Roberto Orea Chino

Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
183/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Roberto Orea Chino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de diez de marzo del año en curso, en la cual se negó al aquí quejoso *******, el beneficio de la sustitución de la pena. En razón de lo anterior, se le tiene dado cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado mediante acuerdo de diecisiete de marzo del presente año. Ahora bien, de autos se advierte que *******, promovió el presente juicio de amparo el catorce de febrero del año en curso, fecha en que se recibió su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, en contra la siguiente autoridad y actos: Del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de audiencia, en la cual se debata sobre la solicitud de beneficios preliberacionales dentro del Procedimiento de Ejecución de Penas, bajo la carpeta de ejecución *******, de su índice. Dicha demanda, fue turnada al día hábil siguiente a este juzgado, y en auto de dieciséis de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó el llamamiento al agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Ahora bien, en su informe con justificación recibido en este juzgado el tres del mes y año en curso, la responsable manifestó ser ciertos los actos reclamados, sin embargo, de lo informado por la misma autoridad responsable en su oficio de cuenta, se desprende que la audiencia en la cual se debatiría respecto a la solicitud del beneficio preliberacional solicitado por el hoy quejoso, se celebró el diez del mes y año en curso. Lo que se corrobora con las constancias que anexó, consistentes en la transcripción de la audiencia celebrada en la fecha de referencia, dentro de la Carpeta de Ejecución de Penas *******, derivada a su vez de la Causa Penal *******, de la cual se desprende que, previo debate entre las partes, se negó a *******, la sustitución de la pena solicitada. Las constancias aludidas supra líneas cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de la Carpeta de Ejecución de Penas *******. Pues bien, con lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, este juicio de amparo se promovió por *******, donde reclamó medularmente, de Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de audiencia, en la cual se debata sobre la solicitud de beneficios preliberacionales dentro del Procedimiento de Ejecución de Penas bajo carpeta número *******, de su índice. Así, al haberse ya realizado el debate respecto de los beneficios solicitados por el quejoso, tan es así, que el diez de marzo del año en curso, se verificó la audiencia de debate respectiva, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo. Por lo tanto, como se anunció durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en este asunto (diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés). Notifíquese por lista electrónica, personalmente al quejoso y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LSITA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de diez de marzo del año en curso, en la cual se negó al aquí quejoso *******, el beneficio de la sustitución de la pena. En razón de lo anterior, se le tiene dado cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado mediante acuerdo de diecisiete de marzo del presente año. Ahora bien, de autos se advierte que *******, promovió el presente juicio de amparo el catorce de febrero del año en curso, fecha en que se recibió su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, en contra la siguiente autoridad y actos: Del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de audiencia, en la cual se debata sobre la solicitud de beneficios preliberacionales dentro del Procedimiento de Ejecución de Penas, bajo la carpeta de ejecución *******, de su índice. Dicha demanda, fue turnada al día hábil siguiente a este juzgado, y en auto de dieciséis de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó el llamamiento al agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Ahora bien, en su informe con justificación recibido en este juzgado el tres del mes y año en curso, la responsable manifestó ser ciertos los actos reclamados, sin embargo, de lo informado por la misma autoridad responsable en su oficio de cuenta, se desprende que la audiencia en la cual se debatiría respecto a la solicitud del beneficio preliberacional solicitado por el hoy quejoso, se celebró el diez del mes y año en curso. Lo que se corrobora con las constancias que anexó, consistentes en la transcripción de la audiencia celebrada en la fecha de referencia, dentro de la Carpeta de Ejecución de Penas *******, derivada a su vez de la Causa Penal *******, de la cual se desprende que, previo debate entre las partes, se negó a *******, la sustitución de la pena solicitada. Las constancias aludidas supra líneas cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de la Carpeta de Ejecución de Penas *******. Pues bien, con lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, este juicio de amparo se promovió por *******, donde reclamó medularmente, de Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de audiencia, en la cual se debata sobre la solicitud de beneficios preliberacionales dentro del Procedimiento de Ejecución de Penas bajo carpeta número *******, de su índice. Así, al haberse ya realizado el debate respecto de los beneficios solicitados por el quejoso, tan es así, que el diez de marzo del año en curso, se verificó la audiencia de debate respectiva, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo. Por lo tanto, como se anunció durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en este asunto (diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés). Notifíquese por lista electrónica, personalmente al quejoso y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, por el cual informa que el diez de marzo del presente año, se llevó a cabo la audiencia en la cual se negó al hoy quejoso la sustitución de la pena contemplada en el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución. Sin embargo no anexa documental o disco compacto en donde contenga dicha audiencia. En consecuencia, a efecto de estar en posibilidad de resolver el presente asunto y en su caso advertir alguna causal de improcedencia que impida que la suscrita entre al estudio del fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado las constancias relativas; o en su caso, informe el impedimento que tuviere para tal efecto. Apercibida que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que este auto ordena, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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