Rogelio Pedro Moreno o Rodrigo Pedro Moreno
Expediente 1417/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1417/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rogelio Pedro Moreno o Rodrigo Pedro Moreno
Actuaciones
- Principal
PRAL 1417/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista de acuerdo a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1417/2021.MESA-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por la secretaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el cual informa que se hizo disponible el expediente electrónico 1432/2021 de su índice; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 1.1. Vinculación electrónica. En esas condiciones, se instruye a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la vinculación respectiva de ese juicio de amparo con este expediente. 2. Imposibilidad de notificar personalmente al quejoso. Por otro lado, vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el contenido del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, en el centro de reclusión donde manifestó estar recluido, pues fue informado por la técnico jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que en la base de datos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese Centro Federal no existe registro de que la persona de nombre Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero esté o haya estado recluido en ese lugar. 3. Hecho notorio. Ahora, de la consulta realizada en el expediente electrónico 1404/2021 de este Juzgado promovido por el quejoso antes señalado, y en el que se aprecia que se encuentra vinculado el diverso juicio de amparo 671/2021 de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, se aprecia que obra, entre otros, el oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DS/00611/2021, firmado por el encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación social número 13 "CPS-OAXACA", del que se aprecia que esa autoridad informó que en la base de datos de población de ese centro de reclusión, no se encontró registro de ingreso y/o egreso del quejoso Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero; por lo cual, queda corroborada la manifestación que se le realizó al actuario adscrito a este Juzgado al constituirse en ese Centro Federal. Por tanto, a efecto de que obre en autos, se ordena anexar copia certificada de esa comunicación al constituir un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 4. Se ordena notificar por lista de acuerdos al quejoso. En consecuencia, dado el sentido de la resolución pronunciada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y al no advertirse diverso domicilio o medio través del cual pueda ser notificado, con fundamento en el artículo 27, inciso a), fracción III, del artículo de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y los subsecuentes, a la parte quejosa, por lista de acuerdos que se pública en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1417/2021.MESA-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega un oficio. Se tiene por recibido el oficio 38607/2021, firmado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, recibido en este órgano de control constitucional el veintisiete del mes actual, al que anexa: a) El juicio de amparo 1432/2021, promovido por Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, por derecho propio y por conducto de su defensor, sin evidencia criptográfica; contra actos del director del Centro Federal de Readaptación Social 13, Oaxaca y de otras autoridades. b) Un oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. c) Una reproducción con firmas electrónicas del acuerdo de veinte del mes y año en curso, dictado en el juicio de amparo 672/2021 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, así como: d) La demanda de amparo promovida vía electrónica por Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, por derecho propio y por conducto de su defensor, sin evidencia criptográfica. Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1417/2021. Integración del expediente (instrucción a la secretaria. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Análisis de la competencia. Del oficio de cuenta se desprende que el citado órgano jurisdiccional dictó un acuerdo el veinticuatro de diciembre del año en curso, en el juicio de amparo 1432/2021, de su índice, en el que determinó declinar competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, por derecho propio y por conducto de su defensor, en atención a que en este Juzgado se conoce del juicio de amparo 1404/2021, promovido por el mismo quejoso, actos reclamados y autoridades responsables, existiendo, en consecuencia, un antecedente que hace procedente la vinculación. Atendiendo esos argumentos que se comparten, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Compensación. Lo anterior, comuníquese a la autoridad declinante y a las partes, para los efectos legales procedentes y mediante correo electrónico infórmese esta determinación a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que proceda a la compensación del reparto de asuntos. Vinculación de expediente. Se solicita atentamente al Juzgado declinante que, de no tener inconveniente alguno, autorice la habilitación o disponibilidad del expediente electrónico 1432/2021, de su índice, para que pueda ser vinculado a este asunto Consideraciones previas. Se precisa que la parte quejosa Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero, por derecho propio y por conducto de su defensor, reclama en este juicio de amparo los actos siguientes: "I.- LA NEGATIVA IMPUESTA AL SUSCRITO Y LOS DEMÁS PROFESIONISTAS QUE CONFORMAN LA DEFENSA DEL ROGELIO PEDRO MORENO Y/RODRIGO PEDRO MORENO Y/O PEDRO RODRIGO ROMERO A EFETO DE TENER ENTREVISTA CON NUESTRO REPRESENTADO, CON EL ARGUMENTO DE QUE EXISTE UNA MEDIDA DE CUARENTENA OBLIGADA PARA SUSPENDER LA TOTALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS DEFENSORES Y MI REPRESENTADO, AUN Y CUANDO EL CENTRO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) YA HAN TOMADO MEDIDAS A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS DEFENSORES AL ACUDIR A ENTREVISTA PUES SE TOMA LA TEMPERATURA, SE PROPORCIONA CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL. II. LA INCOMUNICACIÓN DE LA QUE ES OBJETO EL QUEJOSO, AL NO PERMITIRSE QUE PUEDA TENER COMUNICACIÓN PRIVADA CON SUS DEFENSORES Y EN GENERAL CON EL MUNDO EXTERIOR. III. LA NEGATIVA DE LAS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN, RESPECTO DEL ESTADO PSICOFÍSICO Y DE SALUD DEL QUEJOSO, DERIVADO DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO Y NEGATIVA DE TENER ENTREVISTA CON SU DEFENSA. IV. LA INCOMUNICACIÓN DEL QUEJOSO CON SU DEFENSA, CUANDO ESTO NO ES UNA MEDIDA GENERAL SINO EXCLUSIVA PARA ESTE. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del juez de Distrito, quien, atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. Ahora, de los actos precisados en los puntos I y III, no se encuentran enlistados ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que hace a los actos reclamados en los puntos II y IV, se advierte que el que dice ser su defensor atribuye a las autoridades, el que no se la haya permitido ver a su representado, esto es, a Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero con motivo de las medidas sanitarias impuestas por el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencian en Miahuatlán de Porfirio Díaz, derivado de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, por ello, aduce que se trata de una incomunicación; ante tal reclamo debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, toda vez que, como lo precisa la parte promovente, se debe a las medidas adoptadas por el Centro Federal con motivo de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19; lo que hace evidente que se trata de condiciones de internamiento. Tampoco se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que el directo quejoso no está incomunicado, pues el promovente del amparo refiere que la comunicación del quejoso es con motivo de que no se le permite la comunicación privada con sus defensores; además, tampoco reclama actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refiere que el directo quejoso se encuentra en el interior de su centro de reclusión. De ahí que, si bien es cierto que el juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, que fue la autoridad que, a su vez declinó competencia al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, concedió la suspensión de oficio de la incomunicación reclamada en el juicio de amparo 671/2021; sin embargo, este órgano de control constitucional, que ahora conoce del juicio de amparo, no puede revocar dicha determinación, pero si precisar que las manifestaciones de la parte quejosa no determina la procedencia o no de la suspensión, sino que ello es una atribución exclusiva del juez de Distrito, facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio; además, para decir si, efectivamente, la demanda es procedente. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.1o.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Así como la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, de contenido y texto siguientes: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo". Además, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Ello porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Asimismo, del contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Apoyo lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Por lo anterior, aun cuando el quejoso, a través de quien dice ser su defensor, aduce trasgresión a sus derechos humanos consagrados en el artículo 22 constitucional; esto es, la incomunicación, dentro del centro penitenciario en el que guarda reclusión, se debe a las medidas adoptadas por el Centro Federal con motivo de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19; lo que hace evidente que se trata de condiciones de internamiento; por tanto, se encuentra sujeto al procedimiento contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal; por ende, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí procede su desechamiento, por las razones que se expondrán. Como ya se precisó, no se está en el supuesto de excepción previsto en el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo (carecer de firma electrónica). Desechamiento de la demanda. Una vez analizada la demanda de amparo, se estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como se certificó, carece de firma. En dichos preceptos se prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: - - -- (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución Federal o de la misma ley. Con dicha fracción se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluirse que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve, es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3º de la Ley de Amparo se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónica, en este caso -como se advierte de la certificación de cuenta- el quejoso presentó su escrito de demanda de manera electrónica. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. La normatividad que regula la firma electrónica para la presentación de demandas es el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, publicado el doce siguiente en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 2, fracción XVI, 14, 15 y 16 de ese instrumento normativo se prevé lo siguiente: "Articulo 2. Para los efectos de este Acuerdo General, se entenderá por: XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 15. El Portal de Servicios en Línea funcionará las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema." De los artículos transcritos se puede concluir que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada. En ese sentido, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el asunto en estudio se tiene que la demanda de amparo remitida por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no fue firmada de manera electrónica, razón por la cual no se emitió el certificado digital correspondiente (evidencia criptográfica), como se advierte de la certificación realizada con el juzgado declinante, así como de la impresión del archivo que se recibió electrónicamente. Lo anterior implica que, al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo, no existe la posibilidad de identificar a su autor y, como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. En efecto, al mandar su archivo electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la parte promovente que realizó el trámite correspondiente no firmó electrónicamente, es decir, olvidó marcar el recuadro respectivo. No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA". Porque, si bien la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal señaló que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se advierte la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Así, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio, ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, se estima que se debe seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Causa de improcedencia manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (I) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (II) es inconcuso que la demanda de que se trata carece de firma electrónica y no se requiere prueba adicional para acreditarlo; (III) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Además, como ya se dijo, en la demanda de amparo no se reclaman actos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo ni por el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sería una excepción para que no se adjunte la evidencia criptográfica relativa a la respectiva firma electrónica. Conclusión. Al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, razón por la cual procede su desechamiento de plano. Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 20/2021. Notificación a la parte quejosa. Toda vez que el quejoso Rogelio Pedro Moreno y/o Rodrigo Pedro Moreno y/o Pedro Rodrigo Romero se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente a ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden común y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Indicación al (la) actuario (a). También, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, comunicado por la secretaria técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/5044/2021, de la misma fecha, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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