Rocio Ramos Monzón
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Martínez Borunda
- Rocio Ramos Monzón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA",, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito invoca como hecho notorio el auto de veintidós de los actuales por el que se decretó el sobreseimiento en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa. Por tanto, con base en lo anterior, se advierte que en el presente asunto no se encuentra pendiente la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales que requieran la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones personales, por lo que para dar un puntual seguimiento y trámite a este incidente, se ordena reactivar la actividad jurisdiccional única y exclusivamente para su continuación, estudio y resolución. De manera preliminar, conviene mencionar que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con la finalidad de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Acorde con lo expuesto, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. Así, en virtud de lo expuesto y tomando en consideración que en el juicio de amparo de donde deriva el incidente en que se actúa se decretó el sobreseimiento, con motivo de que la parte quejosa completó su esquema de vacunación contra el virus Covid-19 y con ello la omisión reclamada, resultaría ocioso continuar con la tramitación del incidente hasta resolver sobre la suspensión definitiva, pues ello resultaría contrario al principio de economía procesal ya referido, en perjuicio, como ya se dijo con antelación, del resto de los justiciables de este juzgado, pues no deviene práctico ponderar un interés particular sobre el general; por tanto, se declara sin materia el incidente de suspensión al no existir cuestión sobre la cual resolver. Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno Cuauhtémoc Martínez Borunda y Rocío Ramos Monzón en representación de la menor Valeria Liliana Martínez Ramos comparecieron a esta instancia constitucional a reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, lo siguiente: La omisión de aplicar a la menor Valeria Liliana Martínez Ramos la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Ahora bien, mediante acuerdo de treinta de septiembre del año actual se tuvo a los apoderados de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, informando que a las diez horas del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la menor quejosa acompañada de sus familiares podría acudir a las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número uno, ubicada en Calle Plan de Ayutla número 78, colonia Chapultepec Sur de esta ciudad, para el efecto de que le fuera aplicada la primera vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, previamente la autorización signada por alguno de sus progenitores. De igual forma, en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo al representante legal de las autoridades responsables Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando que luego de aplicar la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la menor quejosa, se le citó para inocularla con la segunda dosis, y remitió copia del consentimiento informado de tres de noviembre del año en curso, mismo que se encuentra firmado por el padre de la menor quejosa, a la cual, de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se le concede valor probatorio pleno, por constituir documentos públicos. Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar a la menor la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se restituyó a la menor quejosa en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que a la fecha no obran los informes previos ni los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se requirió a las siguientes autoridades: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Salud; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; y, Presidente del Consejo de Salubridad General. Todos con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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