Rodolfo Becerril Rubio
Expediente 505/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodolfo Becerril Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 505/2023, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia emitida en autos, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 262/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
OFICIO REVISIÓN
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte tercera interesada y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del cinco de julio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 505/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con la documental que la parte peticionaria del amparo presentó con su libelo constitucional, así como con las constancias que la autoridad responsable anexó como soporte de su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta que ninguna de la partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso (fojas 3 a 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 Constitucional.****************************************Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró con el número 505/2023 y mediante auto de dos de mayo de dos mil veintitrés (fojas 20 a 25) se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, en su calidad de parte demandada dentro del juicio de origen y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.****************************************Finalmente, mediante acuerdo de dos junio del año en curso se fijó fecha para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró con el resultado consignado en el acta que antecede; y,****************************************CONSIDERANDO:****************************************Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. ****************************************Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo.****************************************Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, consiste en:****************************************La interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, promovido dentro del juicio oral mercantil ********************.****************************************Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (foja 34). ****************************************Lo anterior se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio oral mercantil ******************** [constante de un tomo].****************************************Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte la resolución interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso (foja 402 a 408, tomo de pruebas); de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. ****************************************Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público.****************************************En ese sentido, de las constancias que obran en autos no se advierte que las partes hicieran valer causal de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna; por tanto, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados.****************************************Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo.****************************************Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************Antes de examinar los conceptos de violación, se estima conveniente tomar en consideración los antecedentes más relevantes del juicio oral mercantil ******************** de los cuales se advierte:***************************************** Que el apoderado jurídico de ********************demandó en la vía oral mercantil a ********************, el cumplimiento del contrato de seguro de automóviles autoseguro dinámico, celebrado bajo la póliza ********************, de diecisiete de enero de dos mil veinte; y como consecuencia de ello, el pago correspondiente del valor del vehículo, la actualización de la obligación principal y el pago de gastos y costas;***************************************** Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte la autoridad responsable admitió a trámite dicha demanda, la registró bajo el número ********************, ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que dentro del término de nueve días compareciera al juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra, y lo requirió para que exhibiera la documental solicitada por su contraparte;***************************************** Mediante diligencia de tres de marzo de dos mil veintiuno la actuaria adscrita a dicho órgano judicial llevó a cabo el emplazamiento de ********************;***************************************** En virtud de lo anterior, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la parte demandada contestando la demanda instaurada en su contra y por anunciadas las pruebas que ofreció;***************************************** En atención a lo anterior, el ocho de abril de dos mil veintiuno la parte actora contestó las defensas y excepciones opuestas por la parte demandada, siendo que en ese mismo acto se otorgó a las partes el término de tres días para que manifestaran su voluntad de hacer uso de los medios alternativos de solución de controversias;*****************************************Una vez que la parte actora manifestó que no era su deseo acudir a los medios alternativos de solución, mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno la autoridad responsable fijó las once horas del uno de julio de ese año para llevar a cabo la audiencia preliminar;***************************************** Luego de que la responsable llevó a cabo la audiencia preliminar, señaló las once horas del veintiuno de septiembre de ese año para que tuviera verificativo la audiencia de juicio;***************************************** Llegada la fecha antes indicada celebró la audiencia de juicio, en la cual admitió las pruebas ofrecidas por las partes, concedió el uso de la voz a las mismas para que formularan alegatos, declaró el asunto visto para dictar sentencia y finalizó señalando las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veintidós para llevar a cabo la audiencia de continuación de juicio;***************************************** Después de que concluyó con la audiencia de continuación de juicio, dictó la sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes:****************************************"PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio.********************SEGUNDO. Es fundada la acción que, en la vía oral mercantil, sobre cumplimiento de contrato de seguro y otras prestaciones promovió ********************por conducto de su apoderado jurídico, en contra de la persona moral "********************.********************TERCERO. Se condena a la aseguradora demandada, al cumplimiento de las prestaciones descritas en el considerando segundo de esta resolución.********************CUARTO. Se condena al pago de gastos y costas a la persona moral accionada en favor de la parte actora, previa su regulación y aprobación judicial."***************************************** Inconforme con dicha determinación, la parte demanda promovió juicio de amparo directo, mismo que por razón de turno tuvo conocimiento el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, quien lo registró bajo el número ******************** y por ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos siguientes:****************************************"Lo que es motivo suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el juez responsable:********************- Deje insubsistente la sentencia reclamada; y,********************- En su lugar dicte otra en la que, reitere lo que no es materia de impugnación ni protección constitucional, y en el tema relativo a las costas prescinda de considerar la teoría o sistema de vencimiento para su decisión y por consiguiente, funde y motive debidamente su conclusión -siguiendo la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita- y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que considere ajustado a derecho en relación a dicho rubro" ***************************************** En cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia dictada dentro del juicio subyacente y en su lugar emitió otra siguiendo los lineamientos establecidos por el tribunal de alzada, por lo que mediante sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, determinó fundada la acción que en la vía oral mercantil hizo valer el aquí quejoso y condenó a la aseguradora demandada al cumplimiento de las siguientes prestaciones:****************************************"(.) se condena a la expresada accionada, a cumplir el consenso de voluntades amparado con la póliza de seguro número ********************, mediante el pago de su colitigante de la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia del valor comercial del vehículo materia del contrato de seguro, derivado del concepto de cobertura de robo total del vehículo asegurado, consistente en el marca ********************, modelo ********************L, ********************, ********************, modelo ********************dos mil catorce, con placas de circulación del estado de Michoacán, y con número de serie ********************. ********************Asimismo, se condena a la aseguradora demandada, al pago de intereses moratorios por día desde aquel en que se haga exigible legalmente la obligación principal, esto es, a partir del 23 veintitrés de octubre del 2020 dos mil veinte (fecha en que el actor dio aviso a la aseguradora demandada del riesgo del vehículo asegurado, para los efectos de reclamar el pago de la aludida eventualidad) hasta la total solución del asunto, los cuales deberán calcularse de conformidad con el artículo 276, fracción I, segundo párrafo, y fracción IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas."***************************************** En virtud de lo anterior, la parte actora ofreció como prueba de su parte la pericial en valuación de inmueble y señaló como perito de su parte a ********************-quien aceptó dicho cargo en auto de dieciséis de diciembre próximo pasado-, por lo que mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós la autoridad responsable requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días designara perito valuador de su parte, apercibido que de no hacerlo se le tendría conforme con el dictamen que emitiera el perito de su contraria, siendo que mediante acuerdo de cuatro de enero del año en curso la parte demandada señaló como perito de su parte a ********************-el cual aceptó el cargo de perito el doce de enero de dos mil veintitrés-;***************************************** Luego de que los peritos de las partes formularon su dictamen pericial y después de que con éstos se les diera vista para que manifestaran lo que a su interés conviniera, por acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso, la autoridad responsable declaró firme los mismos; ***************************************** Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de liquidación de sentencia, y dio vista a la parte contraria para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, siendo que por acuerdo de veintitrés de marzo de este año se tuvo a la parte demandada contestando el incidente en cita, dando vista a su contraria con dicha contestación;***************************************** Por acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso la responsable puso los autos a la vista a efecto de resolver dicha incidencia; ***************************************** Finalmente, el diecinueve de abril del año en curso, la responsable emitió la sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia, en la que determinó parcialmente fundado el incidente de liquidación de sentencia, tal como se advierte de la siguiente transcripción:****************************************"SENTENCIA INTERLOCUTORIA. Morelia, Michoacán, a 19 diecinueve de abril del 2023 dos mil veintitrés.******************** VISTOS los autos que integran el juicio oral mercantil número ********************, que sobre cumplimiento de contrato de seguro y otras prestaciones promovió ********************por conducto de su apoderado jurídico, en contra de la persona moral "********************, para el efecto de resolver el incidente de liquidación de sentencia hecho valer por la parte accionante; y,********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Mediante escrito presentado, ante este juzgado, el 2 dos de marzo del año en curso, compareció el apoderado jurídico del demandante ********************a promover incidente de liquidación de sentencia, lo que hizo en la forma y términos de su escrito de cuenta, mismo que en este apartado se da por reproducido íntegramente en atención al principio de economía procesal.********************En acuerdo de 6 seis del mismo mes, se admitió a trámite el incidente que ocupa, ordenándose dar vista a la parte contraria para que dentro del término de 3 días manifestara lo que sus intereses conviniera.********************SEGUNDO. El 17 diecisiete del citado mes de marzo, el apoderado jurídico de "********************, contestó el incidente, a cuyos términos igualmente nos remitimos en este apartado atendiendo el principio de economía procesal; lo que le fue acordado en proveído del 23 veintitrés de ese mismo mes.********************Finalmente, se mandaron traer los presentes autos a la vista del suscrito para resolver lo que conforme a derecho corresponda dentro de dicho incidente, momento procesal que ha llegado; y,********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 1090, 1092, 1093, 1104 y 1348 del Código de Comercio, puesto que deriva del juicio principal oral mercantil que promovió ********************por conducto de su apoderado jurídico, en contra de la persona moral "********************, en que se actúa.********************SEGUNDO. El apoderado jurídico de ********************compareció el 2 dos de marzo inmediato pasado, a formular incidente de liquidación de sentencia, en contra de "********************, apoyándose para tal efecto en la relación de hechos siguientes:********************". en autos y con la finalidad de determinar el valor del vehículo materia de litigio, se ofreció la prueba pericial a cargo de los peritos de la parte actora y demandada respectivamente ******************** y ********************, siendo que el primero mediante dictamen presentado el 5 de enero de 2023 le asignó un valor a enero de 2023 de $********************y referido a la fecha del siniestro de $******************** al día del siniestro; por su parte el perito de la parte demandada mediante dictamen y su aclaración de 19 de enero y 7 de febrero respectivamente, le asignó un valor a enero de 2023 de $******************** y al día del siniestro de $********************por lo tanto si el trámite para el pago del vehículo se realiza hasta enero de 2023, es el valor del vehículo de esta fecha la que tiene que tomarse en cuenta a fin de cuantificar dicho monto, promediando ambo valore tenemos que a enero de 2023 el valor del vehículo es de $********************, cantidad que se reclama como suerte principal.********************Por su parte, la aseguradora "********************, dio contestación a la incidencia por conducto de su apoderado jurídico de la manera siguiente: ********************".En este tenor es totalmente falso lo expuesto por la parte actora en el presente incidente toda vez que el valor del vehículo no es de $******************** (********************), puesto que su argumento es totalmente incongruente con los peritajes rendidos tanto por el perito que nombró en el presente controvertido, así como por el perito de mi representada, siendo que su incidente no es clara y oscura, puesto que el valor del vehículo deberá sujetarse a los peritajes rendidos, Máxime que el perito de mi representada anexa el libro azul, el cual hace prueba plena para determinar el valor del vehículo al momento del siniestro.********************Por tal motivo deberá declararse improcedente el incidente de liquidación de sentencia promovida por la parte actora, ya que en ningún motivo funda o motiva lo argumentado en su incidente, siento que es totalmente incongruente, y que en ningún momento lo peritos determinaron que el valor del vehículo era de la cantidad de $******************** (********************) como improcedentemente lo intenta hacer valer en su escrito de liquidación."********************En tales términos quedó integrada la Litis.********************Preliminarmente, cabe señalar que en sentencia definitiva de 18 dieciocho de noviembre del 2022 dos mil veintidós, se condenó a la empresa demandada a cumplir el consenso de voluntades amparado con la póliza de seguro número ********************, mediante el pago a su colitigante de la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia del valor comercial del vehículo materia del contrato de seguro, derivado del concepto de cobertura de robo total del vehículo asegurado, consistente en el marca ********************, modelo ********************L, ********************, ********************, modelo ********************dos mil catorce, con placas de circulación del estado de Michoacán, y número de serie ********************. ********************Asimismo, se condenó a la aseguradora demandada, al pago de intereses moratorios por día desde aquel en que se haga exigible legalmente la obligación principal, esto es, a partir del 23 veintitrés de octubre del 2020 dos mil veinte (fecha en que el actor dio aviso a la aseguradora demandada del riesgo del vehículo asegurado, para los efectos de reclamar el pago de la aludida eventualidad) hasta la total solución del asunto.********************Actuaciones judiciales que merecen pleno valor probatorio respecto de los hechos que contienen, atento el artículo 1294 del Enjuiciamiento Mercantil, y de la cuales resulta la legitimación activa y el derecho del accionante material para formular el incidente de liquidación de sentencia que ocupa.********************Con las adecuaciones que precisaran más adelante, el incidente de liquidación es parcialmente fundado.********************Lo anterior, si se conviene que el contrato de seguro es un contrato mercantil, nominado, de solidaridad y, por ende, basado en la buena fe a través del cual la seguradora se obliga mediante la prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato; asimismo, el contrato de seguro se rige, entre otros principios, por el indemnizatorio, conforme al cual, el asegurado puede reclamar el resarcimiento del daño sufrido; por lo que en esos contratos, resulta lícito que las partes le otorguen a los bienes objeto del contrato, un valor determinado de indemnización, o bien, pacten un método de evaluación de daños para el caso de que ocurra alguno de los riesgos amparados en la póliza.********************Luego, como ya se dijo, en sentencia definitiva se condenó a la empresa demandadas, primeramente, al cumplimiento del contrato de seguro, mediante el pago a su colitigante de la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia del valor comercial del vehículo materia del contrato de seguro, derivado del concepto de cobertura de robo total del vehículo asegurado.********************De lo anterior, se advierte que para estar en condiciones de proceder a la liquidación de lo condenado en sentencia, primordialmente amerita determinar el valor comercial del vehículo que es materia del contrato de seguro, y de esa forma establecer el monto de la obligación.********************La póliza del seguro número ********************, materia del juicio y denominada "Autoseguro Dinámico", señala (como ya se dijo en la sentencia definitiva), que la cobertura de robo total, sería por el valor comercial al momento del siniestro, menor el 10% diez por ciento de deducible; siendo que para determinar dicho valor comercial se debe atender a los instrumentos o guías especificadas en las condiciones generales aplicables. Ello es así, atendiendo a lo determinado en la sentencia definitiva del juicio, así como al contenido de la póliza que fue materia de la controversia.********************El anterior criterio es orientado en la tesis del tenor siguiente:********************(.) ******************** En el caso se exhibieron las condiciones generales respectivas al seguro "Autoseguro Dinámico", dentro de las cuales se especifica que por valor comercial se entiende el valor de venta al público del vehículo asegurado en la guía EBC, vigente a la fecha del siniestro, (considerando el valor de venta identificado con la letra V).********************Por tales motivos, se concluye que, como se excepciona en ese sentido el apoderado jurídico de la persona moral incidentada, dicha guía es la que se debe atender para determinar el valor comercial del vehículo, y obtener el monto de la indemnización; de la cual una vez revisada la que se exhibió con el escrito de contestación del incidente, vigente al mes de octubre de 2020 dos mil veinte (mes en que se verificó el siniestro), se obtiene que el valor comercial que ahí se le asigna es por la cantidad de $1********************, que es la que se aprueba como valor comercial del vehículo al momento del siniestro, y que deberá de pagar la aseguradora demandada "********************, por concepto de cobertura de robo total del vehículo materia del contrato, a favor del incidentista ********************; debiendo tomarse en consideración el 10% diez por ciento de deducible del seguro, en términos de los especificado en la póliza accionaria; por lo que a aquella suma deberá restársele dicho porcentaje.********************Razones las anteriores por las que, no obstante el valor probatorio que pudieran merecer los dictámenes periciales exhibidos para determinar el valor comercial, no son de tomarse en consideración para proceder a la indemnización del robo total, pues el método específico para determinar el valor comercial e la guía EBC.********************En suma de lo anterior, con las adecuaciones realizadas, se declara parcialmente fundado el incidente de liquidación de sentencia promovido por el apoderado jurídico de ********************en contra de la persona moral "********************.********************En mérito de lo anterior, así como con apoyo además en los numerales 1321, 1322, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, se resuelve de acuerdo con los siguientes ********************RESOLUTIVOS********************PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver la presente controversia.********************SEGUNDO. Atento a los motivos expuestos en el considerando segundo de este fallo, y con las adecuaciones realizadas, es parcialmente fundado el incidente de liquidación de sentencia promovido por el apoderado jurídico de ********************en contra de la persona moral "********************" ********************."******************** ********************Así en sus conceptos de violación el peticionario de amparo aduce esencialmente que:****************************************a) Que para determinar el valor del vehículo, la autoridad responsable se apoyó en las condiciones generales aplicables al contrato de seguro; sin embargo, no debió ser así, ya que dichas condiciones nunca le fueron entregadas y por ello, no se le puede vincular en su contenido, ni lo obligan ni comprometen al contratante; además, porque al determinarlo así, se desconoce la autoridad de cosa juzgada; y, ****************************************b) Que la resolución interlocutoria controvertida transgrede el principio de fundamentación, motivación y exhaustividad, que refieren los artículos 1324, 1325, 1327 y 1329 del Código de Comercio. ****************************************Concepto de violación que se califica en su totalidad de infundados.****************************************Para dar sustento a lo anterior, primero es necesario establecer que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, por lo que dicho incidente resulta necesario para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en sentencia y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución.****************************************Es decir, la finalidad del incidente de liquidación es que se determine concretamente la cantidad por la cual debe despacharse ejecución.****************************************De lo expuesto, se puede deducir que para que nazca el incidente de liquidación primero debe existir una sentencia que tenga el carácter de ejecutoriada, pues es con base a las prestaciones dilucidadas en la misma en las que se fundará el incidente antes referido.****************************************Así, lo infundado del primer concepto de violación, descansa en que de las constancias que obran en autos se advierte que mediante sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que si bien es cierto que la autoridad responsable determinó fundada la acción que hizo valer el aquí quejoso, también lo es que en la misma indicó que la parte demandada debería cumplir con el consenso de voluntades amparado en la póliza de seguro número ********************, por lo que tendría que reintegrar a la parte actora, aquí quejoso, el valor comercial del vehículo materia del contrato de seguro, la cual estaba supeditada a las condiciones generales respectivas al seguro "Autoseguro Dinámico".****************************************Lo que se advierte en primer lugar, de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo directo ********************, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que declaró infundado por novedoso el concepto de violación formulado por la parte actora, para combatir la rectificación y/o modificación de la póliza y de las condiciones generales; calificativa, que derivó de la circunstancia de que dicha modificación y/o rectificación no fue parte de la litis en el juicio natural, por lo que el juez responsable no estaba en aptitud de resolver al respecto, y que por el contrario se entendían aceptadas las estipulaciones de la póliza como fue contratada; a través de dicho pronunciamiento, el citado tribunal de alzada consideró implícitamente que las condiciones generales de la póliza deberían ser aplicadas como fueron aceptadas por la parte actora, dado que no se solicitó la rectificación en el plazo legal de treinta días posteriores a la recepción de la póliza, de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Contrato de Seguro. ****************************************Asimismo, indicó que para lo único que no se tomarían en cuenta las estipulaciones del contrato sería para lo relativo a la exclusión de pago que hizo valer la parte demandada, ello, porque la parte demandada no había acreditado plenamente que entregó las condiciones generales que rigen el contrato de seguro de vehículo, en las que se plasman algunas exclusiones de pago, por lo que el desconocimiento de los riesgos que no son cubiertos sería imputable a la aseguradora.****************************************Es decir, que dentro del juicio natural se entendían aceptadas las estipulaciones de la póliza contratada, con la salvedad de que la parte demandada no podía argumentar como exclusión de pago el hecho de que el siniestro se había cometido por el delito de fraude, lo anterior, porque en el juicio de origen no había quedado demostrado que la demandada hubiere entregado a la actora las estipulaciones de contrato. ****************************************Aspectos que incluso fueron reiterados en la sentencia emitida en cumplimiento al amparo directo antes referido, en la que el juez responsable condenó a la parte demandada a cumplir con lo estipulado en la póliza de seguro número ********************, mediante el pago de la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia del valor comercial del vehículo materia del contrato de seguro, derivado del concepto de cobertura de roto total del vehículo asegurado.****************************************De esta forma, si la autoridad responsable se apoyó en las condiciones generales establecidas en el contrato antes indicado, esto se debió a que así fue determinado mediante sentencia definitiva, la cual al no haber sido impugnada por las partes adquirió autoridad de cosa juzgada, como se observa.****************************************Por tanto, la determinación del juez de tomar como base el valor de venta al público asegurado en la guía EBC, vigente a la fecha de siniestro, resulta constitucional en la medida que fue dicho valor el que se fijó en sentencia de dieciocho de noviembre pasado la cual, como ya se dijo, está investida de categoría de cosa juzgada. ****************************************De tal suerte que, atendiendo al principio de inmutabilidad de cosa juzgada, es que ya no se está en condiciones de determinar si el peticionario de amparo estaba obligado a las condiciones generales aplicables al contrato de seguro, sino únicamente de pasar por lo resuelto en la misma, lo que radica en que los efectos de la sentencia con esa calidad-de cosa juzgada- se vuelven definitivos.****************************************Ahora, en su segundo concepto de violación el quejoso refiere que la resolución combatida transgrede el principio de fundamentación, motivación y exhaustividad que refieren los artículos 1324, 1325, 1327 y 1329 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente:****************************************"Artículo 1324.- Toda sentencia debe ser fundada en la ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. ********************Artículo 1325.- La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver o condenar. ******************** Artículo 1327.- La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación. ********************Artículo 1329.- Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación la declaración correspondiente a cada uno de ellos."****************************************De dichos artículos se advierte que:***************************************** Toda sentencia debe ser fundada en la ley, siendo que, si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso;***************************************** La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver o condenar;***************************************** La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación; y,***************************************** Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación la declaración correspondiente a cada uno de ellos. ****************************************Por tanto, opuesto a lo que refiere el quejoso, la autoridad responsable fundó su decisión en diversos artículos del Código de Comercio -con lo que cumplió con el primer punto señalado con anterioridad-; igualmente, estableció que era parcialmente fundado el incidente de liquidación de sentencia por lo que la parte demandada debería reintegrar a la actora el valor comercial del vehículo materia del contrato de seguro, esto, de acuerdo a las condiciones generales establecidas en la póliza de seguro "Autoseguro Dinámico", con lo que fue claro en establecer el derecho que atendía y al señalar que en ese punto, procedía absolver a su contraria de pagar con base en el denominado libro azul. ****************************************Ahora, dado que la finalidad de la resolución combatida sólo era cuantificar las prestaciones a las que quedó obligada la parte demandada, es que la autoridad responsable no se encontraba obligada a realizar la separación del punto litigioso, pues como ya se adelantó, lo único que se pretendía dilucidar con dicha sentencia era la cuantificación de lo condenado en sentencia definitiva emitida dentro del juicio de origen.****************************************Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación y dado que no se demostró que el acto reclamado infrinja los derechos establecidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.****************************************Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. ****************************************Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: ****************************************Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************contra los actos reclamados al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, descritos en el considerando quinto de este fallo.****************************************Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. ****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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