Roberto Lucio Becerra
Expediente 1143/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Roberto Lucio Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió el diverso con el que se le enviaron el escrito original de agravios, hecho valer por la parte quejosa y los autos del juicio de amparo 1143/2022. De igual forma, se le tiene informando que el tribunal de alzada admitió a trámite tal medio de impugnación, mismo que quedó registrado como amparo en revisión 206/2023; lo cual queda enterado este juzgado federal. Lo previo de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******; mismo que fue interpuesto en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo; el escrito original de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal Colegiado. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por *******, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente asunto. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 1143/2022-III, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
J.A. 1143/2022-III Chihuahua, Chihuahua, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 1143/2022-III, promovido por *******, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta Ciudad, y otra; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día siguiente, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta Ciudad y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente: -ACTO RECLAMADO: La resolución dictada en fecha 10 de noviembre del año 2022, en el Toca penal número *******, del índice de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que determinó revocar el auto de no vinculación a proceso dictado por la Juez Aquo en la causa penal número *******, decretando en su lugar mi Vinculación a Proceso, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en perjuicio de ******* (sic); resolución la anterior, que deberá cumplimentar el Juez de Control del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado, y consecuentemente me sujetará materialmente a proceso, para continuar con el juicio.- SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- Tramitación de la demanda. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la misma, se requirió el informe a las autoridades responsables y se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la tercero interesada fue emplazada al presente juicio y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 227, con número de registro 195745, del tenor literal siguiente: -ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.- Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de la Novena Época, Instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, bajo número de registro: 181810, que a la letra dice: -ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto-. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: Del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca *******, en la cual revocó el auto de no vinculación a proceso, dictado en la causa penal *******, por la Jueza de Control, por el delito de violencia familiar y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso. Del Juez de Control, el eventual cumplimiento a tal resolución, y la consecuente sujeción a proceso. TERCERO.- De la existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca *******, en la cual revocó el auto de no vinculación a proceso, dictado en la causa penal *******, por la Jueza de Control, por el delito de violencia familiar, así como el reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistentes en la sujeción a proceso del hoy quejoso, derivada del auto de vinculación a proceso antes señalado por el delito de referencia. Lo anterior, pues el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, así lo expresaron al rendir su informe con justificación, el nueve y trece de diciembre del dos mil veintidós respectivamente, certeza que se corrobora con los discos ópticos, así como transcripciones, que a los mismos acompañaron, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo: VI, Tesis: 226, cuyos rubro y texto son los siguientes: -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.- (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 703, bajo registro número 2004362, del tenor literal siguiente: -VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.- CUARTO.- Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.- SEXTO.- ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto a continuación se relatan los antecedentes del mismo. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, dictó auto de vinculación a proceso a *******, dentro de la causa penal *******, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito, de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193, del Código Penal del Estado, en calidad de autor material, cometido en perjuicio de *******, por hechos ocurridos el primero de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos, en el cruce de las Calles Hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la colonia Puerta del Sol de esta ciudad. El siete de diciembre de misma anualidad, *******, en su carácter de imputado promovió juicio de amparo contra tal resolución, el cual fue radicado bajo número de juicio *******, del índice de este juzgado, y el treinta y uno de marzo veintidós, se le concedió la protección de la justicia federal, para lo siguientes efectos: -En las relacionadas condiciones, para restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales conculcados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución que emitió el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo auto en el que, sobre la base de lo analizado en este considerando de manera suficientemente fundada y motivada, emita el pronunciamiento que corresponda, en la que resuelva la situación jurídica del quejoso *******.- -R E S U E L V E : Único.- La justicia de la unión ampara y protege a *******, contra los actos reclamados a la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en la última parte del considerando quinto de esta determinación.- Sentencia que causó ejecutoria el veintisiete de abril de dos mil veintidós. 3. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el dos de mayo del año dos mil veintidós, en la causa penal *******, resolvió dictar auto de no vinculación a proceso, bajo los argumentos que a continuación se transcriben: -.- Referente a la fracción III, el Tribunal estima, que de los antecedentes de la investigación que fueron expuestos por el Ministerio Público, hasta este momento, no quedó acreditado que se cometió el hecho que la ley tipifica como delito de violencia familiar. que se le imputa a -*******-, Y mucho menos que exista la probabilidad de que fue el quien lo cometió, esto por las razones siguientes: Al respecto, tenemos que el artículo 193 del Código Penal del Estado establece: -Artículo 193.- A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar.- Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el particular tenemos que la Representación Social le imputa a -*******-, que el primero de noviembre de dos mil veintiuno, alrededor de las diez horas con veinticinco minutos, con la mano abierta le dio dos cachetadas a la víctima, además de haberle dicho que era una infiel. En relación a ello, tenemos que los únicos datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, para tener por acreditada la imputación que le hace al justiciable, se cuenta con dos versiones las cuales están encontradas, pues por un lado la víctima refiere que cuando ella se encontraba haciendo una entrega de comida, -*******-, abrió la puerta de su vehículo, y con la mano abierta le dio dos cachetadas en otro sentido, tenemos que el imputado refiere que nunca agredió a la víctima, que se acercó a ella con el fin de quitarle las llaves para que no se fuera. Ahora bien. cierto es, que en delitos de realización oculta como pudiera serlo el de violencia familiar, el dicho de la víctima adquiere un valor preponderante, sin embargo en el caso que nos ocupa se tiene que el hecho que le fue imputado a -*******- acaeció en un lugar público como lo es el estacionamiento de las instalaciones de la Guardia Nacional, lugar al que el imputado llegó dirigiéndose al automóvil de su esposa, la señora -*******-, el cual estaba estacionado en el cajón número 6, y con ella estaba un masculino, lo cual fue admitido por la pasivo en su denuncia ya que mencionó ella se encontraba en su auto con un cliente de nombre ******* al que conocía desde hacía un mes ya que ella se dedica a la venta de comida, y no obstante que el denunciado les refirió a los Agentes Municipales que el sujeto con el que encontró a su esposa había ingresado a las instalaciones referidas, los mencionados preventivos fueron omisos en entrevistarlo, con lo que evidentemente se causó un perjuicio al interés del justiciable, ya que no hay que olvidar que la presencia de los municipales derivó precisamente del llamado que éste hiciera al Sistema de Emergencia y Respuesta Inmediata -CERI-, y lo conducente era atender la queja de éste y no solamente la manifestación de quien se dijo agredida por él. Además la deposición de dicho testigo resultaba de suma importancia pare el esclarecimiento de los hechos, pues según versión del propio imputado dicha persona fue la que aleccionó a la víctima para que cuando Ilegaran los agentes aprehensores les dijera que la había golpeado y en este sentido la omisión de entrevistar al testigo de referencia deviene en que no se pueda dilucidar quién dice la verdad, si el imputado o la víctima. De lo anterior se advierte que la imputación de la señora -*******-, predomina en la formulación de la imputación que realizara en contra de -*******-, sin mencionar algún otro dato fehaciente que corrobore su dicho, puesto que los agentes policiacos que acudieron al lugar de los acontecimientos, *******, ******* e *******, solo manifiestan lo que la señora -*******- les comunicó, esto es, que el imputado abrió la puerta de su vehículo del lado del conductor donde estaba ella, y comenzó a agredirla físicamente ya que la golpeó con la mano abierta en la cara y que le gritó que ya había visto lo que andaba haciendo y que la iba a dejar en la calle, comunicándoles además que ellos se encuentran en trámite de divorcio. Para acreditar estos hechos, además refirió el Agente del Ministerio Público que contaba con datos de prueba tales como un dictamen psicológico emitido por la licenciada en psicología *******, en el que se advierte que El planteamiento del problema que se le pidió que realizara, era determinar si la víctima presentaba alguna alteración emocional derivada de los hechos ocurridos en su perjuicio en caso de ser necesario que a la víctima se le proporcionara atención psicológica y que determinara el tratamiento adecuado para su rehabilitación, además de identificar el nivel de riesgo de violencia en la relación de pareja. Sin embargo, para concluir con su dictamen, hace alusión el haber considerado principalmente lo referido por la víctima *******, en el sentido de que su esposo ******* abrió la puerta de su vehículo y le pegó en la cara dos veces y le dijo que iba a hablar a la policía para decirles que era infiel. Por lo que se refiere al informe médico de lesiones practicado por la doctora ******* a la víctima, en el que determinó que no presentaba huellas de violencia a la exploración física, y que según relato de la víctima, refirió que el primero de noviembre estando en un estacionamiento, fue golpeada por su esposo con las manos. Lejos de abonar al dicho de la víctima, lo demerita, pues si bien no refiere la intensidad del golpe que dijo haber recibido por parte del imputado las máximas de la experiencia enseñan que un golpe como el que dice recibió, necesariamente dejan algún estigma o hematoma, sobre todo en personas de tez blanca, como la que tiene la víctima, tal y como se pudo constatar por medio de la inmediación, en la audiencia correspondiente. De ahí, que del nuevo análisis realizado por los datos de prueba referidos, se advierte que no se actualiza la pluralidad de datos para considerar aptos y suficientes para tener por acreditado el delito de violencia familiar y menos aún, que probablemente ******* ejerció un abuso de poder en contra de *******, aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos del primero de noviembre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles hermanos escobar y Cuatro Siglos de la colonia Puerta del Sol de esta ciudad, al propinarle dos cachetadas y que por haberle dicho que era una infiel, dañó su estabilidad emocional, según se afirmó en el dictamen de psicología mencionado. Lo anterior es así, porque el Ministerio Público fue omiso en aportar dato de prueba adicional, que permitiera corroborar que efectivamente el hecho principal, de las dos cachetadas supuestamente inferidas a la señora *******, ya sea con el testimonio de un testigo presencial de los hechos o alguna videograbación recabada del lugar de los acontecimientos, sin que se desprenda de su narrativa en la formulación de imputación, que hizo lo posible por conseguirlos, pues solo existe una constancia de fecha dos de noviembre del año dos mil veintiuno, en el sentido de que se le indicó a la víctima que debería presentar al testigo de nombre Ángel, cuando es obligación del órgano investigador recabar su testimonio para integrar debidamente la carpeta de investigación. Así mismo, los testimonios de los agentes policiacos que acudieron al lugar de los acontecimientos, *******, ******* e *******, así como la licenciada en psicología *******, y la doctora *******, solo indican en sus respectivos informes lo que la víctima les manifestó, pero ninguno presenció directamente los acontecimientos imputados a ********************, es decir, ninguno presenció la agresión que dijo sufriera la víctima del delito, por lo que no les constan los hechos. Además de lo anterior, debe resaltarse la circunstancia hecha valer por la defensa durante el desahogo de las probanzas ante la suscrita, antes de resolver la situación jurídica de Lucio Becerra, en el sentido de que el dictamen psicológico del que se le corrió traslado, se apreciaba solo una firma facsímil de la perito, lo cual fue corroborado cuando se le pidió al agente del ministerio público que mostrara el dictamen que él poseía en la carpeta de investigación original, sin que hiciera éste manifestación alguna al respecto. Por lo que resulta imposible atribuirle la autoría de tal documento a su persona, ya que inclusive, el sello que contiene la firma facsímil, bien pudo haber sido estampado sin su consentimiento, por lo que al no contar con la firma autógrafa de la persona que supuestamente elaboró el dictamen, equivale a carecer de firma de manera total y en esas condiciones, no puede considerársele apto para establecer lo que en él se plasma. Es por todo lo anterior, que el Tribunal después de ponderar, tanto la declaración de -*******-, como la vertida por -*******-, así como los diversos datos de prueba aportados por el Ministerio Público, considera que fueron insuficientes para tener por acreditado que el imputado si ejerció un acto abusivo de poder en contra de la víctima. Pues una vez valorados de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y concatenados entre sí, el Tribunal considera que no se desprende que existen indicios razonables que permiten suponer que -*******-, ejerció un acto abusivo de poder, en contra de -*******-, esto, aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos del primero de noviembre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la colonia Puerta del Sol de esta ciudad), cuando afirma que le dio dos cachetadas y le dijo que era una infiel. En consecuencia, al no colmarse los extremos establecidos en el artículo 19 constitucional y 316 del CNPP, atinentes a que quede establecido que se cometió un hecho que la ley señale como delito, se resuelve: PRIMERO. Hoy, DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de -*******-, a quien la Fiscalía consideró probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito, de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 193, del Código Penal del Estado, en calidad de autor material, y que se dijo fue cometido en perjuicio de -*******-, en fecha PRIMERO DE NOVIEMBRE de dos mil veintiuno, aproximadamente a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, en el cruce de las Calles -Hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la colonia Puerta del Sol en esta Ciudad Juárez Chihuahua. SEGUNDO.- Se ordena el levantamiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas. -.- 4. En contra de tal resolución, el seis de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación, el cual por cuestión de turno fue radicado bajo el toca *******, del índice de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta Ciudad Juárez, en el cual hizo valer los agravios siguientes: AGRAVIOS: PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS.- Los artículos 14, 19 Y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 268, 313, 316, 317 318, 265 Y 359 del Código Nacional de procedimientos Penales; artículos 2, 4 Y 193 del Código Penal, artículos 5°, 6° de la Ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia, 3°y 4° de la convención Belem Do Para. PARTE DE LA RESOLUCÍÓN QUE LOS CAUSA.- Lo expuesto por el Juez Natural al considerar que los datos de prueba son insuficientes para acreditar 'el delito de violencia familiar y por lo tanto dicto un auto de no vinculación a proceso a favor de *******. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- La determinación de No vincular a proceso por el delito de Violencia Familiar a *******, por considerar: -A criterio de esta juzgadora no se actualizan, o por lo menos hasta este momento procesal son insuficientes los datos de prueba son insuficientes los datos de prueba que invoco el ministerio público para justificar su pretensión-. lo cual causa agravio a los intereses que salvaguarda esta Representación Social toda vez que es violatoria de los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 268, 313, 316, 317, 318, 265 Y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 193 del Código Penal, a artículos 5°,6° de la Ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia, 3°y 4° de la convención Belem Do Para, por las razones que más adelante se precisan.- Una vez que se dio vista al defensor particular del imputado, hizo las siguientes manifestaciones: PRONUNCIAMIENTOS FORMALES. EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LOS LIMITES DE LA SEGUNDA INSTANCIA, debo expresar que conforme lo establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de Alzada solo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por la parte recurrente, sin que pueda extender el examen de la decisión apelada a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de los derechos fundamentales del imputado. Ahora bien, respecto de los agravios planteados por el apelante, deben de considerarse inoperantes e infundados sus motivos de inconformidad, por virtud de que además de que no combaten de manera total los argumentos que consideró la Juez de Control para emitir el auto impugnado por esta vía, sus inconformidades son de carácter subjetivo y carentes de apoyo probatorio. Efectivamente, refiere en concreto el agente del Ministerio Público que como parte de la resolución que le causa agravios, es -el haber considerado que los datos de prueba son insuficientes para acreditar el delito de violencia familiar y por lo tanto, dictó un auto de no vinculación a proceso a favor de *******-; sin embargo, sobre este apartado en particular, omite hacer pronunciamiento alguno respecto de la afirmación vertida por la Juez de Control, en la resolución impugnada por esta vía, ya que en a además de afirmar que de los antecedentes expuestos por parte del Agente del Ministerio Público, no quedó acreditado que se cometió el hecho que la ley califica como delito de violencia familiar que se imputa a *******, también expresa que mucho menos, que exista la probabilidad de que fue él quien lo cometió. Es decir, el Ministerio Público omite expresar, en la totalidad de su escrito, argumento alguno que exprese por qué considera que a su juicio si existe la probabilidad de que fue *******, quien cometió el hecho que la ley señala como delito, con independencia de que hubiera quedado probado el hecho desde su óptica. De igual manera, es omiso el Ministerio Público en exponer algún argumento favorable, respecto de la afirmación que pronuncia la Juez de Control, al proceder a ponderar las versiones de la señora ******* y *******, pues al respecto se dijo que hasta ese momento. -...Se cuenta con dos versiones las cuales están encontradas, por un lado, la víctima refiere que cuando ella se encontraba haciendo una entrega de comida, ******* abrió la puerta de su vehículo y con la mano abierta le dio dos cachetadas, y en otro sentido, tenemos que el imputado refiere que nunca agredió a la víctima y que solo se acercó a ella con el fin de quitarle las llaves para que no se fuera ...- 5. Integrado el recurso de apelación, mediante sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, el Magistrado responsable, resolvió lo siguiente: -.- -II. Consonantemente con la perspectiva del impetrante, debe sostenerse que la acreditación de un hecho típico se basa, conforme al artículo 19 Constitucional, únicamente en la existencia de indicios que lleven a la conclusión que se ha cometido un hecho relevante en materia penal. Lo anterior, implica que el estudio que el Juez realiza durante la vinculación a proceso (y que constriñe a esta Sala) se somete a un criterio -razonable de probabilidad de un hecho-, y no -a la posibilidad de su existencia-. Diferencia conceptual importante en la medida que la última, refiere un nivel superior de certeza pues expresa una potencia suficiente que el hecho exista. En tanto que la primera, aduce a una fundada apariencia de verdad, es decir a la verosimilitud del hecho que se evalúa en su potencialidad mínima, es decir, como un indicio de lo que pudo suceder y que despertó el interés del derecho penal. Esto teniendo en cuenta que la vinculación a proceso es una resolución preliminar y que cumple sólo con el efecto de mantener al imputado sujeto a una investigación dentro de un proceso penal, con el pleno goce de las garantías de seguridad jurídica inherentes y bajo el resguardo de su presunción de inocencia. Con lo anterior en mente hay que precisar que el hecho materia de la formulación de la imputación y en que fundó la solicitud de vinculación por parte de la fiscalía, fue: -...Que el ... 01 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 10:25 horas... -*******- ejerció un acto abusivo de poder tendiente a agredir de manera física y psicológica a la víctima -*******-, quien su esposa, toda vez que estando la misma a bordo de un vehículo en el cruce de las calles (Hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la Colonia Puerta del Sol- de esta ciudad, le dio dos cachetadas y le dijo que era una infiel, con lo anterior dañó la estabilidad emocional de la misma. -.-- -IV. Al no encontrar vicios que ameriten la purga oficiosa por parte de la Sala en los términos del numeral 461 de la legislación procesal nacional penal, una vez inoculada la totalidad de la resolución impugnada, se limitará al estudio de los agravios que planteó la recurrente obviando el análisis que se realizó de los temas que no fueron objeto de agravio. Son parcialmente fundados los agravios del recurrente pero operantes al tenor de lo siguiente: Respecto a la acreditación del delito de violencia conforme al artículo 193, del Código Penal: A. Debe establecerse que en la etapa procesal que nos ocupa, tal como lo puntualizó la Fiscalía, el estándar de convicción se encuentra considerablemente reducido a expresar: 1. El delito imputado; 2. El lugar de ejecución; 3. El tiempo de ejecución, las circunstancias de ejecución; y, derivados de los antecedentes idóneos y pertinentes de investigación, e incluso de los revelados durante la audiencia inicial, los datos que establezcan: 4. Que se ha cometido un hecho ilícito y; 5. la probabilidad que el indiciado intervino en su comisión. Esto, acorde a la redacción del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, que en lo conducente prevé -...en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión ...-. Disposición ésta que en nuestro proceso penal se contiene en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe precisar que la expresión de datos está sujeta a su existencia, y ésta a la valoración que el juzgador haga en forma libre (no en intima convicción) de los datos que le exprese el Ministerio Público y la Defensa controvierta o no. De tal redacción, concatenada a las formalidades de la audiencia para vincular o no a proceso, encontramos: a. Que el Constituyente Permanente, mediante una interpretación auténtica, estableció un estándar de convicción reducido a -expresar- -entendido como sinónimo de manifestar datos que establezcan el hecho típico y la probabilidad de intervención del imputado. b. Que no se puede manifestar lo inexistente, de ahí que lo narrado por la Fiscalía pasa por el filtro del examen de la Defensa, en cuanto a su existencia y eficacia de la información -pues solo ellos conocen la carpeta de investigación. Ello se denomina control horizontal y está sujeto a los principios acusatorio, de contradicción, igualdad y defensa, que durante el debate respectivo prevalecen. c. Que del control horizontal deriva la información idónea y pertinente que requiere el juzgador para resolver y así poder emplear la sana crítica. Información que, se insiste, tiene sin duda relación con la existencia o no de dichos datos. Y; d. Que tales datos del hecho típico e intervención probable, deben derivar de los medios de investigación del Ministerio Público o en su caso los medios de convicción aportados durante la dúplica para resolver sobre la vinculación, o no, a proceso. -De todo ello podemos concluir dos cosas: 1. Primero, que la función del debate dentro de la audiencia de vinculación es establecer la -existencia- o no de dichos datos introducidos oralmente en la audiencia, derivados, constitucionalmente exigidos, está sujeta a un ejercicio de los antecedentes. Y 2. Segundo, que esa -existencia- de -datos- constitucionalmente exigidos, está sujeta a un ejercicio de razonabilidad por parte del Juzgador entre los argumentos de las partes, con relación al estudio conceptual, desde la lógica formal, de los -datos- aportados (no de pruebas), ello con el empleo de la sana crítica, respecto a su idoneidad y pertinencia. Lo anterior, según la jurisprudencia 5 -J/5 (lOa.)- que durante la Décima ~poca emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, bajo el registro 2007811 consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo 111, página 2377, materia Constitucional-Penal, tesis XVII.10.P.A., obligatoria a partir del lunes tres de noviembre de 2014, cuyo rubro y texto es: ----------------------------- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O ,REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra argumentación o refutación del imputado o su defensor. También, destaca la jurisprudencia 2, del mismo Tribunal Colegiado, consultable bajo el registro 2004857, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de dos mil trece, torno 1, página 757 cuyo rubro es: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO -HECHO ILÍCITO- DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.lo.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETI6 O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) .-, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no -contaminar- o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Adicionalmente, la existencia de tales datos de prueba, permitirán al juzgador identificar las razones que le llevarán a encuadrar el hecho imputado corno delito en la norma penal, tal corno se sustenta en la jurisprudencia 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2014800, de la onceava época bajo el rubro: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) . para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental ... - B. Ahora bien, horadar en el raigambre inquisitivo interpoló desmanes que subvirtieron la perspectiva que invisibilizó, originalmente, comportamientos violentos contra la víctima en el proceder del justiciable. Los hechos materia de la imputación se confrontaron con las declaraciones no sólo de la víctima y los agentes aprehensores, sino del propio imputado durante la duplicidad constitucional, de cuya concatenación se precisó impone el artículo 19 Constitucional). Informado de sus derechos y asistido del defensor particular, -*******-, negó que desplegó agresión física alguna en contra de la víctima, pero afirmó al Tribunal original que el primero de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos, acudió al estacionamiento de la Guardia Nacional en el cruce de las calles -Hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la Colonia Puerta del Sol- donde un amigo le comunicó previamente vía telefónica que se encontraba su esposa, estacionada en su vehículo, besándose con otro hombre. Al verificar la ocurrencia del acontecimiento, detalló que su esposa estaba sobre el sujeto recostado en el interior del vehículo, con el asiento del pasajero reclinado, lo cual le permitió: a) estacionarse de reversa a su lado sin ser visto por la pareja; b) fotografiarlos; e) llamar al abogado que concomitantemente tramitaba su divorcio; d) llamar al número de emergencia y solicitar la presencia policiaca; y e) llamar a su hijo y describir los pormenores en que encontró a su madre y decirle que por esa razón él se divorciaba de ella. Al no advertir su presencia, descendió del automóvil y abrió la puerta del carro donde estaba su esposa y: a) le dijo que era una infiel; b) que la -dejaría en la calle-, refiriéndose al acuerdo de divorcio; y e) cuando su todavía esposa pretendió retirarse en el vehículo, él le quitó las llaves y la retuvo en el lugar a pesar de la alteración emocional que le produjo la sorpresa y decirle que ya no quería algo con él. Hasta este punto es razonable que al relatar los hechos, -*******- no mencionara algo en el intervalo que adujo se estacionó en la Guardia Nacional, en el cruce precisamente de -Hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la Colonia Puerta del Sol-, la mañana del primero de noviembre de dos mil veintiuno, donde permaneció en el interior de su vehículo en compañía de un hombre, hasta que se dio cuenta que -*******- les abrió la puerta y le dijo que -era una infiel- y que llamaría a la policía la cual, luego que acudió al lugar, ella les dijo que su esposo la -cacheteó- en dos ocasiones cuando abrió la puerta. Agregó que anteriormente sin su conocimiento él pone localizadores en su vehículo para seguirla. Respecto a la agresión física, aludió -*******- que fue aconsejada por el hombre con quien encontró a su esposa. Explicó que luego que le quitó las llaves del vehículo a -*******-, el sujeto al retirarse al interior de la sede de la Guardia Nacional le dijo a su esposa que dijera la había golpeado; lo concordó con la ausencia de huellas visibles de violencia en el rostro de la paciente del delito, que precisó la especialista en medicina legal -*******- que la examinó al día siguiente, sin que ello desacredite su dicho o resquebraje la materialidad del ilícito, pero sí obnubila su modalidad agresiva física. No obstante lo anterior y a pesar que la agresión física constituyó la tónica en los argumentos del impetrante, como lo precisó, la denostación del imputado a la víctima, dentro del contexto que él mismo apuntó, conformó una conducta típica, al tenor de lo que describe el multirreferido cardinal 193 del Código Penal. En primer lugar, resultó inconcuso el vínculo matrimonial entre los protagonistas al referirse uno al otro como esposos al momento de los acontecimientos, a pesar de tener un divorcio en trámite y de común acuerdo vivir en la misma casa; lo cual acompasó con el informe policial del primero de noviembre de dos mil veintiuno de la agente -*******-, quien recabó de medios electrónicos de la Fiscalía, el acta de matrimonio del año mil novecientos noventa a nombre de -*******- Y -*******-. También resultó claro para la Sala, que el acontecimiento de relevancia penal ocurrió fuera del domicilio familiar, pues coincidentemente aludieron que se llevó a cabo en el estacionamiento de la Guardia Nacional, lo cual se constató en el informe de hechos probablemente delictuosos a cargo de los agentes aprehensores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal -*******-, quienes se apersonaron en el cruce de las calles -Hermanos Escobar y Cuatro Siglos en la colonia Puerta del Sol-, donde encontraron a la pareja discutiendo Ahora bien, la redacción típica del delito en comentario precisa, entre otra, de una conducta abusiva de poder encaminada a (como otras) dominar, controlar o agredir psicológica, económica, o patrimonialmente a la paciente del delito. Es decir, no requiere para su actualidad la consecución del daño sino que el acto abusivo de poder tienda o se dirija a hacerlo. De ahí que el resultado del informe pericial en materia de psicología que se dijo llevó a cabo la especialista en conductas -*******- tampoco sea determinante, en el presente estadio procesal, para la acreditación del delito y descartar alguna alteración conducente, pues basta hasta el momento lo transido del comportamiento inmediato posterior de la víctima a la disrupción del imputado, para tener presente una alteración emocional subsecuente a la actitud de -*******-, patentizada en pretender retirarse del lugar y decirle que ya no quería algo con él. Por otra parte, es dable subrayar la acritud mediante la cual el imputado retuvo contra su voluntad a la paciente del delito en el lugar del hecho, al privarla de las llaves de su medio de transporte, lo cual, a entender de la Sala, constituyó una constricción de la autodeterminación de la víctima que la cosificó y fijó a someterse a la potestad de su esposo, acto de su parte claramente dirigido a dominarla, controlarla y agredirla psicológicamente. No se inadvierte que, una vez y que -*******- constató los pormenores que telefónicamente se le describieron, optó no solo por retener a su esposa en el lugar privándola de su autodeterminación, sino que añadió una porción de humillación devaluadora accesoria al comunicar innecesariamente su comportamiento a uno de los hijos de ambos (todo derivado de considerarla infiel, como se expuso en la el hecho imputado), es decir, a ningún otro familiar sino precisamente al hijo en común, apelando de esta manera a la introyección del rol de género y justificar en la violación del mismo el motivo por el cual se divorciaba, atribuyendo culpa sólo a la madre de su hijo por ser infiel, como posteriormente se lo dijo a ella, lo cual, al marco de las fracciones I y VI, del numeral 6, y 5, fracción IV, ambos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, constituye también una de las múltiples modalidades de violencia psicológica y susceptible de dañar la dignidad y libertad de -*******-. En definitiva, el comportamiento de referencia que desplegó el sujeto activo la mañana del primero de noviembre de dos mil veintiuno, colma las exigencias típicas contenidas en el artículo 193, del Código Penal, que conformaron la materialidad del delito en estudio al resultar actos abusivos de poder, encaminados a dominar, controlar y a agredir psicológicamente a la víctima, con quien tenía un vínculo matrimonial, y que ocurrieron fuera del domicilio familiar. V. Del material demostrativo al que se ha hecho mención, resulta fundada la probabilidad que -*******- cometió el delito de violencia familiar, en perjuicio de -*******- en los términos ya expuestos. No obsta para lo anterior el argumento de la defensa al responder los agravios de la recurrente tocante a que como al operar el principio de estricto derecho, no puede extenderse la resolución a cuestiones que no planteó; sin embargo, del estudio que la Sala realizó del legajo recursivo resultó que sobreabundantemente la Fiscalía conectó los actos violentos que aludió, específicamente con -*******- Y que afectaron bienes jurídicos de -*******-. De ahí que no podría atenderse su petición sin que por un lado el Tribunal de Alzada menoscabara el derecho de la víctima de acceso a la justicia, y por otro al deber de objetividad y exhaustividad que la práctica impone, máxime cuando los argumentos del apelante implicaron simultáneamente aspectos tanto del delito como de la probable responsabilidad, que en tales circunstancias la Sala no podría dejar de considerar por cuestión de técnica jurídica o estilo. En otro orden de ideas, el combate a los agravios por parte de la defensa, versó entre otros aspectos en la modalidad de agresión física que conforma un aspecto del delito, sin embargo, como se puntualizó precedentemente, la modalidad de violencia contra la mujer, rebasó en este caso particular el aspecto que aludió. Dicho esto, la Sala estima confiable la manifestación de -*******- respecto a que fue -*******- quien el primero de noviembre de dos mil veintiuno acudió hasta donde ella se encontraba y procuró la diatriba que posteriormente atendieron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal -*******-,-*******- e -*******-, como lo asentaron en el informe; dado que la primer convivió con el imputado lo suficiente para poder identificarlo, además que lo hizo durante la duplicidad del término constitucional ante la instancia jurisdiccional, y correlativamente, -*******- afirmó ser la persona quien desplegó la conducta que le atribuyó la víctima ese día además que justificó el origen del conocimiento que tuvo para apersonarse en el lugar. Aunado a esto, los agentes policiacos precisaron la identidad de la pareja que discutía y que dada la entrevista que -*******- hizo a -*******-, donde ésta explicó que al abrir la puerta del vehículo donde se encontraba le dio dos -cachetadas-, se detuvo- a -*******-. En tal atmósfera circunstancial, hasta este momento procesal se colmaron los requisitos que imperativamente exige Ia legislación procesal para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ante la existencia de datos que hacen posible la actualización y vigencia del delito de violencia familiar, y que el imputado lo cometió; consecuentemente con fundamento en los artículos 19 de la Constitución de la República y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede resolver y, S E R E S U E L V E PRIMERO. Se REVOCA el auto apelado. SEGUNDO. Se vincula a proceso al imputado -*******-, por el delito de violencia familiar, en perjuicio de -*******-, por hechos ocurridos el primero de noviembre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles -Hermanos Escobar y Cuatro Siglos de la Colonia Puerta del Sol.- en esta Ciudad.- Resolución que constituye aquí el acto reclamado. SEPTIMO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. En este punto, corresponde analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en contra de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en el toca *******, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal *******, y en su lugar decretó el auto de vinculación a proceso en contra de *******, por el delito de violencia familiar, en perjuicio de *******. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de la Ley de Amparo, pues esa figura no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones el hoy impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.-, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.- (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) -GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.- (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 14, 16 y 19, todos de la Carta Magna, por lo siguiente: 1) El Magistrado responsable, al emitir su resolución y referirse a los agravios de la parte apelante, se aparta de los alcances que el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales le brinda al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, pues en primer término, es omisa en precisar cuáles fueron los derechos fundamentales que desde su punto de vista se violaron en perjuicio de la que se dice víctima del delito de violencia familiar, con lo cual suplió la deficiencia de los agravios hechos valer por la parte apelante, y en segundo, tomó frases cortas expuestas en vía de agravio, y las perfeccionó y abarcó más aspectos que los factores de legalidad esgrimidos y extendiéndose en el examen de la decisión apelada a cuestiones no planteadas en ellos, con lo que va más allá de los límites del recurso; y 2) La autoridad responsable al sustituirse en la jurisdicción del Juez de Control, con motivo de la apelación interpuesta, sin considerar lo limitado de los agravios formulados por el Ministerio Público recurrente, emite un auto de vinculación a proceso en su contra, violatorio de sus derechos fundamentales descritos. Así, en el caso en estudio, el quejoso *******, en su primer concepto de violación, reclamó de la autoridad responsable, que al revocar el auto de no vinculación a proceso, y en su lugar dictar auto de vinculación a proceso en su contra, en el toca *******, el magistrado responsable fue más allá de los límites establecidos por el numeral 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, considera que suplió la deficiencia de los agravios formulados por la representación social apelante. Se estima infundado el primer motivo de disenso, toda vez que a criterio de esta juzgadora, la autoridad responsable correctamente estimó los agravios expuestos por la representación social, ya que los mismos se sustentan en la afectación que le causó el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio. Se considera lo anterior, pues de los argumentos vertidos en vía de agravios, se advierte que la representación social apelante cumple con los requisitos establecidos en los artículo 457 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales estipulan lo siguiente: -Artículo 457. Condiciones de interposición. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. 458. Agravio. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio.- Para arribar a la conclusión anterior, es menester transcribir los agravios expresados por la representación social, los cuales son del siguiente contenido: -PARTE DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS CAUSA.- Lo expuesto por el Juez Natural al considerar que los datos de prueba son insuficientes para acreditar el delito de violencia familiar y por lo tanto dicto un auto de no vinculación a proceso a favor de *******.- -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- La determinación de No vincular a proceso por el delito de Violencia Familiar a *******, por considerar: - A criterio de esta juzgadora no se actualizan, o por lo menos hasta este momento procesal son insuficientes los datos de prueba son insuficientes los datos de prueba que invoco el ministerio público para justificar su pretensión-. lo cual causa agravio a los intereses que salvaguarda esta Representación Social toda vez que es violatoria de los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 268,31:1,316,317318, 265 Y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales 14, 19 Y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 193 del Código Penal, a artículos 5°, 6° de la Ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia, 3°y 4° de la convención Belem Do Para, por las razones que más adelante se precisan- Continúa diciendo: -En principio es puntual precisar, que la primigenia al emitir su resolución conculcó con el deber jurisdiccional consagrado por el precepto constitucional en su numeral 16, en la que se señalan las exigencias legales que deben contener todo acto de autoridad, las que se traducen a la fundamentación y motivación, siendo entonces por lo que toca a la motivación, en el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad a través de una serie de razonamientos lógico jurídicos, sobre él porque consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa o por el contrario sensu no se ajusta a la hipótesis normativa; exigencia las cuales la A-qua omitió al emitir su resolución pues esta solo señala someramente que NO se corroboró con otro dato de prueba, sin embargo a contrario sensu la juez A-qua se apartó considerablemente en que la etapa que se encontraba como lo es la vinculación a proceso únicamente requería de indicios tal y como lo establece lo contenido del artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo este el primer motivo de disenso de esta representación social. Consideración la cual resulta errónea y causa agravio a los intereses que esta Fiscalía Representa, dado que contrario a lo estimado por el juez de la causa, los datos aportados por esta representación social ante el tribunal de control son aptos y suficientes para considerar que el hecho es constitutivo del licito de violencia familiar previsto y sancionado por el numeral 193 del Código Penal así como la probabilidad de que el imputado participo en el hecho y por ende se satisfacen los requisitos previstos los artículos 19 de nuestra carta magna así como por numeral 316 el código nacional de procedimientos penales para emitir un auto de vinculación a proceso. Ello es así, ya que el Natural al realizar su labor jurisdiccional se apartó de hacerlo en base a una óptica libre de estereotipos y sin hacer un análisis jurídico desde la perspectiva de género al considerar que los datos de prueba eran insuficientes, esto ya que consideró que por el hecho de que los actos abusivos de poder ocurrieran en un lugar público y no en un lugar ocultó, no se tendría la certeza de que estos hechos denunciados por la victima a los agentes de la policía Municipal no hubieran acontecido, que conculcando así con el mandato constitucional y convencional consagrado en el artículo primero de nuestra carta magna, púes al realizar el análisis de los datos de prueba lo hace mediante una valoración estereotípica del comportamiento de las personas involucradas, y sin tomar en consideración del contexto en que se dio el hecho o el acto jurídico. Pues resulta evidente que los insultos proferidos por el sujeto activo a la pasivo se encuentran dentro del contexto de una violencia de género, en la que el activo cosifica a la pasivo, pues considera que aún y cuando esta ya no guarda una relación afectiva con él, sigue siendo su esposa, lo que le da el derecho celarla y agredirla mediante insultos, ya que es claro que esta clase de insultos tiene una connotación sexista, pues como lo relata la víctima en su denuncia estos insultos son derivados de que su expareja la sigue atraves de un GPS para saber en dónde se encuentra en todo momento, y la victima no tener la confianza suficiente de estar en un lugar publicó, ya que en cualquier momento pudiera llegar el C. ******* e intentar agredirla por celos hada su persona. Hechos que constituyen una violencia de género, dado que al ser derivados de la celotipia que manifiesta el sujeto activo, pues considera que la pasivo le pertenece o que aún tiene derechos sobre ella, por lo que esta no tiene derecho de tener una nueva relación pues al hacerlo la considera una infiel, palabra que en si misma conlleva el estereotipo de una mujer sin valor, considerándola como inferior, además amenazándola de que la dejarla en la calle, pues es claro si analizamos el contexto en el que se sucedieron los hechos, que esta es la intención del sujeto activo pues al proferir ese insulto lo hace con el fin de agredirla, haciéndola sentir con poca valía humillándola para socavar su autoestima, menoscabarla, disminuirla, dañando su autoestima y así demostrar su superioridad sobre ella, ofensas que de ninguna manera puede decirse que son solamente insultos que no trascienden al ámbito jurídico y por ende no vulnera el derecho a vivir una vida libre de violencia, es irascible tomar como algo aceptable y natural que un hombre le refiera una mujer estos términos tan peyorativos, devaluatorios, lo que nos llegaría a naturalizar el trato indigno hacia las mujeres, luego la primigenia al estimar se trata únicamente de insultos no advierte la finalidad que estas palabras tienen, es decir de agredir a la víctima de manera psicológica para disminuirla menoscabar su estabilidad emocional, pues en su resolución ni siquiera se pronunció al respecto es decir, no justifico de forma lógica jurídica porque no afectaban el derecho que le asiste a la víctima a vivir una vida libre de violencia, de la misma manera el A-quo no le dio valor al informe médico de lesiones realizado a la víctima, solo porque la misma 24 horas después de acontecidos los hechos en su perjuicio en donde el imputado le dio dos cachetadas, ya no mostraba huellas de estas cachetadas en su humanidad, mas sin embargo la victima de la misma manera en que les refiere las agresiones a los primeros respondientes, también se los refiere a la Médico Legista, que por las máximas de la experiencia estas huellas según la intensidad del golpe desaparecen en las primeras horas, el cual se traduce en la intención del sujeto activo de establecer una superioridad sobre la voluntad de la víctima menoscabando y restringiendo su autodeterminación dentro de una relación asimétrica, tal y como lo han establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los organismos internacionales en materia de género y tal y como en el caso en particular quedo acreditado, por lo que contrario a lo expuesto por el A QUO en el caso particular quedo debidamente acreditada la premisa establecida por el legislador, pues la víctima fue precisa en su declaración al señalar que en la relación con el imputado este continuamente la agrede verbalmente con ánimo de degradarla y humillarla, tendientes a someter y controlar a la víctima, actos abusivos de poder que atentan contra el derecho de la víctima a una vida libre de violencia, que es el bien jurídicamente tutelado en este delito. Luego entonces el A-quo al no analizar el contexto y la raíz de estos actos pues estima que son con los datos de prueba insuficientes, pues se refiere que el dicho de la víctima no encuentra sustento en otro dato de prueba, sin embargo, se dio a conocer el dictamen en materia de psicología donde el perito utilizó una metodología y aplico diversas pruebas psicológicas para determinar que presenta problemas que pueden ser objeto de atención clínica como lo son violencia física y psicología por parte del cónyuge o la pareja y que fue derivado de los hechos denunciados, también se contó con un parte informativo donde un agente de la policía ministerial en ejercicio y motivo de sus funciones realizó serie fotográfica del lugar de los hechos, de la misma manera se encuentra el parte informativo de los agentes de la policia municipal quienes dan cuenta de lo acontecido en el lugar de los hechos .- -En conclusión ha quedado demostrado que el hecho materia de formulación de imputación el cual se sustentó en los antecedentes de investigación que: El sujeto activo concreto un acto abusivo de poder, (sin justificación alguna y de manera desproporcional) Que el acto o acción tenía la finalidad de agredir de manera psicológica a la pasivo, (menoscabando y mermando la autoestima de la pasivo y con esto se posiciona en un nivel de superioridad y poder. Estos actos atentaron y vulneraron el bien jurídico tutelado por la Norma penal que es el derecho a una vida libre de violencia dentro del entorno familiar. Luego entonces, el hecho formulado cumple con las notas previstas por el legislador en el tipo penal de violencia familiar, que aunque si bien es cierto en esta etapa tan primigenia no es indispensable demostrar todos los elementos del tipo penal pues basta con acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ha quedado demostrado que la conducta realizada por el sujeto activo dominar y agredir debemos atender a la violencia proferida, misma que debe buscar este acoquinamiento, sobre la víctima como en particular aconteció, contrario a lo establecido por la A QUO, ya que quedó demostrado que los actos abusivos de poder realizados por el pasivo tenían la clara intención de agredir de forma psicológica a la víctima, no encontrando alguna justificación legitima en el actuar del imputado y que estas agresiones tuvieran una finalidad diversa agredir a la víctima mediante actos de celotipia lo cual desencadenaron agresiones verbales. El pensar que los datos de prueba resultan insuficientes, deja en estado de indefensión a la víctima al derecho que tiene a una vida libre de violencia. Lo cual devienen contrarios a los derechos humanos consagrados por la constitución y tratados internacionales de los cuales México es parte.- -Por lo que al tenor de lo anterior es que se cumplen los requisitos previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se cuenta con datos que establecen que se cometió el delito de violencia familiar previsto por el artículo 193 del Código Penal. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. Magistrado atentamente solicito: PRIMERO.- Se me tenga formulando recurso de apelación, se remita al tribunal de alzada la resolución y registros pertinentes, para su substanciación. SEGUNDO.- Se consideren fundados y en consecuencia operantes las inconformidades que expongo y se modifique el auto recurrido en los términos de los presentes agravios.- Énfasis propio. De la transcripción anterior, se advierte que la representación social, efectivamente cumple con los requisitos contemplados en los artículos 457 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en los mismos indica específicamente la parte impugnada de la resolución recurrida y sustenta el recurso en la afectación que causa el acto impugnado, así como los motivos que a su consideración originaron ese agravio, los cuales consisten en la valoración que hace la Jueza de Control al considerar insuficientes los datos de prueba vertidos ante su presencia, y determinar con ello la no vinculación a proceso del imputado hoy quejoso. Así, la sala responsable, en su resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, únicamente se pronunció sobre los agravios expresados por la parte recurrente, sin extenderse en el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos, pues, según se advierte de dicha resolución, así como de los agravios, las cuestiones planteadas por la recurrente, fueron dirigidos a la valoración de los datos de prueba vertidos ante la Juez de control en la audiencia de vinculación a proceso, basándose en una correcta apreciación de dichos datos de prueba, a cargo de la defensa y los antecedentes de investigación expuestos por el Agente del Ministerio Público, al tenor de las constancias que obran en la carpeta de investigación, que fueron vertidas ante la Jueza de Control y allegadas al tribunal de alzada mediante el recurso de apelación. Cumpliendo con lo anterior, con lo establecido en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice de la siguiente manera: -Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente.- Devine de igual manera infundado el segundo motivo de disenso, en el cual argumenta el quejoso, que el magistrado responsable equivocadamente consideró que los antecedentes narrados por la representación social en la audiencia de formulación de imputación, fueron suficientes para acreditar la existencia del hecho considerado como delito y la probable participación del imputado en su comisión, por lo que, con la determinación que dejó sin efectos la resolución mediante la cual la Jueza de Control resolvió en el sentido de dictar auto de no vinculación a proceso a favor del hoy quejoso, se violentó en su perjuicio el derecho humano al debido proceso y las garantías de seguridad jurídica y legalidad, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: -Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)- Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: a) permiten resolver el problema planteado; b) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y c) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente. Así, contrario a lo manifestado por el quejoso, analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso primigenia y lo resuelto por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, se considera que dicha determinación judicial se emitió cumpliendo con las exigencias que para su legal dictado establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior se asevera ya que los datos que lo sustentan son aptos y suficientes para establecer, hasta la etapa procesal en que se encuentra, el hecho delictivo imputado, así como la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, sin que los datos de prueba de descargo aportados por la defensa, logren el extremo de desvirtuar concretamente los antecedentes de investigación expuestos por la representación social, y las constancias que obran en la carpeta de investigación, que fueron vertidas ante la jueza de origen en la audiencia de vinculación a proceso y de los cuales el magistrado responsable se impuso con los registros de audio y video remitidos a la alzada en el recurso de apelación. Así, artículo 19 Constitucional antes transcrito, señala que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo y de los antecedentes de investigación expuestos por la representación social en la audiencia inicial, haya quedado demostrado el hecho señalado por la ley como delito, así como la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión. Lo anterior quedó satisfecho con los datos de prueba a cargo de la defensa y los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, al tenor de las constancias que obran en la carpeta de investigación y que fueron expuestos ante la Jueza de control, los cuales son los siguientes: -1.- Declaración de *******. Refirió que no golpeó a su esposa, que él fue al lugar donde ella estaba y la encontró besándose con otro hombre. Dijo que el primero de noviembre actual, aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos, recibió una llamada de *******, quien se dedica a la repartición de comida, y el cual acudió a las instalaciones que ocupa la Guardia Nacional, que se encuentra ubicada en *******, y él le llamó y le dijo que ahí estaba el vehículo de su esposa y estaba un hombre a bordo con el que se estaba besando por lo que él se molestó porque en octubre pasado habían acordado que aunque se divorciaran estarían juntos, para ver si podían salvar su relación sentimental, que él accedió dejar todo lo que poseían a su esposa y a sus hijos, y él se iba a quedar únicamente con el carro para trasladarse a su trabajo e Incluso pensaba darles la mayor parte de sus ingresos para que a ellos no les faltara nada, que aunque esto no lo dejaron por escrito también acordaron vivir juntos y que en seis meses ninguno de los dos buscaría una relación espontanea. Por lo que a la llamada de *******, decidió acudir a las instalaciones de la Guardia Nacional, y como en ese momento su carro falló, le pidió a un cliente del negocio donde trabaja de nombre *******, que le prestara su vehículo y se apersonó en las instalaciones de la Guardia Nacional, y al llegar ahí vio el vehículo de su esposa que estaba estacionado de frente a las instalaciones en el cajón seis, por lo que se paró de reversa enseguida de ella y empezó a tomar fotos. Y vio que ahí estaba una persona en el asiento del copiloto, que estaba con el asiento recostado y ella estaba sobre el besándolo. Precisó que cuando estaba tomando las fotos, pasado unos momentos ellos se dieron cuenta que él estaba ahí y ella quiso echar a andar su carro, pero en ese momento él se bajó del vehículo y le quitó las llaves para que no se fuera, y llamó al 911, para avisar de su infidelidad y que se los llevaran, que también llamó al abogado que les está tramitando el divorcio para dejar que ya no procediera el acuerdo que habían hecho, y le marcó a su hijo ******* para que se diera cuenta por qué se estaban divorciando. Que ella se alteró diciéndole que lo había hecho porque ya no quería nada con él. Que la persona de la Guardia Nacional le pidió que le diera las llaves pero no lo hizo, y en ese momento la persona de la Guardia Nacional se retiró pero antes de irse le dijo a la señora que cuando llegara la policía les dijera que la había golpeado, y cuando la policía llegó le preguntó a él qué había sucedido y cuando les hizo saber por qué les había llamado, su esposa les dijo que él le había dado dos cachetadas y en ese momento salió la persona de la Guardia Nacional y se alejó de ellos junto con los dos policías y cuando regresaron le dijo que borrara las fotografías, que él de momento no accedió pero lo amenazaron diciéndole que le iría peor, que no sabía con quien se metía y que había golpeado a su esposa y que la persona tenía influencias, por lo que él les entregó el teléfono y borraron las fotografías y después le regresaron el teléfono y se lo llevaron detenido. Acta de aviso por parte de los agentes aprehensores *******, ******* e *******, quienes informaron que siendo las diez horas con treinta y siete minutos del primero de noviembre de dos mil veintiuno recibieron instrucciones del radio operador, que se dirigieran a los cruces de las calles Hermanos Escobar y Cuatro Siglos en la colonia Puerta del Sol, ya que existía un llamado al 911, en el cual se reportaba una riña familiar, por lo que arribaron a los cruces mencionados a las diez horas con cuarenta y cinco minutos. Dijeron que al llegar observaron una pareja que estaba discutiendo, por lo que hicieron contacto con la femenina de nombre -*******-, y les dijo que el primero de noviembre a las diez horas con veinticinco minutos ella se encontraba a bordo de su vehículo *******, haciendo una entrega de comida ya que a eso se dedica y que estaba en el cruce de las calles *******, afuera de la Guardia Nacional, y llegó su esposo ******* y abrió la puerta de su vehículo del lado del conductor donde ella estaba y comenzó a agredirla físicamente, ya que la golpeó con la mano abierta en la cara y le gritó que ya había visto lo que andaba haciendo, que la iba a dejar en la calle, que también les dijo que estaba en trámite su divorcio y que su esposo también llamó al 911, Y le comentó que iba a hacerle un reporte para dejarla sin nada, y la víctima señaló a ******* como , responsable de los hechos y se lo llevaron detenido. 2.- Acta de entrevista realizada por *******, en la que abonó los mismos datos, que eran aproximadamente las diez horas con veinticinco minutos, que estaba a bordo de su vehículo en los mencionados cruces y llegó su esposo ******* y comenzó a agredirla verbal y físicamente. 3.- Denuncia presentada por -*******-, en fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, en la que refirió que tienen dos hijos en común, y desde hacía cuatro meses decidieron separarse, pero que en ese momento estaban viviendo en el mismo domicilio como familia, y estaban de acuerdo que hasta que saliera la sentencia de divorcio y que el primero de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos, estaba a bordo de su vehículo, el cual tenía estacionado en el cruce de las calles ******* en esta Ciudad, que en ese lugar ella estaba con un cliente de nombre Ángel, al cual conocía desde hacía un mes ya que vende comida, que en ese momento abrieron la puerta de su vehículo y era *******, y de inmediato le dio dos cachetadas y le dijo que era una infiel, y le dijo que le llamaría a la policía para que se dieran cuenta de su infidelidad y si llamó a la policía y cuando llegaron la entrevistaron y les dijo que ******* la había golpeado. Y agregó que no es la primera vez que la agrede, pero no lo había denunciado porque le dio una oportunidad de que cambiara. Informe médico de lesiones, realizado el dos de noviembre de dos mil veintiuno por la médico legista *******, en el que después de que examinó a -*******- concluyó que al momento de la exploración física la víctima no presentaba huellas de violencia recientes. Y en cuanto al relato de los hechos dijo que la víctima le dijo que el primero de noviembre, estaba en un estacionamiento fue golpeada por su esposo con las manos. 4.- Dictamen psicológico realizado a la víctima por la Psicóloga *******, en fecha dos de noviembre actual, en el que luego de realizar los estudios correspondientes concluyó que la víctima presentaba afectación emocional moderada, que se encontraba en un estado de ánimo disfórico, y con irritabilidad, y concluyó que *******-, es víctima de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja. 5.- Informe de valoración de riesgo de la violencia elaborado por ******* Psicóloga Adscrita a la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, a la víctima ******* dos de noviembre de dos mil veintiuno, en el que luego de referir la metodología que empleó en su dictamen concluyó que la víctima presenta un nivel de riesgo moderado de ocurrencia del delito respecto de victima e imputado. 6.- Informe policial de fecha primero de noviembre de dos mil veintiuno, elaborado por la agente investigadora *******, quien recabo información de medios electrónicos con los que cuenta la Fiscalía General del Estado, y le arrojó como datos un acta de matrimonio ********************* Donde aparecen como esposos -*******- y -*******-. Serie fotográfica del lugar de los hechos mencionado por la víctima, ubicada en Hermanos Escobar, cruce con cuatros siglos de la colonia Puerta del Sol. Así como las instalaciones de la Guardia Nacional. Constancia de fecha dos de noviembre de 2021, en la q se le hace saber a la víctima que debe presentar al testigo de nombre Ángel para corroborar su dicho.- Por lo anterior, esta juzgadora federal, considera que la responsable valoró correctamente los agravios presentados por la representación social, pues de la lectura de los mismos se advierte que señaló los argumentos por los cuales consideró que con los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, narrados ante la juez de origen en la audiencia de formulación de imputación y vertidos ante la misma en la audiencia en la cual la representación social solicitó la vinculación a proceso, se desprenden indicios suficientes para tener por acreditada la existencia de un hecho señalado por la ley como delito de violencia familiar y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. De igual manera, contra lo expresado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal y valorar los datos y antecedentes derivados de la carpeta de investigación, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes de investigación y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía, transcrita con antelación. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia ante la Jueza de Control, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de Violencia Familiar, contemplado en el artículo 193, del Código Penal del Estado, el cual establece lo siguiente: -Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Cuando, a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio.- En ese tenor, tanto la victima así como los agentes policiacos, dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que se insiste existen datos que revelan la probable participación de *******, máxime que es la persona que, según lo manifestó de propia voz ante la Jueza de Control en el ejercicio de su derecho constitucional a declarar, el día de los hechos se apersonó al lugar en que la víctima se encontraba. Aunado a lo anterior, es que los hechos materia de la imputación se confrontaron con las declaraciones no sólo de la víctima y los agentes aprehensores, sino del propio imputado durante la duplicidad del término constitucional, de cuya concatenación se precisó que el hecho delictivo ocurrió, al menos en el estándar que impone el artículo 19 Constitucional. Así mismo, el Magistrado responsable, refiere que por lo que hace a la agresión física, aludió *******, que su esposa fue aconsejada por el hombre con quien se le encontró, pues en su declaración, éste explicó que luego que le quitó las llaves del vehículo a *******, al retirarse al interior de la sede de la Guardia Nacional, el sujeto le dijo a su esposa que dijera que la había golpeado, lo cual concordó con la ausencia de huellas visibles de violencia en el rostro de la víctima del delito, que precisó la especialista en medicina legal *******, que la examinó al día siguiente, sin que ello desacredite su dicho o resquebraje la materialidad del ilícito, pero sí demerita su modalidad agresiva física. No obstante lo anterior y a pesar que la agresión física constituyó la tónica en los argumentos del quejoso, como lo precisó, la denostación del imputado a la víctima, dentro del contexto que él mismo apuntó, conformó una conducta típica, al tenor de lo que describe el artículo 193 del Código Penal. Asimismo, la responsable tuvo por cierto el vínculo matrimonial entre los protagonistas al referirse uno al otro como esposos al momento de los acontecimientos, a pesar de tener un divorcio en trámite y de común acuerdo vivir en la misma casa, lo cual armonizó con el informe policial del primero de noviembre de dos mil veintiuno de la agente *******, quien recabó de medios electrónicos de la Fiscalía, el acta de matrimonio del año mil novecientos noventa a nombre de ******* y *******. También resultó claro para la Sala responsable, que el acontecimiento de relevancia penal ocurrió fuera del domicilio familiar, pues coincidentemente aludieron que se llevó a cabo en el estacionamiento de la Guardia Nacional, lo cual se constató en el informe de hechos probablemente delictuosos a cargo de los agentes aprehensores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal *******, ******* e *******, quienes se apersonaron en el cruce de las calles Hermanos Escobar y Cuatro Siglos en la colonia Puerta del Sol, donde encontraron a la pareja discutiendo Ahora bien, la redacción típica del delito en comento, precisa entre otra, de una conducta abusiva de poder encaminada a (como otras) dominar, controlar o agredir psicológica, económica, o patrimonialmente a la paciente del delito. Es decir, no requiere para su actualidad la consecución del daño sino que el acto abusivo de poder tienda o se dirija a hacerlo. De ahí que, consideró el Magistrado responsable, el resultado del informe pericial en materia de psicología que se dijo llevó a cabo la especialista en conductas *******, tampoco haya sido determinante, en el presente estadio procesal, para la acreditación del delito y descartar alguna alteración conducente, pues le bastó hasta ese momento, lo abrumado del comportamiento inmediato posterior de la víctima a la conducta del imputado, para tener presente una alteración emocional subsecuente a la actitud de *******, que se hizo patente en pretender retirarse del lugar y decirle que ya no quería algo con él. Por otra parte, la responsable subrayó la actitud mediante la cual el imputado retuvo contra su voluntad a la denunciante del delito en el lugar del hecho, al privarla de las llaves de su medio de transporte, lo cual, a entender de dicha Sala, -constituyó una constricción de la autodeterminación de la víctima que la cosificó y fijó a someterse a la potestad de su esposo, acto de su parte claramente dirigido a dominarla, controlarla y agredirla psicológicamente-. No pasó por alto la sala responsable, que una vez y que ******* constató los pormenores que telefónicamente se le describieron, optó no solo por retener a su esposa en el lugar privándola de su autodeterminación, sino que añadió una porción de humillación devaluadora accesoria al comunicar innecesariamente su comportamiento a uno de los hijos de ambos, todo derivado de considerarla infiel, como se expuso en la narración de los hechos por el propio imputado, es decir, a ningún otro familiar sino precisamente al hijo en común, apelando de esta manera a la introyección del rol de género y justificar en la violación del mismo el motivo por el cual se divorciaba, atribuyendo culpa sólo a la madre de su hijo por ser infiel, como posteriormente se lo dijo a ella, lo cual, al marco de las fracciones I y VI, del numeral 6, y 5, fracción IV, ambos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, constituye también una de las múltiples modalidades de violencia psicológica y susceptible de dañar la dignidad y libertad de *******. En definitiva, el comportamiento de referencia que desplegó el sujeto activo la mañana del primero de noviembre de dos mil veintiuno, colma las exigencias típicas contenidas en el artículo 193, del Código Penal, que conformaron la materialidad del delito en estudio al resultar actos abusivos de poder, encaminados a dominar, controlar y a agredir psicológicamente a la víctima, con quien tenía un vínculo matrimonial, y que ocurrieron fuera del domicilio familiar. Por lo anterior, la sala responsable consideró que del material demostrativo al que hizo mención en su resolución, resulta fundada la probabilidad que ******* cometió el delito de violencia familiar, en perjuicio de ******* en los términos ya expuestos. Ahora bien, argumenta la responsable que por lo que hace al combate a los agravios por parte de la defensa, versó entre otros aspectos en la modalidad de agresión física que conforma un aspecto del delito, sin embargo, como se puntualizó precedentemente, la modalidad de violencia contra la mujer, rebasó en este caso particular el aspecto que aludió. Por lo anterior, la Sala responsable estimó confiable la manifestación de ******* respecto a que fue ******* quien el primero de noviembre de dos mil veintiuno, acudió hasta donde ella se encontraba y procuró la ofensa que posteriormente atendieron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal *******, ******* e *******, como lo asentaron en el informe; dado que la primera convivió con el imputado lo suficiente para poder identificarlo, además que lo hizo durante la duplicidad del término constitucional ante la instancia jurisdiccional, y correlativamente, ******* afirmó ser la persona quien desplegó la conducta que le atribuyó la víctima ese día además que justificó el origen del conocimiento que tuvo para apersonarse en el lugar. Aunado a esto, los agentes policiacos precisaron la identidad de la pareja que discutía y que dada la entrevista que *******, hizo a *******, donde ésta explicó que al abrir la puerta del vehículo donde se encontraba, ******* le dio dos -cachetadas-, por lo cual se detuvo a este último. Así, el Magistrado responsable, consideró que hasta ese momento procesal, se colmaron los requisitos que imperativamente exige Ia legislación procesal para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ante la existencia de datos que hacen posible la actualización y vigencia del delito de violencia familiar, y que el imputado lo cometió; consecuentemente con fundamento en los artículos 19 de la Constitución de la República y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió la vinculación a proceso de *******, por el delito de Violencia Familiar. Luego, contrario al dicho de la parte quejosa, esta juzgadora estima que las consideraciones de la autoridad responsable son suficientes para tener por acreditada la probable intervención del imputado, pues no debe quedar plenamente probado para la vinculación a proceso, sino conforme al artículo 19 Constitucional, el estándar probatorio resulta bajo y basta la presencia de datos coherentes y razonables que indiquen la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó o cometió el ilícito en cuestión. Situación, que en el caso así quedó asentado por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, al resolver el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso emitido el dos de mayo del año dos mil veintidós, en la causa penal *******, seguida en contra de *******, sin que ello transgreda la garantía de debido proceso y el principio de presunción de inocencia, cuenta habida que el nivel probatorio requerido para un auto de vinculación a proceso es bajo, pues se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio, sin necesidad de demostrar plenamente, más allá de duda razonable, la responsabilidad del imputado, lo cual es propio de la etapa de juicio oral en el proceso penal. Apoya lo anterior, la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Undécima Época, con registro digital 2023151, de rubro y texto siguientes: -PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía.Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.- Por lo cual, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no tuvo datos suficientes e idóneos para dictar el auto de vinculación en su contra, el Magistrado responsable, mediante la valoración de los datos de prueba existentes en la causa penal, según lo expuesto ya, en líneas superiores, correctamente encontró satisfechos los requisitos constitucionales para dictar el referido auto de vinculación proceso. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes vertidos ante la Jueza de la causa, el Magistrado responsable se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional, 265 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación analizados. En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio la sentencia en la cual, el Magistrado de la Primer Sala Penal Regional, revocó el auto de no vinculación a proceso, y decretó la vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional, de que se ha dado noticia, e infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.-. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, toda vez que sus actos no fueron impugnados por vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, dentro del Toca *******, derivado a su vez de la causa penal *******.Notifíquese personalmente a las partes, así como por oficio al agente del Ministerio Público adscrito y a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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