Rogelio Fernando de Jesús Ramírez y Otros.
Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Evangelina Vargas Díaz y Otros.
- Rogelio Fernando de Jesús Ramírez y Otros.
- Evangelina Vargas Díaz
- Rogelio Fernando de Jesús Ramírez
- Julieta Margarita Sainz Meixueiro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
PRAL 183/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por 1) Rogelio Fernando de Jesús Ramírez, 2) Evangelina Vargas Díaz, 3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, 4) Gustavo Vásquez España, 5) Gabriel Santillán González, 6) Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y 7) Julieta Margarita Sainz Meixueiro, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para las diversas autoridades responsables, dado que, como se precisó, en la sentencia se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esa parte procesal, pues carece de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino y archivo reciente. Se comunica a la parte quejosa que como en este asunto se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, inciso a), por similitud jurídica del referido acuerdo general y 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable. 4.2. Archivo reciente. Por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Devolución de documental. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba en la demanda de amparo, la documental, consistente en: * Constancia de registro de vacunación, acta de nacimiento y CURP de los quejoso 1) Rogelio Fernando de Jesús Ramírez, 2) Evangelina Vargas Díaz, 3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, 4) Gustavo Vásquez España y 5) Julieta Margarita Sainz Meixueiro. * Constancia de registro de vacunación, CURP y credencial de elector de los quejosos 6) Gabriel Santillán González y 7) Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y 7) Julieta Margarita Sainz Meixueiro. Con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas documentales; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presentan para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código qr para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 183/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, mediante la que comunica que no le fue posible entregar el oficio 12947/2021, dirigido al director Regional de los Servidores de la Nación en el Estado de Oaxaca, por el motivo que ahí expone; únicamente para que obre como corresponda, en virtud que en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se tuvo por inexistente a dicha autoridad para efectos de este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 183/2021-2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 2969/2021, del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el que acusa recibo del oficio por el que se le envió I) el informe sobre la materia de la queja, II) oficio original de agravios y III) el expediente electrónico; medio de impugnación que se radicó con el número de toca 180/2021; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 2. Se glosa ejecutoria. Por otra parte, glósese el diverso oficio 763/2021, de la referida autoridad judicial, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de diecisiete de mayo del año en curso, dictada en el recurso de queja 180/2021, de su índice; acúsese recibo. Toda vez que el órgano revisor declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable, delegada de Programas para el Desarrollo del Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar contra el proveído de diez de marzo último, en el que se concedió de oficio y de plano la suspensión de uno de los actos reclamados; hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 183/2021-2 Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con doce minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 183/2021, como se ordenó en acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por 1) Rogelio Fernando de Jesús Ramírez, 2) Evangelina Vargas Díaz, 3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, 4) Gustavo Vásquez España, 5) Gabriel Santillán González, 6) Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y 7) Julieta Margarita Sainz Meixueiro, por propio derecho e informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, hace constar que a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: - La parte quejosa ofreció como pruebas: a) La documental, consistente en: * Constancia de registro de vacunación, acta de nacimiento y CURP de los quejoso 1) Rogelio Fernando de Jesús Ramírez, 2) Evangelina Vargas Díaz, 3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, 4) Gustavo Vásquez España y 5) Julieta Margarita Sainz Meixueiro. * Constancia de registro de vacunación, CURP y credencial de elector de los quejosos 6) Gabriel Santillán González y 7) Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y 7) Julieta Margarita Sainz Meixueiro. b) La instrumental de actuaciones y; c) Presuncional legal y humana. Por su parte, las autoridades responsables ofrecieron como pruebas: - Delegada del Programa para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar (folios 3549, 3575 y 4458). Copia certificada de: d) Los oficios BIE/140/0/1827/2021, de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y DIROAX/147/2021 de veintitrés de marzo del año en curso y anexo. e) Comprobantes expedidos a favor de los quejosos de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, COVID -19. - Secretaría de Salud, a través del Jefe de Departamento adscrito a la Oficina de la abogada General. f) Comprobantes expedidos a favor de los quejosos de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, COVID -19. A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de que se tratan, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente: Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 183/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el uno de marzo del dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, 1) Rogelio Fernando de Jesús Ramírez, 2) Evangelina Vargas Díaz, 3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, 4) Gustavo Vásquez España, 5) Gabriel Santillán González, 6) Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y 7) Julieta Margarita Sainz Meixueiro, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por actos siguientes: Autoridades responsables: "a) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos b) Titular de la secretaría de Salud del Gobierno de México c) Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud de la salud de la secretaría de salud d) Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaria de Salud. e) Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. f) Presidente Consejero del Consejo de salubridad General. g) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca h) Titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Director General del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Oaxaca. j) C. Subdirector General de Servicios de Salud de los Servicios de Salud Oaxaca. Actos reclamados: La omisión de no señalar en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, respecto a los adultos mayores, qué vacuna, qué tipo de procedimiento, que días, qué horarios y lugares de vacunación son los indicados para que reciban la vacuna contra el virus que cauda COVID-19 en la ciudad de Oaxaca de Juárez. La omisión de llamar, informar y/o notificar a las y los demandantes, adultos mayores, qué vacuna, qué tipo de procedimiento, que días, qué horarios y lugares de vacunación son los indicados para que reciban la vacuna contra el virus que cauda COVID-19 en la ciudad de Oaxaca de Juárez. La omisión de cumplir y ejecutar materialmente el calendario públicamente señalado en el Plan Nacional de Vacunación, en el que se afirmó que la vacunación de adultos mayores iniciaría el día 1 de febrero del 2021. La omisión consistente en que se ha dejado de cumplir la etapa 1 de la Política Nacional de Vacunación, que tiene su origen en el acuerdo sobre política nacional de vacunación contra Covid 19 emitido el 8 de enero del 2021 por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. La omisión consistente en la ausencia de planeación para darnos a conocer de manera precisa la forma y términos en que seremos vacunados. El trato discriminatorio que implica el Plan Nacional de Vacunación en sus etapas por grupos de edad. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que las personas quejosas no hayan recibo aun la vacuna contra la enfermedad COVID-19. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 25 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; y 2, 3, 5 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 183/2021, se admitió a trámite, se concedió la suspensión de oficio y de plano, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, quien no formuló pedimento, se pidió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se citó a la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno (folio 2756) la parte quejosa amplió su demanda de amparo. En proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, entre otros tópicos, se admitió a trámite la ampliación de la demanda, contra las autoridades siguientes: a) Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. b) Director Regional de los Servidores de la Nación del Estado de Oaxaca c) Titular de la Delegación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en el Estado de Oaxaca d) Instituto de Salud para el Bienestar dependiente de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. e) Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, dependiente de la Secretaría de Salud de Oaxaca, Servicios Coordinados de Salud. Cuarto. Inexistencia de autoridad responsable. El veintisiete de abril del año en curso se dejó de tener como autoridad responsable, para efectos de este juicio de amparo, al director General de los Servidores de la Nación del Estado de Oaxaca; previos los trámites relativos, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ello, porque este asunto es de naturaleza administrativa y la ejecución de los actos reclamados se atribuyen a las autoridades residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de actos reclamados en la demanda de amparo. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y otras autoridades: La omisión de la aplicación de la vacuna como adultos mayores contra el virus SARS-CoV-2. Tercero. Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados en los términos que se precisan el siguiente cuadro: AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA ACEPTA FOJAS Y FOLIO DEMANDA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS X 343-350 (folio 3662) TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO X 343-350 folio 3662) TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. X 343-350 folio 3662) TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD. X 343-350 folio 3662) TITULAR DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD X 352-358 (folio 3713) PRESIDENTE CONSEJERO DEL SALUBRIDAD GENERAL X 481-483 (folio 4492) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA X 302-305 (folio 3588) TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA X 299-300 (folio 3552) DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA X 299-300 (folio 3552) SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA X 299-300 (folio 3552) AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DE MÉXICO. X 273-283 (folio 3509) TITULAR DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN EL ESTADO DE OAXACA x 443-447 (folio 4086) INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL x 381-385 (folio 3890) JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO UNO, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. x 454 (folio 4209) Sin embargo, de conformidad con las directrices definidas en: 1) Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2; 2) Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y jurídicas de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal, en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención de la COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 3) Acuerdo por el que se emiten los lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, publicado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. 4) Operativo Correcaminos, en el que se establece la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención de la COVID-19; 5) Guía operativa de los módulos de vacunación contra la COVID-19", emitida por el Gobierno Federal. Es claro que, contrario a lo aseverado por las indicadas responsables, tales reglamentaciones de carácter general establecen su obligación para intervenir conjuntamente en la estrategia operativa de interés; lo que se clarifica de manera ejemplificativa con las transcripciones siguientes: Acuerdo General descrito en el inciso 2. "ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán realizar ante la Secretaría de Salud Federal lo siguiente: (.) III. Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en la citada Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad; IV. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud Federal, y V. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia dependencia establezca. Acuerdo General descrito en el inciso 3. "Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los Lineamientos que regularán la forma en que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, desarrollarán las funciones siguientes:' (.). III. Supervisar los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y (.)". "Quinto. Para llevar a cabo la supervisión de los servicios y los Programas para el Desarrollo a cargo de las Dependencias y Entidades, los Delegados tendrán a su cargo lo siguiente: V. Coadyuvar en la instrumentación de los servicios y los Programas para el Desarrollo a cargo de las Dependencias y Entidades, para que cumplan con las disposiciones aplicables, y (.)". Operativo Correcaminos "Artículo segundo: La Secretaría de Salud dirigirá las brigadas especiales, y emitirá los criterios operativos bajo los cuales las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán actuar en el ámbito de sus atribuciones, a fin de coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos, para la instrumentación de la estrategia de vacunación. (.) "Coordinación Federal. La coordinación federal es la encargada del seguimiento de las actividades de responsabilidad de los diferentes sectores del gobierno federal participando en la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. A continuación, se enlistan los diferentes elementos abordados desde la coordinación nacional y las entidades responsables. 7. Rectoría Técnica del proceso de vacunación, incluyendo la definición de los protocolos técnicos que rigen las características del proceso de vacunación para cada tipo de vacuna y de los sitios de vacunación: Secretaría de Salud. (.) 12. Organización del trabajo de campo y convocatoria comunitaria: Secretaría del Bienestar a través de los centros integradores del bienestar y los Servidores de la Nación (.)". Como se ve, atento a las funciones legales que le son propias a las responsables de salud y Delegación de Programas para el Desarrollo, de la entidad, conforme al marco normativo detallado, se desvirtúa su negativa y se tienen por ciertas la omisiones que se les atribuye. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la tesis 1a. IV/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos. (Registro digital: 2022760, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1215) Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo. No se abordará el estudio de los conceptos de violación, al actualizarse una causal de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis" Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: Los peticionarios de amparo reclamaron de las responsables la omisión de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que les corresponde como adultos mayores, conforme a la Política Nacional de Vacunación. Sin embargo, de lo manifestado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad (folios 2869 y 4502), así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables (folios 3549 y 4763), se advierte que ya le fueron aplicados a los quejosos la primera y segunda dosis de la vacuna Pzifer contra el virus SARS CoV-2, con lo que se concluyó el proceso de su vacunación. Por tanto, es evidente que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es estima que no obsta que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se haya tenido a la delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca interponiendo recurso de queja en contra el diverso auto de diez del mismo mes y año, en el que se concedió de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado; lo anterior, dado que su interposición no repercute de modo alguno en la litis constitucional de este asunto. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Rogelio Fernando de Jesús Ramírez, 2) Evangelina Vargas Díaz, 3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, 4) Gustavo Vásquez España, 5) Gabriel Santillán González, 6) Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y 7) Julieta Margarita Sainz Meixueiro, contra los actos que reclamaron a las autoridades precisadas en el considerando segundo, en términos del diverso considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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