Roberto Pablo Salazar Zaragoza

Expediente 485/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
485/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Pablo Salazar Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 485/2023-VII-A, promovido por Roberto Pablo Salazar Zaragoza, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el veintisiete siguiente, compareció Roberto Pablo Salazar Zaragoza, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa. Asimismo, mediante auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo ahí concedido, manifestara si era su deseo ampliar la demanda por lo que hace a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, apercibida que de no hacerlo en el plazo concedido para ello, se resolvería únicamente respecto de las autoridades que señaló como responsables en el escrito de demanda; siendo que por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia simple del ocurso de ampliación de demanda de amparo, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, ampliación de la misma y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La retención de la motocicleta marca Honda VT750, modelo 2005, con placas 44YPU6, del Estado de Veracruz, retenida en el depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico de dicha corporación y al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (registros 6339 y 11076, respectivamente), lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron a los mismos. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso Roberto Pablo Salazar Zaragoza, y por ello procede el sobreseimiento. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Cabe precisar, que de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 Constitucional y 5° de su Ley Reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico o legítimo que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. En esa tesitura, dada la naturaleza del acto reclamado (administrativa), es menester determinar si en el caso, el quejoso aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, en virtud de que al ubicarse en uno de esos supuestos, es lo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional en reclamo de la afectación a su esfera de derechos; para ello, es conveniente precisar los elementos constitutivos tanto del interés jurídico como del legítimo, los cuales a saber, son: Interés jurídico, consiste en acreditar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Mientras que, el interés legítimo se compone de los siguientes elementos a demostrar: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis LXXX/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1854, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de Registro 2004501, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación a su esfera jurídica derivada de: La retención de la motocicleta marca Honda VT750, modelo 2005, con placas 44YPU6, del Estado de Veracruz, retenida en el depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Por lo que tiene la carga probatoria de acreditar que efectivamente dicho actuar de las responsables le ocasiona un perjuicio a ese derecho subjetivo. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 15 del Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de Registro 187777, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Sin embargo, el quejoso Roberto Pablo Salazar Zaragoza no exhibió prueba alguna para demostrar que el actuar de las autoridades responsables afecta su interés jurídico, pues la que exhibió como tal mediante escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, consistente en la factura original de la motocicleta marca Honda VT750, modelo 2005, con placas 44YPU6, del Estado de Veracruz, aunque si bien es cierto, en un primer momento se puede observar que contiene una firma y la fecha en que se realizó el endoso a favor del directo quejoso, dicho documento carece del nombre de la persona que endosó el documento a su favor, siendo que la persona que aparece como comprador del vehículo en mención antes de él es una razón social de nombre "Servicio Trejo". Por lo que resulta definitivo que quien debió firmar el endoso a favor del aquí quejoso es el representante legal de dicha persona moral, no cualquier persona, por lo que al no asentarse en dicha factura el nombre de la persona que endosa el documento y el carácter con el que lo endoso en nombre de esa razón social, no se tiene la certeza de quién fue el que supuestamente transfirió la propiedad de la misma; además de que al no haberse presentado dicho documento ante alguna autoridad con fe pública, ni tampoco se encuentra acreditada la muerte de alguno de los firmantes, entonces, no se puede sostener que el documento sea de fecha cierta. De ahí, que no se tenga por acreditada la propiedad de la motocicleta en comento en favor del quejoso Roberto Pablo Salazar Zaragoza, ni la certeza de la fecha del mismo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." (Registro digital: 190371, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: P./J. 7/2001, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 9, Tipo: Jurisprudencia). En estas condiciones, al no haber demostrado el quejoso Roberto Pablo Salazar Zaragoza su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Pablo Salazar Zaragoza, respecto de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico de dicha corporación, así como del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintiséis de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada en proveído de veinte de septiembre de este año, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe y copia certificada de la boleta de infracción con número de folio 745177, remitida por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en auto de ocho de septiembre del año en curso, rinde el informe que se le solicitó y remite copia certificada de la boleta de infracción con número de folio 745177; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional.

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