Roberto Kemp Medina

Expediente 1210/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1210/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • Arasiria Gorocica Manzanilla
  • Roberto Kemp Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio de mérito, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta capital, mediante el cual comunica, esencialmente, que ese Tribunal aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 7669 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Por el cual, esencialmente acusa recibo del expediente relativo al juicio de amparo de donde deriva este cuaderno de antecedentes; asimismo, comunica que se requirieron a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los autos del toca 535/2018 y del procedimiento especial de divorcio 1675/2016, y una vez que dicha autoridad remita a la Superioridad las constancias correspondientes, se resolverá respecto de la competencia para conocer de la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el citado Tribunal Colegiado se pronuncie sobre la competencia para conocer del asunto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el escrito aclaratorio de la demanda suscrito por el quejoso, con el que da cumplimiento a las prevenciones que se le hicieron en acuerdos de diecinueve de octubre y cinco de noviembre del presente año. Ahora bien, vistos los escritos aclaratorios y la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la parte conducente de la resolución de veintidós de junio del año en curso, dictada en el toca ********************, que modificó la sentencia emitida por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de la entidad, con motivo del incidente que se aperturó en el procedimiento especial de divorcio sin causales ********************, promovido por ******************** en contra del aquí quejoso, para atender como puntos controvertidos, el régimen de convivencia, el monto de la pensión alimenticia a favor de sus hijas menores, la pérdida de la patria potestad y la compensación solicitados; así como su ejecución por parte de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Estado, se acuerda: Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito declara que carece de competencia legal para resolver el presente juico, por estimar que los actos impugnados deben ser reclamables en amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo; dado que se trata de una sentencia firme y definitiva, y su ejecución. Lo anterior es así, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que señala: "COMPETENCIA.". Así, la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados en materia civil, está prevista por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;...". Por otra parte, los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la Ley de Amparo, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido...". Por ello, este Juzgado declara carecer de competencia para conocer del presente asunto, en virtud de que al reclamarse la sentencia definitiva antes aludida, se está en el supuesto que prevé el citado artículo 170, de la Ley de la Materia, esto es, que el quejoso reclama una sentencia firme y definitiva que puso fin a un juicio, siendo competente, en el caso, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que el juicio de divorcio sin causales establecido en el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Por ello, la determinación que constituye el acto reclamado en esta vía fue emitida con motivo de una audiencia incidental derivada de una controversia respecto de tópicos que no fueron materia de convenio, por lo que se procedió de conformidad con lo dispuesto por los artículos 512, fracción III, 514 a 517 del propio Código adjetivo Familiar. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 111/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002768, materia común, página 592, que establece lo siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Ahora bien, la resolución que sin decretar el divorcio, sólo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables. De ahí que, acorde con los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que sólo resuelven cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo." Así como la jurisprudencia número P./J. 22/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 5, del Tomo III, relativo al mes de Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VIA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS. La interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, así como de los principios de indivisibilidad de la demanda, de celeridad, de concentración y de economía procesal, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de los actos de ejecución de las sentencias definitivas o laudos, cuando se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las resoluciones definitivas indicadas. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver sobre los actos de ejecución respectivos que no se impugnan por vicios propios, debido a que entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquéllos". Y la tesis jurisprudencial número P./J. 23/96, visible a fojas 24, del Tomo III, relativo al mes de Mayo de 1996, Novena Época, sustentada por el Pleno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES A QUIENES SE ATRIBUYA LA EJECUCION, EN VIA DE CONSECUENCIA, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO RECLAMADO. Si el amparo directo es procedente contra los actos de ejecución que se impugnan en vía de consecuencia al reclamarse una sentencia definitiva o laudo, en esa medida es procedente designar como responsable a la autoridad a la que se atribuyan tales actos de ejecución, de conformidad con el artículo 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que en su fracción III, dispone: "La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: (...) III. La autoridad o autoridades responsables...", expresión que, al estar empleada también en plural, es indicativa de que la Ley mencionada no limita el señalamiento de autoridades sólo a la que emitió la resolución definitiva reclamada, sino que también permite la designación de otras, como pudiera ser la autoridad a quien se atribuye la ejecución de la misma, máxime que la Ley de Amparo, en el artículo 11, dispone que "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". Por lo expuesto, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, así como las copias de la misma y sus anexos, para que a su vez la turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente y se sirva informar la determinación procedente. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito aclaratorio de mérito, signado por el quejoso Roberto Kemp Medina, mediante el cual pretende atender a la prevención efectuada por auto de diecinueve de octubre último y reiterada el veintinueve del mismo mes, y del que se advierte que la misma, aún no se encuentra cumplida en su totalidad. Se dice lo anterior, pues no obstante que el citado quejoso mediante el ocurso aludido, exhibe copias simples de las constancias correspondientes a los actos que reclama, aunado a lo expuesto en su escrito inicial de demanda, con lo que amplía los antecedentes de dichos actos, en el referido auto originario de la prevención se dijo que sumado a lo anterior, debía además anexar el número de copias necesarias de su escrito aclaratorio, como dispone el artículo 110 de la Ley de Amparo. A lo cual el quejoso fue omiso en atender, dado que presentó el ocurso de cuenta sin copias de éste ni de sus anexos, cuando son necesarias seis para correr traslado a las partes, las cuales se distribuirán de la manera siguiente: dos para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, una para la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y dos más para el incidente de suspensión. En consecuencia, se tiene por aún no cumplido el requerimiento realizado, por lo que el citado quejoso deberá exhibir las copias correspondientes del escrito de referencia, así como de sus anexos. Por lo anterior, resérvese proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, hasta en tanto precluya el término que se le concedió en autos para el cumplimiento, ya que la presentación de su escrito aclaratorio interrumpió el mismo, por lo cual continuará su cómputo a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182,896, del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO". Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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