Roberto Moreno Rodríguez

Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
165/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • Roberto Moreno Rodríguez
  • Roberto Moreno Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal, este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se negó el amparo y protección de la justicia federal, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, el asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, glósese el cuadernillo de sigilo derivado del presente expediente, sin que se efectúe mayor acuerdo al respecto, en virtud de lo expuesto en las líneas previas. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIAVisto para resolver el juicio de amparo 165/2018-IV, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Es la Juez del Tribunal de Control la licenciada *******, para este distrito judicial bravos Chihuahua. IV. ACTO RECLAMADO: El auto de vinculación a proceso dictado el día 17 de febrero de 2018, dentro de la causa penal *******, seguida en contra del quejoso, por la supuesta comisión del delito de violación agravada. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 12), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: a) De la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada. TERCERO. Existencia de actos. La Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 23), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal *******, en lo que interesa dictó en contra de *******, auto de vinculación a proceso, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. En relación con lo anterior, la Jueza de Control responsable, remitió copia certificada del registro escrito del auto de vinculación a proceso reclamado, así como de las videograbaciones de las audiencias relativas (fojas 25 a 35). Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por la Jueza de Control responsable, en ejercicio de sus funciones, quien está dotada de fe pública de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua . Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que si bien dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializada en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien emitió declaración en dos momentos dentro de la audiencia de vinculación a proceso. En este aspecto es menester indicar que el concepto de violación que el quejoso esgrimió en su demanda de amparo en el sentido de que no se respetó su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 Constitucional, es infundado, pues de la audiencia de vinculación a proceso cuya videograbación certificada fue remitida a este Juzgado, se advierte que no solo declaró ante la Juez de Control responsable en dos ocasiones, sino que además tuvo oportunidad de ofrecer pruebas documentales y testimoniales, de manera que no existió, hasta este momento procesal, violación alguna a tal derecho. Luego, se tiene que la Jueza de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Jueza de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o (.) Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. (.). Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, realice cópula con una persona menor de catorce años, con quien tenga una relación que inspire confianza y respeto. En relación con lo anterior, el artículo 171, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establece qué se entiende por cópula para efectos de la configuración del delito que nos ocupa: Artículo 171. (.) Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Pues bien, la Jueza de Control responsable, acertadamente estimó que los hechos materia de la imputación, en esta etapa procesal, sí configuran el mencionado ilícito, y para determinarlo tomó en cuenta los datos que se desprenden de la denuncia que realizó la madre de la menor víctima, quien el diez de febrero de dos mil dieciocho, ante la agente Ministerial y la agente del Ministerio Público, manifestó que a su menor hija se le violentó sexualmente, esto pues el día anterior, nueve de febrero del año en curso, envió a la niña a la tienda y cuando regresó le aventó el dinero a la mesa y se fue, que ella le cuestionó qué pasaba y la niña le dijo que fueran al baño donde le contó que su tío Beto la violó el martes y la amenazó con privarlas de la vida a ellas dos si lo denunciaba, razón por la cual la llevó a denunciar tales hechos ante la autoridad correspondiente. Aunada a tal declaración, efectivamente se tienen los datos que se desprenden de lo manifestado por la menor víctima el diez de febrero del año en curso, ante la agente policial, la agente del Ministerio Público y la médico legista adscrita a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, en el sentido de que aproximadamente a las dieciséis horas del martes, fue a buscar a su abuela y le pidió el teléfono a su tío, quien le indicó que el teléfono se encontraba en la habitación, lugar donde la aventó a la cama y la desnudó, que ella gritó pero el activo del delito le tapó la boca, que trató de quitárselo y aquél le dio una cachetada, que tocaron la puerta y por ese motivo ella se pudo ir a su casa, pues el activo del delito le dijo que se vistiera y se retirara del lugar, asimismo le dijo que si contaba lo ocurrido la privaría de la vida a ella y a su mamá. Continuando, la menor víctima manifestó que el viernes la mandaron a la tienda y vio nuevamente a su tío *******, quien la tomó del brazo y la quiso jalar al interior de su domicilio, pero ella logró quitarse porque pasó una persona, que también en este momento el activo del delito la amenazó en el mismo sentido. A los datos que se desprenden de las citadas declaraciones y entrevistas, acertadamente la Jueza de Control responsable otorgó valor convictivo, en atención a que la madre de la menor víctima denunció los hechos de los que le informó su hija, ante las autoridades competentes como lo son la agente Ministerial y la agente del Ministerio Público, con previo conocimiento de las consecuencias de conducirse con mendacidad, además, únicamente denunció el hecho de índole sexual del cual tuvo conocimiento y su dicho está corroborado con lo manifestado por la menor víctima; quien por su parte fue conteste ante la agente Ministerial, agente del Ministerio Público y médico legista, al referir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que nos ocupan, sin que hasta este momento procesal, como lo indicó la Juez responsable, obren datos que demuestren que se condujo con mendacidad. Ahora bien, respecto al valor probatorio que se asigna a los datos de prueba que derivan de las manifestaciones de la menor víctima, la Jueza responsable acertadamente precisó que los delitos de naturaleza sexual, por lo general se cometen en ausencia de testigos, por lo que cobra especial relevancia la declaración de la víctima. Luego, la Jueza de Control responsable tomó en cuenta los datos que se desprenden del certificado médico derivado de la revisión ginecológica que la perito médico oficial practicó a la menor víctima, donde asentó que presentó desgarros recientes, con puntos blanquecinos, en el radio de las cinco (en comparación con la carátula del reloj), lo que es compatible con datos de penetración vía vaginal reciente, asimismo indicó que tomó muestras de contenido vaginal y clasificó dichas lesiones como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan menos de quince días en sanar y no dejan consecuencias médico legales. Lo que efectivamente es conteste con lo que declaró la médico legista ante la autoridad judicial durante la audiencia de vinculación a proceso, en el sentido de que ella entrevistó a la menor víctima, quien le dio cuenta de los hechos en los términos ya precisados, asimismo refirió que las lesiones encontradas se consideran recientes pues ocurrieron en promedio durante los diez días anteriores al de la revisión y los puntos blanquecinos que encontró se generaron con motivo del transcurso del tiempo entre el surgimiento de la lesión y el proceso de cicatrización, lo que, como precisó la Jueza de Control responsable, es coincidente en cuanto a las circunstancias de tiempo, con lo declarado por la menor víctima. Relacionado con lo anterior, como lo precisó la Jueza de Control responsable, se cuenta con el examen psicológico que practicó a la menor víctima, la psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, con cédula profesional de perito en trámite, profesionista que luego de utilizar la metodología correspondiente, como entrevista clínica, aplicación de inventarios de criterios clínicos especificados según la norma internacional, instrumentos psicológicos como la escala de estrés postraumático y escala de autoestima para la obtención de criterios de auto concepto de la víctima, ésta manifestó lo ocurrido en los mismos términos en que lo había hecho con anterioridad, y si bien la psicóloga advirtió que la menor víctima no se encontraba ubicada en tiempo, también dijo que sí estaba ubicada en espacio, persona, lugar y circunstancia, responde quién es, sabe dónde está, se percibió consiente y alerta, su concentración está intacta, sin dificultades para el análisis de sentimientos y emociones, sin que se hubieren localizado datos de retraso en el desarrollo. Asimismo, la psicóloga asentó que la menor víctima le manifestó que tiene miedo a que se repita la conducta que nos ocupa y que no debía pedir el teléfono. Luego, la psicóloga indicó que la menor víctima presentó un bajo nivel de autoestima, que estaba inquieta, con temor a ser lastimada y que sentía temor, culpa, enojo, dificultad para concentrarse, miedo y disminución del apetito. A los datos que arrojó dicho estudio clínico psicológico, la Jueza responsable acertadamente les otorgó valor convictivo, pues fue practicado por una persona con conocimientos especiales en la materia y elaborado en auxilio de la Representación Social, sin que se advierta que se haya conducido con dolo o malicia, en otras palabras, que haya sido parcial. En este aspecto, si bien la defensa del imputado argumentó que la psicóloga no cuenta, formalmente, con la calidad de perito, lo cierto es que, se insiste, su cédula profesional como tal se encuentra en trámite, además, conforme al artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales , para efectos del proceso penal federal, se considera perito a quien posea título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictamina y no tenga impedimentos para el ejercicio de su profesión, lo que ocurre en el caso con la psicóloga que entrevistó a la menor víctima, pues ante el Tribunal de Control dijo tener cinco años laborando para la Fiscalía Zona Norte y contar con cédula profesional estatal y federal, esto es, cuenta con título como licenciada en psicología. Así pues, como lo consideró la Jueza responsable, de conformidad con los artículos 272, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales , con el dictamen médico y psicológico ya descrito, es posible estimar demostrado, en este momento procesal, que a la menor víctima se le impuso la cópula vaginal, pues además, tanto la perito médico, como la psicóloga que en el ámbito de sus conocimientos revisaron a la menor víctima, comparecieron al Tribunal de Control durante la audiencia de vinculación a proceso, quienes dieron cuenta de sus apreciaciones y conclusiones, así como del estado en el que cada una de ellas advirtió a la menor víctima y cómo es que ésta les narró lo ocurrido. Por último, como lo señaló la Jueza de Control responsable, se cuenta con la información por escrito que proporcionó la agente Ministerial *******, quien entrevistó a la menor víctima y a su madre, agente que asentó que la menor víctima le indicó dónde ocurrieron los hechos, por lo que tomó la serie fotográfica que anexó a su informe, lugar que corresponde al precisado por la Representación Social como aquel en el que ocurrieron los hechos que nos ocupan; datos a los que puede otorgarse valor probatorio, ya que tal como lo consideró la Jueza responsable, derivan del ejercicio de las funciones de auxilio de la agente ministerial de referencia, esto en términos del artículo 132, fracciones I, V, VII, X, XIV y XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales . Así pues, tal como lo concluyó la Jueza responsable, con los datos de prueba descritos y valorados es posible concluir, en este momento procesal, que probablemente el dos de febrero de dos mil dieciocho, a la menor víctima se le impuso la cópula vaginal, quien cuenta con la calidad específica requerida, pues en el momento de los hechos era menor de catorce años, concretamente tenía once años de edad, ya que como precisó la Jueza responsable, tanto ella como su madre manifestaron que nació el quince de abril de dos mil seis, a lo que se adminicula su partida de nacimiento, que aunque es un documento extranjero sin traducción, del mismo sí se desprende su nombre y su fecha de nacimiento ya indicada. Ahora bien, la circunstancia agravante del delito prevista en la última parte del artículo 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistente en el ejercicio de violencia física y moral por parte del activo del delito sobre la persona de la víctima en el momento de consumación del ilícito, como lo estimó la Jueza responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrada, pues la menor víctima fue clara al señalar que el agente del delito la agredió físicamente pues le dio una cachetada y le tapó la boca, además de que es un hecho notorio que la supera por fuerza y peso, asimismo la menor víctima señaló que su agresor la amenazó con ocasionarles un perjuicio a ella y a su mamá en caso de que denunciara lo ocurrido, lo que ciertamente coaccionó el ánimo de la menor víctima pues denunció lo ocurrido el seis de febrero del año en curso, hasta el día diez del mismo mes y año, esto es, cuatro días después. Asimismo, como lo estimó la Jueza responsable, la circunstancia modificatoria del delito prevista en el artículo 175 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua que en el caso se actualiza, es a la que se refiere la fracción VII de dicho numeral, consistente en que entre la víctima y el agente del delito exista parentesco consanguíneo, esto, pues tanto la menor víctima y la madre de éste, durante la integración de la carpeta de investigación, como los testigos ******* y ******* y el propio sujeto activo, durante la audiencia de vinculación a proceso, manifestaron que éste es tío abuelo o tío segundo de la menor víctima. Por lo expuesto, tal como lo concluyó la Jueza de Control responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrado que la menor víctima, de once años de edad en el momento en que ocurrieron los hechos, el día seis de febrero de dos mil dieciocho, en el interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, le fue impuesta la cópula vaginal a través de la violencia física y moral por parte del sujeto activo, con quien guarda parentesco por consanguinidad, lo que configura el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual es de consumación instantánea, en términos del numeral 17, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo legal . En otro aspecto, tal como lo determinó la Jueza de Control responsable, en el caso se encuentra demostrado en grado de probabilidad, que precisamente el aquí quejoso ******* participó en la comisión del hecho señalado en la ley como el delito ya mencionado, esto a pesar de la versión de los hechos que proporcionó al Tribunal de Control, en ejercicio de su derecho a declarar durante la audiencia de vinculación a proceso, esencialmente en el sentido que sigue: que no tiene relación con la menor víctima ni con la madre de ésta por problemas familiares que se han presentado; que no se dedica a vender dulces; que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar, precisamente realizándose un estudio clínico de ultrasonido y un electrocardiograma y que cuenta con el recibo del que se desprende la hora en que pagó dichos análisis, por lo que es imposible que se encontrara en el lugar de los hechos; así como que, él vive en ******* y que su hermana es quien vive en el domicilio marcado con el número *******. En apoyo a lo anterior, como lo mencionó la Jueza responsable, la defensa del aquí quejoso, en la audiencia de vinculación a proceso, ofreció las pruebas documentales consistentes en la impresión los exámenes que le fueron practicados al imputado, de donde se desprende que fueron practicados al menos de las cinco horas con cuarenta y nueve minutos y diecisiete segundos, hasta las cinco horas con cincuenta minutos y veintidós segundos. Sin embargo, como lo estimó la Jueza de Control responsable, a la versión defensiva que proporcionó el aquí quejoso o a su teoría del caso, no es posible otorgarle credibilidad en este momento procesal (sobre este punto se abundará más delante), pues existe el señalamiento directo y contundente de la menor víctima en el sentido de que fue precisamente él quien ejecutó sobre su persona la conducta delictiva de índole sexual ya descrita, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar también ya precisadas, menor víctima que incluso declaró que con posterioridad a la consumación de la conducta delictiva que nos ocupa, fue nuevamente abordada por el aquí quejoso, razón por la cual le contó a su madre lo ocurrido y posteriormente denunció formalmente los hechos de los que fue víctima. Sin que hasta el momento procesal en que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, como lo estimó la Jueza responsable existan elementos para considerar que se condujo con falsedad, pues a pesar de los problemas familiares que se hicieron de su conocimiento en la audiencia de vinculación a proceso, lo cierto es que la menor víctima, se insiste, fue contundente en su señalamiento, declaración que como ya se había precisado, tiene valor preponderante tratándose de delitos de naturaleza sexual, ya que por lo general se ejecutan en ausencia de testigos. Ahora bien, como lo mencionó la Jueza responsable, durante la audiencia de vinculación a proceso se desahogaron los testimonios de *******, *******, *******, ******* y *******, quienes conocedores del derecho que tenían de abstenerse a declarar conforme al artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales , declararon ante el Tribunal de Control que ellos como familia, incluido el aquí quejoso, tienen problemas con *******, madre de la menor víctima, a quien se refirieron como una persona conflictiva, que ha golpeado a ******* y a *******, que ha robado dinero y que sus hijos andan solos a altas horas de la noche, a quienes no lleva a la escuela. No obstante, tal como lo consideró la Jueza de Control responsable, lo que dichos testigos declararon respecto al comportamiento de la madre de la menor víctima es ajeno a los hechos que nos ocupan, además, la madre de la menor víctima en lo que atañe a esos hechos, únicamente los hizo del conocimiento de las autoridades policial y ministerial, sin referir ninguna otra circunstancia, lo que en este momento procesal permite atribuirle credibilidad. Ahora bien, efectivamente, el hecho de que la menor víctima no vaya a la escuela, tal como lo declararon los testigos de mérito, es un dato que puede tomarse en cuenta para atribuir credibilidad también al dicho de la víctima, pues si no acude a la escuela entonces se robustece la probabilidad de que haya estado en el lugar de los hechos, en el momento en que hasta esta etapa procesal se estima demostrado que ocurrieron. Luego, como señaló la Jueza responsable, respecto al el argumento del imputado en el sentido de que él vive en diverso domicilio del proporcionado por la menor víctima y la madre de ésta, se cuenta con el dato derivado de los testimonios de ******* y a *******, en el sentido de que el lugar donde ocurrieron los hechos que nos ocupan se compone de tres inmuebles con el mismo número, además, la menor víctima señaló el domicilio donde ocurrieron tales hechos, sobre el cual la agente de la policía ministerial realizó una serie fotográfica, de manera que, aunque el imputado haya argumentado que vive en diverso domicilio, existe señalamiento preciso y documentado del lugar donde ocurrieron los hechos, que es el ya mencionado. Asimismo, como señaló la Jueza de Control responsable, si bien los testigos *******, ******* y *******, manifestaron que el imputado se encontraba en el ******* de esta ciudad, con posterioridad a las dieciséis horas -momento en que la víctima refirió que ocurrieron los hechos-, e incluso la defensa, como se mencionó, aportó documentos donde se señala la fecha, la hora y a quién le pertenecen, datos que son contestes con lo manifestado por dichos testigos, en el momento procesal correspondiente a la formulación de la imputación, el agente del Ministerio Público no tenía conocimiento fehaciente de la hora precisa en que ocurrieron los hechos, pues aun cuando la menor víctima refirió que ocurrieron aproximadamente a las dieciséis horas o cuatro de la tarde, por su calidad de niña se entiende que carece de noción del tiempo, lo que fue así apreciado por la psicóloga de la Fiscalía Zona Norte, quien en su informe asentó que la menor víctima, en el momento de su revisión, no estaba ubicada en tiempo, pero sí señaló el día en que fue agredida, esto es, se entiende que un niño no tiene noción de la hora exacta en que se verifican los hechos. Por lo que, como expuso la Jueza responsable, el hecho de que la menor víctima haya manifestado que los hechos ocurrieron a las dieciséis horas, ello no implica, en este momento procesal, que así haya ocurrido, de tal manera que aunque el quejoso haya estado a partir de las cinco de la tarde del día de los hechos en el *******, ello no trasciende en este momento procesal pues en la formulación de imputación no se precisó la hora exacta en la cual tuvieron verificativo los hechos, lo que se entiende en la medida en que una niña, se insiste, no tiene noción precisa de la hora en que ocurren los hechos, no obstante, sí fue clara en señalar el día y el lugar en que tuvo verificativo la conducta ilícita que nos ocupa. Por último, el argumento de la defensa en el sentido de que los señalamientos de la menor víctima carecen de credibilidad, dado que si el imputado vende dulces, como dijo la menor víctima, la puerta de su domicilio podía estar abierta, se desestima, pues atender dicho argumento defensivo sería, efectivamente, como lo estimó la Jueza responsable, exigirle a la menor víctima que se defendiera aun cuando es una niña, que gritara no obstante que se le tapó la boca o que realmente se hubiere presentado alguien que impidiera el hecho delictivo, sin embargo, como predicó la Jueza de Control responsable, éste ya se había consumado cuando alguien tocó el domicilio del imputado, lo que motivó que éste le dijera a la menor víctima que se vistiera y se retirara. Ahora bien, efectivamente, como lo consideró la Jueza responsable, si el imputado se dedica o no a vender dulces, o a la florería, es una cuestión ajena a los hechos que nos ocupan y una circunstancia accesoria. De manera que, como concluyó la Jueza de Control responsable, en el momento procesal que nos ocupa, está demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, *******, haya participado en la comisión del delito de violación con penalidad agravada, ya analizado, en términos de los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código de Procedimientos Penales , esto es a título de dolo y en calidad de autor material, sin que en este momento procesal se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que el quejoso esgrimió en su demanda de amparo y que en esencia, son los siguientes: Aduce el quejoso que se vulneraron en su perjuicio los derechos de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues: a) El auto de vinculación a proceso se fundamenta en la declaración de una persona que no estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos constitutivos del delito que nos ocupa, esto es, en la declaración que emitió ******* ante el agente del Ministerio Público, quien emitió su declaración atendiendo a lo que la menor víctima le hizo saber. Además, como lo mencionaron los testigos que ofreció su defensa, ellos -el imputado y la madre de la víctima así como la familia de éste- se encuentran distanciados porque dicha persona es muy conflictiva, testigos que también dieron cuenta de la conducta de *******, cuestión que la Juez de Control responsable omitió tomar en cuenta. b) La declaración de la menor víctima ante el agente del Ministerio Público carece de credibilidad, pues ante dicha Representación Social manifestó que cursa "cuarto año", lo que se desvirtuó con lo manifestado por los testigos que ofreció la defensa en la audiencia de vinculación a proceso y no fue tomado en cuenta por la Juez de Control responsable. Además, la menor víctima manifestó ante el agente del Ministerio Público que los hechos ocurrieron "el martes" a las cuatro de la tarde, en la casa de su tío, precisamente en su habitación, donde éste le quitó la ropa que vestía, prenda por prenda -lo que es inverosímil, pues se supone que se trata de una conducta rápida-; mientras que ante la psicóloga manifestó que el martes seis de febrero de dos mil dieciocho -esto es, ante ella sí precisó la fecha-, entre las tres y las cuatro de la tarde, acudió a la casa de su tío, donde ocurrieron los hechos, a pedir el teléfono, y que mientras los hechos ocurrían, una niña tocó la puerta pues su tío vende dulces, a quien identificó primero como ******* y luego como *******. Circunstancia esta última que también fue desvirtuada por los testigos que ofreció su defensa, en el sentido de que él no se dedica a vender dulces, además no se explica cómo es que la menor víctima sabía que se trataba precisamente de una niña. Inconsistencias que restan credibilidad al dicho de la víctima, quien en realidad actuó obligada por su madre, personas que tienden a mentir como también lo señalaron sus testigos. Tan es así, que la menor víctima intentó quitarse la vida el veintiocho de febrero del año en curso, tomando medicamentos, cuestión que aunque no constaba en la carpeta de investigación en el momento en que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado y además desconoce los motivos por los cuales la menor víctima actuó en ese sentido, sí sabe que ella no quiere regresar con su madre. Además, sugiere el quejoso, que la menor víctima pudo ocasionarse ella misma las lesiones que fueron localizadas con motivo de la revisión ginecológica. c) Que los testigos adquieren valor probatorio cuando concurren estas tres circunstancias: convienen en cuanto a la sustancia y accidentes del hecho; son presenciales; y, cumplen con los requisitos de la Ley Adjetiva. Lo que obedece a que la prueba testimonial es poco fiable y a que quien la emite lo hace desde su experiencia subjetiva e intenciones personales. Por lo que atendiendo a lo anterior, el dicho de la víctima no es confiable, ya que además de las inconsistencias precisadas, no se explica, atendiendo a la complexión de ella y del imputado, cómo es que éste no le ocasionó alguna otra lesión. d) Aunado a lo anterior, la víctima no emitió su declaración acompañada de un especialista, en un lugar no hostil, ante un funcionario especializado y mediando registro escrito o visual de dicha declaración, como lo exigen el Acuerdo 2005/20 de la Organización de las Naciones Unidas, que establece las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos y el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que impliquen niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual incurrió en una incongruencia pues a pesar de que argumentó su obligación de proteger los derechos de la menor víctima, no observó las formalidades indicadas para que emitiera su declaración. Así pues tanto la menor víctima, como su madre, aduce el quejoso, están manipulando los hechos para imputarle la responsabilidad en la comisión del delito de que se trata y el agente del Ministerio Público lo está utilizando como "chivo expiatorio". En el mismo tenor indica el quejoso que tampoco la pericial médica y la entrevista realizada por la psicóloga fueron video grabadas, por lo que carecen de valor probatorio. e) En el dictamen pericial en medicina relativo a la exploración física que se practicó a la menor víctima, si bien la médico legista asentó que presentó desgarro vaginal por penetración, no precisó el origen de dicho desgarro. Aunado a lo anterior, con dicho dictamen no puede probarse que él es el probable responsable en la comisión del hecho constitutivo de delito que nos ocupa. f) Él demostró que en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en otro lugar, pues exhibió el recibo de pago expedido por el ******* de esta ciudad, el seis de febrero de dos mil dieciocho, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, así como las radiografías que se le tomaron, las cuales tienen la misma fecha y como hora las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos, esto es, permaneció todo el día en dicho hospital, esto con motivo de una hernia inguinal que padece. g) La Juez de Control responsable vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, implícitamente reconoció que las dos personas que deponen en su contra no lo vieron cometer el delito de que se trata y el dictamen pericial médico y la revisión psicológica practicados a la menor víctima carecen de valor probatorio. h) En conclusión, la Juez de Control responsable no valoró adecuadamente las pruebas, ni de forma concatenada, pues de haberlo hecho, y de haberse conducido con imparcialidad y objetividad, ello la hubiera conducido a concluir que los testimonios de la menor víctima y su madre, fueron obtenidos ilícitamente y que dichas personas se condujeron con mendacidad. Pues bien, el concepto de violación descrito en el inciso a), relacionado con la primera parte del concepto de violación descrito en el inciso c), en el sentido de que el auto de vinculación a proceso se fundamenta en el testimonio de una persona que no estuvo presente durante la ejecución de los hechos, es infundado, pues la Jueza de Control responsable no apoyó su determinación únicamente en el testimonio de la madre de la menor víctima, sino también en la declaración de ésta y en las revisiones médicas y psicológicas que se le practicaron, así como en el informe policial que rindió la agente ministerial asignada por la Representación Social, como ya se precisó y expuso al momento de analizar el auto de vinculación a proceso reclamado. Ahora bien, el hecho de que los testigos que su defensa ofreció y desahogó durante la audiencia relativa, quienes declararon sobre el distanciamiento del quejoso con la madre de la víctima debido a que ésta es una persona conflictiva, tal como lo indicó la Jueza responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, no resta valor probatorio a las declaraciones de la madre de la menor víctima ni de ésta, pues son circunstancias ajenas al hecho delictivo que nos ocupa y hasta el momento no existe dato alguno que permita vincular esa conducta de la madre de la víctima con ese hecho, por lo tanto los argumentos al respecto son infundados. Luego, en su concepto de violación identificado con el inciso b), el quejoso argumenta que a la declaración de la menor víctima no puede otorgársele credibilidad debido a que: quedó manifiesto por parte de los testigos, que contrario a lo que manifestó ante la Representación Social en el sentido de que cursa "cuarto año", no acude a la escuela; ante dicha autoridad ministerial dijo que los hechos ocurrieron "el martes", mientras que ante la psicóloga dijo que ocurrieron el "seis de febrero de dos mil dieciocho"; primero se refirió a él como ******* y luego como *******; además no es verosímil que él le hubiere quitado todas sus prendas de vestir pues "se supone" que se trata de una conducta rápida; contrario a lo que la menor víctima manifestó ante la Representación Social, él no se dedica a vender dulces; y, por último, porque no existe manera de que pudiera haberse dado cuenta de que quien tocó la puerta de su domicilio, según el dicho de la víctima, fue precisamente una niña. Dichos argumentos son infundados. En efecto, atendiendo a las circunstancias de tiempo que se desprenden de los datos de prueba que arrojó la carpeta de investigación, tanto la menor víctima, como su madre, acudieron ante la Representación Social a denunciar lo ocurrido, el día diez de febrero de dos mil dieciocho, de manera que, el martes anterior, que fue cuando ambas refirieron que sucedieron los hechos denunciados, efectivamente corresponde al seis de febrero de dos mil dieciocho, por lo que en nada incide el hecho de que la menor víctima con posterioridad a emitir su declaración ministerial, haya referido la fecha exacta, pues la entrevista con la psicóloga ocurrió hasta el trece de febrero del mismo año, tiempo suficiente para que se haya enterado de esa información. Ahora bien, el hecho de que en apreciación del quejoso, la conducta que en grado de probabilidad se le atribuye, deba ejecutarse con rapidez, es una cuestión meramente subjetiva, por lo que tampoco incide en lo declarado por la menor víctima; lo mismo ocurre con el hecho de que se haya referido a él indistintamente como su tío ******* o *******, pues lo que prevalece es que la menor víctima en todo momento lo señaló claramente como su agresor. Respecto al hecho de que el aquí quejoso se dedique o no a vender dulces, como lo precisó la Jueza de Control responsable, es una cuestión también ajena a los hechos que nos ocupan, pues el quejoso puede dedicarse a tal actividad o alguna otra, como dijo, a la florería, pero eso no implica que no haya ejecutado la conducta que hasta este momento se le atribuye en grado de probabilidad; y, si quien tocó la puerta fue una niña o una persona de otra calidad, tampoco es relevante, pues lo cierto es y lo relevante es, que debido a ese acontecimiento es que la menor víctima pudo retirarse del lugar de los hechos. Por último, si la menor víctima acude o no a la escuela, es una cuestión que hasta este momento no se encuentra probada en ningún sentido, pero que podrá ser materia de la investigación complementaria que se practique en la secuela procedimental. Sin que sea necesario para otorgarle credibilidad al dicho de la víctima, que señale concreta y pormenorizadamente todas las circunstancias de ejecución del hecho delictivo, como argumenta el quejoso en la primera parte del concepto de violación identificado con el inciso c), pues para esta etapa procesal solo se requieren datos del hecho que la ley señala como delito y de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión para vincular a una persona a proceso, por lo que las demás circunstancias particulares, se insiste, podrán ser materia de la investigación complementaria, sin soslayar la corta edad de la menor por lo que es natural y lógico que la información que proporcione sea limitada, acorde con su edad. Además de que como también lo precisó claramente la Juez de Control responsable, debido a que los delitos de índole sexual se llevan a cabo por lo general en ausencia de testigos, debe otorgarse al dicho de la víctima especial preponderancia y credibilidad, pues de lo contrario a ningún efecto jurídico conduciría la denuncia de hechos de esa naturaleza; lo anterior significa que en este caso debe juzgarse con perspectiva de género, lo que implica, precisamente, dar especial preponderancia al contenido de la denuncia de la víctima, pues constituye una prueba fundamental sobre el hecho, así como tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente ello implica. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 (10ª), estableció que tratándose de delitos que impliquen violencia sexual hacia la mujer, el juzgador debe valorar los datos de prueba que deriven de la carpeta de investigación, con perspectiva de género, a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas que generen en el ánimo del juzgador, una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 460, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2015634, cuyo contenido es el siguiente: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. El subrayado y resaltado es nuestro. Aunado a lo anterior, en el caso, la víctima tiene la calidad de niña y tanto la Jueza de Control responsable, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, como este juzgador de amparo al resolver este asunto, debe atender a su interés superior, lo que implica, desde luego, tomar en cuenta su dicho, máxime que existen otros datos de prueba que permiten darle credibilidad, de esa manera se protege su integridad física y emocional. Al respecto, la Primera Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), determinó que en materia jurisdiccional, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez, de manera que, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Criterio consultable en la página 1397, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2008546, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. El subrayado es nuestro. Credibilidad y preponderancia que se otorga al dicho de la víctima, atendiendo a los criterios de perspectiva de género e interés superior del menor, máxime que ello no es arbitrario, ni deriva únicamente de sus manifestaciones consideradas de forma aislada e individual, como lo pretende argumentar el quejoso, sino que como bien lo expuso la Jueza responsable, tal apreciación deriva también de lo declarado por su madre, de lo asentado por las peritos en psicología y en medicina, en el sentido ya descrito, y de lo informado por la agente de la Policía Ministerial. Por lo tanto, si el quejoso considera que la menor víctima realizó sus manifestaciones influenciada por su madre y que las lesiones localizadas en su persona pudo habérselas infligido ella misma, nuevamente se consideran apreciaciones subjetivas, no hechos probados al menos para el estándar que opera en esta etapa procesal. Lo mismo ocurre con la manifestación del quejoso, descrita en su concepto de violación descrito en el inciso c), en el sentido de que debido a la complexión de él y la de la menor víctima, no se explica cómo es que no le ocasionó alguna otra lesión, esto es, ello constituye una vez más una apreciación exclusiva del quejoso, pues de la mecánica de los hechos que opera hasta este momento procesal, no se desprende motivo alguno por el cual la menor víctima debiera presentar lesiones diversas a las que localizó perito médico legista, ya descritas, correspondientes a penetración vaginal. Como tampoco existe constancia alguna de que la menor víctima haya intentado quitarse la vida y en caso de que esto efectivamente hubiere ocurrido, el propio quejoso indica que fue después del dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, de manera que la Jueza de Control Responsable ninguna noticia pudo haber tenido al respecto para valorarla en sentido que estimara correspondiente. Continuando, el concepto de violación descrito en el inciso d), es infundado, pues justo como lo manifiesta el propio quejoso, el Acuerdo 2005/20 de la Organización de las Naciones Unidas, que establece las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, así como el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que impliquen niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tienen carácter vinculante, esto es, no son de observación estrictamente obligatoria por parte de los juzgadores, de manera que la falta de alguna de las formalidades ahí sugeridas implique la ilegalidad en la forma de obtención de algún medio de convicción. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLXIII/2014 (10a.), publicada en la página 162, del Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2006882, que dice: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo. No obstante, tal como lo explica el criterio interpretativo recién citado, tales Directrices y Protocolo, sí constituyen herramientas para el juzgador a fin de obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa y siente el menor, así como para evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXV/2015 (10a.), estableció que las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los procedimientos judiciales en que intervengan menores como víctimas, en esencia tienen como propósitos los siguientes: a) reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, para lo cual deben participar personas capacitadas en el trato de menores de edad que logren establecer con mayor facilidad una comunicación efectiva con el infante. En efecto, lo anterior se encuentra plasmado en la tesis mencionada, publicada en la página 269, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2010618, que dice: MENORES VÍCTIMAS DEL DELITO. DIRECTRICES EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL, ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR. Es deber del juzgador penal orientar su actividad decisoria, procurando cumplir los objetivos del enjuiciamiento penal, con absoluto respeto no sólo de los derechos del imputado, sino también del infante como víctima del delito. En este sentido, la particular situación y condiciones no sólo biológicas sino también psicológicas del menor, así como el entorno y las circunstancias específicas del caso, exigirán la toma de medidas encaminadas a garantizar el pleno respeto de sus derechos con acciones concretas para hacer cesar o disminuir los efectos de la experiencia traumática, brindar al menor la atención médica y/o psicológica necesaria para superar esos eventos, evitar colocarlo en situaciones de riesgo, como sería una victimización secundaria, así como dar aviso a la autoridad investigadora cuando tenga conocimiento sobre la posible comisión de un delito distinto al que motive la causa penal o la participación de otra u otras personas en la comisión del que se investiga. De acuerdo con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los procedimientos judiciales en que intervengan menores como víctimas, deberán aplicarse las medidas suficientes con el fin de: a) reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, para lo cual deben participar personas capacitadas en el trato de menores de edad que logren establecer con mayor facilidad una comunicación efectiva con el infante. Por lo tanto, lo que puede advertirse hasta este momento es que se protegieron los derechos de la menor víctima en términos de las Directrices y Protocolo invocados por el quejoso, pues se le permitió denunciar los hechos que nos ocupan en los términos que su edad de once años le permitió, la revisión ginecológica le fue practicada en presencia de su madre y por una perito en medicina, esto es, una persona capacitada para ello, incluso, la psicóloga que la entrevistó y valoró en ese ámbito, pospuso su entrevista a fin de que se encontrara en mejores condiciones emocionales, tal como lo explicó ante la Jueza de Control responsable durante la audiencia de vinculación a proceso. En este aspecto es menester señalar, que hasta este momento no se advierte que la Jueza responsable haya vulnerado la integridad emocional o esfera jurídica de la menor víctima, por el contrario, como ya se explicó, precisamente atendiendo a la naturaleza de los hechos que denunció, le otorgó valor preponderante a su declaración, lo que es correcto atendiendo al interés superior del menor que debe operar en todas las actuaciones relacionadas con niños, niñas o adolescentes, como también ya se expuso. Por lo tanto, si la menor víctima emitió su declaración en un lugar no hostil, esto según dicho del quejoso sin que lo haya probado de forma alguna hasta este momento, sin haber estado acompañada en ese preciso momento de un "especialista" y si las revisiones médica y psicológica no fueron videograbadas, como lo exigen, según argumenta el quejoso, las Directrices y el Protocolo mencionados, ello no resta credibilidad a tales actuaciones, específicamente a los datos de prueba que de ellas se derivan, pues los requisitos ahí sugeridos para la práctica de actuaciones en caso de que intervengan niños, niñas o adolescentes, se insiste, como el propio quejoso lo manifestó y más aún, como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó, no son vinculantes, esto es, de estricta observancia obligatoria, además resultaría jurídicamente inadmisible que por no observarse las formalidades indicadas, se dejara de atender el contenido de la denuncia de la menor víctima, situación que sí redundaría en su perjuicio. Además, contrario a lo que afirma el quejoso, tanto la declaración de la menor víctima, como el dictamen en medicina y el informe en psicología practicados, fueron registrados por escrito, tan es así que la agente del Ministerio Público dio lectura a su contenido en la audiencia de vinculación a proceso. Por lo tanto, en este momento procesal, el hecho de que la declaración de la menor víctima y las revisiones médica y psicológica que se le practicaron, se hayan practicado en los términos ya indicados, no le resta credibilidad al dicho de la menor víctima, el que, cabe reiterar, es de especial preponderancia, y mucho menos se sigue de ello que el agente del Ministerio Público haya actuado, como afirma el quejoso, con el exclusivo propósito de perjudicarlo o de "utilizarlo como chivo expiatorio", lo que una vez más, constituye una afirmación sin sustento por parte del quejoso. Luego, el concepto de violación descrito en el inciso e), en el sentido de que la perito médico no asentó en su dictamen el origen del desgarro vaginal que localizó en la persona de la menor víctima y que por ello debe restársele valor, es inoperante, pues lo que importa en esta etapa procesal es la existencia de dicha lesión y si bien con ese dictamen no puede probarse que fue precisamente el quejoso quien ilícitamente ocasionó tal lesión, la Jueza de Control responsable en ningún momento estimó demostrada la probable participación del aquí quejoso en esos términos, sino que consideró, como ya se expuso en esta sentencia, la probabilidad de que haya sido precisamente el quejoso quien participó en la comisión de los hechos denunciados por la menor víctima, constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, con los datos que derivaron de dicho dictamen, aunados a los que se desprendieron de la declaración de la menor víctima y de su madre, así como de la revisión psicológica que se le practicó a aquélla y de la información derivada del informe policiaco que en ejercicio de sus facultades de investigación, ordenó la Representación Social. Continuando, el argumento del quejoso descrito en el inciso f), en el sentido de que demostró que en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en otro lugar, precisamente en el *******, pues exhibió las radiografías que se le tomaron el seis de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, así como a las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos, lo que indica que pasó ese día, durante el mencionado lapso, en dicho hospital, es inatendibe, pues como precisó la Jueza de Control responsable, en este momento procesal no se tiene noticia de la hora exacta en la cual ocurrieron los hechos, dato que en esta etapa temprana, no puede exigírsele a la menor víctima debido precisamente a su calidad de niña y a su pobre percepción del tiempo, razón por la cual en la formulación de imputación la agente del Ministerio Público si bien señaló el día en que ocurrieron los hechos, no precisó una hora exacta. En relación con todo lo expuesto por el quejoso en sus ya mencionados conceptos de violación, se tiene que en su argumento identificado con el inciso h), el quejoso aduce que de haber valorado adecuadamente las pruebas y de haberse conducido con imparcialidad, no de forma maternal hacia la menor víctima (nuevamente apreciación subjetiva del quejoso), la Jueza de Control responsable hubiera concluido que los testimonios de la menor víctima y de su madre fueron obtenidos ilícitamente y que dichas personas se condujeron con mendacidad. Sin embargo, tales argumentos, en este momento procesal son inoperantes, pues se trata de apreciaciones subjetivas del quejoso. Al respecto es menester insistir en que la Juez de Control responsable no otorgó valor probatorio a las diligencias practicadas durante la integración de la carpeta de investigación como medios de convicción propiamente, sino que, atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional, tomó en cuenta únicamente los datos de prueba que de tales diligencias se desprendieron y que consideró constituyen indicios para demostrar en grado de probabilidad que los hechos denunciados configuran el delito ya precisado y que fue el imputado quien lo cometió. Por lo que, la cuestión relativa a la forma de obtención de los medios de convicción desahogados durante la integración de la carpeta de investigación, así como la atinente a la credibilidad de lo manifestado ante el agente del Ministerio Público por la madre de la víctima y por ésta, en el momento procesal que nos ocupa, no pueden ser apreciadas conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal, esto es, no puede exigirse que la información que de tales diligencias se desprende sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterior del proceso penal, mientras que, se insiste, para dictar un auto de vinculación a proceso, como lo señala la norma constitucional invocada en el párrafo precedente, es suficiente que se cuente con datos de prueba con los que se demuestren los extremos indicados, en grado de probabilidad. Por último, el concepto de violación identificado con el inciso g), en el sentido de que se vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, es infundado, sencillamente porque como ya se expuso exhaustivamente, en este momento procesal, los datos que se desprenden de las declaraciones de la madre de la menor víctima, de la menor víctima y de los dictámenes médico y psicológico que se practicaron, no carecen de credibilidad y valor probatorio conforme al estándar que opera para el dictado de un auto de vinculación a proceso y precisamente en atención a dicho principio en su vertiente de "estándar de prueba o regla de juicio", es el Fiscal quien, durante la etapa de investigación complementaria del proceso penal que se le sigue, debe recabar las pruebas que en su momento sustenten su acusación, para que entonces, en una etapa procesal diversa, el quejoso sea enjuiciado, esto es, sea considerado o no, penalmente responsable del delito que ahora, sólo se le imputa en grado de estricta probabilidad a fin de no anticipar culpabilidad, ni imposición de pena alguna, lo que también implica que la Jueza responsable respetó el principio de presunción de inocencia en su vertiente de "regla de trato procesal", pues en el auto de vinculación a proceso reclamado, en todo momento estimó que tanto el hecho constitutivo del delito de violación agravada, como la probable participación del aquí quejoso en su comisión, son aspectos que se encuentran demostrados únicamente en grado de probabilidad. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 25/2014 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 478, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2006093, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 24/2014 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 497, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2006092, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados, inoperantes e inatendibles, respectivamente, los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Jueza de Control responsable, el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, ya que de autos se desprende que se encuentra en curso el término de tres días otorgado a la agente del Ministerio Público encargada de la causa penal ********************/2018, para que proporcione el domicilio de la aquí parte tercero interesada y estar en posibilidad de emplazarla al presente juicio de amparo, así como, una vez que ello se logre, hacer de su conocimiento el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, en que se proveyó respecto de la adscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este órgano jurisdiccional. Por ende, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, a fin de dar margen a lo anterior. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *****, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *****. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a. J. 43 2013 (10) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Enseguida, ya que del informe de cuenta se desprende que el delito por el que se dictó el auto de vinculación reclamado en ese juicio de amparo, consiste en violación agravada, como lo determina el artículo 5, fracción III, inciso c), se reconoce el carácter de terceros interesadas a la menor de edad, de iniciales ***** y a su madre *****. En virtud de que el quejoso manifestó desconocer el domicilio de la parte tercero interesada y puesto que del informe con justificación y anexos de cuenta ello no se desprende, se requiere a la agente del Ministerio Público encargada de la causa penal 335 2018, para que de inmediato y hasta por el periodo de tres días a partir de que reciba el oficio relativo a este auto, informe un domicilio donde emplazarlas. Se hace la aclaración de que el aludido dato personal, será manejado con la discrecionalidad y reserva debidas, de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse del delito de violación en contra de una menor de edad, por lo que, se ordena desde este momento, que una vez que se cuente con la información requerida a la agente del Ministerio Público encargada de la causa penal de origen, se tramite cuadernillo de sigilo para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. J. 36 2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, mayo de dos mil once, Novena Época, que dice: OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución. En otro orden, visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de los corrientes. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *****, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *****. Doy fe.

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