Rocio Ponce de León Orozco
Expediente 111/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rocio Ponce de León Orozco
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en un dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 111/2022, promovido por Rocío Ponce de León Orozco, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós ante la oficialía de partes del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad (foja 14), Rocío Ponce de León Orozco, por propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por lo anterior, la titular de ese juzgado realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 223/2022 presentado el veintiocho de enero del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (foja 8), remitió la demanda original y tres copias de la misma, así como la certificación respectiva de su presentación, el informe justificado respectivo, la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada y el juicio ejecutivo mercantil original 763/2013. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el treinta y uno de enero de dos mil veintidós (foja 8) y en auto de uno de febrero siguiente (foja 16), se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la resolución reclamada -interlocutoria de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno que resolvió el incidente de actualización de intereses, así como la liquidación de gastos y costas tramitado en el juicio ejecutivo mercantil 763/2013- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Avocamiento y trámite. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien en auto de ocho de febrero del año en curso (foja 26) la tuvo por recibida y en la propia fecha, la admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y convalidó el emplazamiento de la tercera interesada Grupo Leomar Sociedad Anónima de Capital Variable, que realizó la autoridad responsable; por esa razón, en dicha determinación solo se ordenó notificarle personalmente el auto de avocamiento que pronunció este juzgado, así como a la parte quejosa. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el once de marzo de este año (foja 53), se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: *Interlocutoria de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno que resolvió el incidente de actualización de intereses, así como la liquidación de gastos y costas tramitado en el juicio ejecutivo mercantil 763/2013, que sobre pago de pesos promovió Grupo Leomar Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su endosatario en procuración, frente a la quejosa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 8). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en testimonio autorizado del juicio ejecutivo mercantil de origen y de su correspondiente planilla de liquidación (dos tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer el concepto de violación expuesto en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En su único concepto de violación la promovente del amparo aduce que la resolución reclamada es ilegal y que carece de la debida fundamentación y motivación, porque el incidente de liquidación de gastos y costas judiciales y actualización de intereses no fue abierto a prueba y porque se resolvió de plano, sin desahogar pruebas o escuchar alegatos. Además, aduce que esa resolución es ilegal, porque previo a emitirse, debió desahogarse una prueba pericial en contabilidad que delimitara y recreara las operaciones aritméticas para que fueran contabilizados adecuadamente los intereses moratorios respecto de los que se le está condenando. Concepto de violación que resulta infundado, como a continuación se precisará. Para dar sustento a ello, en primer término debe indicarse que en la interlocutoria reclamada se declaró procedente el incidente de actualización de intereses, así como de liquidación de gastos y costas judiciales que formuló la actora Grupo Leomar Sociedad Anónima de Capital Variable y se condenó a la quejosa a pagar la cantidad de $256,608.00 (doscientos cincuenta y seis mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios y honorarios profesionales aprobados. Luego, deben traerse a cuenta los dispositivos 1346 a 1358 del Código de Comercio, aplicable al asunto que nos ocupa, dado que la demanda que dio origen al juicio natural se presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, los cuales disponen: "CAPITULO XXVII De la Ejecución de las Sentencias Artículo 1346.- Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia, o el designado en el compromiso en caso de procedimiento convencional. Artículo 1347.- Cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo dispuesto en los arts. 1397, 1400 y 1410 a 1413 de este Libro. Artículo 1347-A.- Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones: I.- Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados en que México sea parte en materia de exhortos provenientes del extranjero; II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real; III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; IV.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; V.- Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra; VI.- Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el Tribunal Mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; VII.- Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México; y VIII.- Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o resoluciones jurisdiccionales extranjeras en casos análogos. Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. CAPITULO XXVIII De los Incidentes Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352.- Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Artículo 1358.- En los incidentes criminales que surjan en negocios civiles, se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales respectivo." La transcripción de los capítulos XXVII y XXVIII, permiten advertir que la planilla de liquidación se encuentra prevista en el artículo 1348, en el capítulo denominado De la ejecución de las sentencias, del que se advierten las hipótesis relativas a la tramitación de dicha liquidación de sentencia, consistentes en: Que si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación; Que se dará vista por tres días a la parte condenada; y, Que desahogada o no la vista, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. En cambio, el diverso artículo 1353 del referido código sustantivo, se trata de un numeral contemplado expresamente en el capítulo denominado De los incidentes, del que se advierte el siguiente trámite: Cualquier tipo de incidentes, -diferentes a los que se interpongan en forma verbal en el desarrollo de alguna audiencia, relacionado con los actos sucedidos en la misma-, se harán valer por escrito; Al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas; y, De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Pues bien, realizado un análisis comparativo de ambos numerales se advierte que los artículos 1348 y 1353 del Código de Comercio, otorgan tratamiento distinto al trámite de las planillas de liquidación y a los incidentes que surjan durante el juicio, pues mientras el primer dispositivo no exige mayor requisito para la procedencia de la liquidación de sentencia, que el relativo a la presentación de la planilla por escrito y la vista a la contraria por tres días; el diverso 1353, exige que la parte que promueve el incidente, proponga las pruebas y fije los puntos sobre los que versarán las mismas. Atento lo anterior, se dice que no asiste razón a la quejosa al señalar que es ilegal que el juez responsable, previo a emitir la interlocutoria reclamada, no abriera el incidente a prueba, ya que si bien es cierto que, constituye una costumbre que en la práctica mercantil a las planillas de liquidación se les otorgue el tratamiento de cuestiones incidentales e incluso se lleven por cuerda separada; también lo es que, esa sola circunstancia no obliga a los jueces a que se tramiten en vía incidental y que por ende, necesaria o imperativamente deba abrirse el incidente a dilación probatoria. Preponderantemente, porque el propio Código de Comercio, en su artículo 1348, al regular expresamente la tramitación de la planilla de liquidación, no exige mayores requisitos para su resolución, que la presentación por escrito de la planilla y la vista a la contraria por el término de tres días; es decir, no sujeta al juez del conocimiento a que aperture un periodo o etapa especial para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, sino que solamente impone la obligación que se corra vista a la parte incidentada, con la planilla presentada, por el término de tres días. Bajo ese orden de ideas, también es equivocada la afirmación de la parte quejosa, al señalar que previo a emitir la resolución correspondiente a la planilla, debió desahogarse una prueba pericial en contabilidad, a fin de verificar las operaciones aritméticas y cálculos correspondientes; ello, porque el mismo numeral 1348, tampoco sujeta u obliga al juez a hacerlo de ese modo. Aunado a ello, porque el incidente de gastos y costas judiciales y actualización de intereses, por su especial naturaleza, es un procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena líquida decretada en sentencia ejecutoriada y determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables; de ahí que, no exija forzosamente el ofrecimiento de medios de convicción, ya que generalmente se trata de un procedimiento de cálculos y operaciones aritméticas. Esto es, los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. No obstante ello, existirán casos en los que exista controversia entre las partes respecto de dicho cálculo, por ejemplo, cuando el demandado aduzca el pago parcial de la condena; supuesto en el cual, sin lugar a dudas, es posible admitir y desahogar pruebas que guarden relación con los hechos que se pretendan probar en el incidente de liquidación, es decir, que sirvan para determinar el cálculo contenido en la planilla sin afectar la cosa juzgada; sin embargo, en el caso que se estudia no se actualiza dicha hipótesis, razón por la cual como correctamente lo determinó el juez responsable, resultaba suficiente la presentación de la planilla y la vista a la contraria, para declarar procedente la liquidación que aquí se reclama. Sobre todo si se considera que la prueba pericial de contabilidad a la que alude, ni siquiera fue ofrecida por su parte, pues como se aprecia del escrito que presentó el veintiséis de noviembre del año pasado, en dicho incidente sólo ofreció como medios probatorios, una prueba confesional, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 53/2011, emitida por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, pag. 806, Novena Época, registro 161042, que dice "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE). El incidente de liquidación de sentencia es un procedimiento contencioso que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en sentencia ejecutoriada y determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Ahora bien, en todo procedimiento contencioso, y en los casos en que exista controversia entre las partes (como cuando el demandado incidentista haga valer excepción de pago y cumplimiento parcial de la condena), debe respetarse la garantía de debido proceso legal contenida en el artículo 14 constitucional, la cual permite a los justiciables el acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Por tanto, en el incidente de liquidación de sentencia es posible admitir y desahogar pruebas ofrecidas por las partes para poder resolverlo, siempre y cuando tales probanzas guarden relación con los hechos que se pretenden acreditar y con el fin mismo del incidente de liquidación, es decir, que sirvan para determinar el cálculo contenido en la planilla de liquidación sin afectar la cosa juzgada, en el entendido de que el trámite y desahogo de las probanzas deben realizarse conforme a las reglas genéricas de los incidentes, previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 77/2009, emitida por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, pag. 220, Novena Época, registro 165983, que dice "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Ahora bien, del artículo 1348 del Código de Comercio se advierte que la presentación de la planilla de liquidación es condición necesaria para que inicie el procedimiento respectivo, y la oportunidad para que ello suceda se determina claramente en el propio precepto, al señalar que dicho documento debe presentarse al pedir la ejecución, lo cual obedece a la necesidad de dar vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, y así permitir la sustanciación del procedimiento de ejecución con base en cantidades determinadas. En efecto, si se promueve la ejecución pero no se exhibe la planilla indicada, no sólo no puede darse vista a la contraria, sino que el juez no podrá resolver lo conducente en cuanto a la precisión de las cantidades exactas a que esté obligado a satisfacer el demandado, por lo que ante dicha eventualidad, el juzgador deberá desestimar el incidente de liquidación, por falta de los elementos necesarios para emitir su fallo. En ese sentido, se concluye que si no se presenta la planilla de liquidación en el momento preciso a que se refiere el citado artículo, es decir, al promover la ejecución, precluye el derecho de hacerlo, por falta de realización del acto necesario en el momento procesal oportuno. Sin que lo anterior sea óbice para que el vencedor pueda volver a solicitar la liquidación, mientras no haya concluido el término de la prescripción, pues su derecho para ello no se afecta por la preclusión, sino por la prescripción. Ahora bien, una vez establecida la necesidad de exhibir la planilla, so pena de que opere la preclusión, esta Sala estima que en atención a la severidad de semejante consecuencia, es menester que el juez, en uso de sus poderes de ordenar el proceso y sin que signifique desequilibrarlo a favor de ninguna de las partes sino tan sólo el de proveer adecuadamente para el eficaz y pronto desarrollo del procedimiento de ejecución, prevenga al promovente de la ejecución a que exhiba la planilla, por el término genérico de tres días previsto en el artículo 1079, fracción III, del Código de Comercio, bajo el apercibimiento de que de no cumplir se tendrá por precluido su derecho a exhibir el documento en cuestión." En las narradas circunstancias, al no haber prosperado el único concepto de violación planteado, lo que se impone es negar el amparo solicitado. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rocío Ponce de León Orozco, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, descrito en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de 20 de abril del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 20 de abril de dos mil veintidos, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
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- Rocio Perez Bustamante296/2023
- Rocio Ramos Monzón811/2021
- Rodolfo Agustin Alonso1191/2019
- Rodolfo Andrei Granados Galvan1205/2017
- Rodolfo Becerril Rubio505/2023
- Rodolfo Colin Tello306/2023
- Rodolfo López Covarrubias929/2022