal en Huajuapan de León, Oaxaca, informó lo relativo al cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio (foja 300) y, al efecto, remitió copia certificada del diverso comunicado 12/2018 de esa misma fecha -uno de febrero del año en curso- (foja 301); asimismo, mediante oficio número 68/2018, de seis de febrero actual, la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, remitió copia certificada de a) los autos de nueve de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas 307 y 308), así como de la b) diligencia de levantamiento de embargo de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 309 vuelta y 310), deducido del expediente 251/2016, de su índice; proveídos y diligencia con las que acreditó el cumplimiento al fallo protector dictado en este expediente. Documentales con las que en proveído de trece de febrero pasado (fojas 314 y 315), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, se establece que la autoridad responsable 1) juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: a). Dejó insubsistente el embargo realizado en diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, derivado del expediente 251/2016, de su índice (foja 308). b). Ordenó a la ejecutora de su adscripción realizara el levantamiento de embrago correspondiente (foja 308). c). Dejó sin efectos el embargo del vehículo Marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2002, con número de serie 3N1EB31S96K317216, número de motor GA16802106V, placas de circulación 10-09-SJJ (fojas 308 y 309). d). Así también, se advierte la diligencia de levantamiento de embargo de fecha seis de febrero de este año, que se acredita el cumplimiento efectuado por la autoridad ejecutora señalada como 2) ejecutor del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca (foja 309 vuelta y 310). e). Finalmente, la diversa autoridad ejecutora 3) delegado de la Policía Vial Estatal en Huajuapan de León, Oaxaca, acreditó haber girado las instrucciones correspondientes al personal operativo de la Policía Vial Estatal adscritos a la Delegación de Huajuapan de León, Oaxaca, a efecto de que no se detenga o asegure el vehículo de motor de que se trata (foja 301). Lo anterior revela que se restituyó a la parte quejosa en sus derechos fundamentales, pues las autoridades responsables, 1) juez y 2) ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; así como el 3) delegado de la Policía Vial Estatal, con sede en ese distrito judicial, dejaron sin efecto todas las actuaciones tendientes a la desposesión de vehículo de motor citado en líneas que anteceden. 3.-Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." 4.- Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.- Precisión. No es inadvertido que adjunto a la demanda, la parte quejosa exhibió copia certificada de diversas documentales (fojas 9 a 18); sin embargo, conforme al capítulo I, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, al no ser considerado como documento original, se ordena su permanencia en el expediente, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitar su devolución. 6.- Devolución de copias certificadas. Ahora, toda vez que en este expediente también obran diversas constancias deducidas del expediente 251/2016, que la autoridad responsable secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, acompaño a su informe justificado (fojas 191 a 254), se ordena su devolución, pues carecen de objeto su permanencia en este juzgado, en virtud de que se ordenó archivar este asunto como concluido; lo anterior, previa foja de sustitución que se obre en autos. 7.- Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 24/2017 7B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio número CAP/639/2018 de cuenta, signado por la jefa del Centro de Atención Postal de Correos de México, con sede en la ciudad de Oaxaca; lo anterior, toda vez que las piezas postales 00006437 y 00006438 que se le requirieron ya obran en autos (fojas 325 y 326). Comuníquese lo anterior a la oficiante para los efectos la que haya lugar. Notifíquese. ...

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