Roberto Hernandez Badillo

Expediente 213/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
213/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2017

Partes del expediente

  • Roberto Hernandez Badillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Roberto Hernández Badillo el proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en el lugar donde se encontraba interno, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, fue informada por el Asesor Jurídico de esa institución que el citado quejoso ya no se encuentra recluido, pues el cuatro de abril del año en curso salió libre por suspensión provisional del proceso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la parte quejosa el proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete y el presente auto por medio de lista de acuerdos. El proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los discos compactos que remitieron las autoridades responsables Juez de Control y Ejecución de Sentencias Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, Puebla, en apoyo a sus informes justificados; devuélvanseles los discos compactos relativos a las causas penales 09/2017/CHOLULA y 75/2017/PUEBLA, debiéndose dejar hoja de sustitución en las fojas 29 y 108; y, requiéraseles para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acusen el recibo de estilo correspondiente. Apercibidos que de no hacerlo se les impondrá por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los discos compactos que remitieron las autoridades responsables Juez de Control y Ejecución de Sentencias Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, Puebla, en apoyo a sus informes justificados; devuélvanseles los discos compactos relativos a las causas penales 09/2017/CHOLULA y 75/2017/PUEBLA, debiéndose dejar hoja de sustitución en las fojas 29 y 108; y, requiéraseles para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acusen el recibo de estilo correspondiente. Apercibidos que de no hacerlo se les impondrá por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días que se concedió a la parte tercero interesada "Abarrotes Duno", a través de su representante legal, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, sin que hubiera presentado promoción alguna para tal efecto; por lo tanto, hágase efectivo el apercibimiento con que fue conminada en auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la mencionada parte procesal el presente auto y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. Por otro lado, del estado que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en este expediente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso Roberto Hernández Badillo, señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a).- Señalo como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula Rosa Celia Pérez González en Funciones del Juez de Control de esa Sede Judicial, con domicilio bien conocido en la casa de Justicia de Cholula, ubicado en Periférico Ecológico No. 100 Col. Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla Puebla. b).- Señalo como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla David Rodríguez González, con domicilio bien conocido en Centro de Justicia de Puebla, Puebla; ubicado en Prolongación de la Avenida 11 Sur No. 11921 Col. Ex Hacienda Castillotla, Puebla, Puebla. c).- Señalo como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla Aarón Hernández Chino, con domicilio bien conocido en Centro de Justicia de Puebla, Puebla; ubicado en Prolongación de la Avenida 11 Sur No. 11921 Col. Ex Hacienda Castillotla, Puebla, Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO. a).- De la autoridad que he señalado como responsable Jueza de Control Rosa Celia Pérez González le reclamo, la ilegal e indebidamente fundada resolución dictada el ocho de enero del año dos mil diecisiete, dentro de la causa 09/2017 /CHOLULA por declinatoria de competencia ahora causa 75/2017/PUEBLA, relativa a la IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. b).- De la autoridad que he señalado como responsable Juez de Control David González Rodríguez le reclamo, la ilegal e indebidamente fundada resolución dictada el ocho de enero del año dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa 09/2017/CHOLULA por declinatoria de competencia ahora causa 75/2017/PUEBLA, la continuidad de la medida impuesta. c).- De la autoridad que he señalado como responsable Juez de Control David González Rodríguez le reclamo, la ilegal e indebidamente fundada resolución dictada el ocho de enero del año dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa 09/2017/CHOLULA por declinatoria de competencia ahora causa 75/2017/PUEBLA, la continuidad de la medida impuesta." En ese sentido, las autoridades responsables 1. Juez de Control y Ejecución de Sentencias Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y 2. y 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, Puebla, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la resolución dictada en la audiencia de control de detención e imposición de medidas cautelares de ocho de enero de dos mil diecisiete, llevada a cabo dentro de la causa penal 09/2017/CHOLULA, actualmente 75/2017/PUEBLA (fojas 26 a 28, 105 y 106). Existencia que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta judicial administrativa 09/2017/CHOLULA, actualmente 75/2017/PUEBLA del índice de la responsable, así como de los discos compactos que contienen la audiencia que constituye el acto reclamado (fojas 29 a 100 y 108 a 169); documentales que fueron remitidas por las citadas autoridades responsables, en apoyo a sus informes con justificación y a las que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga pleno valor probatorio. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Nueva Ley de Amparo, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcrita se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en una audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo dentro de un procedimiento penal, por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo, que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que la notificación del acto reclamado surte sus efectos, conforme a la Ley de la materia. En el presente juicio, al tratarse el acto reclamado de una resolución dictada en una audiencia derivada de un proceso que se rige bajo las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal implementado con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, aplica lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, el plazo se contará desde el día siguiente en que surta efectos la notificación. Bajo ese contexto, la parte quejosa reclama la resolución dictada en la audiencia de control de detención e imposición de medidas cautelares de ocho de enero de dos mil diecisiete, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 09/2017/CHOLULA, actualmente 75/2017/PUEBLA. De las constancias remitidas por la responsable, consistentes en copias certificadas de diversas documentales que obran en la causa penal 09/2017/CHOLULA, actualmente 75/2017/PUEBLA del índice de la responsable, así como de los discos compactos que contienen la audiencia que constituye el acto reclamado, ya valoradas anteriormente, así como de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: El ocho de enero de dos mil diecisiete, en la carpeta judicial administrativa 09/2017/CHOLULA, actualmente 75/2017/PUEBLA la 1. Juez de Control y Ejecución de Sentencias Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, llevó a cabo la audiencia inicial de control de detención e imposición de medidas cautelares, en relación con el imputado, aquí quejoso, Roberto Hernández Badillo y otros, por los delitos de robo agravado y pandillerismo, previstos y sancionados por los artículos 185, 186, 373, 374, fracción III, 380, fracciones X, XI y XVIII, en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal para el Estado de Puebla (fojas 197 a 206 del tomo de pruebas). Dicha determinación se notificó personalmente tanto al procesado Roberto Hernández Badillo, como a su defensor particular en la misma audiencia, esto es, el ocho de enero de dos mil diecisiete; tal y como lo afirmó el quejoso en su escrito de demanda y como se aprecia de la propia audiencia remitida en disco compacto por las autoridades responsables en apoyo a sus informes de ley (foja 2 y 29). Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió del diez al treinta de enero de dos mil diecisiete, previo descuento de los días sábado y domingo catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de este año, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la instancia se presentó el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por tanto, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto en el diverso 63, fracción V del ordenamiento legal citado. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, esta Juzgadora no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por los Integrantes del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Puebla (antes Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla) y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de quince de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo incorporado en el proveído antes citado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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