Rodolfo Onofre Onofre

Expediente 208/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
208/2019
Año
2019
Actuaciones
39
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Onofre Onofre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    AUDIENCIA RELATIVA AL INCIDENTE SOBRE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia incidental sobre repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo 208/2019, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la secretaria hace constar que el presente incidente se encuentra debidamente integrado para resolver, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con fundamento en el referido precepto 199, téngase hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con las documentales que este órgano jurisdiccional recabó. A lo que el juez provee: Con fundamento en el numeral 199 de la ley de la materia, en relación con el diverso precepto 360, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a aquélla, se tienen admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales referidas con antelación y, a las demás partes les precluye su derecho para hacerlo. En el periodo de alegatos la secretaria hace constar que, las partes no los formularon. El juez acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos, precluye su derecho para realizarlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá esta incidencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Rodolfo Onofre Onofre, por propio derecho, promovió demanda de amparo en los términos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACAN, 2. SECRETARIO DE SALUD EN MICHOACAN 3. DIRECTOR DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 4. DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR MIGUEL SILVA DE MORELIA TODOS CON DOMICILIOS EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS OFICIALES EN MORELIA. ACTOS RECLAMADOS.- Les reclamo a todas las autoridades citadas el negarse a garantizar mi derecho a la protección de mi salud, pues no me apoyan con todos los gastos necesarios para mi tratamiento médico derivado de insuficiencia renal crónica avanzada (IRC) que se me diagnostico desde HACE 7 AÑOS, ya que carezco de solvencia económica para sufragar dichos gastos, y mediante el seguro popular tampoco me puede apoyar con todos los gastos que se requieren, del mismo modo les reclamo a todas las autoridades la falta de protección de mi vida y salud, pues se niega a sufragar gastos de mi tratamiento médico derivado de insuficiencia renal crónica avanzada (IRC) que se me diagnostico desde HACE 7 AÑOS, contraviniendo los numerales 1, 4, 14, 16, 17 y 22 del Pacto Federal. (.).". Segundo. Pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de amparo y concesión de la suspensión de plano. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se decretó la suspensión de plano en favor del quejoso Rodolfo Onofre Onofre, en los términos siguientes: "(.) SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Rodolfo Onofre Onofre, de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento que le aqueja a efecto de garantizar la vida e integridad de su persona, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituir al quejoso en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria respecto de la enfermedad que presente el inconforme durante el tiempo que permanezca a su disposición, con la finalidad de que se garantice su salud y no se ponga en riesgo su vida. (.).". En el mismo proveído se admitió a trámite la demanda de amparo que nos ocupa. Tercero. Resolución, ejecutoria y cumplimiento de ésta. Mediante sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y por otro lado, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, para los siguientes efectos: "(.) Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de practicarle el tratamiento de hemodiálisis que requiere el quejoso Rodolfo Onofre Onofre, para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo. Sin que como ya se anotó, la presente resolución requiera cumplimiento alguno hasta este momento pues como se señaló, la suspensión de plano otorgó tutela anticipada al quejoso. Ello, al margen que el tratamiento de hemodiálisis se encuentre o no, incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, Edición 2016, del Consejo de Salubridad General, porque como se ha precisado anteriormente, el derecho humano a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y garantizar, comprendiendo, entre otras cosas, el derecho al acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, el cual se encuentra contenido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.).". Posteriormente, en acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dicha resolución causó ejecutoria. Seguidos los trámites del controvertido en que se actúa, el dieciocho de septiembre del año en comento, este juzgado se pronunció sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que las autoridades responsables acreditaron haber otorgado la atención médica e insumos necesarios al quejoso para tratar su padecimiento de insuficiencia renal, así como la práctica de las sesiones de hemodiálisis los días lunes y jueves de cada semana; circunstancias que fueron confirmadas por el impetrante de amparo. Atento lo anterior, en proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo consentido dicho cumplimiento y se ordenó el archivo del sumario en que se actúa como asunto totalmente concluido. Cuarto. Trámite del incidente sobre repetición del acto reclamado. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de febrero de dos mil veinte, Santiago Orozco Valencia, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, denunció la repetición del acto reclamado bajo los argumentos siguientes: "(.) Se otorgó el amparo el día 30 de abril de 2019, para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento médico completo y servicios que requiere el peticionario de amparo, sin embargo, no le prestan el servicio de ambulancia que requiere, ante la urgencia de que está a punto de morir por la falta de ambulancia que lo traslade al hospital civil, y la falta de oxígeno, y otros El C. RODOLFO ONOFRE ONOFRE no tiene dinero alguno para sufragar gasto alguno para proteger su salud y vida, vive en una en una comunidad rural con pocos servicios, como lo es la población de Mariano Escobedo, en calle Lázaro Cárdenas número 35, del municipio de Cuitzeo, no cuenta con vehículo o medio de transporte, sin embargo su estado de salud de agrava por lo que el día de hoy me llamo su esposa ANGÉLICA ONOFRE ONOFRE, refiriendo que las autoridades sanitarias le niegan el servicio de AMBULANCIA para que lo trasladen al hospital civil de Morelia para su tratamiento médico, y además que se niegan a prescribirle y suministrarle los medicamentos más elementales que requiere su tratamiento como es catéter, exoparina, eritroproyectina, vitamina "d", solución para diálisis peritonial de 1.5 y 2.5, entre otros medicamentos es por ello que solicitan el apoyo para que se les proporcione el servicio de AMBULANCIA, ya que el hospital civil se niega a proporcionarles dicha AMBULANCIA, por lo que al estar el peligro de muerte el quejoso RODOLFO ONOFRE ONOFRE, su esposa, me pide que denuncie que se repite la negación del servicio médico, y pide a nombre de su esposo que interponga la presente denuncia de REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, y ruego se corra traslado con copia de la denuncia a todas las autoridades responsables, y les pida informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días, destacando que está a punto de perder la vida por la deficiencia del riñón, y falta su remplazo renal y solicita se le traslade a hospital de alta capacidad resolutiva en la ciudad de México, y se designe a un nefrólogos trasplantologo del puntal seguimiento su riñón, y se le suministre todos los medicamentos y estudios necesarios para realizar trasplante de riñón, ya que no puede pagar los estudios de laboratorio, ni adquirir los medicamentos prescritos. Estimo que existe REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ya que todas las autoridades se niegan a proteger su vida y salud, pues se niegan a solventar y costear los gastos que ocasiona su enfermedad, como la falta de AMBULANCIA, por lo que ruego se remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que todas las autoridades no realizan actos encaminados a proteger su salud de manera gratuita y canalizarlo para la atención especializada gratuita a la ciudad de México para que se le realice trasplante de riñón, ya que no quieren darle de manera gratuita los estudios de laboratorio y pago de medicamentos idóneos, eficaces, óptimos y de calidad. Estimo que todas las autoridades responsables actúan de manera dolosamente al repetir el acto reclamado, ya que saben lo delicado y peligroso de la insuficiencia renal y además refieren que padece COVID y no le proporcionan el oxígeno, ni medicamentos idóneos para tratarlo como el remdesivir, u otro realmente eficaz y costoso, además de que se niegan a dializarlo y de que no dispone de dinero para pagar, y retrasan sus estudios para que terceros paguen su atención médica. Por lo que ruego, dado lo delicado del momento remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine a la brevedad posible, que existe REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ya que se niega a proteger su salud de manera gratuita, ya que no tiene dinero para pagar los servicios de salud de calidad y especialidad que requiero, aquí descritos.(.)" Atento lo anterior, previo a emitir pronunciamiento en torno a la procedencia de la denuncia de repetición de acto reclamado, en acuerdo de diecisiete siguiente este juzgado requirió a las autoridades responsables Secretario de Salud y Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", ambos con residencia en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas, manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación a las afirmaciones vertidas por el autorizado del quejoso. Posteriormente, con fundamento en los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, en auto de veintidós del mes y año en comento, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el incidente de repetición del acto reclamado; dio vista a las autoridades responsables para que en el término de tres días, rindieran su informe respectivo y remitieran las constancias correspondientes. En proveído de ocho de los actuales, se fijó hora y día para el desahogo de la audiencia respectiva, misma que se efectúo al tenor del acta que antecede. Así pues, se procede a resolver el presente incidente de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, pues se trata de un incidente promovido dentro de un juicio de amparo del índice de este juzgado. Segunda. Cuadro procesal. En el escrito de dieciséis de febrero de dos mil veinte, Santiago Orozco Valencia, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, denunció la repetición del acto reclamado bajo los argumentos siguientes: Que se actualiza repetición del acto reclamado, porque las autoridades se negaron a proteger la vida y salud del quejoso, al no acceder al solventar y costear los gastos que ocasionaba su enfermedad, específicamente, la falta de ambulancia, para trasladarlo a efecto de que se le proporcionara tratamiento para el COVID, lo que era necesario por la condición de insuficiencia renal que lo aquejaba; y, Porque no le proporcionaron oxígeno ni medicamentos idóneos para tratarlo como el remdesivir u otro eficaz y costoso. Por otra parte, mediante ocurso de veintidós de febrero del presente año, el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y/o del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende represente legal del director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", ambos con residencia en esta ciudad, manifestó que sus representados le han brindado la atención médica multidisciplinaria al impetrante de amparo siempre que ha comparecido al referido nosocomio, tan es así que en los primeros días del mes fue hospitalizado y atendido en éste. Asimismo, señaló que respecto de los medicamentos que le han sido prescritos y que no se encuentran en la farmacia del nosocomio, la parte quejosa tenía conocimiento que debía presentar la receta directamente con personal del área jurídica a fin de que éstos realizaran las gestiones administrativas para la compre de éste o de los insumos requeridos. Tercera. Estudio. La figura de la repetición del acto reclamado se encuentra regulada en los artículos 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 199 de la Ley de Amparo, la cual se configura cuando, una vez otorgada la protección de la Justicia Federal respecto de cierto acto de autoridad, que se consideró inconstitucional por estar viciado uno de sus elementos, la responsable insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado con un acto u omisión ulterior en los mismos términos que el primero, con el mismo sentido de afectación y que reproduce la violación de los derechos protegidos en el fallo constitucional. Así, el objeto de la institución en comento consiste en salvaguardar los efectos de la cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de las sentencias de amparo, porque el propósito que se persigue con este procedimiento consiste en obligar a la autoridad responsable para que quede insubsistente el acto denunciado como repetitivo y en el caso de ser procedente, previa la secuela procesal, separar de su cargo a la responsable y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda para la instrucción del proceso respectivo. Ahora, para la existencia de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado sea idéntico en la violación de derechos que involucró aquél que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivaciones que el órgano jurisdiccional tomó en consideración y declaró inconstitucionales al otorgar la protección solicitada por la parte quejosa. Conviene destacar que el fin de la figura de la repetición del acto reclamado es impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional. Sustenta la anterior determinación, la tesis número I.4o.A.62 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 2005, que establece: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ENCUENTRA VINCULADA CON EL CONCEPTO DE COSA JUZGADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 400, concluyó que la repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional; en ese sentido es indudable su vinculación con el concepto de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo contexto decisorio que la responsable vuelva a pronunciarse o a decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c) Sujetos; consecuentemente cuando tales elementos no concurren, habida cuenta que hay una evidente y notoria diferencia en las razones y disposiciones que gobiernan la decisión cuestionada, no existe repetición del acto reclamado." Así, los requisitos que deben colmarse para la procedencia del incidente de repetición del acto reclamado son los siguientes: Que exista una sentencia de amparo donde se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías. La emisión de un nuevo acto que se estime reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, y que se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo se haya declarado cumplida. Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Sustenta lo anterior, la tesis XXI.1º.P.A.66 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1098 del Tomo XXXIX, Junio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167074, de rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA. La naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al disponer: "Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: a) Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías; b) Que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de procedencia, el Juez de Distrito puede desechar de plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia.". En ese sentido, en el caso que nos ocupa se satisfacen los requisitos señalados con antelación para la procedencia del incidente sobre repetición del acto reclamado; por lo que, en esta interlocutoria debe determinarse si las autoridades responsables incurrieron o no en la conducta prevista en el precepto 199 de la Ley de Amparo. Y en caso de que se estime actualizada dicha repetición, ordenar la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el numeral 193 de la legislación en cita. Ahora, de acuerdo con lo aducido por el promovente de la denuncia, el informe que allegó el apoderado de las autoridades responsables y de las constancias que obran en autos, quien resuelve, estima infundado dicho incidente, por las razones que enseguida se anotarán. Para hacerlo debe recordarse que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de practicarle el tratamiento de hemodiálisis que requiere el quejoso Rodolfo Onofre Onofre, para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo. Sin que como ya se anotó, la presente resolución requiera cumplimiento alguno hasta este momento pues como se señaló, la suspensión de plano otorgó tutela anticipada al quejoso. Ello, al margen que el tratamiento de hemodiálisis se encuentre o no, incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, Edición 2016, del Consejo de Salubridad General, porque como se ha precisado anteriormente, el derecho humano a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y garantizar, comprendiendo, entre otras cosas, el derecho al acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, el cual se encuentra contenido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.).". Por otro lado, el autorizado de la parte quejosa al realizar la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del expediente en que se actúa, refirió que las autoridades no le proporcionaron a su representado la atención médica, en específico el tratamiento de hemodiálisis que requería para el padecimiento de insuficiencia renal y Covid-19 que lo aquejaba, así como la omisión de proporcionarle los suministros y medicamentos necesarios (catéter, exoparina, eritroporectina, vitamina d, etc.) y, además, el negarle el traslado desde su domicilio en la calle Lázaro Cárdenas, número 35, de la comunidad de Mariano Escobedo, municipio de Cuitzeo, Michoacán. Por su parte, el apoderado de las autoridades responsables expuso que sus representados le brindaron la atención médica multidisciplinaria al impetrante de amparo siempre que compareció al referido nosocomio, tan es así que en los primeros días del mes fue hospitalizado y atendido en éste. Asimismo, señaló que no les fue requerida ambulancia alguna, sino hasta el momento en que este órgano jurisdiccional se las solicitó a fin de realizar el traslado del impetrante de amparo. De igual forma, manifestó que al entablar comunicación al número celular 443 730 7988 fue atendido por Viridiana Onofre Onofre, hija del quejoso, quien le expresó que su padre había fallecido el día quince de febrero de dos mil veintiuno, al momento de ser trasladado en un vehículo particular a la ciudad de Morelia, aproximadamente de diecinueve a diecinueve horas con treinta minutos. Lo anterior, se acredita con las copias del certificado y del acta de defunción que obran en autos, de los que se advierte que el quejoso directo murió en dicha fecha a las diecinueve horas con veinte minutos en Calzada Juárez número 77, colonia Ventura Puente de esta ciudad, a causa de: insuficiencia renal crónica -que cursaba hace tres años-, hipertensión arterial crónica -cinco años- y diabetes mellitus tipo dos -diez años-. Conforme a lo anterior, es posible afirmar que en el caso, no se actualizó la repetición del acto reclamado denunciada por el autorizado de la parte quejosa, ya que por principio, para que se estime que la misma ocurrió, se requiere que el acto denunciado sea idéntico en la violación de derechos que involucró aquél que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivaciones; lo que en el caso sujeto a estudio, evidentemente no aconteció, si se considera por principio de cuentas, que el padecimiento por el que se concedió la protección constitucional fue el de insuficiencia renal y no el diverso de covid-19. Pero como razón más importante para considerar sin sustento legal la referida denuncia, se tiene que en el caso no se acreditó la hipótesis principal en la que el autorizado del quejoso, descansó la repetición del acto reclamado, que lo fue el hecho que, las responsables se negaron a autorizar que una ambulancia trasladara al quejoso de su domicilio en Cuitzeo, Michoacán a esta ciudad, a fin de que fuera atendido en esta ciudad de la enfermedad del covid-19 que lo aquejaba; pues a decir de las responsables, dicho servicio no se había solicitado con anterioridad a que este juzgado lo hiciera. Circunstancia que se corrobora, porque no fue sino hasta el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno en que el autorizado del quejoso, presentó el escrito de denuncia de repetición del acto reclamado, y para esa data, según lo revela el certificado médico, Rodolfo Onofre Onofre ya había fallecido. Además, el denunciante no ofreció medio de prueba alguno para acreditar la reiteración de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional y desvirtuar lo manifestado por el apoderado de las autoridades responsables al rendir el informe relativo a la incidencia que nos ocupa, no obstante que tuvo conocimiento de éste con suficiente anticipación. De tal suerte que, son insuficientes los argumentos vertidos por el incidentista en el sentido que, las responsables se negaron otorgarle la atención médica y tratamientos que el quejoso requería para sus padecimientos. Conforme a lo expuesto, son infundadas las afirmaciones del promovente, en el sentido que las autoridades responsables se negaron a brindarle la asistencia clínica correspondiente. De ahí que, en autos se acreditó que contrario a lo que sostuvo el incidentista, las autoridades responsables no actualizaron desacato o inobservancia de lo que ha sido cosa juzgada a través de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 y 208 de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. Por las razones expuestas en la consideración tercera de esta resolución, se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado interpuesta por Santiago Orozco Valencia, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos en la tercera consideración de la presente resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistida de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 08 de abril de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que el treinta de marzo del presente año, el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve del mes y anualidad en cita, se comunicó al siguiente número telefónico 443 730 7988, correspondiente a Viridiana Onofre Onofre, hija del impetrante de amparo, le requirió para que dentro del término de tres días, hiciera llegar copia simple o certificada del acta de defunción de su progenitor, o bien, del certificado médico respectivo y le apercibió que, de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondría una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Atento lo anterior, dicha persona se manifestó formalmente notificada y apercibida de tal requerimiento, así como que en ese mismo momento tomaría foto de los documentos solicitados y los enviaría vía "WhatsApp" para su impresión, a efecto de tomar los datos necesarios de la defunción del quejoso, los cuales se anexaron a la razón actuarial de cuenta. En tal virtud, se tiene por satisfecho el requerimiento decretado al respecto y se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Por otra parte, vista la certificación que antecede se aprecia que, concluyó el plazo de tres días que establece el artículo 199 de la Ley de Amparo, para que las partes expusieran lo que a su derecho conviniera respecto al incidente de repetición del acto reclamado, sin que lo hayan hecho. Asimismo, del estado procesal que guardan los autos se advierte que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno dentro de la presente incidencia. No obstante lo anterior, con fundamento en el referido precepto, en relación con el diverso precepto 360, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, se tienen admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales referidas con antelación. En tal virtud, con fundamento en el referido numeral 199 se fijan las doce horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente de repetición del acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa, la cual se desahogará concurran o no las partes. Lo anterior, no obstante el fallecimiento del quejoso directo, toda vez que el incidente planteado no persigue únicamente el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino la posible sanción y separación del cargo de las autoridades responsables si se demuestra el desacato o inobservancia de lo que ha sido cosa juzgada a través de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, como órgano supremo del control de la constitucionalidad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 17/99 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 161, del Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, con número de registro digital 194480, que a la letra expresa: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN EL INCIDENTE RELATIVO, DICTANDO TODAS AQUELLAS MEDIDAS U ORDENANDO LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS QUE TIENDAN A ESCLARECER SI EFECTIVAMENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRIÓ O NO EN VIOLACIÓN A LA SENTENCIA DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 80, 105, 108 y 111 de la Ley de Amparo, se desprende que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público y que los Jueces de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, no sólo tienen la potestad sino el deber de intervenir oficiosamente, dictando todas aquellas medidas u ordenando la práctica de las diligencias necesarias que tiendan a esclarecer si realmente se ha dado cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo. Por ello, no puede considerarse que una interpretación literal de la última parte del primer párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, conduzca al equívoco de estimar que en estos incidentes sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de resolver allegándose los elementos que estime convenientes, sino que también la tienen el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, dado que atendiendo al principio de derecho de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, se sigue que la finalidad que persiguen los órganos jurisdiccionales federales, en estos casos, es la misma, esto es, determinar si efectivamente la autoridad responsable incurrió o no en violación a la sentencia de amparo al repetir el acto reclamado, respecto del cual se otorgó la protección constitucional.". Lo anterior de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, el cual establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente Ley. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que al actuario adscrito a este Juzgado de Distrito no le fue posible localizar a algún familiar del quejoso Rodolfo Onofre Onofre, en el domicilio ubicado en la calle Independencia número 177, colonia Morelos de esta ciudad, toda vez que al tocar la puerta del inmueble no hubo persona alguna que atendiera su llamado; por lo que, procedió a preguntar en la casa de al lado, donde una persona del sexo masculino que dijo llamarse Adolfo Sánchez Lombera, a quien le hizo saber el motivo de su visita le informó que la casa habitación tiene más de un mes aproximadamente deshabitado, ya que la persona que vivía ahí murió y que únicamente van los hijos esporádicamente a realizar la limpieza. En consecuencia, se faculta al actuario adscrito a este juzgado a efecto de que entable comunicación al siguiente número telefónico 443 730 7988, presuntamente correspondiente a Viridiana Onofre Onofre, hija del referido impetrante de amparo y realice lo siguiente: 1. Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, le requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de dicha diligencia haga llegar a este juzgado copia (simple o certificada) del acta de defunción del quejoso Rodolfo Onofre Onofre, o bien, del certificado médico respectivo; 2. Le aperciba que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 242 y 259, amos de la Ley de Amparo; y, 3. Levante la razón correspondiente a fin de proveer lo conducente. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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