Rogelio Pedro Moreno o Rodrigo Pedro Moreno

Expediente 400/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
400/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Rogelio Pedro Moreno o Rodrigo Pedro Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 400/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de diecinueve de abril del año en curso, en la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicha resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Toda vez que en acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, el destino de este expediente y con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 400/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, a efecto de que informe el lugar exacto en el cual se encuentra recluido el quejoso, transcurrió del siete al once de abril de dos mil veintidós, sin que lo hubiere realizado, pese haber quedado notificado el cinco de abril del año en curso. 2. Se tiene por no presentada la demanda. En consecuencia, como no se cumplió con la prevención formulada en el proveído de cuatro de abril de este año, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo y, por ende, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. 3. Se agrega oficio. Por otra parte, agréguese el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual informa que hizo disponible de manera permanente el expediente electrónico del juicio de amparo 1373/2021; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. 3.1. Vinculación electrónica. En esas condiciones, se instruye a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la vinculación respectiva de ese juicio de amparo con este expediente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 400/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. 1. Registro de demanda. Agréguese el oficio signado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual remite el juicio de amparo 1373/2021, iniciado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio y por conducto de su defensor; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 400/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Se acepta competencia. Del auto de veintinueve de marzo pasado, dictado en el juicio de amparo 1373/2021 por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, por derecho propio y por conducto de su defensor, y la declinó a favor de este órgano jurisdiccional por las razones ahí indicadas. Por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, por las razones que expone la autoridad oficiante y que este órgano jurisdiccional comparte, se acepta la competencia declinada y este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el referido quejoso. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad declinante, acusando el recibo correspondiente, vía interconexión. 4. Vinculación de expediente. Se solicita atentamente al juzgado declinante que, de no tener inconveniente alguno, autorice la habilitación o disponibilidad del expediente electrónico 1373/2021 de manera permanente, para que pueda ser vinculado a este asunto 5. Compensación. Envíese oficio vía correo electrónico, a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que proceda a) al registro de este asunto como nuevo, ante la aceptación de la competencia declinada por el juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca; asimismo, b) realice la compensación del mismo, ya que este Juzgado Décimo de Distrito aceptó la misma; por ello, solicítese la boleta correspondiente. 6. Se convalidan actuaciones. Comuníquese esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan todas las actuaciones practicadas por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio. 7. Consideraciones previas. La parte quejosa Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, promovió la demanda de amparo por derecho propio y por conducto de su defensor; sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo no se advierte quién sea el defensor del quejoso, toda vez que en el proemio, así como en el cuerpo de la misma únicamente aparece el nombre del quejoso. Y señaló como actos reclamados: "I.- LA NEGATIVA IMPUESTA AL SUSCRITO Y LOS DEMÁS PROFESIONISTAS QUE CONFORMAN LA DEFENSA DEL ROGELIO PEDRO MORENO Y/O RODRIGO PEDRO MORENO Y/O PEDRO RODRIGO ROMERO A EFECTO DE PODER TENER ENTREVISTA CON NUESTRO REPRESENTADO, CON EL ARGUMENTO DE QUE EXISTE UNA MEDIDA DE CUARENTENA OBLIGADA PARA SUSPENDER LA TOTALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS DEFENSORES Y MI REPRESENTADO, AUN Y CUANDO EL CENTRO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) YA HAN TOMADO MEDIDAS A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS DEFENSORES AL ACUDIR A ENTREVISTA PUES SE TOMA LA TEMPERATURA, SE PROPORCIONA CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL. II. LA INCOMUNICACIÓN DE LA QUE ES OBJETO EL QUEJOSO, AL NO PERMITIRSE QUE PUEDA TENER COMUNICACIÓN PRIVADA CON SUS DEFENSORES Y EN GENERAL CON EL MUNDO EXTERIOR. III. LA NEGATIVA DE LAS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN, RESPECTO DEL ESTADO PSICOFÍSICO Y DE SALUD DEL QUEJOSO, DERIVADO DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO Y NEGATIVA DE TENER ENTREVISTA CON SU DEFENSA. IV. LA INCOMUNICACIÓN DEL QUEJOSO CON SU DEFENSA, CUANDO ESTO NO ES UNA MEDIDA GENERAL SINO EXCLUSIVA PARA ESTE. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del juez de Distrito, quien, atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. Ahora, de los actos precisados en los puntos I y III, no se encuentran enlistados ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que hace a los actos reclamados en los puntos II y IV, se advierte que el que dice ser su defensor atribuye a las autoridades, el que no se la haya permitido ver a su representado, esto es, a Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero con motivo de las medidas sanitarias impuestas por el Centro Federal de Readaptación Social Trece, con residencian en Miahuatlán de Porfirio Díaz, derivado de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, por ello, aduce que se trata de una incomunicación; ante tal reclamo debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, toda vez que, como lo precisa la parte promovente, se debe a las medidas adoptadas por el Centro Federal con motivo de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19; lo que hace evidente que se trata de condiciones de internamiento. Tampoco se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que el directo quejoso no está incomunicado, pues el promovente del amparo refiere que la comunicación del quejoso es con motivo de que no se le permite la comunicación privada con sus defensores; además, tampoco reclama actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refiere que el directo quejoso se encuentra en el interior de su centro de reclusión. De ahí que si bien es cierto que el juez declinante concedió la suspensión de oficio de la incomunicación reclamada, este Juzgado, que ahora conoce del juicio de amparo, no puede revocar dicha determinación, pero si precisar que las manifestaciones de la parte quejosa no determina la procedencia o no de la suspensión, sino que ello es una atribuición exclusiva del juez de Distrito, facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio; además, para decir si, efectivamente, la demanda es procedente. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.1o.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Además, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Ello, porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Asimismo, del contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Apoyo lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por lo anterior, aun cuando el quejoso, a través de quien dice ser su defensor, aduce trasgresión a sus derechos humanos consagrados en el artículo 22 constitucional; esto es, la incomunicación, dentro del centro penitenciario en el que guarda reclusión, se debe a las medidas adoptadas por el Centro Federal con motivo de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19; lo que hace evidente que se trata de condiciones de internamiento; por tanto, se encuentra sujeto al procedimiento contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal; por ende, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Consideraciones que fueron tomadas de la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 1404/2021 de este órgano jurisdiccional, en la que se analizó la misma demanda; sin embargo, aquélla fue presentada en la misma fecha pero con horas previas a la demanda que se analiza en este asunto. 8. Determinación. Precisado lo anterior, y una vez analizadas las constancias que obran en el expediente electrónico, se advierte que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en autos de diecisiete de enero y veintidós de febrero de este año, requirió al promovente, para que informara el lugar exacto en la que se encuentra Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero; ello, con motivo que no fue localizado en el Centro Federal de Readaptación Social Trece, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lugar donde refirió en la demanda de amparo que se encontraba, sin que se advierta haya cumplido con dicha prevención. Asimismo, el juzgado declinante requirió al 1) comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 2) coordinador General de Centros Federales, con sede en la ciudad de México, 3) director General de Reinserción Social y 4) subsecretario de Prevención y Reinserción, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, para que, informaran si en alguno de los centros de reclusión federales o del Estado de Oaxaca se encuentra Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, a lo que manifestaron que no se encontró registro alguno de que se encuentre o haya estado recluido en algún centro a su cargo (como así lo certificó la responsable sin que se advierta la información relativa proporcionada por el director General de Reinserción Social y subsecretario de Prevención y Reinserción, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, con motivo que no obra en el expediente electrónico de este juicio). 8.1. Requerimiento al promovente del juicio. Sin embargo, como este órgano jurisdiccional ha determinado que la parte quejosa no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 26 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que aquélla es la parte interesada en la continuación de este asunto, se requiere al promovente del amparo, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, informe el lugar exacto en el cual se encuentra recluido; esto, a efecto de que manifieste si desea ratificar la demanda de amparo, en atención al requerimiento efectuado por el juzgado declinante en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Ello, toda vez que al convalidarse las actuaciones del juzgado declinante, no puede revocarse dicha determinación. 8.2 Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento formulada dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 9. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 20/2021. 10. Notificación a la parte quejosa. Tomando en consideración que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y dada la naturaleza de este asunto, con fundamento en el numeral 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones aun las que resulten personales en este juicio, hágasele mediante lista de acuerdos. 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano