Roberto Manuel Cabrera Quiroz
Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Manuel Cabrera Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de diez de julio de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el Titular, Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó personalmente a la parte quejosa el trece de julio de dos mil veintitrés; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintitrés, en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Roberto Manuel Cabrera Quiróz, en contra de los actos que reclamó al Titular, Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad, para el efecto de que: "Las responsables dejen sin efectos la medida de arresto reclamada, y su ejecución, sin perjuicio de que insista en su postura, pero siempre y cuando purguen los vicios formales detectados, pues sólo así se restituirá a la parte impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo manda el ordinal 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cual se hace extensiva al diverso acto reclamado por el quejoso consistente en la determinación de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se estableció que al aquí quejoso le quedan veintinueve horas con treinta minutos pendientes por compurgar, derivadas del arresto administrativo del que fue objeto; en virtud de que como se puso de manifiesto, la orden de arresto de la cual surgió esa determinación, resultó ilegal." Por acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. A fin de dar cumplimiento a la sentencia concesora en primer término, mediante misiva SSP/DJ/ME-31909/2023 relacionada mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, comunicó que por acuerdo de siete de julio de la presente anualidad, dejó insubsistente la diversa resolución de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se calificó al aquí quejoso Roberto Manuel Cabrera Quiroz, con un arresto administrativo de treinta y seis horas; asimismo, dejó sin efectos las horas pendientes por compurgar. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las citadas autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso a) de la fracción lII, del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: diez de julio de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: trece de julio del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: siete de julio de dos mil veintidós. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: siete de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio SSP/DJ/ME-31909/2023, y su anexo, remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en representación del titular de dicha corporación, el cual remite con relación al requerimiento efectuado por auto de veintitrés de los corrientes y en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo informado con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el catorce de junio de dos mil veintitrés, se realizó el quince siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer punto resolutivo sobreseyó en el presente juicio, y en el segundo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Comandante de Cuartel en Turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todas con residencia en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dichas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrán la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 142/2023-III-A, promovido por ***** en contra de los actos que reclaman del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, compareció **** en contra de los actos que atribuye al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; Comandante de cuartel en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Fiscal General del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de la misma fecha (veintinueve de enero de dos mil veintitrés), se concedió al impetrante la suspensión de plano de los actos reclamados y se mandó ratificar la demanda, la que se registró con el número 142/2023-III-B. Por auto de treinta de enero siguiente, ante la ratificación del directo quejoso se admitió la demanda de amparo promovida a su favor. Por ello, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Vista para ampliación de demanda. Por auto de nueve de marzo del año en curso, se dio vista al quejoso para que manifestara si ampliaba la demanda respecto del acto consistente en la la determinación de veintidós de enero de dos mil veintitrés, en la que se estableció que al aquí quejoso le quedaban veintinueve horas con treinta minutos pendientes por compurgar, derivadas del arresto administrativo de treinta y seis horas del que fue objeto. CUARTO. Ampliación de demanda. Por auto de diez de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de demanda por lo que hace al referido acto, y se tuvo únicamente como responsables a las autoridades administrativas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual se les solicitó su informe de ley, y se les indicó la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, de su ampliación, y de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La incomunicación, malos tratos y detención (arresto) del directo quejoso. La determinación de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se estableció que al aquí quejoso le quedaban veintinueve horas con treinta minutos pendientes por compurgar del arresto administrativo de treinta y seis horas del que fue objeto. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación y malos tratos del directo quejoso, atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como al Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno adscritos a dicha corporación, y al Fiscal General del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta capital, toda vez que al rendir su informe justificado por conducto de las autoridades que los representan, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Del mismo modo, no es cierto el acto consistente en la detención del quejoso atribuida al citado Fiscal General del Estado de Yucatán, ya que así lo manifestó expresamente dicha autoridad al rendir su informe correspondiente. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Comandante de Cuartel en Turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistente en el arresto (que en su momento se mencionó como la privación de la libertad del directo quejoso fuera de procedimiento) que se le impuso al quejoso el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, así como la determinación de la propia fecha, en la que se estableció que al aquí quejoso le quedaban veintinueve horas con treinta minutos pendientes por compurgar del arresto administrativo de treinta y seis horas que se le impuso; pues así se advierte de los informes justificados rendidos. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección Constitucional solicitada. Ahora bien, de las constancias de autos, a las que se concede pleno valor probatorio, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvieron al aquí quejoso por alterar la paz y el orden público y lo remitieron con el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien procedió a calificar la falta administrativa y a imponerle un arresto por treinta y seis horas. Sentado lo anterior, atendiendo a la causa de pedir, devienen fundados los conceptos de violación, con relación a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, de conformidad con el artículo 16 constitucional, ya que carece de motivación, lo que constituye una violación formal del acto. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Se entiende por fundar el que la responsable exprese con precisión, él o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivar, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para emitir el acto combatido, existiendo además adecuación entre las normas aplicables con los motivos aducidos. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el mismo contexto, es necesario señalar que el derecho de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales y en la expresión de los motivos que se aduzcan en su aplicación por parte de la autoridad, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla los requisitos legales necesarios. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto. Sin dicha adecuación se violaría, por ende, la citada prerrogativa que, conjuntamente con la de fundamentación legal, integra el derecho de legalidad. Ahora bien, de las constancias de autos, a las que se concede pleno valor probatorio, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, por alterar la paz y el orden público. Que por tal motivo fue remitido con el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien procedió a imponerle un arresto por treinta y seis horas. Sin embargo, de la lectura integral de la orden de arresto decretada en contra del quejoso ROBERTO MANUEL CABRERA QUIROZ, de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, se advierte que carece de motivación, dado que en ella no se estableció cuáles son las circunstancias especiales, razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para imponer la sanción consistente en treinta y seis horas de arresto. En efecto, la autoridad responsable, previo a imponer la sanción aquí reclamada, debió realizar un análisis de ponderación para establecer la temporalidad del arresto, atendiendo a diversos aspectos como la gravedad de la infracción y antecedentes del infractor. Entonces, la atribución conferida por la norma para imponer un arresto, la llevó a cabo de manera arbitraria, pues no se encuentra motivada la imposición de esa medida de apremio por el tiempo decretado, y al proceder de esa manera, transgredió en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, lo que procede es conceder al quejoso el amparo y protección constitucional solicitada para el efecto de que las responsables dejen sin efectos la medida de arresto reclamada, y su ejecución, sin perjuicio de que, de insistir en su postura, deberá hacerlo purgando los vicios formales detectados, pues sólo así se restituirá a la parte impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo manda el ordinal 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cual se hace extensiva al diverso acto reclamado por el quejoso consistente en la determinación de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se estableció que al aquí quejoso le quedan veintinueve horas con treinta minutos pendientes por compurgar, derivadas del arresto administrativo del que fue objeto; en virtud de que como se puso de manifiesto, la orden de arresto de la cual surgió esa determinación, resultó ilegal. SÈPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Humberto Escalante Molina a favor de ROBERTO MANUEL CABRERA QUIROZ, en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como al Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno adscritos a dicha corporación, y al Fiscal General del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta capital, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ROBERTO MANUEL CABRERA QUIROZ, en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Comandante de Cuartel en Turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la séptimo considerando de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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