Roberto González Marcos
Expediente 236/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Roberto González Marcos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diecinueve de mayo del año en curso, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo ***************, promovido por ***************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficialía de este Juzgado, *************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, de quien reclamó el cobro desproporcionado por el servicio de agua potable que se le presta. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el consecutivo ***************; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que se atribuyen a una autoridad administrativa que ejerce sus actividades dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama el cobro realizado por la autoridad responsable, sobre el consumo de agua potable del periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil quince y el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, consistente en el cobro sobre el consumo de agua potable del periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil quince y el veintinueve de enero de dos mil dieciséis; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia de la omisión que se le atribuyó. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la causa de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Este órgano jurisdiccional advierte oficiosamente que, al cobro del servicio de agua potable reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que ese organismo no constituye una autoridad para los efectos del juicio de amparo, respecto del aludido cobro. Para evidenciar este planteamiento, se acude al contenido de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Del primero de los dispositivos legales que configuran el motivo de improcedencia invocado, destaca que el juicio de amparo es improcedente cuando exista algún motivo que se deduzca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de la materia. Así, un supuesto de improcedencia es el que se deriva de la interpretación a contrario imperio de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la ley mencionada. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, de febrero de 1997, Materia común, página 118, del siguiente tenor: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En la misma línea interpretativa, orienta la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXXIV, de septiembre de 2011, materia común, página 1089, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo con estos parámetros, para determinar la procedencia o no del juicio de amparo que ahora se resuelve, se debe definir si existe una relación de supra a subordinación y las notas distintivas de autoridad señaladas, tratándose del vínculo que existe entre el usuario del servicio de agua potable frente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Chihuahua, exclusivamente respecto del cobro por el consumo respectivo; o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo. Para ello conviene precisar que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha señalado que para distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado comprende una actuación con imperio o potestad de derecho público; asimismo, señaló que una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal reconoce derechos a los gobernados como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. A partir de esa base, la citada Segunda Sala determinó que resulta fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente proviene de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado, lo cual -en criterio de quien resuelve- no satisface el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En efecto, el cobro que el quejoso considera excesivo por el consumo de agua potable no puede reputarse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuenta habida que se deriva de la preexistencia de un contrato de suministro comercial, cuya regulación se encuentra establecida en el Código de Comercio y, por ende, en las diferencias sobre su aplicación durante la vigencia del mismo, ambas partes se encuentran en un plano de igualdad, pues se conceden derechos y obligaciones recíprocos. Para evidenciar lo anterior, es oportuno establecer que los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049, del Código de Comercio, establecen: 75. La ley reputa actos de comercio: [.] V. Las empresas de abastecimientos y suministros; [.] XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. [.] 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. De acuerdo con la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, se reputa como acto de comercio aquellos que impliquen el abastecimiento o suministros de productos o servicios y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga; por ende, es a través de los juicios mercantiles en los que se debe ventilar y decidir las controversias que se deriven de tales actos comerciales. De esta manera, tratándose del suministro de agua potable que proporciona la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez a los particulares, debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía mercantil. En efecto, la relación contractual entablada entre la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y los usuarios del servicio público de agua y alcantarillado es de coordinación, porque ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas, como se deduce de los artículos 33 a 48, de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, que estatuyen: 33. La prestación de los servicios se otorgará mediante la suscripción del contrato de adhesión, el cual será determinado por la Junta Central con los lineamientos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. Tratándose de los desarrolladores o fraccionadores, es obligación de éstos realizar las obras para conectarse a las redes generales de infraestructura hidráulica existente, previa factibilidad de servicios, manifestación de impacto ambiental y demás instrumentos que sean necesarios. De no existir la infraestructura para la conexión, el desarrollador o fraccionador construirá a su costa las obras que se requieran de acuerdo con las especificaciones que le fije el organismo operador. Las obras ejecutadas en los términos del párrafo anterior, se transmitirán a título gratuito al organismo operador encargado de prestar el servicio y formarán parte de su patrimonio bajo el régimen de dominio público. 34. La conexión a los servicios y la instalación de aparatos medidores causarán el pago de los derechos correspondientes. Efectuada la conexión, aun cuando no se haga uso de los servicios, causará el pago de los derechos que fije la tarifa. Cuando el organismo operador no reciba el pago por la prestación de los servicios públicos dentro de los noventa días siguientes al periodo de consumo, efectuará una inspección física al inmueble para verificar su ocupación del mismo y la correcta conexión del servicio. Cuando esté desocupado el inmueble y lo constate, el organismo operador podrá suspender total o parcialmente el servicio y retirar el aparato medidor. 35. Los propietarios o poseedores de lotes ubicados en fraccionamientos o los desarrolladores, pagarán los derechos por suministro antes de la fecha de conexión, dado que será requisito indispensable la comprobación de pago para el uso de los servicios públicos. 36. El mantenimiento de las líneas generales de conducción estará a cargo de los organismos operadores. La conexión y el mantenimiento de las tomas domiciliarias, desde la red pública, será a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles. 37. Los usos específicos en que puede prestarse el servicio de agua potable son: Doméstico. Industrial. Comercial. Aquellos otros que determine el Reglamento de esta Ley. 38. El suministro para consumo humano siempre tendrá prioridad en relación con los demás. 39. Los organismos operadores, con base en el Reglamento correspondiente, fijarán las disposiciones y especificaciones técnicas, administrativas, financieras y legales, para revisar y aprobar, en su caso, planos, proyectos y demás documentación que deban ser incorporados al patrimonio del organismo. Los desarrolladores, fraccionadores o constructores, sujetarán sus proyectos ejecutivos y de obra terminada para suministrar agua potable, alcantarillado y saneamiento, a las disposiciones del Reglamento respectivo, así como a la revisión, aprobación y supervisión de obra en su caso, del organismo operador correspondiente, previo pago de los derechos causados. 40. Ningún usuario estará exento del pago de los derechos correspondientes, trátese de particulares o de dependencias o entidades de la administración pública de cualquier orden, por lo que en ningún momento se recibirán pagos en especie, salvo disposición expresa del Consejo Directivo de la Junta Central. 41. El uso de los servicios de agua y saneamiento es obligatorio para todos los propietarios o poseedores de inmuebles urbanos y, por lo tanto, quedan obligados a efectuar las conexiones correspondientes. 42. Las industrias que requieran de consumo de agua podrán abastecerse de las líneas públicas con autorización del organismo operador, realizando por su cuenta las conexiones, instalaciones y ampliaciones que sean indispensables, con independencia de los derechos que deban cubrir. 43. Quienes cuenten con fuentes propias de aprovechamiento de agua estarán obligados a prestar los servicios de emergencia que sean necesarios, conectándose a las líneas públicas, cuando los organismos operadores o la Junta Central así lo dispongan. 44. Los propietarios o poseedores de los inmuebles serán solidariamente responsables en el pago de los derechos y de los servicios de agua potable y saneamiento, así como de las reparaciones y consumos de agua que se generen en caso de fugas, con excepción de las previstas en el Reglamento de esta Ley. 45. Los usuarios tienen el deber de pagar los servicios públicos que le preste el organismo operador en los términos y plazos que así se determinen por este último. Cuando no exista consumo de agua o no se utilice el desagüe de alcantarillado autorizado, se cubrirá el monto de los derechos mínimos fijados en la tarifa correspondiente. Los adeudos generados por cualesquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esta Ley, los contenidos en las tarifas, así como las sanciones, tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las juntas municipales y rurales, como organismos fiscales autónomos, podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado. En caso de mora, se causarán los recargos que fije este ordenamiento legal. 46. Cuando se transfiera la propiedad o se adquiera la posesión de un inmueble por cualquier acto jurídico, los nuevos titulares se subrogarán en los derechos y obligaciones, esto es, asumirán la responsabilidad en el pago de los derechos y de los servicios públicos prestados al bien inmueble correspondiente, derivados del contrato. Cada inmueble será conectado individualmente a la línea general de que se trate. Tratándose de condominios, las conexiones a las líneas generales podrán ser comunes, sin perjuicio de que cada condominio instale su propio medidor de agua. Los Notarios Públicos y el Registro Público de la Propiedad, deberán cerciorarse que los inmuebles cuya propiedad o posesión se trasmita, se encuentren al corriente en el pago de los derechos y de los servicios públicos de agua, alcantarillado y saneamiento; en caso contrario, negarán la inscripción. 47. El servicio de agua potable o de abasto de agua residual tratada deberá ser medido. Cuando no haya dispositivos de medición instalados, el consumo se pagará por cuota o tarifa fija, previamente establecida. 48. En los fraccionamientos o desarrollos de vivienda, las áreas verdes contarán con la infraestructura necesaria, según las indicaciones técnicas del organismo operador, para el riego con aguas residuales tratadas. Como se aprecia de la anterior transcripción, en el contrato de suministro celebrado por la Junta Municipal y los usuarios revela que no se trata de una relación de supra a subordinación en donde el organismo suministrador tenga el carácter de autoridad, porque: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el cobro y sus eventuales consecuencias (verbigracia, el corte del suministro de agua) el incumplimiento del usuario no generan que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, como no todo acto emitido por un órgano de la administración pública estatal ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; entonces, el cobro por concepto de suministro de agua potable emitido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya esta consideración, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 112/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, materia administrativa, página 364, del siguiente tenor: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. En ese sentido, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No obsta para arribar esta conclusión que la tarifa o cobro se establezca unilateralmente por la entidad proveedora del vital líquido, porque el Estado tiene la facultad de fijar las contraprestaciones por el servicio público de que se trata, energía eléctrica, la que tiene como origen su potestad como prestador directo del mismo a través de su organismo descentralizado, cuestión que hace que las tarifas constituyan un acto administrativo; empero, no debe perderse de vista que el acuerdo de mérito, al fijar o modificar el costo del suministro de agua potable, define "el precio", como uno de los elementos esenciales del contrato; por ende, si el referido contrato se celebra bajo una relación de coordinación, no sería válido desligar ese precio de la existencia de un acuerdo de voluntades entre el quejoso y la suministradora del servicio de agua potable; máxime que el precio no surte efectos por sí solo, ya que su eficacia depende de la existencia de un contrato celebrado por el propio Estado con un particular en un plano de coordinación, donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Ahora bien, si el acuerdo en comento define uno de los elementos del contrato (el precio), entonces, forma parte integrante de éste, es decir, queda inserto en el contrato (como una cláusula del mismo) y únicamente dota de contenido a los elementos que las partes aceptaron como integrantes del precio, ante lo cual, surge la posibilidad de que el usuario cuestione la validez de la cláusula que prevé el costo de lo que se le ha cobrado, en el juicio ordinario mercantil. Además, si se llegara a sostener que el acuerdo que fija la tarifa es un acto de autoridad susceptible de ser reclamado en amparo indirecto, el usuario quedaría sometido a un doble régimen, esto porque, por un lado, tendría que promover el amparo indirecto para reclamar lo relativo a la fijación de la tarifa (precio) y, por el otro, tendría que acudir a la vía ordinaria para controvertir los demás aspectos vinculados al contrato. Por ende, es a través del ejercicio de la acción de pago de lo indebido tramitada en un juicio ordinario mercantil, donde el usuario quedará en posibilidad de demandar la incorrección o ilegalidad del cobro que le fue realizado, en cualquier momento, mientras no haya prescrito la acción correspondiente; empero, el juicio de amparo biinstancial no es el medio de defensa para reclamarlo. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, de Agosto de 2015, Tomo I, materia civil, página 1183, del siguiente contenido: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. De la misma manera, resulta aplicable, la tesis I.3o.C.217 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, de Enero de 2016, Tomo IV, materia civil, página 3168, del siguiente tenor: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL ACUERDO QUE FIJA O MODIFICA LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL NO TENERSE COMO ACTO DE AUTORIDAD, PUEDE SER IMPUGNADO A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. La relación contractual entablada entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios del servicio público de energía eléctrica es de coordinación, porque ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, no se trata de una relación de supra a subordinación en donde el organismo suministrador tenga el carácter de autoridad, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 112/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 364, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Ahora, uno de los elementos integrantes del contrato de suministro es el precio. En el caso, la tarifa por el suministro de energía eléctrica es fijada o modificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de acuerdos periódicos. Pues bien, en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), difundida en el citado medio, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se determinó que los Jueces de Distrito no deben desechar las demandas de amparo en donde los quejosos reclamen dichos acuerdos (tarifas), por no ser notoria la improcedencia del juicio constitucional. De ello se sigue que dicha jurisprudencia no concluyó que el acuerdo de fijación o modificación de tarifas fuera un acto de autoridad, tan es así que el Máximo Tribunal señaló que los Jueces de Distrito deben realizar un análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos para poder establecer si el acto es de autoridad o no. Ese mismo estudio debe efectuarse cuando el usuario ejerce la acción de pago de lo indebido contra la Comisión Federal de Electricidad, en la vía ordinaria mercantil, por considerar que dicho organismo aplicó una tarifa ilegal. Esto, porque si el acuerdo (tarifa) se tuviere como un acto de autoridad, su legalidad no podría analizarse en un juicio ordinario mercantil, porque en éste la controversia versa sobre los derechos y obligaciones asumidas por las partes en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad. Pues bien, este tribunal considera que para resolver dicho problema jurídico es indispensable determinar si el acuerdo (que define el precio) puede desvincularse del contrato de suministro de energía eléctrica (celebrado bajo una relación de coordinación). Para ello, debe tenerse en cuenta que el Estado tiene la facultad de fijar las contraprestaciones por el servicio público de energía eléctrica, la que tiene como origen su potestad como prestador directo del mismo a través de su administración paraestatal, cuestión que hace que la tarifa de energía eléctrica "sea un acto administrativo susceptible de ser modificada según las necesidades del servicio", en términos de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. X/2011, publicada en el mencionado Semanario, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 630, de rubro: "TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SU NATURALEZA JURÍDICA.". Como puede verse, la tarifa fue calificada como un "acto administrativo", porque deriva de la potestad que tiene el Estado como prestador directo del servicio. No obstante, en la ejecutoria de la cual derivó el mencionado criterio, fue aplicada la tesis plenaria LXX/89, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 89, de rubro: "ENERGÍA ELÉCTRICA. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA NO ES APLICABLE EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS PARA EL SUMINISTRO Y VENTA DEL SERVICIO.", según la cual, el acuerdo donde se fijan las tarifas es un acto interno de un organismo por el que se establecen las bases conforme a las que se determinará uno de los elementos del contrato de suministro de energía eléctrica. Luego, debe entenderse que el acuerdo (tarifa) es un "acto de la administración", sin que ello constituya un acto de autoridad, porque sólo tienen ese carácter aquellos que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación, según fue determinado en la citada jurisprudencia 2a./J. 112/2010, incluso, en la diversa 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", se estableció que una de las características esenciales del acto de autoridad consiste en que exista un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, no debe perderse de vista que el acuerdo de mérito, al fijar o modificar la tarifa de energía eléctrica, define uno de los elementos esenciales del contrato: "el precio". Luego, si aceptamos que el referido contrato se celebra bajo una relación de coordinación, no podríamos sostener que el precio es fijado a través de un "acto de autoridad", si fuera así estaríamos en presencia de una relación de supra a subordinación (rasgo fundamental del acto de autoridad). Entonces, la naturaleza del acuerdo que fija o modifica las tarifas de energía eléctrica no puede desvincularse de la naturaleza del contrato, porque el primero define uno de los elementos esenciales del segundo, además, no surte efectos por sí solo, ya que su eficacia depende de la existencia de un contrato celebrado por el propio Estado con un particular en un plano de coordinación, donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Ahora bien, si el acuerdo en comento define uno de los elementos del contrato (el precio), entonces, forma parte integrante de éste, es decir, queda inserto en el contrato (como una cláusula del mismo) y únicamente dota de contenido a los elementos que las partes aceptaron como integrantes del precio, ante lo cual, surge la posibilidad de que el usuario cuestione la validez de esa cláusula (precio) en el juicio ordinario mercantil. Además, si se llegara a sostener que el acuerdo que fija la tarifa es un acto de autoridad susceptible de ser reclamado en amparo indirecto, el usuario quedaría sometido a un doble régimen, esto porque, por un lado, tendría que promover el amparo indirecto para reclamar lo relativo a la fijación de la tarifa (precio) y, por el otro, tendría que acudir a la vía ordinaria para controvertir los demás aspectos vinculados al contrato. Lo anterior resultaría incongruente con la relación de coordinación entablada con el Estado, ello porque el amparo contra normas generales tiene como regla de procedencia que el juicio constitucional se inste contra el primer acto de aplicación de la ley, según se desprende del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. No obstante, si la relación contractual establecida entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario, es de coordinación, lo relativo al cumplimiento de dicho contrato debe verificarse conforme a las reglas del derecho privado. El ejercicio de la acción de pago de lo indebido no se encuentra condicionado por el primer acto de aplicación de la tarifa; en realidad, a través del juicio ordinario mercantil, el usuario quedará en posibilidad de demandar la incorrección o ilegalidad de la tarifa (al ser parte integrante del contrato) en cualquier momento, mientras no haya prescrito la acción correspondiente. En la relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu; con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la pretensión del quejoso, ni limita la posibilidad de que acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado, porque dado el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar ese análisis. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el examen de las diversas causas de improcedencia propuestas por la autoridad responsable, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a los profesionistas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe Atento a lo anterior, se advierte que el informe justificado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de los informes en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************; contra actos del Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo ***************. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda. Sin que se ordene dar trámite al incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que indica y anexa a su demanda; así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado al licenciado ***************, esto es solo para oír y recibir notificaciones, toda vez que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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