Roberto Mercado Holguín

Expediente 328/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
328/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Roberto Mercado Holguín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de doce de marzo de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de marzo de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-V, promovido por **********, quien se ostenta como apoderado especial de **********, contra actos del Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido en la misma data a este Juzgado de Distrito, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó, en el ámbito de sus respectivas competencias, la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/0637/2019 I.P.O. que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, específicamente los ordinales 12, 13, 14 y 15, del capítulo IV denominado por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, establecidos en la Tarifa para el Cobro de Derechos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 28 último párrafo, 31, fracción IV y 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo 328/2020-V y se desechó; en contra de dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual se registró bajo el número **********/2020 y fue resuelto el veintiséis de noviembre de la anualidad en comento por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, declarando fundado dicho medio de impugnación. Con motivo de lo anterior, el quince de diciembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la discusión, aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal: - Decreto LXVI/APLIE/0637/2019 I.P.O. que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, específicamente los ordinales 12, 13, 14 y 15, del capítulo IV denominado por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, establecidos en la Tarifa para el Cobro de Derechos. b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación del Decreto precisado en el párrafo precedente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Congreso del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de los actos que les fueron reclamados consistente en la aprobación y expedición del ordenamiento legal tildado de inconstitucional; sin que hubiere hecho pronunciamiento alguno respecto a su discusión, de ahí que acorde a lo establecido en el ordinal 115, en relación con el 117 de la Ley de la Materia, se presume su existencia. Por otro lado, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, consistente en la promulgación del ordenamiento legal reclamado. Por lo que de conformidad con el numeral 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyeron. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determina la causal de improcedencia que se actualiza en este asunto. En efecto, a consideración de la suscrita, se surte la causa de improcedencia prevista en los artículos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El primero de dichos preceptos establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita. El segundo precepto establece la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. En consecuencia, la causa de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el primero de ellos contrario sensu, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el presente caso. Para verificar tal afirmación, es necesario destacar que el promovente exhibió la copia digitalizada de una carta poder simple; sin embargo, dicha documental no constituye un documento digital de los señalados en el primer párrafo de la fracción f), del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, pues dicha copia digitalizada que se exhibió de la carta poder simple, no es un documento público, sino uno de carácter privado, el cual resulta insuficiente para acreditar la personalidad del promovente. Para sostenerlo, es oportuno atender los artículos 10 y 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que disponen que dicha figura de representación puede justificarse en la misma forma que determine la legislación que rija la materia de la que emane el acto reclamado, así como que la misma debe comprobarse desde la presentación de la demanda. En consideración a lo anterior, se tiene que el promovente reclama del Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua, la discusión, aprobación, expedición y promulgación, en el ámbito de la esfera de su competencia, del Decreto Número LXVI/APLIE/0637/2019 I P.O., a través del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2020; actividad que se encuentra regulada por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, sin que dicha legislación prevea cuestiones relativas a la personalidad de los gobernados. En esta misma línea, bajo protesta de decir verdad, el justiciable señala como el primer acto de aplicación, el pago que realizó el nueve de julio de dos mil veinte, derivado de los trámites de compraventa y/o hipoteca, que asciende a la suma total de quince mil seiscientos seis pesos, por concepto de traslación de dominio e impuesto universitario. Por lo que atento a lo dispuesto en el numeral 6 de la Ley de Amparo, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo, establece, en lo que aquí es relevante, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. De ahí que, al encontrarse reclamando la constitucionalidad de disposiciones de carácter general de índole estatal, es necesario acudir a las normas que rigen los actos traslativos de dominio en el Estado de Chihuahua debido a que esa es la naturaleza del acto que motivó el acto impositivo, en la especie, las que rigen los contratos civiles. En ese sentido, sobre el tema relativo al otorgamiento del contrato de mandato (aplicable al poder, como acto unilateral de la voluntad), los ordinales 2454 2455 y 2456, del Código Civil del Estado de Chihuahua establecen, en lo que aquí interesa, el numeral 2454 prevé que el mandato debe otorgarse en escritura pública o en escrito privado cuya firma se ratifique ante Notario Público, ante los jueces o las autoridades administrativas correspondientes, entre otros, cuando el interés del negocio para el que se otorgue sea superior al equivalente a doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de conferirse; mientras que el diverso 2455 señala que el mandato podrá conferirse en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos, sin que sea necesaria la ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere exceda de cincuenta pero no de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de su otorgamiento; y el arábigo 2456 establece que, la omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden, anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiese obrado en negocio propio. Por lo que si el valor de la unidad de medida y actualización era de ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos al momento de la presentación de la demanda -diecinueve de agosto de dos mil veinte-; y el justiciable reclama haber realizado un pago total de quince mil seiscientos seis pesos, es obvio que éste no excede de doscientas unidades de medida y actualización (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos moneda nacional) al momento de otorgarse la citada carta poder (6 de agosto de 2020). Consecuentemente, bastará una carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad de ratificación ante notario público, autoridades jurisdiccionales o administrativas, para justificar la representación en juicio de alguna de las partes. En esa línea argumentativa, resulta relevante acentuar que bajo tales premisas deben interpretarse el artículo 3 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, (que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo); de modo que exista certidumbre en el sistema integral de administración de justicia. Para una mayor claridad, conviene traer a colación las disposiciones referidas, las cuales son del tenor siguiente: Ley de Amparo: 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico: 1. El presente Acuerdo General Conjunto tiene por objeto regular las bases para la creación, otorgamiento y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como la integración, consulta y almacenamiento del Expediente Electrónico en los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias. El objeto antes descrito comprende también la necesidad de establecer los lineamientos que deberán seguir los órganos jurisdiccionales federales para la óptima implementación de la videoconferencia como herramienta para el desahogo de las audiencias, sesiones y diligencias judiciales, de conformidad con la normatividad aplicable a su ámbito de actuación y en términos de lo dispuesto en el Anexo Técnico de este Acuerdo, para lo cual, se dispondrá de la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura Federal. 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. (.) V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. (.) Conforme a tales dispositivos, se contempla la posibilidad de enviar y recibir demandas de amparo, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, a través del uso de la tecnología en la tramitación del juicio constitucional, en específico, con la utilización de la firma electrónica denominada FIREL y de la integración del expediente electrónico. Cabe precisar que el directamente agraviado Roberto Mercado Holguín, por sí solo y por su propio derecho puede presentar escrito de demanda de amparo indirecto, siempre y cuando cuente con la firma electrónica FIREL; sin embargo, al no contar con esta, debe otorgar poder bastante para que un representante legal a su nombre realice trámites legales, por lo que su apoderado especial al presentar vía electrónica el amparo indirecto en comento, debe comprobar su personalidad. Ahora bien, por una parte, dada la naturaleza de la carta poder presentada con la demanda de amparo, no puede tener la eficacia necesaria para considerar que acredita la representación del promovente, desde la presentación de la demanda, como lo requiere el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, primero porque es un documento que aparece elaborado con la firma del otorgante y de testigos, es decir, sin que en dicho documento obren las firmas digitales de éstos, pues solo obra la firma digital del apoderado **********, que se tenga por demostrada la suscripción de esa constancia por todos los que supuestamente intervienen en ella. De lo contrario, si se permitiera que con la sola firma electrónica del promovente se avale un documento como si se tuvieran a la vista firmas de otras personas, se incurriría en la imprecisión de imputarles actos jurídicos sin el respaldo documental correspondiente, lo que resultaría antijurídico, además las contrapartes verían mermada su defensa en contra de dicho documento, por ejemplo, si deciden objetarlo de falso. Por otro lado, la propia naturaleza del documento como privado, impide que se le conceda la validez y el tratamiento que en las disposiciones reproducidas se les concede a los documentos públicos, en cuyo supuesto, su plena eficacia no se disminuye si se cumplen las exigencias descritas (exhibirlo bajo protesta de decir verdad y señalar que es copia íntegra e inalterada del documento impreso). Cierto, las disposiciones reseñadas tienden a avalar el valor que las normas jurídicas reconocen a los documentos públicos, garantizando su eficacia si se presentan de manera electrónica, siempre que al hacerlo se guarden las formalidades indicadas, situación que resulta apegada a dicha intención de hacer prevalecer su naturaleza como documentales que en su expedición adquieren naturaleza pública por la intervención de un fedatario reconocido en el ordenamiento legal; pero esa situación no puede regir para los documentos privados, como en el particular la carta poder digitalizada y anexa a la demanda de amparo. De ahí que no es dable tener por acreditada la personalidad con la carta poder digitalizada, ya que como quedó dilucidado en párrafos anteriores, las normas dictadas para la tramitación electrónica del juicio de garantías, no tienen el alcance de avalar la certeza de una representación, con un documento privado que se necesita firmar de manera autógrafa por varios sujetos, habida cuenta que la suscripción del mismo, no es posible comprobarla con la sola presentación del certificado o firma digital del promovente. Es así, que el quejoso al presentar vía electrónica su demanda de amparo indirecto, por conducto de su apoderado especial, es necesario que este compruebe su representación, como lo exige el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, como en el caso fue requerido el cuatro de febrero de dos mil veinte, sin que el promovente desahogara dicho requerimiento. Derivado de todo lo expuesto, es que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en correlación con el ordinal 6 de la Ley de Amparo, relativa a que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar las normas ya precisadas. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en el considerando cuarto de la sentencia. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el cuatro de los corrientes, se requirió a la parte quejosa a fin de que en un plazo de tres días computado legalmente, exhibiera, en original, el poder especial para pleitos y cobranzas, expedido por el propio agraviado, con firma de dos testigos, mediante el cual, el promovente del amparo, **********, acudió ante esta instancia, en representación de los intereses del directo quejoso, **********; sin que hasta la fecha haya transcurrido dicho término. En tal sentido, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como simple antecedente el informe justificado rendido por el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, en virtud de que mediante proveído de dos de los corrientes, se tuvo por recibido el mismo. En distinta tesitura, se tiene que el ordinal 10 de la Ley de la Materia, prevé, que la representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esa legislación; y, en los casos no contemplados, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, del análisis íntegro del libelo constitucional, se advierte que el promovente acude al juicio de amparo, en su calidad de apoderado del directo agraviado Roberto Mercado Holguín, y para acreditar su personería exhibe copia digitalizada de una carta poder simple (poder especial para pleitos y cobranzas), expedida por el propio agraviado, con firma de dos testigos, en este sentido, de conformidad con el numeral 108, fracción I, de la Ley de la Materia, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, exhiba el original de la documental en comento, apercibido que en caso de no hacerlo, se dará continuidad al presente asunto en los términos precisados en su escrito de demanda. Cúmplase y notifíquese personalmente a la parte quejosa en el usuario "sergiocarreon" Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

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