Roberto Ludovico Mayorga Perez

Expediente 474/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
474/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2018

Partes del expediente

  • Roberto Ludovico Mayorga Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación del acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, dictado en este juicio, se hizo a la parte promovente el treinta siguiente. En consecuencia, habiendo transcurrido el término de cinco días que señala el numeral 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en tal virtud, se declara que el referido proveído, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *********, en contra del acto que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ambas con sede en esta ciudad, que hace consistir respectivamente, en lo siguiente: "El auto de fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio ordinario de guarda y custodia número 621/2017, en el que la Juez responsable se inhibe del conocimiento de dicho asunto y ordena su remisión a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que lo remita al Juez Competente en Materia Familiar en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo." Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 474/2018-II-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, aplicada en sentido contrario. Tales preceptos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del texto de dichos preceptos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los objetivos. Entendiéndose por los primeros, los que lesionan materialmente los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 189, en la página 154, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; en atención a las siguientes consideraciones, y tampoco se afectan derechos adjetivos de carácter trascendental y grave. Reflexionando sobre lo expuesto, este Juzgador considera que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada, en virtud de que el acto reclamado no causa sobre el quejoso una ejecución de imposible reparación, como se explicará a continuación. En este orden, la resolución reclamada por la parte peticionaria de amparo, no constituye un acto que tenga sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación, ni es definitivo, porque aun cuando en auto de trece de marzo último, la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se inhibió para conocer del juicio ordinario de guarda y custodia, y ordenó su remisión por conducto de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Juez Competente en Materia Familiar en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo; estaría pendiente que ésta última autoridad aceptara o no la competencia propuesta a su favor. En tal virtud, la afectación, en su caso, de los derechos sustantivos del peticionario no se actualizaría sino hasta en tanto la autoridad que se estima competente aceptara conocer del asunto, pues existe la posibilidad jurídica de que rechace conocer del procedimiento relativo. En otras palabras, aun cuando por auto de trece de marzo último la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se inhibió para conocer del asunto al estimar que el Juez competente lo es uno en Materia Familiar en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, lo cierto es que dicho acto no causa al solicitante de amparo un daño de imposible reparación, pues aún está pendiente que la autoridad declinada antes señalada, determine si acepta o no la competencia que le fue planteada y en su caso, será hasta ese momento, es decir, en el caso de que acepte la competencia, cuando se afectarían los derechos fundamentales del peticionario de amparo. Así las cosas, como quedó precisado con antelación, la ejecución de imposible reparación de una determinación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da actualmente cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución, y no como sucede en el caso particular, pues como quedó precisado, al declinar competencia a favor de otra autoridad, no se está ante una inminente aceptación para conocer del asunto planteado, sino que el Juez que se estima competente deberá a su vez analizar las constancias, para así determinar si la acepta o no, y, en su caso, será hasta ese momento, es decir, en el caso de que acepte la competencia cuando se afectarían los derechos fundamentales de la solicitante de amparo, debido a que no se sabe si la citada autoridad, la aceptará o no. No pasa inadvertido el contenido de la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, mismo que establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, dicha fracción no debe interpretarse en forma aislada, sino concatenada con la fracción IV del citado artículo 107, e incluso, con las fracciones XVIII y XIX del artículo 61, todos de la Ley de Amparo. En efecto, cuando la fracción VIII en comento establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, el legislador no pretendió desconocer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de tal forma, que la resoluciones intermedias no pueden ser atacadas, por no encontrarse firmes y ser susceptibles de ser modificadas o nulificadas incluso de oficio, como ocurre en los casos en que existe un conflicto competencial. Así, la citada fracción VIII prevé la procedencia del amparo contra determinaciones en las cuales se declina competencia, entendiéndose dicha hipótesis normativa, siempre y cuando ya sean definitivas y no exista la posibilidad de que puedan ser modificadas por un acto posterior. Pues a nada práctico conduciría que el legislador haya establecido la obligatoriedad de agotar los medios de impugnación ordinarios, sino es porque buscara privilegiar, el carácter extraordinario de la acción de amparo, de tal forma que el gobernado, pudiera ser restituido en sus derechos fundamentales por algún medio posterior (ya sea a petición de parte o de oficio), que no se abusara del juicio de amparo y que se evitare el dictado de resoluciones contradictorias. Se afirma que lo anterior es así, pues de aceptar la procedencia de una resolución que declina competencia, cuando aún está pendiente que la autoridad a favor de la cual se declinó se pronuncie, provocaría incluso la hipótesis de que el juez de amparo estime correcta dicha declinación y niegue el amparo y resulte que la autoridad a quien se declinó no acepte la competencia, y ante la negativa de amparo, no existe forma de conminarla a cumplir. De ahí que el acto de declinación de competencia, sea impugnable hasta que tenga el carácter de definitivo, esto es, cuando la autoridad acepta el conocimiento, pues el principio de definitividad rige en todo momento y si la parte quejosa puede ser resarcida en sus derechos por la autoridad a favor de quien se declinó competencia, es evidente que la determinación de la Juez responsable con sede en esta entidad, aún no le irroga prejuicio de imposible reparación. Máxime, que el acto por el cual se declina competencia, debe ser analizado de igual forma que un acto dentro de juicio, esto es, en relación a la fracción V y si aún no le irroga perjuicios de imposible reparación, el amparo debe desecharse, ponderando que dicho acto es intermedio y aún no invade la esfera de derechos del gobernado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia: P./J. 17/2015 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Jurisprudencia visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Así como la tesis VII.1º.A.5. K (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Décima Época, Materia Común, publicada en la página 2105, libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE INCOMPETENCIA, SI NO SE TRATA DE UNA QUE SEA FIRME Y DEFINITIVA, QUE CAUSE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Como en una cuestión de competencia participan diversas autoridades y cada una puede emitir resoluciones que determinen inhibirla o declinarla, o bien, aceptar o rechazar el conocimiento del asunto, aun cuando el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", no es factible que aquél proceda contra cada una de las resoluciones que recaigan mientras se decide dicho aspecto, sino sólo respecto de una que sea firme y definitiva, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del precepto referido, con la que ha de relacionarse aquella fracción VIII, dada la estrecha vinculación existente entre ambas; de modo que la determinación de la autoridad en la cual declina conocer del asunto no pueda considerarse definitiva hasta en tanto la otra lo acepte, al constituir solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta directamente los de carácter sustantivo, pues, incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizadas con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, a las personas que menciona, mientras no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.

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